Rey Jiménez Molina

Expediente 1211/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1211/2015
Año
2015
Actuaciones
20
Última actuación
26/02/2016

Partes del expediente

  • Rey Jiménez Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Visto, el estado procesal que guarda el sumario y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; por ende, se declara que dicha sentencia que niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión al disconforme ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y archívese el expediente por ser un asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el pedimento 03/2016 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; sin embargo, dígasele a la representante social que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que el nueve de febrero del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las diez horas del nueve de febrero de dos mil dieciséis, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Carlos Alberto Larumbe Ramírez, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. El secretario hace relación de las constancias que obran en los presentes autos, entre las que se encuentran, escrito inicial de demanda, auto admisorio de veintisiete de noviembre de dos mil quince, informes justificados rendidos por las autoridades responsables y, constancias de notificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento ochenta y cinco, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede. Abierto el periodo de pruebas, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. El Juez acuerda: En vista de lo anterior, se tiene por cerrado el periodo probatorio. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, el Secretario hace constar que la parte quejosa no formuló, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito realizó pedimento, el cual, se tomara en consideración al momento de emitirse la presente resolución. El Juez acuerda: Toda vez que las partes no formularon alegatos, se cierra este periodo. El Juez acuerda: con lo anterior, se concluye la presente diligencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1211/2015; promovido por Rey Jiménez Molina, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, y otras autoridades. R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito recibido el veintiséis de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y turnado ese día a este Juzgado Segundo de Distrito, Rey Jiménez Molina, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos y autoridades siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: Al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con domicilio ampliamente conocido en calle constitución numero 2 plaza cívica Mártires del 6 de marzo a un costado del H. Ayuntamiento municipal. SEÑALO COMO AUTORIDADES EJECUTORAS A: 1. EI Agente del Ministerio Público Adscrito a la Autoridad Ordenadora del Distrito Judicial de Abasolo, . 2. Al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, . 3. Coordinadora de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en boulevar Juan N. Álvarez, sin número barrio de Talapa en Ometepec, Guerrero. 4. La Coordinadora de la Policía Ministerial del Estado Adscrita a la Agencia del Ministerio Público Investigadora Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esa misma ciudad de Ometepec. IV. ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como ordenadora reclamo la improcedente orden de aprehensión que se libró en mi contra. SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, expuso el concepto de violación que estimó pertinente y señaló como vulnerado los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante auto de veintisiete de noviembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de amparo que quedó registrada en el libro de gobierno bajo el expediente 1211/2015, se ordenó dar la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero resulta legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 37, primer párrafo, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto primero, fracción XXI, y punto cuatro, fracción XXI, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, el diverso 53/2015, que modifica aquél. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Para que exista coherencia entre lo solicitado y lo resuelto, se precisan los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, visible a página 255, tomo volumen XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En esa tesitura, de la lectura íntegra del libelo constitucional, se advierte que en el presente juicio de amparo, lo que la parte quejosa aduce que le ocasiona un perjuicio en su esfera jurídica de derechos es esencialmente, lo siguiente: La emisión de una orden de aprehensión emitida por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, contra el aquí quejoso Rey Jiménez Molina. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca de él, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Es decir, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Resulta aplicable la jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a página 68, tomo 76, abril de 1994, Octava Época, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En efecto, uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. En este sentido, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual, incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto que reclama efectivamente existe. La ley de la materia, según indica una interpretación sistemática de sus artículos 63, fracción IV y 117, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es, desde luego, la prueba directa; la segunda, la más usual, se actualiza mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen las autoridades responsables al justificar su proceder y la última deriva de la presunción legal que se genera ante la falta de informe justificado de las propias autoridades. A ese aspecto, es de citarse la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que con el número trescientos ocho, aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete mil novecientos noventa y cinco, octava época, tomo sexto, página setenta y siete, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." La autoridad responsable, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, omitió rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificado del oficio 11534/2015, por el cual se le solicitó, por ende, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reprocha. Por su aplicación, se invoca la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a página 356, del Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SU OMISION SOLO PRESUME LA CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO EL CONTENIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la autoridad responsable no rindió su informe justificado, ello no implica que deba tenerse como cierto el contenido de la demanda de amparo sino únicamente que se presuma cierto el acto reclamado, puesto que la Ley de Amparo, en su artículo 149, sólo establece esta última presunción, pero de ninguna manera la de las manifestaciones contenidas en la demanda. Por su parte, las diversas autoridades responsables Coordinadores de la Policía Ministerial del Estado, Región Costa Chica, y el adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, y agente del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana 1, del Distrito Judicial de Abasolo, todos con sede en Ometepec, Guerrero, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia del acto que se les reclama, empero, como se tuvo por cierto el acto reclamado a la autoridad ordenadora, se desvirtúa su negativa y se les tiene por cierto el acto que se les reclama. CUARTO. APARTADO RELATIVO A LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Antes de examinar la constitucionalidad del acto reclamado procede analizar la procedencia del juicio de amparo en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. La agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este juzgado federal, hizo valer la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado por la parte quejosa. No le asiste razón, ya que en el considerando que antecede se tuvo por cierto el acto que se le reclama a la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, de conformidad con el numeral 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Este órgano jurisdiccional advierte que no existe diversa causal de improcedencia que analizar en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por tanto, procede al análisis de fondo. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El motivo de inconformidad se tiene por reproducido en este apartado, en obvio de repeticiones innecesarias y por no exigir la ley su transcripción. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa en su concepto de violación, en esencia, aduce que el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, viola en su perjuicio sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y libertad contenidos en el artículo 14 constitucional. Dicho motivo de inconformidad es inoperante, con base en las consideraciones siguientes. Primeramente, es pertinente establecer que el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. ..." Dicho precepto, en la parte que nos interesa, prevé dos aspectos distintos, a saber: 1. La falta de informe justificado produce la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario. 2. Cuando se da la presunción de certeza por falta de informe, corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea violatorio de derechos humanos en sí mismo. A fin de estar en aptitud de conocer el contenido exacto de los citados puntos, se procede a precisar los siguientes aspectos. La presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, más no respecto de las circunstancias que lo rodean, pues el dispositivo en análisis es claro en establecer que ante la falta de informe con justificación "se presumirá cierto el acto reclamado" excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la constitucionalidad de los actos, así como las concernientes al interés jurídico y demás presupuestos necesarios para la procedencia del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 23/94, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, visible a página 20, del Tomo 84, diciembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73 y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por tanto, al producirse la presunción prevista en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo único que el juzgador debe tener por cierto es el acto reclamado, más tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, puesto que no hay precepto que así lo establezca. Por su parte, tal dispositivo en la última parte del tercer párrafo en análisis establece, como regla general, que corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, tal numeral prevé sólo una excepción a lo anterior, que consiste en que el peticionario de amparo queda relevado de la carga probatoria cuando el acto reclamado sea violatorio de derechos en sí mismo. Por tanto, lo que determina si la carga probatoria recae en el quejoso, es la circunstancia de que el acto sea o no inconstitucional en sí mismo; de ahí que sea indispensable precisar este concepto. Un acto es en sí mismo violatorio de la Constitución Federal, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Carta Magna; en cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental, entonces no es en sí mismo violatorio. De ahí que el artículo 117 en análisis, se establezca que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de derechos constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, visible a página 6530, del Tomo LXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. Según el artículo 149 de la Ley de Amparo, la falta de informe de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad dependa de motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, esto es, el quejoso no queda relevado de la carga de la prueba, sino cuando el acto sea en sí mismo violatorio de garantías. En consecuencia, los Jueces de Distrito nunca pueden dar por probados los conceptos de violación, cuando la inconstitucionalidad dependa de ciertos hechos susceptibles de ser acreditados en el juicio, por dicho quejoso." Precisado lo anterior, recordemos que la parte quejosa en la presente instancia constitucional reclama la emisión de una orden de aprehensión emitida por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, contra el acto que, en términos de las consideraciones precisadas, no es inconstitucional en sí mismo, ya que de su propia naturaleza intrínseca, no deriva la contravención a la Ley Fundamental que se reclama, sino que se requiere de diversas constancias para acreditar su inconstitucionalidad. Lo anterior, se corrobora con lo establecido por el numeral 16 constitucional, que faculta a los Jueces de Primera Instancia en Materia Penal a librar órdenes de aprehensión, por tanto, el acto que se reclama no es inconstitucional en sí mismo. De esa guisa, se llega a la convicción de que, la emisión de una orden de aprehensión emitida por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, contra el aquí quejoso Rey Jiménez Molina, no conculca por sí misma derechos constitucionales de la parte quejosa, ya que por cierto que resulte, no produce ninguna violación de derechos constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 108, Tomo V, Febrero de 1997, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." De igual manera, la tesis XI.2o.29 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible a página 1214, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CUÁNDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSE LAS PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. El último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecen la regla general sobre el deber que tiene el Juez de Distrito de recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto, cuando la autoridad responsable acepta ser cierto el acto reclamado; sin embargo, tratándose de órdenes de aprehensión, exclusivamente, cuando las autoridades ejecutoras manifiestan ser ciertos los actos a ellas imputados pero sin remitir constancias que lo justifiquen, y la ordenadora es omisa en rendir su informe o niega el acto que por ese motivo se presume cierto, el juzgador estará obligado a requerir a aquéllas para que le proporcionen los datos y constancias del caso, con el objeto de advertir, primeramente, si la orden de captura es inconstitucional en sí misma, ya por haber sido dictada por autoridad carente de facultades para ello o por no estar ostensiblemente fundada y motivada; o bien, en la hipótesis de que cumpla con esos requisitos, recabar de la ordenadora los documentos correspondientes a la averiguación o causa suspensas para resolver el asunto; empero, esa obligación se hace patente siempre y cuando el quejoso comparezca a la audiencia constitucional a solicitar su diferimiento para tal efecto, demostrando así su interés en el asunto y el que no le precluya el derecho para recabar la prueba de mérito." Así, el referido acto reclamado no puede estimarse violatorio de derechos constitucionales en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad, se insiste, depende de que el quejoso lo acredite, y en el caso, el impetrante de la tutela constitucional no exhibió prueba alguna para demostrar la inconstitucionalidad del acto que reclama, por lo que, no existe prueba para determinar su inconstitucionalidad, de ahí lo inoperante del concepto de violación en estudio, sin que se advierta suplencia de la deficiencia de la queja que hacer valer a favor del quejosa, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, el juez de amparo está obligado a recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto; empero, tal disposición sólo es para el caso de que la responsable haya admitido la existencia del acto reclamado y no haya remitido la totalidad de las constancias necesarias pero no cuando, como en el caso, se presumió cierto el acto reclamado, pues en este supuesto, específicamente la ley de la materia arroja al quejoso la carga de probar la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando el mismo no es inconstitucional en sí mismo, como se explicó en líneas que anteceden. En consecuencia, como el acto reclamado en estudio no es inconstitucional en sí mismo, se insiste, la carga de probar su inconstitucionalidad correspondía al quejoso y, ante la falta de pruebas ofrecidas por éste, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA. Asimismo, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. OCTAVO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Finalmente se hace constar que la parte quejosa en este juicio constitucional no se opuso a la publicación de sus datos personales. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Rey Jiménez Molina, contra el acto que reclama de la autoridad señalada como responsable precisada en el considerando segundo, y por las consideraciones expuestas en el punto considerativo sexto de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese el oficio de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se tienen por hechas las manifestaciones que vierte en el alegato ministerial, sin perjuicio de hacer relación de ellas y tomarlas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, respecto de la copia de la sentencia que solicita, una vez que ésta sea emitida expídasele a su costa.

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