Reyes Chairez Salazar
Expediente 1315/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1315/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Reyes Chairez Salazar
- Juez de Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se negó el presente juicio de amparo, no fue recurrida por alguna de las partes; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. 1.1 Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Toda vez que se negó la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 1.4 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial. 1.5 Devolución de constancias. Hágase devolución del disco en versión digital, a la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Coahuila de Zaragoza, actuando en el Distrito Judicial de la Región Carbonífera, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, que envió como complemento a su informe con justificación, solicitando el acuse de recibo respectivo.
- Principal
1. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra la constancia de notificación personal realizada al quejoso Reyes Chairez Salazar, de la sentencia constitucional dictada el trece de enero de dos mil veintitrés, en este juicio. 1.1 Instrucción al Actuario. En atención a lo anterior, se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda, para que de inmediato se constituya en el Centro de Reinserción Social (CERESO), de esta ciudad, lugar en el que se encuentra privado de su libertad dicho quejoso, y le notifique personalmente la resolución constitucional dictada el trece de enero de dos mil veintitrés; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Se dicta sentencia constitucional en la que se resuelve: "ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a --" SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 1315/2022, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se niega la protección constitucional a ***************, que reclama a la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Coahuila de Zaragoza, actuando en el Distrito Judicial de la Región Carbonífera, y Delegado de la Fiscalía General del Estado, Región Carbonífera, ambos con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación de Múzquiz, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Encargado de la Agencia de Investigación Criminal del Estado Región Carbonífera destacamento Melchor Múzquiz, éstos con sede en Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, y Encargado del Destacamento de la Agencia de Investigación Criminal con destacamento en el Mineral Palaú, Coahuila de Zaragoza, con sede en dicha ciudad, respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión emitida el diez de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal ******, que se le instruye por la comisión del delito de robo en cuantía mayor calificado por haberse cometido en vivienda destinada a habitación, previsto y sancionado por los artículos 276, 279 fracción III y 284 fracción IX del Código Penal vigente, cometido en agravio de *************, así como su ejecución. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, ****************** promovió juicio de amparo indirecto por las autoridades y actos ahí precisados; por lo que, en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó integrar el expediente y registrar dicha demanda bajo el número progresivo 1091/2022. 2. Separación de juicios. Posteriormente, seguido el juicio por sus trámites, mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se decretó de plano la separación de actos y se ordenó el registro por separado de dos nuevas demandas. 3. Trámite. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó integrar el expediente y registrar la demanda de amparo bajo el número progresivo 1315/2022, en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). La audiencia constitucional tuvo verificativo el día de hoy en el acta que antecede. RAZONES Y FUNDAMENTOS 4. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo. 5. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 5.1 Autoridades responsables. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de la Región Carbonífera y Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado, ambas con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Litigación de la Fiscalía General del Estado y Encargado de la Comandancia del Destacamento de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, ambas con sede en Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, y Encargado de la Comandancia del destacamento en Mineral de Palaú, Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con sede en dicha ciudad. 5.2 Actos reclamados. La orden de aprehensión emitida el diez de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal *********, que se le instruye por la comisión del delito de robo en cuantía mayor calificado por haberse cometido en vivienda destinada a habitación, previsto y sancionado por los artículos 276, 279 fracción III y 284 fracción IX del Código Penal vigente, cometido en agravio de ********************, así como su ejecución. Es aplicable la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia de los actos y las causales de improcedencia alegada por las responsables, o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 6.1 Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Coahuila de Zaragoza, actuando en el Distrito Judicial de la Región Carbonífera, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia del acto que se le reclama. Asimismo, se tiene por cierto el acto reclamado que se atribuye a la diversa autoridad responsable Delegado de la Fiscalía General del Estado, Región Carbonífera, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, pues no obstante que en su respectivo informe negó la existencia del acto que se reclama, realizó manifestaciones que evidencian su existencia. Circunstancia que se corrobora con las documentales y la grabación de audio y video que remitió dicha autoridad judicial responsable en apoyo a su informe con justificación a través del disco compacto en versión digital (DVD) debidamente certificado; probanzas a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta ilustrativa, la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, al resultar existente el acto reclamado a la autoridad judicial ordenadora, es claro que la misma suerte sigue el reprochado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación de Múzquiz, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Encargado de la Agencia de Investigación Criminal del Estado Región Carbonífera destacamento Melchor Múzquiz, ambas con sede en Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, y Encargado del Destacamento de la Agencia de Investigación Criminal con destacamento en el Mineral Palaú, Coahuila de Zaragoza, con sede en dicha ciudad, no obstante que lo hayan negado al momento de rendir sus informes justificados, pues resulta indiscutible que al ser autoridades investigadoras y policiacas, están involucradas en el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada. 6.2 Causales de improcedencia. Las partes no invocaron la actualización de algún motivo de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se configure alguna de las hipótesis de los dispositivos 61 y 63 de la Ley de Amparo. 7. Estudio de constitucionalidad. 7.1 Conceptos de violación. La parte quejosa expone que el acto reclamado resulta violatorio de los derechos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, al pretender privarlo de su libertad sin que en la especie exista denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y de existir alguna de ellas, esta no se encuentra apoyada en hechos concretos ni en la ley. Argumenta no existen datos que acrediten los elementos que integren el tipo penal y la probable responsabilidad del aquí quejoso, por lo que, en todo caso, carece de motivación y fundamentación legal. 7.2 Calificación de planteamientos. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta alguna deficiencia en su formulación que deba ser suplida o violación directa a derechos fundamentales que deba repararse de oficio, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Previo a dar contestación a los motivos de disenso, debe decirse que al no advertir queja que suplir, resulta innecesario plasmar todas las consideraciones de la resolución recurrida, sino únicamente las esenciales para dar contestación a sus conceptos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 67/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7.3 Marco constitucional aplicable. Del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que podrá librarse orden de aprehensión por la autoridad judicial cuando preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, éste sea sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 7.4 Normativa federal aplicable al caso. Los artículos 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen los requisitos para el dictado de una orden de aprehensión, entre los que destacan los siguientes: i) Deberá ser solicitada por el Ministerio Público, quien precisará la clasificación jurídica preliminar, mencionando para ello el tipo penal, grado de ejecución del hecho, forma de intervención y naturaleza dolosa o culposa de la conducta. ii) Exista denuncia o querella. iii) El hecho señalado como delito tenga sanción privativa de libertad. iv) Obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. v) Se advierta la necesidad de cautela, exista resistencia o evasión a una orden de comparecencia; si hay declaratoria de sustracción de la acción de la justicia o se haya incumplido la medida cautelar en términos del artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 7.5 Premisa de hecho. En el caso, de las pruebas remitidas por la autoridad judicial responsable, las cuales ya fueron valoradas, se advierte que el Ministerio Público solicitó una audiencia privada, la cual se llevó a cabo el diez de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal ******. En ésta, la representación social relató que siendo el día once de septiembre del año dos mil diecinueve, en el transcurso de la madrugada los indiciados *********** y otros, se constituyeron en el domicilio de *****************, ubicado en calle ****************************************, ingresando por la parte trasera del domicilio, donde se encuentra un cuarto destinado a bodega, el cual da acceso al interior del domicilio de la víctima por medio de una puerta metálica, la cual fue dañada para ingresar, sustrayendo sin derecho y sin consentimiento, los siguientes objetos: 1. Dos mesas de plástico nuevas de color blanco, plegables para diez personas. 2. Una caja de herramientas de lámina de color rojo, que en su interior contenía aproximadamente treinta y cinco piezas diversas de medio uso, entre pinzas, desarmadores y llaves perica. 3. Dos llaves Stilson de color rojo de medidas doce y catorce. 4. Un mechón con tanque de gas de color blanco con verde de una capacidad de veinticinco kilos. 5. Bocinas, computadora y amplificador de una rockola de modelo curvo de color rojo. 6. Una cama de hospital nueva de color gris con sistema de encendido eléctrico. 7. Tres maletas grandes seminuevas que en su interior contenían aproximadamente treinta piezas de ropa nueva. 8. Un aparato de aire de la marca Artic King color blanco de una capacidad de media tonelada. 9. Una escalera de aluminio, grande seminueva. 10. Una escalera de aluminio tamaño mediana. 11. Un caso metálico con patas. 12. Un talache con mango de color de madera con plástico en la parte baja. 13. Dos palas cuadradas con mango de madera y agarradera de color anaranjado. 14. Un generador para luz de tres mil quinientos watts de color rojo de la marca Power Pro. 15. Tres niveles, dos de aluminio y uno de madera, de tamaño grande. 16. Una silla plegadiza de tela color rojo. 17. Cuatro sillas tubulares con el asiento tejido de plástico en color café. 18. Una barra metálica de punta para hacer pozos. 19. Una Güira de color negro. 20. Tres tramos de cadena de medidas 1/4, 1/8y 3/8, de cinco metros de largo cada una, de medio uso. 21. Un regulador de voltaje para uso de computadora de color negro de la marca Complete, seminuevo. 22. Una extensión eléctrica de color rojo o anaranjado de quince metros. 23. Una andadera nueva de aluminio con ruedas. 24. Un toldo grande de lona con una base de aluminio. 25. Una rostizadora para pollo nueva. Causando de esta manera daños a las puertas del interior del domicilio, mismas que daban acceso a las diversas habitaciones, para posteriormente trasladar los objetos sustraídos en una camioneta de la marca Chevrolet Silverado de doble cabina de color negro; causando un menoscabo al patrimonio de la víctima ascendiente a $72,488.00 (setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) monto determinado por la valuación realizada por la perito oficial Edna Jocelyn Ramírez Castillo. Hechos que calificó como el delito de robo en cuantía mayor calificada especialmente por haberse cometido en vivienda habitada por cometerse por tres o más personas, previsto y sancionado por el artículo 276, con relación artículo 279, fracción III, 284 fracción VIII y 285, fracción I, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza; ello, en agravio de la víctima ****************. Al respecto, expuso los datos de prueba con los que contaba, entre ellos: i) Denuncia de ************************, de fecha once de septiembre de dos mil diecinueve, en la que manifestó esencialmente, que en esa misma fecha, aproximadamente a las nueve de la mañana cuando llegó a su domicilio ubicado en calle ********************************************, se dio cuenta que la cerca de tela borreguera con tubos de fierro que delimita su propiedad, estaba cortada y al entrar al patio para revisar, se dirigió a la parte de atrás donde tiene un cuarto en el cual guarda material de construcción y observó que los blocks que tenía protegiendo la tela del cuarto, estaban tirados en el piso, y al entrar, observa que la puerta de estructura metálica que da acceso a una bodega donde guarda la herramienta, estaba abierta y estaba forzada, y que la puerta que comunica a la bodega al interior de su domicilio también se encontraba abierta y dañada, las puertas de las habitaciones también estaban forzadas y al revisar, se da cuenta que le habían robado los objetos antes mencionados, infiriendo diversas sospechas sobre personas que pudieron haber cometido dicho robo; por lo que hace la solicitud de la investigación correspondiente. ii) Informe de criminalística de campo de fecha quince de septiembre de dos mil diecinueve, sustentado por la licenciada ****************************, en el cual anexa veintiocho fotografías de la inspección realizada, de las que se aprecia el lugar de los hechos y los daños ocasionados a cada una de las puertas que dan acceso a las distintas áreas del domicilio, la ubicación geográfica del mismo, así como el peritaje de esa misma fecha, suscrito por ella misma, en el cual hace la cuantificación y/o valoración de los objetos. iii) informe policial homologado de veintidós de septiembre de dos mil diecinueve, suscrito por agentes de la policía investigadora de nombres Jesús ******************************** en el que básicamente refieren que dada la orden de investigación girada por la denuncia interpuesta por la víctima, en fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve, se dio inicio a la carpeta de investigación bajo el número **********, por la detención de una persona del sexo masculino de nombre *********************************, por el delito de encubrimiento por recepción dolosa, toda vez que transportaba en su vehículo pick up cabina y media de la marca ********************, diversos objetos los cuales eran una maleta de color gris que contenía herramienta diversa, un estuche de plástico color negro que también contenía dados de diferentes medidas, herramienta, un estuche de plástico de la marca Dewalt, igual con herramienta diversa, un cilindro de gas butano con capacidad de veinticinco kilos con un aza protectora de válvula en color verde y casquete en color blanco, un aparato de aire acondicionado tipo ventana de la marca Artic King, de una capacidad de cinco mil litros. Informe en el que expresaron que al realizar dicha detención se pudieron percatar que dicha persona transportaba objetos que habían sido reportados como robados en la denuncia de *********************a; por lo que, fue llamada dicha victima a efecto de que los reconociera como los mismos, quien hace mención que efectivamente son de su propiedad. Además, en dicho informe hacen del conocimiento la declaración y/o entrevista que obra en la carpeta de investigación ya mencionada, del ahí imputado quien la rindió en presencia de su defensor particular, así como diversas entrevistas relacionadas con la carpeta en comento, en la cual, en esencia, se desprende el robo de distintos objetos antes mencionados en el domicilio ubicado en calle ******************************************************, así como su resguardo para posterior venta, mismos que fueron debidamente identificados por la víctima, aquí tercero interesado ********************. Sin embargo, dada la investigación realizada en la carpeta de investigación bajo el número *******************, algunos de ellos fueron recuperados el catorce de septiembre de dos mil diecinueve, que son un talache de mango de madera de la marca Trupper, una cama de hospital en color gris etiquetada con sistema eléctrico, una maquina generadora de luz de la marca Power Pro color rojo con negro, un cilindro para gas butano con capacidad de veinticinco kilos con un aza protectora de válvula en color verde y casquete color blanco, un aparato de aire acondicionado. Asimismo, se advierte la valuación de objetos a la vista recuperados de fecha catorce de septiembre de dos mil diecinueve, suscrita por la licenciada ***************************, así como la comparecencia de la víctima *******************, de reconocimiento de objetos en la que solicita su devolución. iv) Informe policial de veintidós de septiembre de dos mil diecinueve, realizado por *************************, en el cual establecieron la entrevista realizada a ******************* a, quien básicamente manifestó ser la pareja de ***************************, y que éste a su vez ha cometido diversos robos, entre ellos, el realizado con el aquí quejoso ******************, en perjuicio de ************************, pues ella escuchó hablar a su pareja y sus acompañantes, entre ellos, el quejoso, que dijeron se habían introducido al domicilio del citado Herrera Reyna, para robar los distintos objetos anteriormente descritos, pues a la víctima lo conoce como "*******", el del club social de Palau, además de que lo sabe, porque los muebles u objetos que robaban, se los llevaban a su domicilio para su resguardo y posterior venta. v) Comparecencia de la víctima *************************, de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en la que hace del conocimiento de otros objetos que se percató le hacían falta, mismos que fueron ya descritos en el relato principal de la fiscalía. En atención a lo anterior, concluyó que de los datos de prueba se determinaban la probabilidad de la existencia del delito de robo señalado en párrafos que anteceden, ya que en su conjunto eran idóneos y pertinentes para demostrarlo. 7.6 Orden de aprehensión válida y justificada. Conforme a lo expuesto, resultan infundados los conceptos de violación del quejoso, en donde expone que el acto reclamado resulta violatorio de los derechos previstos por los artículos 14 y 16 constitucionales, al pretenderlo privar de su libertad, sin que exista denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y de existir alguna de ellas, esta no se encuentra apoyada en hechos concretos ni en la ley. Así como que no existen datos que acrediten los elementos que integren el tipo penal y la probable responsabilidad del aquí quejoso. Se estima así, en razón de que como lo justificó la autoridad judicial responsable: i) El Ministerio Público solicitó audiencia privada, en donde expuso el hecho que la ley señala como delito de robo en cuantía mayor calificada especialmente por haberse cometido en vivienda habitada por cometerse por tres o más personas, previsto y sancionado por el artículo 276, con relación artículo 279, fracción III, 284 fracción VIII y 285, fracción I, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en agravio de la víctima *****************. ii) Existe la denuncia de la víctima y/u ofendido del delito ************************ (aquí tercero interesado), en contra del quejoso ***************. iii) El hecho señalado como delito tiene sanción privativa de libertad, como son de tres a seis años de prisión. iv) Del acto reclamado se advierte que se narraron datos de los cuales se puede establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de robo en cuantía mayor calificada por haberse cometido en vivienda destinada a habitación, así como la probabilidad de que el hoy quejoso ****************** lo cometió, como coautor material, en vinculación con otras personas, pues entre ellos destacan la denuncia interpuesta directamente en su contra y otras personas, por la víctima *************************, quien da en conocimiento todo lo robado, precisa las circunstancias del lugar y de tiempo. El dictamen en criminalística de campo; dictamen de valuación; además del informe policial homologado en donde informan sobre una detención que se llevó a cabo, la cual concluyó en causa judicializada, en donde se recaba la entrevista respectiva de la que se puede advertir sobre el robo de diversos objetos en el domicilio ubicado en calle Ignacio Aldama número 511 y 513 del Barrio Agrario en el Mineral de Palau, propiedad del aquí tercero interesado. Así como el diverso informe policial homologado del que se desprende la entrevista llevada a cabo con *********************** a, quien manifestó ser la pareja de **********************, y que éste a su vez ha cometido diversos robos, entre ellos, el realizado con el aquí quejoso ********************, en perjuicio de *************************, pues ella escuchó hablar a su pareja y sus acompañantes, entre ellos, el quejoso, que dijeron se habían introducido al domicilio del citado Herrera Reyna, para robar los distintos objetos anteriormente descritos, pues a la víctima lo conoce como "Don Juan", el del club social de Palau, además de que lo sabe, porque los muebles u objetos que robaban, se los llevaban a su domicilio para su resguardo y posterior venta. v) Existe necesidad de cautela, pues existe riesgo que el imputado le haga algún daño a la víctima, debido a que lo denuncio como sospechoso del delito de robo, cometido en bienes muebles de su propiedad. Por consiguiente, tal como resolvió la autoridad responsable, se cumplieron todos los requisitos previstos en los artículos 16 constitucional y 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se librara orden de aprehensión; de ahí que resulten infundados sus conceptos de violación, pues sí hay un hecho que la ley señala como delito, en el cual se le está involucrando y existen datos de prueba que revelan su probable participación. Es aplicable por lo que informa, la jurisprudencia 20/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7.7 Vista para ampliar no desahogada. Finalmente, es importante destacar que el quejoso no amplió la demanda de amparo en cuanto a conceptos de violación, no obstante que, por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se le otorgó el plazo de quince días para hacerlo y se le dio vista de forma personal con la orden aprehensión reclamada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Amparo; lo cual le fue notificado de manera personal el veintitrés de noviembre siguiente, tal como se advierte de las constancias del sumario. Sin embargo, la parte quejosa no manifestó nada al respecto, motivo por el cual, en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado y se prosiguió con el trámite de este asunto como inicialmente se planteó. 8. Conclusión. Al resultar infundados los conceptos de violación expresados, lo procedente es negar la protección constitucional que se solicita respecto de la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Coahuila de Zaragoza, actuando en el Distrito Judicial de la Región Carbonífera, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Negativa que se hace extensiva respecto a las autoridades ejecutoras Delegado de la Fiscalía General del Estado, Región Carbonífera, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación de Múzquiz, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Encargado de la Agencia de Investigación Criminal del Estado Región Carbonífera destacamento Melchor Múzquiz, éstos con sede en Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, y Encargado del Destacamento de la Agencia de Investigación Criminal con destacamento en el Mineral Palaú, Coahuila de Zaragoza, con sede en dicha ciudad, al no reclamarse sus actos por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de aprehensión por la que se negó el amparo. 9. Notifíquese en términos de ley.10. Juez y Secretario que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario Marco Antonio Sáenz Cárdenas, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 11. Versión pública. El Secretario certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Certifico y doy fe.
- Principal
1. Diligenciación. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Interino de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de la Región Carbonífera, con sede en San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 157/2022-JMOR (orden 592/2022), del índice de este Juzgado de Distrito. 1.1 Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo correspondiente. 2. Estado procesal. Ahora bien, de las constancias remitidas por el juzgador de primera instancia anteriormente señalado, se advierte que el tercero interesado ...fue emplazado al presente juicio de amparo el nueve de diciembre de dos mil veintidós. Asimismo, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo concedido al citado tercero interesado, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del trece al quince de diciembre del presente año, toda vez que quedó notificado el nueve de los actuales, sin que hubiera manifestado algo al respecto. 2.1 Notificación por lista. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte tercera interesada por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones en el presente juicio, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. 2.2 Vista. Finalmente, dése vista al citado tercero interesado, para que dentro del plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se imponga de autos.
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