Reyes José Quijano García

Expediente 1056/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1056/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Reyes José Quijano García

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que HA CAUSADO ESTADO. se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE.

  2. Principal

    1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por REYES JOSÉ QUIJANO GARCÍA, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1056/2018. 2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De tales preceptos, destaca que en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto únicamente procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; por consiguiente, no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en el procedimiento, sino sólo contra aquéllas con las que se cause un gravamen irreparable, esto es, cuando con ellos se afecten de forma directa e inmediata derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la propiedad, etcétera, pero no aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que cuando un particular se duela exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable. Sobre el particular, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, del Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Sin embargo, dicho criterio contiene una salvedad, en virtud de que el juicio de amparo será procedente cuando se advierta que existe una abierta dilación o paralización total del procedimiento. En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de acordar el escrito de ocho de mayo del año en curso, recibido por la responsable el nueve siguiente, dentro del expediente laboral 183/E01/2017, en tanto que el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo faculta a la autoridad responsable para acordarlo en tres días hábiles; entonces, se observa que a la fecha de presentación de la demanda (treinta y uno de mayo de del dos mil dieciocho), habían transcurrido sólo trece días hábiles más de los que legalmente disponía la autoridad para pronunciarse, lo que no se estima una abierta dilación o paralización total del procedimiento En ese contexto, es claro que de lo que se duele la parte quejosa consiste en la omisión de acordar su escrito de ocho de mayo de dos mil dieciocho, recibido el nueve siguiente, no produce efectos de imposible reparación, como lo exige el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, sino en todo caso, efectos procesales justo dentro del procedimiento en el que es parte. Así resulta, toda vez que ese número de días, no demuestra que el camino procesal se ha retardado en forma muy superior al que normalmente debe haber en similar proceso jurisdiccional, pues aun cuando lo solicitado no reviste mayor complejidad, ni se advierte que el interesado sea quien con su actitud procesal haya impedido la emisión del acuerdo, lo cierto es que constituye un hecho notorio la carga de trabajo que tiene la autoridad responsable y que, en ocasiones, produce el atraso en el despacho de los asuntos. Esto no implica que se justifique la inactividad de la autoridad; empero, sólo se pone de manifiesto que en la especie no se presenta una abierta dilación o paralización total en el trámite del juicio, que es lo que finalmente permitiría que el amparo fuera procedente. Por tanto, se concluye que al no haber una abierta dilación ni paralización total del juicio, el acto reclamado en esta instancia no encuadra en la hipótesis legal contenida en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo; por consiguiente, resulta manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, por lo que debe desecharse la demanda de amparo.

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