Reyes García Rojas

Expediente 150/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
150/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Reyes García Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Estado de Tlaxcala, diez de febrero de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 150/2023-VI. Se declina competencia Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser examinada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen en el juicio de amparo, se procede al estudio correspondiente. En el caso, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por las consideraciones que a continuación se exponen. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Es competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Al respecto, debe decirse que el acto reclamado encuadra en la hipótesis descrita en el inciso a), en lo relativo a que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, pues el acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión y privación de libertad en contra del quejoso; por lo que, para determinar la competencia debe establecerse en qué lugar tienen ejecución, tratan de ejecutarse, se están ejecutando o se han ejecutado dichas órdenes. Ahora, del estudio de la demanda de amparo se advierte que el quejoso atribuye los actos reclamados a autoridades ordenadoras, como ejecutoras con residencia en el Estado de Tlaxcala; sin embargo, como lo manifiesta en la propia demanda de amparo, el impetrante se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de la Ciudad de Puebla. En virtud de lo expuesto, no es óbice que las autoridades responsables tengan su residencia en el Estado de Tlaxcala, toda vez que el quejoso se encuentra recluido; por tanto, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida, la cual, está recluida, de ahí que es incuestionable que los actos no tengan posibilidad de ejecución en esta Entidad donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. En tal tesitura, sirve de apoyo la Jurisprudencia número 1a./J. 37/2004, citada en la página 90, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, junio de 2004, que a la letra dice: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida.". Asimismo, resulta aplicable la tesis número II.3o.P.82 P (10a.), visible a páginas 902, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto es del tenor siguiente: "COMPETENCIA. LA TIENE EL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL QUEJOSO ESTÁ INTERNO, SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. En ese sentido, si en el juicio constitucional se reclama una orden de aprehensión que por su naturaleza requiere ejecución material y los antecedentes que bajo protesta de decir verdad se relatan en la demanda o las constancias que obran en autos demuestran que el quejoso está recluido en un centro preventivo y de reinserción social; entonces la competencia para conocer del asunto la tiene el Juez de Distrito en cuya jurisdicción esté interno. Sin que obste cualquier manifestación de que se pretendió cumplir el mandato de captura en otro sitio, porque esa expresión por sí misma no hace viable la posibilidad de que dicho mandamiento se ejecute en lugar diverso a donde se encuentre, por ser el único dato objetivo con que se cuenta.". En tales condiciones, este Juzgado Tercero de Distrito en esta entidad, declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, último párrafo de la Ley de Amparo, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el original del presente juicio, al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EN TURNO, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de ese lugar, para los efectos legales conducentes, solicitándole que de no existir inconveniente alguno se sirva acusar recibo e informe si acepta o no la competencia planteada. Se ordena girar exhorto. Ahora, toda vez que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario del Distrito Judicial del Estado de Puebla el cual se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, se constituya en el Centro Penitenciario del Distrito Judicial de la Ciudad de Puebla con domicilio ubicado en ********************, a fin de que lleve a cabo la notificación al quejoso del presente proveído; asimismo, le requiera para que en el acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, legalmente computado señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en atención al principio de economía procesal, se autoriza al Juez exhortado para que en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles si lo estima pertinente para el adecuado despacho del presente asunto. Asimismo, se le solicita de la manera más atenta al momento de la devolución de la citada comunicación oficial, se sirva remitir únicamente la diligencia encomendada, ello a fin de tener un mejor manejo del presente expediente. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, toda vez que no cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, tomando en consideración que el domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa se encuentra ubicado fuera de la residencia de este juzgado; en consecuencia, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, realícese las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, que se pública en los estrados de este juzgado, lo que no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales; no obstante también lo designo de esta manera. Comunicación no procesal Téngase a la parte quejosa proporcionando un correo electrónico, a través del cual -de ser el caso- se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; y por exhorto al quejoso. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Pamela Elizabeth Hernández López, Secretaria de este Juzgado, con quien actúa. Doy fe.

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