Reyes Cisneros Damoso

Expediente 475/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
475/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • REYES CISNEROS DAMOSO y Otros.
  • Reyes Cisneros Damoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de veintiocho de agosto del año en curso, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además se precisa que este expediente no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Finalmente, tomando en consideración que la parte quejosa, allegó al presente sumario diversas documentales; de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General 1/2009, se deja a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, previa identificación con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, apercibida que de no hacerlo así dentro del término indicado, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente en los términos precisados con antelación. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por Federico González Cuenca autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista decretada en proveído de veintiuno de agosto del año en curso, al tenor de las manifestaciones que realiza; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano jurisdiccional procede a resolver con base al citado ocurso y las constancias que obran en autos si la referida sentencia se encuentra o no cumplida en su totalidad. En la sentencia ejecutoria materia de esta resolución, se concedió el amparo para efecto de que: "la autoridad responsable Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, con domicilio en Chilpancingo, proceda sin demora alguna a emitir por escrito, de manera fundada y motivada, la respuesta que corresponda al ocurso que le fue presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete por el quejoso; asimismo le notifique con la misma prontitud su contenido como corresponda, sin que ello implique en forma alguna que la respuesta o resolución que al efecto se emita sea favorable a los intereses del accionante del amparo". En cumplimiento a esa sentencia, el Delegado de la autoridad responsable Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, con sede en Chilpancingo, remitió copia certificada del oficio 1.0.1/2018/2905 de diez de agosto del año en curso, por el que da contestación al escrito de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete presentado por la parte quejosa, el cual se advierte fue notificado el trece de agosto del año que transcurre a Emperatriz Galindo, quien fue designada como su autorizada para esos efectos. En esas condiciones, si la autoridad responsable, actuó en los términos a que lo obligaba la ejecutoria de amparo, se considera que se le restituyó en el goce del derecho vulnerado, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida en su totalidad, sin exceso ni defectos. No es óbice a lo anterior, lo aducido por el autorizado de la quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, esencialmente porque no emitió una respuesta congruente con lo solicitado; sin embargo, no se observa argumento alguno en el que se sustente tal afirmación. Aunado a lo anterior, se observa que la petición cuya omisión a responder se reclamó en esta instancia constitucional, versó sobre el entero del saldo correspondiente al concepto "1L. Seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y vejez", que aparee reflejado en los recibos de pago correspondientes al periodo del dos mil siete al dos mil catorce; mientras que la responsable esgrimió el impedimento que tenía para acordar favorablemente dicha petición, básicamente porque ello debía ser objeto de contienda en la vía jurisdiccional, no así a través del ejercicio del derecho de petición. Consecuentemente, no se advierte que dicha contestación resulte incongruente, habida cuenta que este juzgado de Distrito se encuentra impedido para examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta otorgada en cumplimiento al fallo protector, pues ello deberá ser materia de estudio de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad, lo que guarda relación con las consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) que integró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la protección efectiva del derecho humano contenido en el artículo 8º constitucional, cuando la realiza el gobernado a una entidad del Estado en un plano de igualdad, como aconteció en el caso, dada la relación subyacente entre trabajador y entidad patronal- sólo tiene la finalidad de que el funcionario o servidor público de que se trata, dé respuesta a dicha petición a efecto de que, una vez conocida la contestación y de estimar que no se satisfacen sus intereses, el interesado esté en aptitud de acudir a la vía ordinaria que corresponda para reclamar lo que considere pertinente. Sirve de apoyo la tesis 2a. CXL/98 de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, visible en la página 434, tomo VIII, Diciembre de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Ha sido criterio reiterado de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte, que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, debiendo el acuerdo respectivo ser congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por lo tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden al Juez de Distrito y a esta Suprema Corte a que, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; a veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha sentencia que ampara a la parte quejosa ha causado ejecutoria. Ahora, tomando en consideración que los efectos del fallo protector consisten en: ".de que la autoridad responsable Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, con domicilio en Chilpancingo, proceda sin demora alguna a emitir por escrito, de manera fundada y motivada, la respuesta que corresponda al ocurso que le fue presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete por el quejoso; asimismo le notifique con la misma prontitud su contenido como corresponda, sin que ello implique en forma alguna que la respuesta o resolución que al efecto se emita sea favorable a los intereses de la accionante del amparo." Ahora bien, dado que mediante oficio recibido en esta fecha signado por el Delegado de la autoridad responsable Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, con sede en Chilpancingo, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, este juzgado federal resolverá si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención a lo informado por la responsable y demás elementos que obran en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 475/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Reyes Cisneros Damaso, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, con domicilio en Chilpancingo. ACTO RECLAMADO "Se reclama a la autoridad responsable la omisión de contestar mi petición de 28 de Marzo de 2017, presentada ante la Subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, personalmente el 16 de agosto de 2017, como consta en el sello asentado en la última hoja de la petición." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de garantías la cual fue radicada bajo el número 475/2018; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en una ocasión, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto omisivo atribuido a una autoridad administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta a la petición que aduce le formuló mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierta la omisión que se reclama al Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, con domicilio en Chilpancingo, pues así lo reconoció al rendir su informe con justificación por conducto del Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Máxime que el quejoso adjunto a su demanda copia autógrafa del escrito de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete que le dirigió, documento en el que se aprecia un sello de recepción con el logotipo de dicha dependencia con fecha dieciséis de agosto siguiente, lo cual se adminicula con el reconocimiento que de su existencia hizo la autoridad responsable. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Las partes legitimadas no alegaron causas de improcedencia ni se advierte que se actualice alguna, por lo que se procede al estudio del concepto de violación que expresa la parte quejosa. Así, tenemos que resulta sustancialmente fundado el concepto de violación que hace valer la parte solicitante del amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra como garantía individual de toda persona el derecho de petición, es del tenor literal siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De lo anterior se desprende que la potestad jurídica de petición, cuyo titular es el gobernado en general, es decir toda persona física o moral que tenga este carácter, se deriva del derecho subjetivo público individual de la garantía respectiva consagrada en el artículo 8 transcrito con antelación, que le confiere facultad de ocurrir a cualquier autoridad, formulando solicitud o instancia escrita de cualquier índole, la cual adopta, específicamente, el carácter de simple petición administrativa, acción o recurso. El Estado y sus autoridades (funcionarios y empleados) a virtud de la relación jurídica consignada en el precitado precepto, tienen obligación de ejecución o cumplimiento positivo de un hacer, consistente en dictar un acuerdo escrito, congruente a la solicitud que el particular les eleve y dárselo a conocer en breve término, que desde luego no constriñe a contestar a lo peticionado en determinado sentido, sino en el que se considere es el procedente, es decir, no tiene que ser precisamente favorable a las pretensiones del peticionario, ya que frente a una negativa que se estima ilegal de parte de las autoridades, cabe la inconformidad de aquél, pero con fundamento en otras disposiciones constitucionales u ordinarias; se reitera, la autoridad está obligada a contestar cualquier petición que se le plantee por escrito, esté bien o mal formulada y además debe hacer del conocimiento del interesado en breve termino su respuesta, aspecto este último que si bien es impreciso, debe ajustarse casuísticamente a los distintos planteamientos y trámites necesarios para dar contestación. En concreto, de acuerdo con lo razonado y del texto del precepto en cuestión, se desprende que es obligación de toda autoridad respetar el derecho de petición de los particulares, de manera que una vez ejercido éste, el órgano del Estado a quien la petición vaya dirigida debe asumir precisamente dos conductas concretas, que son: a) emitir de manera fundada y motivada un acuerdo escrito, en la inteligencia de que el mismo debe ser congruente con lo solicitado; y b) darlo a conocer en breve término al peticionario. Así es como el derecho constitucional de petición se respeta, es decir, efectuando sucesiva e inmediatamente ambas acciones (la de emitir el acuerdo escrito y la de notificarlo). Cabe señalar que los órganos del Estado suelen considerar agotada su obligación de respetar el derecho de petición al emitir un acuerdo escrito, olvidándose de la correlativa e indispensable obligación de darlo a conocer al peticionario; sin embargo, acorde a las consideraciones que se han vertido y a la tesis invocada a pie de página, tan obligatorio es para el órgano del Estado emitir el acuerdo que recaiga a la petición del gobernado, como notificárselo en breve término para que lo conozca, pues ambas acciones se complementan a efecto de respetar cabalmente la norma constitucional de referencia. Así tenemos que la autoridad responsable no aportó prueba alguna que demostrara que no incurrió en la omisión que el peticionario del amparo le atribuye, de lo que se sigue que resulta fundado el concepto de violación que éste hace valer en el sentido de que se transgrede en su perjuicio el artículo 8 de la Constitución General de la República, al no haber recibido contestación alguna con relación al escrito que le formuló el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, pese a que hasta el día de hoy en que se emite la presente resolución han transcurrido más de diez meses desde que le fue presentado. Por las anteriores consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, con domicilio en Chilpancingo, proceda sin demora alguna a emitir por escrito, de manera fundada y motivada, la respuesta que corresponda al ocurso que le fue presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete por el quejoso; asimismo le notifique con la misma prontitud su contenido como corresponda, sin que ello implique en forma alguna que la respuesta o resolución que al efecto se emita sea favorable a los intereses del accionante del amparo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Para el efecto que se precisa en el último de los considerandos de esta sentencia, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Reyes Cisneros Damaso. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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