Reyes Paz Pucheta

Expediente 610/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
610/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Reyes Paz Pucheta

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente a los autos para que obre como corresponda, el escrito con terminación 12/2023 de la Defensora Pública Federal adscrita a este Juzgado, y anexos que acompaña, con el que informa que el quejoso, no aceptó la representación jurídica de oficio; lo anterior toda vez que por acuerdo de dieciséis de junio del presente año, este Juzgado desechó la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia, consistente en que el quejoso no agotó el principio de definitividad. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que DESECHÓ la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es DESTRUIBLE, toda vez que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio con terminación 4274/2023 de la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Oaxaca, que informa la designación de la licenciada Alba Elena Cruz Hernández, Defensora Pública Federal, para que represente al promovente Puchueta Reyes Paz en el presente expediente. Asimismo, téngase a la oficiante proporcionando el usuario y correo electrónico de la citada defensora, los cuales se tendrán por autorizados una vez que el impetrante la autorice en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 610/2023. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía.1 Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. QUEJOSO PUCHETA REYES PAZ, persona privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 2. Director del Área de Seguridad y Custodia Penitenciaria Federal del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 3. Encargado del Área Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 4. Coordinador Médico del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. ACTO RECLAMADO La falta de ATENCIÓN MÉDICA respecto de los malestares físicos y psíquicos, así como la valoración de un médico especialista en psiquiatría. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio de la juzgadora o juzgador, pudiéndose, en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del objeto en cuestión (.) Artículo 23. En caso de que exista imposibilidad material para la digitalización de determinadas constancias aportadas por las partes, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales acordarán lo conducente y valorarán si hacen del conocimiento de las partes tal situación mediante proveído y si las constancias se integran únicamente al expediente físico, o bien, ordenarán la integración de cuadernos auxiliares previstos en el artículo 22, último párrafo de este Acuerdo." Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4 y 18 Constitucionales. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 61, en relación con la fracción XX, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO PORQUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONSISTENTE EN QUE LA PARTE QUEJOSA NO AGOTÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, pues debió agotar la instancia judicial ante el Juez correspondiente, prevista en el citado numeral, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Bajo ese fundamento, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio o recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; con la condicionante de que para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, no existe obligación de agotar el medio de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En el caso, como ya se precisó, el quejoso reclama la falta de atención médica respecto de los malestares físicos y psíquicos, así como la valoración con un médico especialista en psiquiatría. Esto es, el acto reclamado constituye una omisión inherente a las condiciones de internamiento del quejoso en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece y, por tanto, el acto omisivo recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de esos centros de reclusión, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta al quejoso. Al respecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez de Ejecución respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. En efecto, los artículos 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen: .... Los numerales transcritos regulan el mecanismo de protección denominado "PETICIÓN ADMINISTRATIVA", mediante el cual las personas privadas de la libertad, y aquellas legitimadas en esa ley, pueden realizarlas a su favor, para impugnar hechos, actos u omisiones que tengan relación con las condiciones de internamiento, con la finalidad de que la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas, y una vez allegada de la información necesaria, declare la existencia de alguna afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a derechos de terceras personas y, si fuera el caso, la subsanación de ésta. Incluso, la normativa prevé que para el caso de que la petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses del promovente, éste puede formular controversia ante el juez de ejecución (o de control en caso de las personas sujetas a prisión preventiva), dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Es así, pues la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de ejecución (o de control) para plantear su petición, quien decretará de oficio y de inmediato la suspensión del hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; o bien, tratándose de omisiones, como en el caso, ese juzgador determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, es decir, puede resolver precautoriamente con efectos de restitución. De ahí que puede afirmarse que la petición administrativa es un medio de defensa que cumple con las características requeridas por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues es claro que en casos como el que ahora pretende impugnar el quejoso colma los lineamientos que en materia de amparo son propios de la suspensión, dado que tiene el alcance de suspender el acto o la omisión reclamada a la autoridad penitenciaria de manera oficiosa hasta en tanto se resuelva el asunto en definitiva; además, la medida suspensional no exige requisito alguno a cargo de la persona privada de su libertad, más que el hecho de que realice la petición ante el juez correspondiente; y el plazo establecido para decretarla es inmediato, esto es, tan pronto se le haga llegar a la autoridad judicial ésta deberá resolver. Así, la petición administrativa constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual el interno puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además, ese mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente o la petición administrativa por caso urgente. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso tiene la obligación de agotar el procedimiento administrativo contra la omisión reclamada, ante la autoridad penitenciaria, Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses. Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, con número de registro 2018548, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. ... Sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, para acudir directamente al juicio de amparo, ya que no existe un acto carente de fundamentación y motivación pues se reclamó una omisión; tampoco se alegan violaciones directas a la Constitución, ni se aprecia que la abstención reclamada produzca una violación directa a la Carta Magna, contrariamente, el incumplimiento de los deberes de darle atención médica por parte de la autoridad carcelaria originaría una violación a la norma secundaria de manera directa y a la Constitución Federal en forma indirecta; en tanto que el recurso se encuentra previsto en la ley aplicable que contempla su existencia. Tampoco se advierte que se está en la hipótesis de que la omisión reclamada comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento prohibido por el artículo 22 Constitucional, que haría procedente el juicio de amparo sin agotar el aludido medio de defensa, como lo establece la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J.55/2019 (10ª), visible en la página 1270, del Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2020430, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." Por tanto, con fundamento, además, en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR PUCHETA REYES PAZ. REQUERIMIENTO A LA TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. Requiérase a la Titular en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública a efecto de que dentro el plazo de tres días, designe a un defensor público que asuma la defensa del promovente en el juicio; lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá como medio de apremio multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización vigente. Ahora, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", se comisiona al Actuario en turno de este Juzgado, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas se constituya en las instalaciones que ocupa dicho Centro Federal y notifique personalmente al quejoso PUCHETA REYES PAZ, el presente proveído, en la inteligencia que a efecto de tener certeza de que el quejoso tenga pleno conocimiento de lo aquí acordado, en el momento de la diligencia deberá leerle el contenido íntegro de este acuerdo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. FIRMA DE OFICIOS Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO, EN EL CENTRO PENITENCIARIO QUE GUARDE SU RECLUSIÓN.

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