Reyes Arguelles Mendoza
Expediente 327/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 327/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/07/2019
Partes del expediente
- Reyes Arguelles Mendoza
- Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación Y Arbitraje, En Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de los autos y a la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establecen los artículos 81, fracción l, inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, por medio del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Desprendiéndose de autos que este juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno de este Juzgado.
- Principal
se ordena notificar a la parte tercero interesad el proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, que en sintesís dice: Visto el estado de autos, requiérase a la tercero interesada Genoveva Flores Fregoso, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que tenga conocimiento de esta determinación, exhiba a este órgano jurisdiccional, copias certificadas de la cesión de derechos que le fue otorgada por el señor José Enrique Gómez Díaz, tal como lo refiere mediante escrito presentado el siete de junio del presente año, con número de registro 9674, las cuales son necesarias para que quede integrado la litis en relación al acto de reclamo y permita resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 250, de la Ley de Amparo.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
se ordena notificar a la parte quejosa le proveido de diecisiete de junio de dos mil diecinueve que en síntesis dice: Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la notificación a la parte quejosa del laudo emitido el dos de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 176/2018, de su índice. Vistos los autos, se advierte que el quejoso Reyes Arguelles Mendoza, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE "Junta Especial número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tijuana, Baja California." ACTO RECLAMADO "La falta de dictado del laudo, tal y como lo disponen los artículos 885 al 889 de la Ley Federal del Trabajo, sin mediar justificación alguna para que la responsable retarde lo conducente con lo cal se ven afectados mis intereses y garantías de legalidad, ya que la autoridad jurisdiccional debe garantizar en todo momento que durante la secuela procesal, las partes reciban una trato equitativo, aplicación pronta y expedita en la aplicación de las leyes, y en el particular, dentro de los autos del expediente laboral 176/2018 formado con motivo de la demanda interpuesta principalmente en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Profuturo Afore, S.A. de C.V., e Instituto Mexicano del Seguro Social. " (sic). De autos se advierte que obra el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada del laudo dictado el dos de mayo de dos mil diecinueve (fojas 163 a 169) en el expediente laboral 176/2018, así como de la cédula de notificación realizada a la parte quejosa de fecha diecisiete de mayo del presente año (foja 172), las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Destaca que en doce de abril de dos mil diecinueve el quejoso promovió el presente juicio de amparo, esto es, al día de la presentación de la demanda, el acto reclamado existía, pero a la fecha cesaron sus efectos, ya que la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, emitió el laudo cuya omisión se reclamó el dos de mayo del año en curso y notificó su contenido al aquí quejoso el diecisiete de mayo del año que transcurre, según se advierte de la cedula de notificación que remitió la citada autoridad responsable, situación que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, si de las constancias que obran en el expediente en que se actúa se advierte que a la fecha ya no existe abstención por parte de la junta, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia en comento, dado que la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 176/2018, del índice de la responsable, ha desaparecido, sin dejar consecuencias legales en la esfera jurídica del quejoso, de modo tal que se restituyeron las cosas al estado en que se encontraban, y por ende se le repuso en el goce de sus derechos y garantías conculcadas. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, como consecuencia de ello, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, del indicado ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia. Debe hacerse notar, por una parte, que se estima manifiesta la improcedencia de la acción constitucional ejercida, pues basta imponerse del contenido de la totalidad de las constancias que obran en el sumario, para advertir con claridad que la violación que reclama el quejoso en la presente instancia, ha cesado en sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se siguiera con el trámite del juicio, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir tramitando un juicio de amparo en el que se desprende que los efectos del acto reclamado que afectaban la esfera jurídica del promovento y que motivaron la promoción del juicio, han dejado de existir, pues ello, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que la ociosa tramitación del juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En apoyo a lo anterior se cita las siguientes Jurisprudencias: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Materia: Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Tesis número: 2a./J. 59/99, Página: 38). En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de audiencia señalada para las nueve horas con treinta y seis minutos del diez de julio de dos mil diecinueve.
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