Rey David Hernández Antonio

Expediente 182/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
182/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
26/04/2017

Partes del expediente

  • David Merino Hernández y Otros.
  • David Merino Hernández
  • Rey David Hernández Antonio
  • Rey David Hernández Antonio y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el diez de abril de dos mil quince, se notificó al quejoso el proveído de nueve de abril anterior, mediante el cual se hizo de su conocimiento que podía pasar a recoger su billete de depósito N 493031, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito en esta ciudad, por la cantidad de dos mil pesos cero centavos, moneda nacional, exhibido en este incidente para que surtiera efectos la suspensión definitiva que le fue concedida y de esa fecha a la en que se actúa han transcurrido los dos años que establece el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, a efecto de que pasara a recogerlo, sin que lo hubiere hecho; en tal virtud, se declara que la precisada garantía ha prescrito en favor del Fisco Federal. En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 29, último párrafo, de la ley en cita y en la circular emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el uno de febrero de dos mil, que precisa las reglas para la prescripción de los billetes de depósito, previa la anotación que se haga en el libro de registro relativo, remítase el documento descrito, debidamente transferido a favor del Tesorero de la Federación, a fin de que aplique la suma que ampara como legalmente proceda, requiriéndosele el acuse de recibo respectivo. Con fundamento en el artículo 882 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, hágase el registro respectivo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales consiguientes. Hecho que sea lo anterior, devuélvase el expediente al archivo definitivo de este juzgado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó, la Juez Elizabeth Franco Cervantes, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Elisa Alfoab López Quiroz, que autoriza y da fe. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el diez de abril de dos mil quince, se notificó al quejoso el proveído de nueve de abril anterior, mediante el cual se hizo de su conocimiento que podía pasar a recoger su billete de depósito N 493031, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito en esta ciudad, por la cantidad de dos mil pesos cero centavos, moneda nacional, exhibido en este incidente para que surtiera efectos la suspensión definitiva que le fue concedida y de esa fecha a la en que se actúa han transcurrido los dos años que establece el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, a efecto de que pasara a recogerlo, sin que lo hubiere hecho; en tal virtud, se declara que la precisada garantía ha prescrito en favor del Fisco Federal. En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 29, último párrafo, de la ley en cita y en la circular emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el uno de febrero de dos mil, que precisa las reglas para la prescripción de los billetes de depósito, previa la anotación que se haga en el libro de registro relativo, remítase el documento descrito, debidamente transferido a favor del Tesorero de la Federación, a fin de que aplique la suma que ampara como legalmente proceda, requiriéndosele el acuse de recibo respectivo. Con fundamento en el artículo 882 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, hágase el registro respectivo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales consiguientes. Hecho que sea lo anterior, devuélvase el expediente al archivo definitivo de este juzgado.

  2. Incidental

    MESA VI A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de diecisiete de febrero de dos mil quince (fojas 24 a 29), se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surtió efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el escrito del quejoso Rey David Hernández Antonio, por el que solicita la devolución del billete de depósito exhibido en este cuaderno incidental para garantizar la suspensión definitiva, en tal virtud y toda vez de la certificación que antecede se advierte que el juicio principal del que deriva este cuaderno incidental causó estado, como lo solicita, devuélvasele el billete de depósito que exhibió, serie N 493031 (N cuatro, nueve, tres, cero, tres, uno) expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, sucursal en esta ciudad, por la suma de dos mil pesos, cero centavos, moneda nacional, mismo que se encuentra guardado en la caja de valores de este juzgado bajo el número 31/2015 (foja 29 vuelta); por lo que deberá presentarse ante este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, con identificación oficial que lo acredite fehacientemente como la persona que promovió el juicio de amparo, previa toma de razón y recibo que se dejen en autos. En tales circunstancias, en observancia de lo dispuesto en los artículos 39 y 46 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para los fines legales consiguientes, regístrense en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal (SISE), esta fecha como la que se autoriza la devolución de la garantía de que se trata, y la de su entrega, cuando se verifique.

  3. Principal

    MESA VI A Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto dictado el seis de marzo del presente año (fojas 66 a 68), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  4. Principal

    MESA VI A Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 1395 signado por el Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por el que remite copia certificada de la resolución de uno de marzo del presente año, pronunciada en el expediente penal 9/2015 de su índice, que resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, decretando en su contra auto de formal prisión, como probable responsable en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de la David Merino Hernández. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las constancias que obran en el presente asunto así como las remitidas por el juez responsable, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, que impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de control constitucional, en términos del diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La disposición legal transcrita (similar a la que preveía la fracción III del artículo 74 de la anterior Ley de Amparo) fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, de las constancias de referencia, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que el quejoso REY DAVID HERNÁNDEZ ANTONIO, se duele de la orden de aprehensión librada en su contra, así como de su pretendida ejecución atribuida al Procurador General de Justicia del Estado; Director de Averiguaciones Previas y Consignaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones. Al rendir informe justificado el Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del centro, por conducto del secretario encargado de dicho juzgado por ministerio de ley, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 16), pues indicó que efectivamente el tres de febrero de dos mil quince, libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso en la causa penal 9/2015 de su índice, como probable responsable en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de David Merino Hernández. Posteriormente, dicha autoridad informó que el quejoso compareció ante ella bajo los efectos de la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión origen de este juicio, por lo que derivado de lo anterior, el uno de marzo del año en curso, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso decretando en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del ilícito de referencia. En esas condiciones, se concluye que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que al dictarse auto de formal prisión contra el impetrante, operó un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, por no poder decidirse respecto de dicho acto sin afectar la nueva situación jurídica . De ahí que, procede sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia número 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de la presente determinación comprende el acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables Procurador General de Justicia del Estado y Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en la Villa de Etla, Oax Procurador General de Justicia del Estado; Director de Averiguaciones Previas y Consignaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, en virtud de que el acto que se les reclama no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Se invoca en apoyo, por su contenido, la jurisprudencia, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 6 vuelta); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

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