Reyes Cruz Rangel
Expediente 482/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Reyes Cruz Rangel
Actuaciones
- Principal
AUDIENCIA DE ALEGATOS
- Principal
Agréguese el oficio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que acusa recibo del escrito original con copia del mismo, relativo al recurso interpuesto e indica que lo desechó y quedó registrado como toca . De lo que se toma conocimiento, quedando en espera la resolución que declare firme el desechamiento. Por otra parte, visto el estado procesal del expediente, se advierte que la autoridad responsable Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, ha sido omisa en dar cumplimiento a los requerimientos formulados, pues se advierte la contumacia de la autoridad en cita en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo cual genera una dilación al procedimiento de ejecución de sentencia, lo que de suyo implica no restituir a la parte quejosa en el derecho fundamental vulnerado, aun cuando tiene una sentencia de amparo a su favor. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado; con fundamento en los artículos 193, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se impone a Dulce María Rodríguez Cervantes, en su carácter de Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, una multa equivalente a cien veces la unidad de medida de actualización vigente en la Ciudad de México. Por consiguiente, una vez que cause estado el presente proveído, gírese oficio al Titular de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, para que proceda hacer efectiva dicha multa. Por otra parte, es necesario precisar los antecedentes del presente asunto: Este Juzgado dictó sentencia definitiva el veinte de enero de mil novecientos setenta y siete, cuyos efectos se hacen consistir en: ".las autoridades responsables, dejando insubsistente la resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado de Santa Ursula del 20 de septiembre de 1962, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 1975, con todas sus consecuencia, repongan el procedimiento a partir de los trabajos técnicos e informativos en la parte que afecta a la quejosa y seguido el trámite correspondiente, dicte la resolución que en derecho proceda." Inconformes con la anterior determinación las autoridades responsables y la parte quejosa interpusieron recurso de revisión, del cual conoció la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien mediante ejecutoria de nueve de julio de mil novecientos ochenta, dictada en el expediente de amparo en revisión 4270/1979, determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Se desechan los recursos de revisión que hacen valer el director general de Derechos Agrarios. SEGUNDO.- Se confirma la sentencia recurrida. TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Inmobiliaria M.A.R.L., S.A., por los actos y por las autoridades precisadas en el resultando primero de esta resolución, para los mismos efectos señalados por el juez de Distrito" Ahora bien, se debe señalar que mediante acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil diez, se ordenó tramitar el incidente de reposición de autos, el que se resolvió de la siguiente manera: ".PRIMERO. Es PROCEDENTE EL INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE AUTOS, del expediente del juicio de amparo 447/75 y/o 447/1975, promovido por INMOBILIARIA M.A.L.R., SOCIEDAD ANÓNIMA. SEGUNDO. Se DECLARAN REPUESTOS los autos del juicio de amparo 447/75 y/o 447/1975, promovido por INMOBILIARIA M.A.L.R., SOCIEDAD ANÓNIMA. TERCERO. No ha lugar a hacer condena en costas ni al pago de daños y perjuicios que el extravío y reposición de autos ocasionó, a alguna de las partes." Derivado de lo anterior, las autoridades interpusieron recurso de revisión del cual tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien mediante resolución de doce de febrero de dos mil quince dictada en el toca de revisión R.A. 369/2014, determinó lo siguiente: ".PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. Es procedente el incidente de reposición de autos, del expediente del juicio de amparo 447/75 y/o 447/1975, promovido por INMOBILIARIA M.A.L.R., SOCIEDAD ANÓNIMA. TERCERO. Se declaran repuestos los autos del juicio de amparo 447/75 y/o 447/1975, promovido por INMOBILIARIA M.A.L.R., SOCIEDAD ANÓNIMA." Seguido del trámite de ejecución del fallo definitivo dictado en el presente juicio, mediante acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, este juzgado federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, en virtud de que la Secretaria de Acuerdos "B" Tribunal Unitario Agrario Distrito 8, exhibió copia certificada de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio agrario 38/2018 relativo al Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales del Poblado denominado "Santa Úrsula Coapa", pues en esta resolución se determinó que se reconoció la superficie de 16,490 metros cuadrados, adquirida por inmobiliaria M.A.R.L, sociedad anónima, con las medidas y colindancias descritas en la sentencia del juicio agrario, que se encuentra ubicada dentro de los terrenos que fueron reconocidos y titulados a la comunidad de Santa Úrsula Coapa, entonces Delegación Coyoacán, mediante resolución de veinte de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y cinco. Máxime que se declaró que la superficie de 16,490 metros cuadrados propiedad de la Inmobiliaria M.A.R.L. sociedad anónima, constituye una pequeña propiedad infectable y por lo tanto deberá excluirse de los terrenos que le fueron reconocidos a la comunidad, hoy ejido de Santa Ursula Coapa, realizando la anotación correspondiente en el plano definitivo parcial correspondiente. En ese sentido, se dejaron a salvo los derechos de Inmobiliaria M.A.R.L., sociedad anónima, en cuanto al pago de la indemnización y de los daños y perjuicios, que hizo valer en la reposición del procedimiento, al no haber sido materia de la ejecutoria en tal juicio, para que los hiciera valer en la vía correspondiente. Derivado de la determinación que antecede, la Presidenta, Secretaria y Tesorera del Comisariado a Bienes Comunales Santa Úrsula Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, en su carácter de tercero interesado y la persona jurídica quejosa, interpusieron recurso de inconformidad del que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien mediante resolución de diez de julio de dos mil diecinueve, dictada en el toca 21/2019, resolvió: "PRIMERO. Es infundado el recurso de inconformidad hecho valer por el tercero perjudicado Comisariado de Bienes Comunales de 'Santa Úrsula', Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. SEGUNDO. Es fundado el recurso de inconformidad hecho valer por la quejosa Inmobiliaria M.A.L.R. sociedad anónima." Ello sin soslayar que en la citada resolución el órgano colegiado ordenó revocar el auto recurrido, determinando lo siguiente: ".De las consideraciones transcritas, se advierte que la quejosa acreditó ser propietaria de dieciséis mil cuatrocientos noventa metros cuadrados de tierras que se localizaron dentro del polígono confirmado y titulado a la comunidad de Santa Úrsula, a través de la resolución presidencial de veinte de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, sin que previamente se le hubiera oído y vencido en el procedimiento agrario, lo cual se estimó violatorio de los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 308, 309 y 310 del Código Agrario derogado; y, 359, 360, 362 y 366 de la abrogada Ley Federal de la Reforma Agraria, pues no se observó el procedimiento en la vía de restitución por haber surgido un conflicto de límites entre la propiedad comunal y la particular; de ahí que se determinó dejar sin efectos dicha resolución presidencial, con sus consecuencias. En ese sentido, se estima que una de las consecuencias de la resolución presidencial combatida en el juicio de amparo, es precisamente reconocer la propiedad de las tierras de la quejosa y restituirle la violación cometida, es decir, regresarle la propiedad; lo anterior, en atención a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo abrogada, que prevé que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Por tanto, en el caso concreto, no basta que en la resolución emitida en cumplimiento al juicio de amparo se le reconozca que es la propietaria de esas tierras, pues la restitución del derecho vulnerado únicamente será a través de la devolución de la propiedad y posesión. Lo anterior es armónico con lo establecido en el artículo 111 de la abrogada ley de la materia, el cual dispone que los Jueces de Distrito están obligados a hacer cumplir la ejecutoria de amparo dictando las órdenes necesarias, por lo que fue incorrecto que el Juez de Distrito declarara cumplida la ejecutoria de amparo, en virtud de que no se ha restituido a la quejosa en el pleno goce de su derecho vulnerado, es decir, no obra en autos constancia alguna en la que se advierta que la autoridad administrativa se pronunció con relación a la devolución o que haya indicado imposibilidad jurídica para ello. De ahí que se tiene como parcialmente cumplida la sentencia, porque si bien se demuestra en autos que se dejó sin efectos la resolución presidencial sólo por cuanto se refiere a la parte que afectaba a la quejosa, así como se repuso el procedimiento a partir de los trabajos técnicos e informativos respecto de ésta y se emitió la resolución en donde se le reconoció el derecho de propiedad respecto del terreno que aludía tener, lo cierto es que falta pronunciamiento con relación a las consecuencias, mismas que se refieren a que se le entregue la posesión de las tierras que le pertenecen, y de no poderse, se atienda a lo establecido en el artículo 105 de la abrogada Ley de Amparo. Se hace la precisión que respecto del agravio de la quejosa consistente en que sus tierras actualmente se encuentran ocupadas por asentamientos urbanos y vías públicas, factor que considera que puede influir en la imposibilidad para el uso y disfrute de su propiedad, por lo que solicita el pago de la indemnización por daños y perjuicios, dígasele que ese aspecto no puede ser materia de análisis en esta inconformidad, ya que esa cuestión debe ser planteada por las partes cuando se pronuncien sobre el cumplimiento, de ahí que este recurso no sea el medio idóneo para hacerse pronunciamiento con relación a la probable imposibilidad que existe para que se le regresen los terrenos de los que ya se le reconoció ser propietaria. Ante tales consideraciones, lo que se impone es declarar fundada la inconformidad a que este toca se refiere, para el efecto de que el Juez de Distrito revoque el auto recurrido, y emita otro, en el que declare que no está cumplida la ejecutoria de amparo y se pronuncie respecto a la restitución de la propiedad y posesión de las tierras de la quejosa, en razón de que ello es una consecuencia de la resolución presidencial combatida en el juicio de amparo, y por tanto, requiera a la autoridad facultada para dar cumplimiento a esa cuestión, y en caso de que la misma manifieste imposibilidad material para llevar a cabo ello ?tal y como lo señala la inconforme?, dé vista a ésta, y se allegue de todos aquellos elementos que estime necesarios que le permitan determinar, en su caso, la imposibilidad material de cumplimentar la sentencia constitucional. Apoya lo anterior los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicables al asunto por referirse a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, pues el juicio de amparo causó ejecutoria el nueve de julio de mil novecientos ochenta, de rubros: 'SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO.' y 'CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DISPONERLO, DE OFICIO, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DETERMINEN LA IMPOSIBILIDAD DE ACATAR EL FALLO PROTECTOR (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 105 DE LA LEY DE AMPARO)'. Además, cabe mencionar que las autoridades que se encuentran facultadas para pronunciarse con relación a las consecuencias, lo son las señaladas como responsables en la demanda de amparo, a quienes se les atribuyó la ejecución del Decreto Presidencial que fue reclamado, y que se encontraban adscritas en la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que se encuentran constreñidas a dar cumplimiento al fallo protector, y que por ende, deberán ser requeridas por el juez del conocimiento. De igual manera, resulta dable señalar que las consecuencias del fallo sujeto a cumplimiento, se estimaron en el sentido de la restitución de la posesión de la propiedad de la quejosa, debido a que del incidente de inejecución de sentencia 53/2002, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil cinco, se advierte de la relatoría de los antecedentes, que en un caso similar, en donde se reclamó la resolución presidencial de catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, el Alto Tribunal al conocer del diverso incidente de inejecución de sentencia 237/96, que fue resuelto el uno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, determinó entre otras cuestiones, que como el amparo se concedió para el efecto de que las autoridades responsables, en sus respectivos ámbitos de competencia, dejarán insubsistente el decreto presidencial, así como los actos de ejecución que hubieren sido consecuencias, respecto a los quejosos; interpretó que esa ejecución atendía a la restitución en el goce de la posesión de los terrenos, pero que al estar ocupados, daba lugar a que las partes manifestaran si era su voluntad que se llevara a cabo la reparación sustituta de la sentencia.". En estricto cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, previos requerimientos a las autoridades responsables, se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia, radicado bajo el toca en el I.IS. 1/2021 del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, concluyendo en la ejecutoria dictada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la que resolvió: ".de lo expuesto se desprende que la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no ha sido omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria, sino más bien, ha realizado manifestaciones consistentes en que para poder cumplir con la ejecutoria de mérito necesita que el Registro Agrario Nacional le remita el expediente 276.1/728; cuestión que el Registro señaló estar realizando, debido a que informó que está reintegrando ese expediente, así como, indicó que una vez que acabara ello, lo remitiría a la Dirección mencionada. En tales condiciones, este tribunal estima que en el caso no se cumple con el segundo requisito para remitirse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que de las constancias que obran en el juicio, se desprende que las autoridades no han sido contumaces en dar cumplimiento, sino más bien han precisado que si no lo han llevado a cabo es por la situación que se está atravesando en el país a causa del COVID-19, pues se está trabajando con menos personal, aunado a que no se cuenta aún con el expediente necesario, ya que el mismo está siendo reintegrado por el Registro Agrario Nacional. En consecuencia, es incuestionable que atendiendo a lo señalado con antelación, el juzgado del conocimiento debe advertir que para poder continuar con el trámite de cumplimiento, resulta indispensable que el Registro Agrario Nacional remita el expediente 276.1/728, por ende, resulta necesario que el juzgado federal proceda a requerir nuevamente a dicha autoridad y, una vez desahogada esa cuestión, solicite el cumplimiento al Director General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, toda vez que sin dicho expediente, ese Director no se encuentra en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria. Además, de las manifestaciones realizadas por el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y por la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en los autos del presente toca, se advierte que el superior jerárquico de esa Dirección, lo es la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, por ende, es evidente que el juez no realizó de manera correcta los requerimientos de mérito. En conclusión, procede devolver los autos al juzgado del conocimiento para que efectúe el requerimiento correspondiente." Sentado lo anterior, se destaca que para cumplir los efectos de la protección constitucional no basta con la emisión de una resolución en la que se reconozca a la quejosa el carácter de propietaria de las tierras, sino además se debe acreditar la propiedad y posesión. En ese sentido, por auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al titular de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias en representación de la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario y de la Dirección General de Ordenamiento Rural, informando lo siguiente: ".El Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, informó a la Dirección General de Amparos y Ejecutorias en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, que la Dirección del Archivo General Agrario, remitió copia certificada del expediente 276.1/723 y el plano." En conclusión, de conformidad con la resolución emitida el ocho de septiembre de dos mil veintiuno por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 1/2021, la autoridad responsable para estar en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo necesitaba que el Registro Agrario Nacional remitiera el expediente 276.1/728, lo que ya aconteció, por lo que se presume que actualmente no se encuentra impedida para dar cabal cumplimiento al fallo protector, acorde a lo que ha venido manifestando. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo cuarto, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a Dulce María Rodríguez Cervantes, en su carácter de Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, autoridad directamente obligada a dar cumplimiento para que en el plazo de siete días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación remita las constancias con las que avale haber dado cumplimiento al fallo protector; es decir, deberá acreditar la devolución de la propiedad y posesión de las tierras materia de la concesión del amparo, o bien, manifiestar la imposibilidad que le asiste para ello, tomando en consideración las condiciones actuales de estas; pues de ser el caso se ordenará la apertura del incidente de inejecución de sentencia o bien el incidente de cumplimiento sustituto, SITUACIÓN QUE NO LA DESVINCULA DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO, PUES ESTA OBLIGADA A ACATAR EL MANDATO CONSTITUCIONAL. Es importante destacar que al ser autoridad obligada al cumplimiento, deberá agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir el cumplimiento total de la sentencia; razón por la cual está vinculada en todas las etapas correspondientes por haber sido la autoridad responsable en el presente juicio. Asimismo, con apoyo en los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de la materia, se requiere también a Edna Vega Rangel, en su carácter de Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario y como superior jerárquico de la autoridad directamente obligada para que en el plazo de cinco días, acredite que ordenó acatar la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad responsable, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias. Apoya, la jurisprudencia 1a./J. 108/2022 (11a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, Registro digital: 2025145, con el rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO.". Se apercibe a las autoridades que en caso de no cumplir con lo anterior, se les impondrá en lo individual, una multa de cien veces el equivalente de Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 en relación con el diverso 192, ambos de la ley de la materia; además de que se continuará con el procedimiento que al efecto establece el segundo de los numerales indicados, y con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, modificado mediante instrumento normativo de nueve de septiembre de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se remitirán los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para que determine la procedencia de la aplicación de la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal y se enviarán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Actuario del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 14500 e informa que el recurso de queja interpuesto en este asunto quedó registrado bajo el toca Q.A. 181/2023. De lo que se toma conocimiento. Por otro lado, atento al requerimiento formulado por el órgano colegiado oficiante, infórmese que la totalidad de las constancias obran en el expediente electrónico, no así en el físico, pues éste únicamente ha servido como referencia de los documentos recibidos en esa modalidad, de conformidad con lo dispuesto en el "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO". No obstante lo anterior, remítase el expediente en que se actúa al órgano colegiado solicitante. Agréguense en un cuaderno auxiliar las actuaciones que en físico llegaren a presentarse y, de ser el caso, en el momento oportuno, glósense al juicio original. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la autoridad Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ha sido omisa en desahogar el requerimiento formulado en proveídos de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós y tres de febrero de dos mil veintitrés. En mérito de lo anterior; con fundamento en los artículos 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérasele por última ocasión para que en el plazo de tres días... Con la precisión de que queda subsistente el apercibimiento decretado en el auto de dieciséis de diciembre mencionado, esto es, en caso de no dar cumplimiento o no manifestar la imposibilidad legal que tenga para hacerlo, se le impondrá una multa de... Para dar tiempo a lo anterior, procede diferir de oficio la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
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