Rey David Gutierrez Vazquez
Expediente 562/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Rey David Gutierrez Vazquez
Actuaciones
- Principal
Tapachula, Chiapas, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda promovida por el quejoso Rey David Gutiérrez Vázquez, contra los actos reclamados al Honorable Congreso del Estado de Chiapas y otra autoridad. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de tres de noviembre del presente año, se desechó la demanda de amparo en que se actúa.. Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, al que acompaña constancias; mediante la cual devuelve diligenciado el exhorto 127/2021, orden 253/2021 de nuestro índice. Visto su contenido, se tiene por notificada a la parte quejosa el desechamiento de su demanda, toda vez que la diligencia se realizó personalmente con su autorizado en términos amplios el cinco de noviembre del año en curso. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, sin que sea necesario acusar de recibo en virtud de que el propio sistema lo genera. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a tres de noviembre de dos mil veintiuno. EXPEDIENTE Y REGISTRO Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, al que acompaña anexo, mediante el cual envía el juicio de amparo 927/2021 de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por Rey David Gutiérrez Vázquez, atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] con el número de expediente 562/2021 VIII-A. DATOS DESTACABLES DE LA DEMANDA De la demanda de amparo, se desprenden los siguientes datos relevantes: _ Quejoso. Rey David Gutiérrez Vázquez. _ Terceros Interesados. Se considera que dada la naturaleza de lo reclamado no existe. _ Autoridad responsable. 1Honorable Congreso del Estado de Chiapas. 2Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. _ Actos reclamados. El decreto de treinta de septiembre del dos mil veintiuno, que cancela las elecciones extraordinarias en Chiapas, entre ellas la del municipio Frontera Comalapa. SE ACEPTA COMPETENCIA Se precisa que el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, declina competencia a favor de este Juzgado de Distrito por considerar que el acto reclamado, de resultar procedente, tendrá ejecución en la jurisdicción de este juzgado federal, es decir, en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas. De ahí que, este Juzgado Federal comparte los aludidos razonamientos, y con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada. Acúsese recibo vía interconexión. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Lo anterior, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la citada tesis señala que se debe entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal de orden público, de estudio preferente y oficioso, en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. Ahora, de la lectura de los antecedentes relatados por el quejoso, destacan los siguientes: a) Que es ciudadano mexicano, originario del Estado de Chiapas y que radica en esta entidad federativa. b) Que el seis de junio del año en curso, se llevaron a cabo las elecciones ordinarias en el Estado de Chiapas, de las cuales, seis se cancelaron, entre ellas la de Frontera Comalapa, Chiapas. c) Que el acto reclamado pretende cancelar las elecciones extraordinarias de miembros del ayuntamiento de Frontera Comalapa, Chiapas. d) Que dicho acto se emitió sin que existiera una orden judicial que declarara la cancelación de una prerrogativa ciudadana. Como acto reclamado, señaló el decreto de treinta de septiembre del dos mil veintiuno, que cancela las elecciones extraordinarias en Chiapas, entre ellas la del municipio Frontera Comalapa. De lo anterior, resulta inconcuso que el impetrante se duele medularmente de la cancelación de las elecciones extraordinarias en el municipio del cual se registró como Presidente del Ayuntamiento, ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas [según se advierte de la constancia que agregó a su demanda], lo que se traduce en una afectación a sus derechos político-electorales En tal virtud, el reclamo planteado por el quejoso no es susceptible de recurrirse en amparo indirecto, pues es de contenido electoral, por lo que está sujeto a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para demostrar tal aserto, se considera oportuno formular las siguientes precisiones en torno al sistema integral de justicia en materia electoral, desde el punto de vista constitucional. La Constitución General de la República, en sus artículos 41, 94, 99 y 105, fracción II, contempla un sistema integral de justicia en materia electoral, conforme al cual todas las normas generales y todos los actos o resoluciones en esa materia están sujetos a control constitucional. Las normas generales a través de la acción de inconstitucionalidad, mientras que los restantes actos y resoluciones de índole electoral a través de los medios de impugnación de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Derivado de lo anterior se sigue que el juicio de amparo no podrá hacerse valer en contra de normas, actos o resoluciones de contenido materialmente electoral, ya que desde el punto de vista constitucional se han establecido con precisión los medios de control de la constitucionalidad de ese tipo de normas, actos o resoluciones. La inimpugnabilidad de las resoluciones que pronuncia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos de su competencia, está establecida expresamente en el artículo 99 de la Constitución Federal y ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que se reproduce a continuación: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación histórica, teleológica, prospectiva y funcional, así como de la literalidad del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral -con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional, que otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación competencia para resolver las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la no conformidad de las leyes electorales con la Ley Suprema-, y que las resoluciones que emita en los asuntos de su competencia serán definitivas e inatacables, se advierte que las resoluciones del indicado órgano jurisdiccional quedan al margen no sólo de los medios de impugnación ordinarios, sino también de los extraordinarios, como el juicio de garantías. En esa virtud, resulta improcedente el amparo directo que se promueva contra las resoluciones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita al resolver los asuntos de su competencia." Así, de la interpretación conjunta de los artículos 41, 94, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal, que contienen el sistema integral de justicia en materia electoral, en relación con el diverso 103 de ese cuerpo normativo, se sigue que el juicio de amparo es improcedente en contra de normas, actos o resoluciones de contenido materialmente electoral. Por tanto, no basta que una norma se contenga en una ley o código cuya denominación o contenido general sea de carácter electoral, para que resulte improcedente el juicio de amparo, sino que es necesario que el contenido de la norma tenga tal carácter, esto es, que materialmente constituya una norma electoral. Entonces, es a la luz de las normas constitucionales que contienen, por un lado, el sistema de justicia en materia electoral, y por el otro, el juicio de amparo como garantía constitucional procesal cuyo objeto primordial es la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, que debe interpretarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone que el juicio de amparo es improcedente "contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral". Por lo tanto, la improcedencia del juicio de amparo no surgirá por el solo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo que se argumente en los conceptos de violación de la demanda, sino que es el contenido material de la norma, acto o resolución lo que determinará la improcedencia del juicio de amparo, esto es, resulta necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en estos supuestos la norma, acto o resolución están sujetas al control constitucional previsto por la propia Ley Suprema, esto es, la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral en el caso de actos o resoluciones. Entonces, la correcta interpretación de la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, acorde con el orden constitucional y, por tanto, con la naturaleza y objeto del juicio de amparo, determina que la improcedencia de éste surgirá cuando se reclamen normas o actos cuyo contenido material sea electoral o versen sobre derechos políticos, ya que sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, pero siempre que no conciernan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos cuando éstos incidan sobre el proceso electoral. Debe precisarse que tratándose de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos de su competencia, el juicio de amparo siempre resultará improcedente, con independencia del contenido material de esas resoluciones, esto es, aun cuando ese contenido no verse estrictamente sobre la materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva directamente del artículo 99 de la Constitución, conforme al cual las resoluciones que dicte el citado tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Se trata, por tanto, de una improcedencia que deriva de la propia Ley Suprema en razón del órgano de que proviene la resolución, sin importar la materia a que ésta se refiera, tal como se señaló en párrafos precedentes, al destacarse la inimpugnabilidad de las determinaciones del Tribunal Electoral en todos los asuntos que caen en el ámbito de su competencia. Al respecto, es conveniente remembrar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que las normas de carácter general que tienen como contenido la materia electoral, son aquellas que establecen el régimen conforme al cual se logra la elección o nombramiento, a través del voto de los ciudadanos y dentro de un proceso democrático, de las personas que han de fungir como titulares de los órganos representativos del pueblo. La tesis relativa señala: MATERIA ELECTORAL. CONCEPTO DE, PARA LOS EFECTOS DE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. De la interpretación jurídica, armónica y sistemática de lo dispuesto en los artículos 35, fracciones I y II, 36, fracciones II, IV y V, 41, 51, 52, 56, 60, 81, 115, fracción I, 116, fracción I y 122, fracción III, de la Constitución Federal, se infiere que para los efectos de la acción de inconstitucionalidad, establecida en la fracción II del artículo 105 de dicha Carta Fundamental, debe entenderse que son normas de carácter general que tienen como contenido la materia electoral, prohibidas de ser examinadas por la Suprema Corte de acuerdo con el mencionado artículo constitucional, aquellas que establecen el régimen conforme al cual se logra la selección o nombramiento, a través del voto de los ciudadanos y dentro de un proceso democrático, de las personas que han de fungir como titulares de órganos de poder representativos del pueblo, a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal." Asimismo, el Tribunal Pleno ha precisado que para que las normas generales puedan considerarse como electorales, deben regular los aspectos relativos a los procesos electorales previstos directamente en la Constitución, conforme a los principios consagrados en los artículos 41, primer y segundo párrafos, 115, fracciones I y VIII, 116, fracción IV, inciso a) y 122, apartado C, bases primera y segunda, de la propia Ley Fundamental para la elección de determinados servidores públicos. La tesis que contiene este criterio textualmente señala: "NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL. PARA QUE PUEDAN CONSIDERARSE CON TAL CARÁCTER E IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBEN REGULAR ASPECTOS RELATIVOS A LOS PROCESOS ELECTORALES PREVISTOS DIRECTAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 25/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 255, con el rubro: 'ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.', sostuvo que las normas electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con tales procesos o que deban influir en ellos. Ahora bien, de los artículos 41, primer y segundo párrafos, 115, fracciones I y VIII, 116, fracción IV, inciso a), y 122, apartado C, bases primera y segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que ésta prevé principios para la elección de determinados servidores públicos, a saber: los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos), lo que implica que a otros niveles puede preverse legalmente la elección de ciertos funcionarios, pero los procesos no se regirán por dichos principios, por lo que si una ley establece que la designación de un servidor público diverso a los señalados debe hacerse mediante elecciones, ello no le confiere el carácter de electoral, porque para tener tal calidad es necesario que regule aspectos relativos a los procesos electorales, que son los previstos por la Constitución Federal." De los criterios a que se ha hecho referencia se obtiene lo siguiente: La materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución, a saber, la de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos). También forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación, etcétera. Así, conforme a lo que se ha razonado y lo que se desprende de los diferentes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se ha hecho referencia, y con la salvedad respecto a la improcedencia del juicio de amparo en contra de las resoluciones que pronuncie el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos de su competencia, con independencia del contenido material sobre el que versen, se sigue que no basta que una norma se contenga en una ley o código cuya denominación o contenido sea electoral, o que una resolución provenga de una autoridad de naturaleza electoral, para que se produzca la improcedencia del juicio de amparo, sino que es necesario que atañan estrictamente a la materia electoral, esto es, que su contenido verse sobre procesos electorales o sobre el ejercicio de los derechos político-electorales, o bien, se relacionen directa o indirectamente con tales procesos o puedan influir en ellos de una u otra manera, pues el juicio de amparo excepcionalmente procederá contra normas contenidas en ordenamientos de carácter electoral o contra resoluciones provenientes de autoridades electorales cuando se estimen violatorias de algún derecho fundamental, pero siempre que el examen a realizar se limite a esta cuestión y, por tanto, no implique el análisis de las cuestiones electorales, las involucre o pueda influir en ellas. Bajo ese panorama, es conveniente precisar que si la parte inconforme reclama el Decreto de treinta de septiembre del dos mil veintiuno donde se cancela las elecciones extraordinarias para el estado de Chiapas, entre ellas las de su municipio, Frontera Comalapa, de la cual es candidato a Presidente del Ayuntamiento, el juicio de amparo resulta improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XV, de la ley de la materia, ya que no es la vía idónea para controvertir tal acto. Se afirma lo anterior, toda vez que el acto que se reclama se encuentra íntimamente vinculados con la materia político-electoral, en tanto se traduce en una afectación a los derechos político-electorales de la parte inconforme y, siendo así, es incuestionable que, sin perjuicio de que en la demanda de amparo se aduzcan violaciones a las garantías individuales contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, el acto reclamado se relaciona con los derechos políticos electorales que le corresponden al quejoso y no con los derechos fundamentales que aduce transgredidos. En tales términos, dado que lo que reclama el inconforme radica en la cancelación de las elecciones extraordinarias para el estado de Chiapas, entre ellas las de su municipio, Frontera Comalapa, de la cual es candidato a Presidente del Ayuntamiento, resulta incuestionable que el contenido material de tal acto versa sobre derechos político-electorales; concretamente, el derecho a ser votado en las elecciones populares en los términos que señale la ley -artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal-; de ahí que es inconcuso que con el acto reclamado se infringe sus derechos políticos como ciudadano mexicano; de ahí que la improcedencia de este juicio de amparo surge, por el contenido material del referido decreto: la cancelación de elecciones. Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios sustentados por el Tribunal Constitucional del País: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal. Incluso, las consideraciones antes expuestas en el sentido de que el juicio de amparo no constituye la vía idónea para controvertir el acto reclamado, dado su contenido materialmente electoral, se ven aún más reforzadas si se considera que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en sus artículos 79, párrafo 1 y 80, párrafo 1, inciso a), prevé la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que, entre otras hipótesis, resulta procedente, una vez que haya sido agotada la instancia administrativa que establezca la ley, cuando el ciudadano, por sí mismo y en forma individual o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de ser votado y, posteriormente, detalla que el juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales. En consecuencia, se considera que el acto que la parte inconforme reclama, debe ser objeto de análisis a través de ese medio de impugnación, por constituir la jurisdicción especializada para el análisis y resolución de ese tipo de controversias, pues así lo regula de manera específica la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO FORÁNEO-EXHORTO PARA NOTIFICAR-. En virtud de que el promovente en su demanda de amparo señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j); 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el siete de junio del año en curso en el Diario Oficial de la Federación; gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, a fin de que realice lo siguiente: Notifique el contenido de la presente determinación, al promovente de amparo Rey David Gutiérrez Vázquez, o en su caso a los profesionistas que nombra la parte quejosa en su escrito de demanda, es decir, 1Horacio Culebro Borrayas, 2Luis Enrique Culebro Aguilar y 3Rigoberto Culebro Borralas, en el domicilio ubicado en Edificio Borrayas, avenida Ocosingo, manzana 50, lote número 11, colonia los Manguitos, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hecho que sea, lo devuelva a la brevedad posible a este Juzgado de Distrito. Para la celeridad del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita que en caso de ser necesario, se realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. AUTORIZADOS Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Horacio Culebro Borrayas, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Respecto a Luis Enrique Culebro Aguilar y Rigoberto Culebro Borralas, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e interponerse a autos, ello, al no encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el sistema respectivo. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso 28, se exhorta a las partes para que obtengan el certificado digital de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por conducto de alguna de las Unidades Certificadoras del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, cualquier certificado digital reconocido, como el certificado digital (FIEL) emitido por el Servicio de Administración Tributaria, para que presenten, tramiten y/o reanuden sus asuntos a través de la modalidad "Juicio en Línea", para lo cual es menester el uso de esta. De esa manera, se encontrarán en aptitud de obtener los diferentes beneficios que representa presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; ello en el completo entendido que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibir notificaciones, pues ésta se deberá realizar de manera expresa. Asimismo, hace del conocimiento de las partes que se encuentra disponible la aplicación -APP- para teléfonos móviles que utilicen los sistemas operativos iOS y Android, de modo que, únicamente a través de este medio, podrán tramitar la Firma Electrónica Certificada (FIREL) con su credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral, en virtud de que, derivado la pandemia por la que atraviesa el mundo y nuestro país, de momento no se encuentran habilitadas las citas presenciales para realizar dicho trámite ante las Unidades Certificadoras del Poder Judicial de la Federación. Para mayor información sobre cómo obtenerla, se puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese vía exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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