Reyes Octavio Trejo Zacarias
Expediente 858/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Reyes Octavio Trejo Zacarias
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que dentro del término legal no se interpuso el recurso de queja en contra del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, que desechó de plano la presente demanda de garantías, por tanto, ----se declara que dicho auto QUEDA FIRME ---- archívese el presente asunto como totalmente concluido. ---es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ---- por propio derecho; contra actos del Juez Segundo en Materia Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, el cual, deberá de conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso; asimismo, regístrese en el libro de gobierno, así como en el SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, bajo el número de expediente 858/2022. Análisis de la demanda: En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe examinar la demanda de amparo sometida a su potestad, y en caso de que advierta alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de Abril de 2000, Materia Común, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Ese precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisión del acto reclamado: En cumplimiento de lo anterior, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Desechamiento: En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, y 172 fracción III, todos de la Ley de Amparo. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el diverso artículo 107 del mismo ordenamiento legal dispone: "El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De lo anteriormente transcrito, se desprende que cuando el amparo se pida ante el Juez de Distrito y se reclamen actos intraprocesales, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo procederá en dos supuestos, a saber: La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la demanda de que se trata, la parte promovente, no tiene el carácter de persona extraña dentro del procedimiento de origen, pues es parte demandada, de ahí que en la única hipótesis en que podría quedar comprendido el acto que reclama, para que la peticionaria solicitara el amparo y protección de la Justicia Federal, por la vía biinstancial, sería la contenida en la fracción V, del citado artículo 107, de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso concreto, no es procedente el juicio sobre la base de tal disposición. Lo anterior, ya que los actos con ejecución de imposible reparación a que se refiere la disposición legal invocada, son solamente aquéllos que afectan en forma directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado, asegurados en la Constitución, tales como la vida, la libertad, la integridad personal, la propiedad, entre otras, en la medida de que la afectación que producen los actos de que se trata o sus efectos, no pueden destruirse fácticamente, aun cuando quien los sufra se vea favorecido con el sentido de la sentencia definitiva que se llegare a dictar en el procedimiento correspondiente. Esto es así, porque la afectación que se produzca con tales actos durante el tiempo que perduren sus efectos, queda irremediablemente consumada, pues en el caso, el promovente del amparo no podrá ser restituido de las consecuencias que temporalmente se produjeran con la violación intraprocesal. Por el contrario, los actos intraprocesales que no tienen consecuencias de perjuicio irreparable, son aquellos que sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes durante el procedimiento con la finalidad de obtener un fallo definitivo favorable a sus pretensiones. De ahí que dichos actos o sus efectos, se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de los gobernados y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el dictado precisamente de tal fallo favorable a sus pretensiones. Empero, suponiendo que la parte promovente no obtuviera sentencia definitiva favorable, las violaciones procesales cometidas en su contra, durante el curso del procedimiento y que hubiesen trascendido al sentido de la sentencia en cuestión, dejándolo en estado de indefensión, podrá reclamarlas como violaciones al procedimiento en la vía de amparo, a través de los conceptos de violación correspondientes. En efecto, como lo ha establecido nuestro Máximo Tribunal, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: Afecten materialmente derechos; y 2) Esos derechos revistan la categoría de sustantivos. En consecuencia, al advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Cabe destacar que el desechamiento de la demanda no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses de la promovente. Sirve de fundamento, las tesis de jurisprudencia VII.2o.C. J/23, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Invitación a las partes para actuar a través de medios electrónicos. Domicilio y autorizados. Precisiones relativas a las notificaciones en este juicio. Apercibimientos a las partes. En esta tesitura, se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo, que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Y una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: "I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Manejo de datos personales, transparencia y acceso a la información. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA.... EL AUTO DE 23 DE AGOSTO DE 2022 (CIT)
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