Reymundo García Castañeda

Expediente 3001/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
3001/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2020

Partes del expediente

  • Reymundo García Castañeda
  • María Gudalupe García Radilla y otros
  • Edgar Oliver Robles

Actuaciones

  1. Incidental

    Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; atento su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, expídase y remítasele la copia que solicita. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 529/2019 del índice de este juzgado federal, y remite copia certificada de la resolución dictada en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve en el amparo en revisión R.A. 372/2019, de su índice. Acúsese recibo y tómese conocimiento que el tribunal en comento resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se REVOCA la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, el cinco de julio de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo indirecto 529/2019. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el acto reclamado al titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General de la república y otra, por las razones expuestas en el último considerando de la presente ejecutoria. NOTIFÍQUESE;." Por otra parte, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y en razón de que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un expediente en el que negó el amparo, por lo que debe conservarse únicamente la demanda y la sentencia, pues a juicio del suscrito carece de relevancia documental para su conservación el resto de las constancias, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Devolución de documentos originales Hágase del conocimiento a la parte quejosa de que deberá acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger los documentos aportados con su escrito de demanda, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio que remite el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo 502/2019, así como copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión R.A. 416/2019 de su índice. Acúsese recibo y tómese conocimiento que el tribunal en comento resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es improcedente el recurso de revisión en la parte en la cual fue interpuesto por el Director General de Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por los motivos asentados en el considerando de esta ejecutoria. SEGUNDO. Es procedente el recurso de revisión en la parte en la cual fue interpuesto por el Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Atención a Víctimas. TERCERO. En la materia de este recurso de revisión, se confirma la sentencia recurrida. CUARTO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *********, por derecho propio y en representación de ************; así como de *********, todos de apellidos ***********, contra el Comisionado Ejecutivo de la Comisión de la Comisión de Atención a Víctimas los términos y para los efectos expuestos en los considerandos sexto y séptimo del fallo recurrido... Notifíquese." Glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa. Del análisis del séptimo considerando de la sentencia dictada en el presente juicio se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: ".Conforme a las consideraciones contenidas en el considerando anterior, se otorga el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos para el efecto de que una vez que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad responsable Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: Deje insubsistente la resolución de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo CEAV/CIE/360/2018. Lleve a cabo la debida integración del expediente administrativo CEAV/CIE/360/2018, en el que deberá ejercer las facultades que le confieren los artículos 66, 67 y 152 de la Ley General de Víctimas, lo cual implica que: Determine el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la Ley General de Víctimas, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta la determinación firme de la autoridad judicial. La determinación de la Comisión Ejecutiva correspondiente deberá dictarse dentro del plazo de noventa días contados a partir de emitida la resolución correspondiente. El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas Unidades de Medida y Actualización mensuales, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima. Toda vez que la determinación y cuantificación de la reparación no fue otorgada por la autoridad judicial ésta deberá ser realizada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Si la misma no fue documentada en el procedimiento penal, dicha Comisión procederá a su documentación e integración del expediente conforme lo señalan los artículos 145, 146 y 169 de la Ley General de Víctimas." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Comisionado General de Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, autoridad responsable y al Director General de Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en su carácter de superior jerárquico, para que en el plazo de diez días, contados a partir del momento en que queden notificados de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. En el entendido de que: La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese.

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