Reyna Alejandrina Palafox Castro
Expediente 423/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Reyna Alejandrina Palafox Castro
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Integración de oficio. Agréguese a los autos el oficio que remite la secretaria de acuerdos y proyectos adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido en auto de tres de junio del año en curso, toda vez que remitió las constancias solicitadas; dese vista con lo anterior a las partes. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis de del oficio de cuenta, así como de las documentales anexas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la omisión de la autoridad responsable de desahogar la prueba de informe de autoridad a cargo de Agua de Hermosillo, admitido en audiencia de veinte de enero de dos mil veinte, en autos del juicio 310/2019/II del índice de la responsable. Sin embargo, la responsable remitió copia certificada del proveído de diecisiete de mayo de la presente anualidad, mediante el cual se tuvo por desahogada la prueba de informe de autoridad a cargo del director de Recursos Humanos de Agua de Hermosillo. En ese sentido, es incuestionable que durante la tramitación del juicio cesaron los efectos del acto impugnado, pues con el proveído mediante el cual se tuvo por desahogada la prueba de informe de autoridad de referencia, se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo a la demanda y se restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos que consideraba violados, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia III.2o.C. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2006, Novena Época, página 1579, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En ese contexto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de junio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, atento a que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que no obra la prueba relativa al informe de autoridad ofrecida por la parte quejosa en el juicio de origen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables magistrado instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y notificador adscrito a dicho órgano jurisdiccional, para que en el improrrogable plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe si recibió las constancias que solicitó a Agua de Hermosillo, y de ser así remita copia certificada de las mismas; asimismo comunique lo que proveyó al respecto; lo anterior a fin de estar en aptitud legal de analizar su constitucionalidad. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, conforme a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan nuevamente para su celebración las once horas con trece minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de mayo de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la secretaria de Acuerdos y Proyectos adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala Superior de la del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de abril de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado. II. Relación de constancias. Consta en autos, que el veintiocho de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia de la unión y en esa misma fecha se requirió a las autoridades responsables, a saber: "Provean los mecanismos para el pago inmediato de la cantidad autorizada por concepto de fondo de pensiones (indemnización global)." III. Calificativo de cumplimiento. El dieciocho de diciembre pasado, la responsable remitió diversas constancias, entre las que se encuentra copia certificada del cheque 0045517, expedido a favor del quejoso por la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por concepto de indemnización global, el cual, fue entregado el treinta de noviembre de dos mil veinte, como se desprende de la copia certificada en mención. IV. Vista cumplimiento. Con las anteriores actuaciones, mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, quien fue notificada, sin haberse manifestado al respecto. V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso o defecto. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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