Reyes Cruz Ortega

Expediente 1592/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1592/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Reyes Cruz Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial y el estado jurídico procesal de los autos de los que se aprecia que Reyes Cruz Ortega y Cayetano García Tolentino, no desahogaron la prevención que se les formuló en proveído de diecinueve de noviembre de este año, en el que se les requirió para que comparecieran a ratificar el contenido del escrito de demanda y reconocer como suya la huella que aparece estampada en la misma o en su caso acompañaran escrito con firma a su ruego; en consecuencia, se les hace efectivo el apercibimiento ahí inserto, y con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, se les tiene no presentada la demanda de amparo. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda respecto de Espiridión Venegas Gatica, Gabriel Venegas Ortega, Teódulo Zamudio Gaspar, Celsa Zamudio Reyes, Flora Gatica Venegas, Juan Gatica Ortega, Yineli Luceli Pablo Jimon, Juventino Gatica Venegas, Minerva Abarca Castizo, Enrique García Isidro, Román Ramírez Cortez y María Venegas Gatica, por derecho propio, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgador federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, lo siguiente: * La audiencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, celebrada en el expediente agrario 199/2017, del índice del referido tribunal unitario agrario del distrito 12, residente en esta ciudad, y sus consecuencias legales. Al respecto, de los antecedentes narrados bajo protesta decir verdad y del contenido del concepto de violación se advierte que los inconformes reclaman la audiencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal Unitario Agrario, en el que ordenó regularizar el procedimiento, invalidando lo determinado en una audiencia previa (veintidós de octubre de dos mil diecinueve), y fijó nueva data para la continuación de la audiencia de ley; acto reclamado que a criterio de este juzgado, el juicio de amparo resulta improcedente por las siguientes razones: Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" Como se puede ver, el artículo 61, en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese orden, se tiene que el acto que reclaman Espiridión Venegas Gatica, Gabriel Venegas Ortega, Teódulo Zamudio Gaspar, Celsa Zamudio Reyes, Flora Gatica Venegas, Juan Gatica Ortega, Yineli Luceli Pablo Jimon, Juventino Gatica Venegas, Minerva Abarca Castizo, Enrique García Isidro, Román Ramírez Cortez y María Venegas Gatica, por derecho propio, no es de aquéllos que puedan considerarse como de imposible reparación, puesto que, aun cuando fue dictado dentro de un juicio, éste no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos de los gobernados, requisito necesario que debe ponderarse para poder apreciar si sus efectos no pueden repararse en el juicio del que emanan, aún en el supuesto de que se obtuviera sentencia definitiva favorable; circunstancia que se debe entender de la lectura del artículo 172, fracción XI y XII, de la Ley de Amparo, pues en ellos, se reconoce que las diligencias judiciales que se practiquen de forma distinta a la prevenida por la ley, se trata de cuestiones de carácter procesal o adjetiva; numeral que en lo que interesa establece: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. ." (Lo resaltado es de este juzgado). Lo anterior es así, toda vez, que el acto reclamado y que ha quedado precisado en párrafos que anteceden, no es de aquellos que se deben considerar que puedan acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tal evento, puede, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener sentencia favorable a sus intereses, ya que el resultado de la sentencia que llegare a dictarse está supeditada a la carga procesal de la parte actora de acreditar los hechos en que base su acción, respecto de aquellos que sean motivo de prueba, así como, a la procedencia de la misma. En efecto, no les irroga a los impetrantes Espiridión Venegas Gatica, Gabriel Venegas Ortega, Teódulo Zamudio Gaspar, Celsa Zamudio Reyes, Flora Gatica Venegas, Juan Gatica Ortega, Yineli Luceli Pablo Jimon, Juventino Gatica Venegas, Minerva Abarca Castizo, Enrique García Isidro, Román Ramírez Cortez y María Venegas Gatica, por ahora, un perjuicio irreparable dado que únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derecho sustantivo de los quejosos, y en caso de que dicha violación procesal trascienda al resultado del fallo, y este les resulte adverso, podrán invocarlo al promover el amparo directo en contra de la referida sentencia que llegara a dictarse, tal como lo establece la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo. Es decir, los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional por medio de las garantías individuales y, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo directo, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para impugnarlos a través de la vía correspondiente, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ciertamente, la intención primordial que el impetrante de amparo pretende es que se deje sin efectos la regularización efectuada por el Tribunal Unitario Agrario, señalado como responsable, y prevalezca lo acordado en la audiencia de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente T.U.A.XII-199/2017, del índice de dicho tribunal y no se tenga como nueva fecha para la continuación de la audiencia de ley, el veintiuno de noviembre de este año, sin embargo, esa determinación que señala en el juicio de origen no pueden considerarse como de imposible reparación, porque se trata de un acto intraprocesal que por el momento no depara perjuicio alguno a la parte impetrante que no pueda llegar a ser reparado con la obtención de un fallo favorable. Luego si el acuerdo que en esta vía se reclama llegara a trascender en el resultado del juicio, podrá ser alegado como concepto de violación en caso de que promoviera amparo directo en contra de la resolución o sentencia que al efecto se dicte, ya que se reitera, no tiene la particular connotación de ser un acto de imposible reparación, cuya naturaleza jurídica es más profunda y tiene que ver con la salvaguarda de los derechos fundamentales no de las cuestiones procedimentales surgidas en la contienda. Es aplicable al caso por analogía jurídica la jurisprudencia emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 76, Abril de 1994, Materia Común, Tesis P./J. 6/94, Página 13, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto. Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido, de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita.

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