René Vilchis Garduño y Otros.

Expediente 388/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 46 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
388/2020
Año
2020
Actuaciones
46
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • René Vilchis Garduño
  • René Vilchis Garduño y Otros.
  • María Fernanda Moreno Juana y Otros.
  • María Fernanda Moreno Juana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18, del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 18 del Acuerdo en comentario, el cuaderno principal y el incidente original permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurarán y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, devuélvanse a la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, los anexos que remitió como complemento a su informe justificado. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que la autoridad responsable, realizó en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso de treinta y uno de mayo de dos mil veinte, emitido en la carpeta administrativa 81/2020. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta y uno mayo de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que por una parte se sobresee y que por otra parte se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Rene Vilchis Garduño y María Fernanda Moreno Juana, para los siguientes efectos de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada. Señale día y hora para la celebración de la audiencia inicial (relativa a la calificación de detención, formulación de imputación y vinculación a proceso), en la cual deberá cerciorarse que la persona que designen los imputados ahora quejosos como su defensor, cuente con la calidad de licenciado en derecho, circunstancia que deberá constatarse con el auxiliar de sala, debiendo obrar dichas circunstancias en los registros de audio y video; y, Superado lo anterior, continúe con el procedimiento respectivo y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda tocante a la situación jurídica de los imputados. Así, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento; luego por acuerdos de catorce de octubre y diecisiete de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos dos oficios 1294/2021 y 3012080P02/1512/2021 (ambos con anexos), suscritos por la Juez de Control con Competencia en el Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, mediante los cuales, en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente sumario, informa que celebró la audiencia para dar cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo-Código Nacional celebrada en la causa de control 81/2020, a las nueve horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintiuno, se ratificó la detención de María Fernanda Moreno Juana y René Vilchis Garduño, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de robo con modificativa agravante de haber recaído sobre un vehículo automotor y sobre los bienes de las personas y que se utilizara en su ejecución la violencia ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción I, 290 fracción I inciso b) y fracción V, en relación con los artículos 6,7,8 fracción I y III y 11 fracción I, inciso d) del Código Penal del Estado de México, cometido en agravio del patrimonio de la víctima de iniciales S. G. S., la cual se hizo retroactiva a las ocho horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintiuno; asimismo, hace del conocimiento que en auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se dejó sin efecto la resolución reclamada, consistente en el auto de vinculación a proceso de treinta y uno de mayo de dos mil veinte, emitido en la carpeta administrativa 81/2020, lo anterior con efectos retroactivos al cinco de octubre de dos mil veintiuno. Ahora bien, la constancia remitida por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se han dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el ocurso de cuenta, mediante el cual, el Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, solicita se le informe el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa; en ese sentido, mediante oficio que derive del presente auto, infórmesele lo acordado en párrafos precedentes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan de autos, se aprecia que mediante proveídos de siete y catorce de octubre de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los oficios 1242/2021 y 1294/2021, remitidos por la Juez de Control con Competencia en el Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, a través de los cuales, con el primer comunicado informó que en inicial acatamiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional, celebró la audiencia para dar cumplimiento a ejecutoria de amparo-Código Nacional celebrada en la causa de control *** a las nueve horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintiuno, se ratificó la detención de *****, la cual se hizo retroactiva a las ocho horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintiuno; asimismo, se autorizó la duplicidad del plazo constitucional, el cual inició a las ocho horas con treinta minutos del cinco de octubre y feneció a las ocho horas con treinta minutos del once de octubre ambos de dos mil veintiuno; y se señalaron las doce horas del diez de octubre de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia de prórroga del plazo constitucional o continuación de audiencia de inicial. Asimismo, de la segunda misiva referida, hizo del conocimiento que el diez de octubre del año en curso, se celebró la audiencia de prórroga de plazo constitucional o continuación de la audiencia inicial-Código Nacional en la causa de control ***, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra de *****, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de robo con modificativa agravante de haber recaído sobre un vehículo automotor y sobre los bienes de las personas y que se utilizara en su ejecución la violencia ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción I, 290 fracción I inciso b) y fracción V, en relación con los artículos 6,7,8 fracción I y III y 11 fracción I, inciso d) del Código Penal del Estado de México, cometido en agravio del patrimonio de la víctima de iniciales ***** Ahora bien, en sentencia emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) Señale día y hora para la celebración de la audiencia inicial (relativa a la calificación de detención, formulación de imputación y vinculación a proceso), en la cual deberá cerciorarse que la persona que designen los imputados ahora quejosos como su defensor, cuente con la calidad de licenciado en derecho, circunstancia que deberá constatarse con el auxiliar de sala, debiendo obrar dichas circunstancias en los registros de audio y video; y, c) Superado lo anterior, continúe con el procedimiento respectivo y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda tocante a la situación jurídica de los imputados." Por lo que, de las constancias remitidas se obtiene que la autoridad responsable en los oficios remitidos a este órgano jurisdiccional, no se pronunció respecto del inciso a), así como de cerciorarse que la persona que designen los imputados ahora quejosos como su defensor, cuente con la calidad de licenciado en derecho, punto enunciado en el inciso b) de la ejecutoria de amparo dictada. En ese sentido, mediante oficio que se gire para tal efecto, requiérase a la Juez de Control con Competencia en el Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, para que en el plazo concedido en proveído de treinta de septiembre del año en curso, remita su informe respecto del total cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; así como, se remitirá el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para que siga el trámite de inejecución de sentencia que podrá terminar en la separación de su cargo y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Jefe de la Unidad de Atlacomulco de la Fiscalía General de Justicia, informa que el Lic. Pablo Alberto Lucas Trejo, Agente del Ministerio Público adscrito a esa Fiscalía Regional, acudió a la audiencia deducida de la carpeta administrativa **** ante el Juzgado de Control con Competencia en el Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; circunstancias de las que se toma conocimiento.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta; a través del cual el Servicio de Mensajería acelerada "Estafeta", devuelve la misiva 31085/2021 de la estadística de este Juzgado de Distrito, dirigida a la autoridad responsable "Pablo Alberto Lucas Trejo, Agente del Ministerio Público de Investigación Comisionado al H. Segundo turno de Atlacomulco del Centro de Justicia de Atlacomulco, Fiscalía Regional de Atlacomulco dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México", del cual se advierte en la etiqueta de visita y control marcado el recuadro de "D03 Envío rehusado por el destinatario" y la leyenda "Mal dirigido" (sic). En ese sentido, toda vez que del estado de autos se obtiene que dicha autoridad responsable se ha ordenado notificar a través del Fiscal Regional de Atlacomulco, en obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena su notificación a través de esta última; por tanto, mediante oficio que para tal efecto se gire al Fiscal Regional de Atlacomulco, se ordena adjuntar la comunicación de cuenta para que la autoridad responsable aludida tenga conocimiento del proveído de treinta de septiembre del año que transcurre.

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