Rey Nahu Antonio Hernández

Expediente 1980/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1980/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
27/01/2016

Partes del expediente

  • Rey Nahu Antonio Hernández y Otros.
  • Rey Nahu Antonio Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito de Rey Nahu Antonio Hernández, por el que solicita le sea devuelta la documental que exhibió en su escrito de demanda, consistente en el acuse del escrito de inicio de guarda y custodia provisional y definitiva, con el sello de recibido de la Oficialía de los Juzgados Mixtos de Primera Instancia, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y anexos. En esas condiciones, con fundamento en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, como lo solicita, devuélvansele los documentos que exhibió con su demanda de amparo, previa copia certificada que se deje en autos, así como razón de su entrega. Notifíquese.

  2. Principal

    *pral. 1980/2015 mesa amp. 1-a Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de enero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de fecha veintiuno de diciembre de dos mil quince, que desechó la demanda de amparo promovida por Rey Nahu Antonio Hernández, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. Como la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tiene el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública del alguna resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de dicha parte, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    (NOTIFICACIÓN POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA, NI SUS AUTORIZADOS A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, A PESAR DE HABERLE DEJADO EL AVISO JUDICIAL RESPECTIVO, CON ANTERIORIDAD)*pral. 1980/2015 mesa amp. 1-a Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de diciembre de dos mil quince.Con la demanda de amparo presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, ayer, promovida por REY NAHU ANTONIO HERNÁNDEZ, por propio derecho y en representación de sus menores hijas ARIADNA LILITH y ANDREA de apellidos ANTONIO GARCÍA, contra actos del presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades (3); a la que anexa copias simples de 1) un escrito de fecha catorce de diciembre en curso, con sello de recibido, 2) interrogatorio, 3) [2] actas de nacimiento, 4) acta de hechos número PMDMMF1511/91, 5) acta de responsabilidades, trato y cuidados provisionales, 6) constancia de psicología de salud mental, expedida por la psicóloga Ileana Jarquín Bustamante del Sistema DIF Municipal, 7) constancia de la escuela "Basilio J. Rojas", expedida a nombre de Ariadna Lilith Antonio García, 8) constancia de estudio, expedida a nombre de Andrea Antonio García, 9) constancia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince y 10) oficio número 142/15, signado por el director de Cultura y Recreación del Ayuntamiento Constitucional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1980/2015. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede analizar la promoción inicial constitucional, de la que se advierte es notoriamente improcedente, ante la causal de improcedencia que en el caso se actualiza. La parte quejosa reclama (foja 4-6):Así, de la lectura de la demanda de cuenta se advierte que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que: 1. Mediante escrito fechado y presentado el catorce de diciembre del año en curso, ante la Oficialía de Partes Común del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán, Oaxaca, por propio derecho y en representación de sus menores hijas, promovió la guardia y custodia provisional y definitiva de ambas. Así la quejosa señala como acto reclamado la omisión de acordar de forma congruente y en breve término, así como notificarle lo procedente, respecto a la demanda presentada el catorce de diciembre pasado ante la Oficialía de Partes Común del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán, Oaxaca, por su propio derecho y en representación de sus menores hijas. En el caso particular, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1o, de dicha ley. Estos preceptos invocados prevén la procedencia del amparo contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Así, se considera que el acto reclamado consiste en un hecho voluntario y positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado o un particular que tenga facultades cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De ahí que no todos los hechos que el gobernado estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad, esto es, aquellos que afectan de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; además, si de acuerdo con su naturaleza, se debe considerar si puede exigirse su cumplimiento. De no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. Por su parte, el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo titular es el gobernado en general, se traduce en la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición, por medio de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, en el término previsto en la ley relativa. Sin embargo, si no existe regulación expresa sobre el término en que debe acordarse, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa laguna debe operar la integración analógica, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que establece que "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". En el caso concreto, la quejosa presentó mediante escrito fechado y presentado el catorce de diciembre del año en curso, ante la Oficialía de Partes Común del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán, Oaxaca, por propio derecho y en representación de sus menores hijas, demanda en la que promovió la guardia y custodia, provisional y definitiva, de sus hijas. El artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca cita: "ARTÍCULO 82 Los decretos y los autos deben dictarse dentro de tres días después del último trámite, y de la promoción correspondiente." De ahí que la autoridad cuenta con el término de tres días hábiles para pronunciarse sobre la pretensión del aquí quejoso presentada el catorce de diciembre en curso ante la Oficialía de Partes Común del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán, Oaxaca, pero como la quejosa promovió demanda de amparo el dieciséis del noviembre de este año, es obvio que únicamente han transcurrido dos días hábiles desde que presentó su petición, por lo que no ha pasado el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído; de ahí que no existe acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo. En esas condiciones, con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por REY NAHU ANTONIO HERNÁNDEZ, por propio derecho y en representación de sus menores hijas ARIADNA LILITH y ANDREA de apellidos ANTONIO GARCÍA Se invoca en apoyo la siguiente tesis: "Novena Época Registro: 201387 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Septiembre de 1996 Materia(s): Común Tesis: XIX.1o.5 K Página: 633 DERECHO DE PETICIÓON. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO. Lo anterior no implica dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el momento en que efectivamente emerja un acto u omisión que afecte su esfera jurídica, nacerá su derecho para ejercer la acción constitucional respectiva. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la calle de Mier y Terán número setecientos siete, centro, en esta ciudad. Ahora, como la parte quejosa autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a 1) Bertha Hernández Ríos y 2) Juan Francisco Ríos Juárez, no se tiene por hecha tal autorización, en virtud de que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales expedidas a su nombre, en el "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO". Es aplicable al respecto, la tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1384, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". Mientras tanto, se les tiene únicamente por autorizados para oír y recibir notificaciones, así como a las personas que indica, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la ley de la materia. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los diversos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de la parte quejosa que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública del auto ejecutoriado que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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