René Villamil Márquez
Expediente 1086/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1086/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- René Villamil Márquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que hicieran manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Se comunica lo anterior a la responsable; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, diez de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el telegrama y oficio de cuenta, mediante los cuales la presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en cumplimiento a lo requerido por auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, remite copia certificada del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que acordó el escrito presentado el trece de agosto de dos mil diecinueve, por la parte actora, y señaló como fecha para la audiencia de remate en primera almoneda, el quince de abril de dos mil veintiuno. Ahora bien, visto el estado de autos, se observa que el once de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa presentó demanda de amparo por el acto reclamado. Así, tomando en consideración que las documentales enviadas por la autoridad responsable, tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su ordinal 2, resulta indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, dado que la omisión reclamada en este asunto, ha cesado en sus efectos. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados. Sin embargo, de las constancias que allegó la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, a través del 07/05/22 14:02:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c1.93 GERARDO ANTONIO QUIJANO DE LA CRUZ oficio de cuenta, se advierte que remitió copia certificada del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que acordó el escrito presentado el trece de agosto de dos mil diecinueve, por la parte actora, y señaló como fecha para la audiencia de remate en primera almoneda, el quince de abril de dos mil veintiuno. Por tanto, al haberse pronunciado la autoridad laboral respecto de la solicitud planteada por la parte actora -aquí quejosa-, específicamente el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que fijó como fecha para la audiencia de remate el quince de abril de dos mil veintiuno, resulta inconcuso que han cesado los efectos de la omisión reclamada en esta vía, ya que cualquier violación que pudo haberse ocasionado a los derechos públicos subjetivos de la impetrante con motivo de la omisión aquí reclamada, han quedado destruidos de manera total e incondicional; de forma que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes del acto reclamado, sin que haya dejado huella alguna en la esfera jurídica de la promovente que amerite ser compensada con la concesión de la protección constitucional. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 59/99, publicada en la página 38, del Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Por tanto, ante la notoria, manifiesta e indudable actualización de la causal de improcedencia antes invocada, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo al registro de juicios de amparo. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, intégrese el informe justificado que rinde la presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, únicamente para que obre como constancia. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE DIEZ DE MARZO DEL AÑO EN CURSO QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, diez de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el telegrama y oficio de cuenta, mediante los cuales la presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en cumplimiento a lo requerido por auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, remite copia certificada del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que acordó el escrito presentado el trece de agosto de dos mil diecinueve, por la parte actora, y señaló como fecha para la audiencia de remate en primera almoneda, el quince de abril de dos mil veintiuno. Ahora bien, visto el estado de autos, se observa que el once de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa presentó demanda de amparo por el acto reclamado. Así, tomando en consideración que las documentales enviadas por la autoridad responsable, tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su ordinal 2, resulta indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, dado que la omisión reclamada en este asunto, ha cesado en sus efectos. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados. Sin embargo, de las constancias que allegó la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, a través del 07/05/22 14:02:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c1.93 GERARDO ANTONIO QUIJANO DE LA CRUZ oficio de cuenta, se advierte que remitió copia certificada del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que acordó el escrito presentado el trece de agosto de dos mil diecinueve, por la parte actora, y señaló como fecha para la audiencia de remate en primera almoneda, el quince de abril de dos mil veintiuno. Por tanto, al haberse pronunciado la autoridad laboral respecto de la solicitud planteada por la parte actora -aquí quejosa-, específicamente el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que fijó como fecha para la audiencia de remate el quince de abril de dos mil veintiuno, resulta inconcuso que han cesado los efectos de la omisión reclamada en esta vía, ya que cualquier violación que pudo haberse ocasionado a los derechos públicos subjetivos de la impetrante con motivo de la omisión aquí reclamada, han quedado destruidos de manera total e incondicional; de forma que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes del acto reclamado, sin que haya dejado huella alguna en la esfera jurídica de la promovente que amerite ser compensada con la concesión de la protección constitucional. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 59/99, publicada en la página 38, del Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Por tanto, ante la notoria, manifiesta e indudable actualización de la causal de improcedencia antes invocada, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo al registro de juicios de amparo. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, intégrese el informe justificado que rinde la presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, únicamente para que obre como constancia. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, diez de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. En mérito de lo anterior, se reanuda el procedimiento en este asunto, y se señala como nueva fecha las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará´ de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Se exhorta a todas las partes, con apoyo en el artículo 22, fracciones I y II, del multicitado acuerdo, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc), tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Con fundamento en el artículo sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. En otro orden, agréguese a los presentes autos el telegrama de cuenta, con el cual la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, rinde su informe justificado; por tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, póngase a la vista de las partes y hágase relación de éstos en la audiencia constitucional. Ahora bien, en virtud que la autoridad laboral no envió las constancias necesarias para integrar y resolver este juicio de amparo, en términos del ordinal 75 de la legislación invocada, se le requiere a la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, para que dentro del término de tres días computados a partir de su legal notificación, remita copia debidamente certificada de las constancias que integran el juicio laboral *******. Bajo el apercibimiento que de incumplir con lo anterior, dentro del término que se le concede, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), tomando en consideración que el valor de la medida y actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintiuno, es de $89.62 (ochenta y nueve pesos con 62/100 M.N.), de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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