Reyes Julio Gómez Pérez

Expediente 38/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 41 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
38/2019
Año
2019
Actuaciones
41
Última actuación
10/08/2021

Partes del expediente

  • Reyes Julio Gómez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE : Estado procesal. Visto el estado actual que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: a). La orden de aprehensión de nueve de julio de dos mil catorce, emitida dentro de la causa penal 213/2017 (antes 170/2014), por el delito de privación ilegal de la libertad. Efectos de la concesión de amparo. La protección constitucional se concedió para el efecto de que el Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, hiciera lo siguiente: i) Deje insubsistente la orden de aprehensión de nueve de julio de dos mil catorce, emitida en la causa penal 213/2017 (antes 170/2014), y en su lugar con libertad de jurisdicción dicte otra en la que en el estudio del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad deberá exponer con argumentos lógico jurídicos propios del porqué se acreditan cada uno de los elementos del tipo penal y con qué medios de convicción se configuraban, precisamente según la forma y circunstancias en que la conducta atribuida al activo actualizaba la hipótesis analizada, es decir, las razones por las que las pruebas que ponderó acreditaban cada uno de los componentes del ilícito en estudio, así como sus argumentos; exponiendo las razones por las que tales medios de convicción lo llevaban a esa conclusión. ii) Asimismo, deberá realizar el estudio de cada una de las agravantes previstas en los incisos a), b), c) y d), del precepto 220 del Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos, y darle el tratamiento en forma autónoma. iii) En el apartado correspondiente a la probable responsabilidad de Reyes Julio Gómez Pérez, en caso de tener por acreditados los elementos del delito y sus agravantes, deberá hacer una justipreciación de los medios de prueba, con los cuales se determine la probable responsabilidad del quejoso en los hechos que se le imputan; esto es, tanto su forma de comisión, como el grado de intervención en su ejecución, en términos de los artículos 15 y 19 del Código Penal del Estado de Chiapas vigente en la época de los hechos. Inconforme con el sentido de la sentencia la Agente del Ministerio Público de la adscripción, interpuso recurso de revisión y por ejecutoria de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del amparo en revisión 204/2020, confirmó la sentencia recurrida. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la Juez responsable, mediante oficio 83/2021-MC de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal 213/2017 antes (170/2014). Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, la responsable en la nueva resolución en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo señalado en el inciso i), dejó sin efecto la orden de aprehensión de nueve de julio de dos mil catorce, emitida en la causa penal 213/2017 (antes 170/2014). Asimismo, con libertad de jurisdicción determinó en el estudio del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad que no se encuentran acreditados con los medios de prueba que existen en la causa penal para demostrar la corporeidad del tal ilícito y negó la orden de búsqueda y aprehensión a favor de Reyes Julio Gomez Pérez, como probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad, previsto y sancionado en el artículo 220, párrafos primero y segundo, incisos a), b), c), d), del Código Penal para el Estado de Chiapas, que se dijo cometido en agravio de Felipe de Jesús Aguilar Rodríguez, María Cecilia Santizo López, Víctor Sánchez Pérez, Guillermo Torres Pérez, Jesús Gómez Gómez, Juan Manuel Ramírez Ruiz, Daniel Hernández Pérez y Lauro Rodríguez Torres, hechos ocurridos en el Municipio de Ixtapa, Chiapas. Por su parte las autoridades ejecutoras cumplieron con la ejecutoria de amparo. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 del Acuerdo en comento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de agosto de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad de la Actuaria Judicial de la adscripción, de notificar personalmente el auto de tres del mes y año en curso, a la parte quejosa Reyes Julio Gómez Pérez, por los motivos ahí señalados. Notificación por lista. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista el auto de mérito y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal a la parte quejosa, hasta en tanto señale nuevamente domicilio para tales efectos. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LOS PROVEÍDOS: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a tres de agosto de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que fueron concedidas las medidas cautelares. Archivo y depuración. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Igualmente, una vez cumplido el término de tres años, que dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el presente proveído que ordena su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se considere. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Asimismo, se estima que este expediente no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Notifíquese en términos de ley ----------------------------------------------------------------------------- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad de la Actuaria Judicial de la adscripción, de notificar personalmente el auto de tres del mes y año en curso, a la parte quejosa Reyes Julio Gómez Pérez, por los motivos ahí señalados. Notificación por lista. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista el auto de mérito y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal a la parte quejosa, hasta en tanto señale nuevamente domicilio para tales efectos. Notifíquese en términos de Ley.

  3. Incidental

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que fueron concedidas las medidas cautelares. Archivo y depuración. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Igualmente, una vez cumplido el término de tres años, que dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el presente proveído que ordena su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se considere. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Asimismo, se estima que este expediente no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.

  4. Principal

    Estado procesal. Visto el estado actual que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: a). La orden de aprehensión de nueve de julio de dos mil catorce, emitida dentro de la causa penal 213/2017 (antes 170/2014), por el delito de privación ilegal de la libertad. Efectos de la concesión de amparo. La protección constitucional se concedió para el efecto de que el Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, hiciera lo siguiente: i) Deje insubsistente la orden de aprehensión de nueve de julio de dos mil catorce, emitida en la causa penal 213/2017 (antes 170/2014), y en su lugar con libertad de jurisdicción dicte otra en la que en el estudio del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad deberá exponer con argumentos lógico jurídicos propios del porqué se acreditan cada uno de los elementos del tipo penal y con qué medios de convicción se configuraban, precisamente según la forma y circunstancias en que la conducta atribuida al activo actualizaba la hipótesis analizada, es decir, las razones por las que las pruebas que ponderó acreditaban cada uno de los componentes del ilícito en estudio, así como sus argumentos; exponiendo las razones por las que tales medios de convicción lo llevaban a esa conclusión. ii) Asimismo, deberá realizar el estudio de cada una de las agravantes previstas en los incisos a), b), c) y d), del precepto 220 del Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos, y darle el tratamiento en forma autónoma. iii) En el apartado correspondiente a la probable responsabilidad de Reyes Julio Gómez Pérez, en caso de tener por acreditados los elementos del delito y sus agravantes, deberá hacer una justipreciación de los medios de prueba, con los cuales se determine la probable responsabilidad del quejoso en los hechos que se le imputan; esto es, tanto su forma de comisión, como el grado de intervención en su ejecución, en términos de los artículos 15 y 19 del Código Penal del Estado de Chiapas vigente en la época de los hechos. Inconforme con el sentido de la sentencia la Agente del Ministerio Público de la adscripción, interpuso recurso de revisión y por ejecutoria de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del amparo en revisión 204/2020, confirmó la sentencia recurrida. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la Juez responsable, mediante oficio 83/2021-MC de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal 213/2017 antes (170/2014). Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, la responsable en la nueva resolución en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo señalado en el inciso i), dejó sin efecto la orden de aprehensión de nueve de julio de dos mil catorce, emitida en la causa penal 213/2017 (antes 170/2014). Asimismo, con libertad de jurisdicción determinó en el estudio del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad que no se encuentran acreditados con los medios de prueba que existen en la causa penal para demostrar la corporeidad del tal ilícito y negó la orden de búsqueda y aprehensión a favor de Reyes Julio Gomez Pérez, como probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad, previsto y sancionado en el artículo 220, párrafos primero y segundo, incisos a), b), c), d), del Código Penal para el Estado de Chiapas, que se dijo cometido en agravio de Felipe de Jesús Aguilar Rodríguez, María Cecilia Santizo López, Víctor Sánchez Pérez, Guillermo Torres Pérez, Jesús Gómez Gómez, Juan Manuel Ramírez Ruiz, Daniel Hernández Pérez y Lauro Rodríguez Torres, hechos ocurridos en el Municipio de Ixtapa, Chiapas. Por su parte las autoridades ejecutoras cumplieron con la ejecutoria de amparo. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 del Acuerdo en comento.

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