Reyes Ortiz Nava

Expediente 1334/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 45 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1334/2015
Año
2015
Actuaciones
45
Última actuación
22/06/2017

Partes del expediente

  • Reyes Ortiz Nava
  • Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de Mexico
  • REYES ORTIZ NAVA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    III. Atento a ello y confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con las constancias de la autoridad responsable, se advierte que ha dado cabal cumplimiento al fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. ARCHIVO DEL ASUNTO. Por otra parte, de acuerdo a la última disposición en comento, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno.

  2. Principal

    de conformidad con el articulo 27, fraccion i nciso b de la ley de amparo, se notifica al quejoso por medio de lista el auto de veintidos de los cursantes el cual en lo conducente dice: CUMPLIMIENTO. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto de veinticinco de mayo del presente año (fojas 571), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a la forma en que la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México aduce haber cumplido el fallo protector, sin que hubieren realizado manifestación alguna; por tanto, este Juzgado de Distrito, se pronuncia al respecto. De inicio se precisa, por sentencia terminada de engrosar el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis (fojas 240 a 253), se sobreseyó en el juicio. Inconforme con dicha determinación el quejoso Reyes Ortiz Nava por conducto de su defensor particular interpuso recurso de revisión el cual fue resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en autos del amparo en revisión 203/2016 mediante ejecutoria pronunciada el uno de diciembre de dos mil dieciséis, en la que determinó revocar la sentencia antes precisada y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto que se precisa: ".invalide su reclamada determinación de tres de agosto de dos mil quince, pronunciada en la causa 4/2013 instruida al aquí quejoso Reyes Ortiz Nava, enseguida, dicte otra donde admita tal incidencia y se pronuncie en torno a su trámite y resolución; en el entendido de que habrá de atender las premisas atinentes a que actualmente se distingue el sistema procesal penal tradicional y el actual de corte acusatorio y oral, en el primero puede afirmarse que la prisión preventiva era la regla y en el diverso apuntado es la excepción, pues ahora lo que se privilegia es la libertad de la persona imputada, siempre y cuando la naturaleza y aspectos diversos vinculados a la comisión del hecho presuntamente delictivo lo permita; esto es, en el proceso penal tradicional la reclusión preventiva del inculpado está determinada por la naturaleza grave del delito de que se trate, de manera que si el ilícito atribuido no está considerado como grave el encausado estará en condiciones de acceder a su libertad, claro está, siempre y cuando ello sea legalmente factible; en tanto que, en el actual sistema procesal penal acusatorio y oral, se identifica la prisión preventiva oficiosa que responde a ciertos hechos tipificados como delitos comprendidos en el catálogo inmerso en el artículo 19, párrafo segundo, Constitucional, pero asimismo puede decretarse la reclusión justificada en circunstancias específicas que atienden propiamente a las características y circunstancias de ejecución de la comisión delictual". Dicha determinación se tuvo por recibida por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 342 y 343); por tanto, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, por oficio recibido en este Juzgado el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 345 a 349), la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México informó la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y para acreditar dicha circunstancia remitió copia certificada dela causa penal 4/2013 de su índice. Con lo anterior, por proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis (foja 350), se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieren realizado manifestación alguna al respecto. Por auto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 362 a 364) se declaró que la responsable no había acatado la ejecutoria de amparo en los términos en que se concedió la misma; razón por la cual requirió nuevamente su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, por oficio recibido en este Juzgado el veinticuatro de mayo del año en curso (fojas 555 a 570) la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México informó la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y para acreditar dicha circunstancia remitió copia certificada dela causa penal 4/2013 de su índice. Con lo anterior, por acuerdo de veinticinco de mayo del presente año (fojas 571), se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieren realizado manifestación alguna al respecto. En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que dispone, entre otras cosas, que el órgano jurisdiccional dictará resolución fundada y motivada que declare si la sentencia está cumplida o no, y si se incurrió en exceso o defecto; la suscrita procede a determinar si la sentencia dictada en el juicio en que se actúa fue cumplida en sus términos, para lo cual habrán de precisarse los efectos del fallo protector y las consideraciones emitidas por las responsables en cumplimiento a dicha sentencia. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Para que el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México: ? Invalide su reclamada determinación de tres de agosto de dos mil quince, pronunciada en la causa 4/2013 instruida al aquí quejoso Reyes Ortiz Nava, enseguida; ? Dicte otra donde admita tal incidencia y se pronuncie en torno a su trámite y resolución; en el entendido de que habrá de atender las premisas atinentes a que actualmente se distingue el sistema procesal penal tradicional y el actual de corte acusatorio y oral, en el primero puede afirmarse que la prisión preventiva era la regla y en el diverso apuntado es la excepción, pues ahora lo que se privilegia es la libertad de la persona imputada, siempre y cuando la naturaleza y aspectos diversos vinculados a la comisión del hecho presuntamente delictivo lo permita; esto es, en el proceso penal tradicional la reclusión preventiva del inculpado está determinada por la naturaleza grave del delito de que se trate, de manera que si el ilícito atribuido no está considerado como grave el encausado estará en condiciones de acceder a su libertad, claro está, siempre y cuando ello sea legalmente factible; en tanto que, en el actual sistema procesal penal acusatorio y oral, se identifica la prisión preventiva oficiosa que responde a ciertos hechos tipificados como delitos comprendidos en el catálogo inmerso en el artículo 19, párrafo segundo, Constitucional, pero asimismo puede decretarse la reclusión justificada en circunstancias específicas que atienden propiamente a las características y circunstancias de ejecución de la comisión delictual. El Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México emitió diversas notificaciones en la causa penal 4/2013 instruida en contra del quejoso Reyes Ortiz Nava de las cuales se advierte: 1. Por acuerdo catorce de diciembre del dos mil dieciséis, dejó insubsistente el auto de tres de agosto de dos mil quince y admitió a trámite el incidente no especificado sobre prisión preventiva domiciliaria promovido por el defensor particular del aquí quejoso. 2. Seguidos los trámites correspondientes, por resolución de veintidós de mayo de dos mil diecisiete declaró procedente el incidente no especificado sobre prisión preventiva domiciliaria promovido por el defensor particular del procesado Reyes Ortiz Nava, emanado de la causa penal 4/2013 que se le instruye por el delito cometidos por los fraccionadores, en agravio de la colectividad, por ende, se concedió la prisión preventiva domiciliaria, es por ello, que deberá permanecer en el domicilio que se señaló para tal efecto (calle Pensador Mexicano, manzana k, lote 17, variante 7, colonia La Cruz Comalco, Toluca, Estado de México), del que no podrá abandonar ni ausentarse del mismo por el término de seis meses once días y su tutor deberá comprometerse ante este Juzgado a ejercer vigilancia y cuidado. Lo anterior, en virtud de que sostuvo lo siguiente: a) Realizó un estudio respecto a que en la época y juzgamiento de la conducta típicamente antijurídica del sentenciado, acorde a la luz del sistema constitucional y procesal, la prisión preventiva era la regla general, por virtud de que la gravedad del delito era factor determinante para la falta de posibilidad a la libertad de los gobernados, empero actualmente el constituyente permanente e incluso en el orden procesal esa regla general de prisión preventiva, ahora es la excepción, esto es, en el sistema de corte acusatorio y oral, responde a ciertos hechos tipificados como delitos comprendidos en el catalogo inmerso en el artículo 19 párrafo segundo de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende el Juzgador al dejar de considerar el criterio de la gravedad del delito que es propio del sistema tradicional y privilegiando la libertad del justiciable, declaró jurídicamente posible conceder el resguardo domicilio, en donde compurgará la totalidad de la pena de prisión que se llegará a determinar por sentencia ejecutoriada, toda vez que actualmente el régimen constitucional (garantista) no contempla el delito cometido por fraccionadores, como uno de aquellos que requieren prisión preventiva oficiosa. b) Que con los medios de prueba se tuvo por acreditado: ? Que el sujeto a prisión preventiva Reyes Ortiz Nava es una persona adulta mayor de conformidad con lo dispuesto por la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y por la Ley del Adulto Mayor del Estado de México; ? Su estado de salud es precario (padece una enfermedad crónica degenerativa que a la fecha trae como consecuencia la perdida de la función visual), ? Antes de la comisión del ilícito que se le imputa (cometidos por los fraccionadores) tenía una familia integrada, un domicilio estable y un trabajo en donde recibió diversos reconocimientos por su destacada trayectoria profesional durante diez años, así como por su apoyo y contribución a la administración pública durante treinta años de servicio a la sociedad mexiquense; ? Su riesgo social el bajo y su reiteración conductual es poco probable; ? No tiene antecedentes penales lo que hace presumir que el sentenciado tiene una mínima probabilidad de sustraerse a la acción de la justicia y no implica un riesgo para la sociedad; y ? A la fecha no existe sentencia firme con carácter de ejecutoria en el principal de donde deriva la incidencia, toda vez que se encuentra pendiente de resolver un juicio de amparo directo. Atento a ello y confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con las constancias de la autoridad responsable, se advierte que ha dado cabal cumplimiento al fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. ARCHIVO DEL ASUNTO. Por otra parte, de acuerdo a la última disposición en comento, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. DEPURACIÓN. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del considerando Vigésimo Primero, del Capítulo V, contenido en dicho acuerdo, con la salvedad de que únicamente se conservarán la demanda de amparo y la sentencia respectiva; en consecuencia, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, a juicio del suscrito y por la naturaleza de lo resuelto, no es de valor jurídico. DESTINO INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. El original del incidente de suspensión es depurable, ya que se concedió la medida suspensional provisional y definitiva solicitada, por lo que se conservará el auto y la resolución relativa a su otorgamiento, en su caso, en atención a lo ordenado en el segundo párrafo de la fracción III, del considerando vigésimo primero del capítulo quinto del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo aludido, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra más de seis meses a partir de la fecha en que se actúa, procédase a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece el documento de mérito y dada la naturaleza de lo resuelto en el presente juicio de amparo, este expediente no es de valor jurídico.

  3. Principal

    III. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, mediante el cual comunica que el veintidós de mayo del año en curso dicto la resolución relativa al incidente no especificado sobre prisión preventiva promovido por el defensor particular del quejoso ********************, en la causa penal ******************** de su índice estadístico; lo que hizo del conocimiento a este órgano de Control Constitucional mediante diverso oficio 468; lo anterior en razón de que por proveído de veinticinco de los cursantes (foja 571), se tuvo a la citada oficiante informando dicha circunstancia y se acordó lo conducente al respecto.

  4. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN PRIMERA, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexos, dese vista a las partes, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito se pronunciará al respecto. De igual forma, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este órgano jurisdiccional, para que manifieste lo que a su representación social corresponda.

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