Residencial Península Golf, Régimen de Propiedad En Condominio

Expediente 2609/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2609/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Residencial Península Golf, Régimen de Propiedad En Condominio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado el treinta de abril, veintidós de julio y nueve de septiembre del año en curso (fojas 259 a 273, 279 a 288 y 297 a 301), el Jefe, Ejecutora y Notificadora de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Querétaro, Delegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, informaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diez de septiembre del año en curso (foja 302), se dio vista a la parte agraviada con el referido cumplimiento, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que hubiera realizado manifestación al respecto en el lapso concedido, como se desprende de la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la legislación de amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***.". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional el treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 213 a 228), se determinó por una parte sobreseer en el juicio y por otra conceder al quejoso Tufic Husseim Abud Rodríguez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Jefe de la Oficina para Cobros y Ejecutor-Notificador adscrito, ambos de la Subdelegación en Querétaro, del Instituto Mexicano del Seguro Social, realizaran lo siguiente: Dejar insubsistente el acta de requerimiento de pago y embargo diligenciado el siete y ocho de agosto de dos mil dieciocho, dentro del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales 187016073, 187025559, 182012804, 1870300470, 187042956, 182020210, 182026634, 182029773 y 182037417, a cargo del aquí quejoso Tufic Husseim Abud Rodríguez. Notificar debidamente el requerimiento de pago respectivo, conforme a las reglas del procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación; y Dejar insubsistente la orden de inmovilización de las cuentas bancarias al quejoso, debiendo girar cuantas instrucciones sean necesarias para comunicar dicha cuestión a todas las instituciones financieras. Sentencia que causó ejecutoria el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 252 y 253). Luego, a través de los oficios y anexos presentados en la Oficialía de Partes de este juzgado federal, el treinta de abril, veintidós de julio y nueve de septiembre del año en curso (fojas 259 a 273, 279 a 288 y 297 a 301), el Jefe, Ejecutora y Notificadora de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Querétaro, Delegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, informaron la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector; es decir, remitieron copia certificada del acuerdo GAR/012/2019 de cinco de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se dejaron sin efectos el mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y acta de embargo de ocho de agosto de dos mil dieciocho y se ordenó destrabar las cuentas bancarias del quejoso; además, remitieron copia certificada de los requerimientos realizados a diversas instituciones de crédito a efecto de que se liberaran dichas cuentas y sus contestaciones respectivas; de igual manera, adjuntaron copia del acta circunstanciada de hechos de siete de febrero de dos mil diecinueve, en la que se hizo constar la imposibilidad para notificar el cumplimiento del fallo protector asimismo, informaron que no han emitido nueva orden de requerimiento de pago y embargo, dado a la no localización del quejoso. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en el artículo vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión de los actos reclamados, por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto número 1149/2019, así como testimonio de la ejecutoria de once de noviembre del año en curso, dictada dentro del amparo en revisión 653/2019, de la estadística del órgano colegiado mencionado, de la que se advierte que se desechó el recurso de revisión interpuesto contra la resolución emitida por este juzgado federal, el veinticinco de julio del presente año (fojas 38 a 53), en la que por una parte, se sobreseyó en el presente juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte peticionaria del amparo; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo a partir de las constancias que obren en original. Por tanto, visto el sentido de dicha sentencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Luego, con sustento en el precepto 192, párrafo tercero del ordenamiento legal en cita, así como con el diverso artículo 18 bis, fracciones II y V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. Además, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este juzgado federal hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la legislación en comento. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta enviado de manera electrónica por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual acuse recibo de la constancia de notificación efectuada al quejoso del proveído de seis del actual mes y año, los acuses de recibo que menciona y los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo 1271/2019, del índice de este juzgado; en consecuencia, agréguese dicho libelo para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal los días once y doce de septiembre de este año, el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, residente en San Blas, Nayarit y el Juez Especializado del Juzgado Segundo de lo Mercantil, con sede en Zapopan, Jalisco, informaron la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector, respectivamente (fojas 422 a 425 y 428 a 431). En relación a lo anterior, por acuerdo de trece de septiembre del año actual (foja 432), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con los referidos oficios y anexos, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; siendo formuladas manifestaciones por el autorizado de la parte quejosa y por la tercera interesada Ducoragro, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal (fojas 440 y 442 a 447). Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...". Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 313 a 332), por una parte, se sobreseyó, y por otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".a) Dejará insubsistente el emplazamiento efectuado en diligencias de siete y trece de diciembre de dos mil dieciséis, llevadas a cabo mediante el exhorto mercantil 304/2016, practicado a Raúl Joksam Crespo Ayala, así como todo lo actuado con posterioridad, inclusive la sentencia definitiva y los actos de ejecución derivados del juicio ejecutivo mercantil 2136/2016; en el entendido que podrá practicarse nuevamente el emplazamiento en el domicilio que para tal efecto se señaló, siempre y cuando se satisfagan las formalidades del procedimiento; b) Además, la concesión del amparo debe hacerse extensiva a la persona jurídica colectiva Chiles y Más Chiles de la Costa, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, así como Ali Caden y Juan Humberto de apellidos Crespo Ayala, en virtud del litisconsorcio pasivo, pues, por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Lo cual es acorde con la jurisprudencia P./J.9/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO."; sin que ello implique nulificar el emplazamiento de los codemandadados, conforme lo estableció la Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 72/2011, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO."; y, c) La concesión del amparo se hace extensiva a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, en términos de la Jurisprudencia número 296, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS." Por lo que el Juez Mixto de Primera Instancia, la secretaria de acuerdos en funciones de ejecutor adscrita y el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos con sede en San Blas, Nayarit, deberán acatar materialmente este fallo." Resolución que fue confirmada por ejecutoria de veinte de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa (fojas 395 a 410), por lo que en auto de treinta de agosto del año en curso se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento al fallo (fojas 411 a 413). De lo anterior, se obtiene que los actos que las responsables debían realizar a fin de acatar el fallo protector, son los siguientes: a) El Juez Especializado del Juzgado Segundo de lo Mercantil, con sede en Zapopan, Jalisco, debía dejar insubsistente el emplazamiento efectuado en diligencias de siete y trece de diciembre de dos mil dieciséis, llevadas a cabo mediante el exhorto mercantil 304/2016, practicado a Raúl Joksam Crespo Ayala, así como todo lo actuado con posterioridad, inclusive la sentencia definitiva y los actos de ejecución derivados del juicio ejecutivo mercantil 2136/2016; en el entendido que podrá practicarse nuevamente el emplazamiento en el domicilio que para tal efecto se señaló, siempre y cuando se satisfagan las formalidades del procedimiento; b) Concesión del amparo que se hizo extensiva a la persona moral Chiles y Más Chiles de la Costa, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, así como Ali Caden y Juan Humberto de apellidos Crespo Ayala, por las consideraciones ahí expuestas; y c) El Juez Mixto de Primera Instancia, la secretaria de acuerdos en funciones de ejecutor adscrita y el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos con sede en San Blas, Nayarit, debían acatar materialmente este fallo. Ante ello, por oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal los días once y doce de septiembre de este año, el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, residente en San Blas, Nayarit y el Juez Especializado del Juzgado Segundo de lo Mercantil, con sede en Zapopan, Jalisco, informaron la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector, respectivamente (fojas 422 a 425 y 428 a 431). Por su parte, la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia, residente en San Blas, Nayarit, en funciones de Juez, comunicó la manera en que acató la ejecutoria de amparo (fojas 438 a 439). De donde se desprende, que el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez Especializado del Juzgado Segundo de lo Mercantil, con sede en Zapopan, Jalisco, dejó sin efectos los emplazamientos de siete y trece de diciembre de dos mil dieciséis, llevados a cabo mediante el exhorto mercantil 304/2016, practicado a Raúl Joksam Crespo Ayala, así como todo lo actuado con posterioridad, en el juicio ejecutivo mercantil 2136/2016; y ordenó levantar el embargo del bien inmueble en el expediente mercantil aludido. A su vez, el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia, en funciones de Juez, ambos residentes en San Blas, Nayarit, cancelaron el gravamen inscrito relativo al sumario mercantil indicado y dejaron sin efectos las diligencias realizadas referentes al emplazamiento de mérito, respectivamente. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No cambia el sentido de esta determinación, que por escrito presentado en este juzgado el dieciocho de septiembre del presente año (foja 440), entre otras cosas, la parte quejosa por conducto de su autorizado Daniel Crespo Vera, manifestó que no se encontraba cumplida la ejecutoria; ello, porque no se había efectuado la cancelación de la inscripción del embargo decretado en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Tampoco, que la parte tercera interesada Ducoragro, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, haya efectuado manifestaciones en el sentido de que el Juez Especializado del Juzgado Segundo de lo Mercantil, con sede en Zapopan, Jalisco, acató el fallo protector con exceso (fojas 442 a 447). Se afirma lo anterior, ya que contrario a lo que refiere la parte quejosa, de las constancias que remitió el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, residente en San Blas, Nayarit, se obtiene que el diez de septiembre de este año, se efectuó la cancelación aludida (fojas 422 a 425); en tanto que, respecto de los argumentos de la persona moral tercera interesada resultan infundados, toda vez que los efectos de la concesión del amparo, lo fueron para que el Juez Especializado del Juzgado Segundo de lo Mercantil, con sede en Zapopan, Jalisco, dejara insubsistente el emplazamiento efectuado en diligencias de siete y trece de diciembre de dos mil dieciséis, llevadas a cabo mediante el exhorto mercantil 304/2016, practicado a Raúl Joksam Crespo Ayala, así como todo lo actuado con posterioridad, inclusive la sentencia definitiva y los actos de ejecución derivados del juicio ejecutivo mercantil 2136/2016, en el entendido que podía practicarse nuevamente el emplazamiento en el domicilio que para tal efecto se señaló, sin que ello implicara nulificar el emplazamiento de los codemandados, y en el auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve se estipuló esa circunstancia tal cual; por ende, el Juez aludido acató los extremos de la concesión del amparo, sin excesos ni defectos. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del precepto 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Luego, con sustento en los ordinales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar, por una parte, se negó, y por otra, se concedió (fojas 37 a 47, 115 a 118, 126 a 132 y 148 a 158), con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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