Rey Alberto Mártínez Valdivieso
Expediente 447/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 447/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rey Alberto Mártínez Valdivieso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a tres de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado el seis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 44-51), en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido; glósese a este expediente el original del incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión; en el que se declaró sin materia el incidente y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. LEY DE TRANSPARENCIA Por otra parte, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, el duplicado de la causa penal 233/2013, formado como ANEXO I, que en su momento remitió como justificación a su informe. Notifíquese. IV-A
- Incidental
R E S U E L V E: UNICO. Se declara sin materia este incidente de suspensión, en términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. IV-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, A SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la razón asentada por el actuario judicial en la que se asienta lo siguiente: .hace constar que me presenté, con las formalidades de ley, en las instalaciones de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, ubicadas en avenida Manuel Ávila Camacho número ochocientos seis, centro, en esta misma ciudad, para entregar el oficio 1558 deducido del juicio de amparo número 447/2018, del índice de este juzgado federal, dirigido a la autoridad siguiente: AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA UNIDAD QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL; donde fui atendido por José Antonio Núñez Pineda, en su carácter de Suboficial de la Policía Federal Ministerial de guardia; ante quien me identifiqué y le hice saber el motivo ce mi presencia en ese lugar, a lo anterior me manifestó que no puede recibirme dicho oficio, porque se encuentra incorrecta la denominación de la autoridad responsables, pues el nombre correcto es Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial Agencia de Investigación Criminal de la Unidad que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en Salina Cruz, Oaxaca De lo transcrito, se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario para entregar el oficio 1558, de treinta de octubre último, dirigido a la autoridad señalada como responsable AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA UNIDAD QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. En tales condiciones, se hace efectivo en perjuicio del quejoso el apercibimiento decretado en proveído de treinta de octubre del año en curso, y con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se considera inexistente a la referida autoridad para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, al que anexa el duplicado de la causa penal 233/2013. Para el mejor manejo del expediente, se ordena formar el ANEXO I, relativo a la citada causa penal, debiéndose respetar el folio, rubrica y entresello; las cuales dado el volumen no se digitalizarán, por lo que en términos del artículo 91 del "ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal", podrá ser consultado físicamente por las partes en este Juzgado. Vista la certificación secretarial que antecede, a efecto de acordar lo que en derecho proceda, se ordena deducir copia certificada de la demanda de amparo, auto admisorio, sentencia y proveído en el que se ordenó el archivo correspondiente, relativas al juicio número 302/2014 del índice de este juzgado, debiéndose glosar a este expediente para los efectos legales a que haya lugar, por tratarse de un hecho notorio; atento a lo establecido en la jurisprudencia con registro 187526, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que aparece publicada en la página 1199, del Tomo XV, correspondiente al mes de marzo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Ahora, advirtiéndose de las aludidas documentales certificadas, que procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia, con registro 184572, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria de otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; . Ello es así, toda vez que de las copias certificadas que se ordenaron glosar a este expediente, se advierte que en este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, se tramitó el juicio de amparo número 302/2014, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por el aquí quejoso REY ALBERTO MARTÍNEZ VALDIVIESO, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Distrito en el Estado y otras autoridades, consistentes en la orden de reaprehensión librada en su contra y su ejecución (misma que resultó cierta dentro de la causa penal número 233/2013); demanda que se admitió a trámite en sus términos mediante proveído dictado el dos de julio de dos mil catorce; por sentencia engrosada el veintinueve de agosto de dos mil catorce, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso de mérito, resolución que causó ejecutoria en proveído veintitrés de septiembre de dos mil catorce y, se ordenó archivar el expediente como asunto concluido. Cabe precisar, que el quejoso en su demanda señaló como acto reclamado, la orden de reaprehensión librada en su contra, dentro de la causa penal número 233/2013 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; lo que se corrobora con el informe justificado rendido por el Juez responsable, en el que precisó lo siguiente: .En atención al oficio número 1557, deducido del juicio de amparo número 447/2018-1V-A de su índice, promovido por REY ALBERTO MARTÍNEZ VALDIVIESO, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado le comunico a usted que: ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, toda vez que mediante acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil catorce, este Juzgado libró orden de reaprehensión en contra de REY ALBERTO MARTÍNEZ VALDIVIESO, a quien se le instruye la causa penal 233/2013, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA, previsto y sancionado por el artículo 81, párrafo primero, en relación con los diversos 9, fracción I y 24 todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; el cual no se encuentra calificado como grave. Se hace de su conocimiento que el veintisiete de octubre del presente año, se tuvo por cumplida la orden de reaprehensión mencionada en el párrafo que antecede; se concedió al procesado REY ALBERTO MARTÍNEZ VALDIVIESO, el beneficio de la libertad provisional bajo caución, por lo que en la misma fecha, previa exhibición de la garantía correspondiente, fue ordenada su inmediata libertad del Centro Penitenciario de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. Asimismo, el dos de julio de dos mil catorce, el procesado REY ALBERTO MARTÍNEZ VALDIVIESO, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la orden de reaprehensión de veinticuatro de junio de dos mil catorce, mismo que quedó registrado con el número 302/2014, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; en el cual en sentencia de veintinueve de agosto de dos mil catorce, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a REY ALBERTO MARTÍNEZ VALDIVIESO; misma que causó ejecutoria por auto de veintitrés de septiembre del mismo año. Por tal motivo, acorde con lo previsto en el artículo 61, fracción XI, y 63 fracción V de la Ley de Amparo, se solicita el sobreseimiento dicho juicio de garantías, toda vez que el acto reclamado ha sido materia de una ejecutoria en juicio de amparo diverso. En este contexto, resulta cierto el acto que se le reclama al Juez Sexto de Distrito en el Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo que hace prueba plena conforme al diverso precepto legal 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con el duplicado de la causa penal 233/2013, que adjuntó el Juez responsable (Anexo I de pruebas); probanzas que merecen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 749, con registro 1002815, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, publicada en el Apéndice 1917-septiembre 2011, Tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte -SCJN ¬¬sexta sección- procedimiento de amparo indirecto, página 830, correspondiente a la Quinta Época, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Así como, la jurisprudencia 226, con registro número 394182, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice 1995, del tenor: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En tales condiciones, debido a que las demandas de amparo que originaron la formación de este juicio de amparo número 447/2018, así como el diverso número 302/2014 del índice de este Juzgado de Distrito, fueron promovidas por el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado y la misma autoridad judicial responsable (Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad), en las que se reclamó la orden de reaprehensión librada contra el quejoso dentro de la causa penal número 233/2013 y su ejecución; habiéndose dictado sentencia ejecutoria en el último juicio, en el que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso de mérito; por ello, es inconcuso que por tal razón, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que el diverso juicio de amparo número 302/2014 y este expediente, existe identidad de los elementos de la relación procesal, pues en ambos se trata de la misma parte quejosa, la propia autoridad judicial ordenadora e idénticos actos reclamados. Luego, al acreditarse plenamente que el acto que ahora se impugna ya fue motivo de análisis en el citado juicio de garantías número 302/2014, en el que se negó el amparo al quejoso, es improcedente el estudio del que aquí se impugna, ya que, por una parte, se dejaría sin efecto la definitividad propia que como cosa juzgada debe darse a aquélla determinación dictada en ese juicio, llegando al extremo de dictar dos resoluciones sobre un mismo asunto, que pudieran resultar contradictorias. Funda lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 40/2008, con registro 168602, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXVIII, Octubre de 2008, visible en la página 286, correspondiente a la Novena Época, bajo el rubro y texto siguiente: ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea. Así como la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 41, Tomo Primera Parte, XCIX, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, cuyo rubro y texto son como sigue: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedente prevista en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, de conformidad con la fracción V del diverso 63, de la misma legislación, se sobresee en el juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuye al Agente de Investigación Criminal de la Unidad que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial Subsede en esta ciudad, en virtud de que su inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento y no se reclama por vicios propios. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente al quejoso. MESA IV-A PENAL
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por oficio SEADS/1165/2018, de diez de octubre de dos mil dieciocho, signado por el licenciado Miguel Agustín Cossio Campos, Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria celebrada en esa fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil dieciocho, la titularidad de este órgano jurisdiccional estará a cargo del Maestro Jorge Arturo Porras Gutiérrez; en consecuencia, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para que puedan hacer valer las manifestaciones que en su caso estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. MESA IV-A (PENAL)
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