René Vergara Flores
Expediente 293/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Todas las Partes
- René Vergara Flores
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de esta fecha, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículos 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente recurriera el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el diecisiete de mayo de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, se deja a disposición de la parte promovente, el anexo de su escrito de demanda, para que acuda por el mismo, con el cual se formó un cuaderno de pruebas; con el apercibimiento que, de no hacerlo en el término de noventa días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, seguirá la suerte del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora, debido a las medidas preventivas en relación a la materia de salubridad general para combatir el virus SARS-CoV2 (COVID-19), determinadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020, 8/2020, 13/2020 y 18/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron diversos lineamientos para las actuaciones judiciales, para así expedirse una impartición de justicia pronta y expedita en los juicios tramitados durante el periodo de suspensión de acuerdo al catálogo de tipo de asuntos a tramitarse que se fue ampliando, así como los juicios promovidos en línea. En el Acuerdo General 21/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, se determinó la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por dicho virus, abandonando las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda los plazos y términos procesales, y reactiva la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. En ese orden, para efectos de recibir los documentos que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, ella o sus autorizados, deberán ajustarse a los lineamientos establecidos este último acuerdo general, por lo que para acudir a este Juzgado de Distrito, deberán entrar al micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas, disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan a este juzgado, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 19 DE MAYO DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Vista la certificación de esta fecha, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículos 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente recurriera el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el diecisiete de mayo de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, se deja a disposición de la parte promovente, el anexo de su escrito de demanda, para que acuda por el mismo, con el cual se formó un cuaderno de pruebas; con el apercibimiento que, de no hacerlo en el término de noventa días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, seguirá la suerte del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora, debido a las medidas preventivas en relación a la materia de salubridad general para combatir el virus SARS-CoV2 (COVID-19), determinadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020, 8/2020, 13/2020 y 18/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron diversos lineamientos para las actuaciones judiciales, para así expedirse una impartición de justicia pronta y expedita en los juicios tramitados durante el periodo de suspensión de acuerdo al catálogo de tipo de asuntos a tramitarse que se fue ampliando, así como los juicios promovidos en línea. En el Acuerdo General 21/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, se determinó la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por dicho virus, abandonando las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda los plazos y términos procesales, y reactiva la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. En ese orden, para efectos de recibir los documentos que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, ella o sus autorizados, deberán ajustarse a los lineamientos establecidos este último acuerdo general, por lo que para acudir a este Juzgado de Distrito, deberán entrar al micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas, disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan a este juzgado, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Atento a su contenido y visto el estado de autos en el presente asunto, se advierte que mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a Miriam Díaz Rendón, representante de la moral quejosa, desistiéndose del recurso de revisión interpuesto en autos, por lo que este órgano jurisdiccional ordenó remitir el escrito original (registro 14434) al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que tuviera lugar. Asimismo, mediante acuerdo de dieciocho de noviembre se tuvo al actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, informando que tuvo por recibido el escrito original de desistimiento del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto por parte de la representante de la moral quejosa, encontrándose pendiente la ratificación del mismo dentro del expediente amparo en revisión 362/2021 de su índice. Por otro lado, por auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la Superioridad informando la ratificación del escrito de desistimiento de referencia por parte de la representante de la moral quejosa. Finalmente, por auto de catorce de enero de la presente anualidad, se tuvo al Tribunal Colegiado de mérito, informando que causó estado el diverso de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el amparo en revisión 362/2021 de su índice, mediante el cual se tuvo por desistida a la parte quejosa del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, remitiendo los autos del juicio de amparo en que se actúa. En tales condiciones, tal y como lo solicita el señor Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, acúsese recibo de estilo del oficio 100/2022 de siete de enero de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar en el expediente 362/2021 de su estadística. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 31 DE MARZO DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Vista la demanda presentada por René Vergara Flores, por propio derecho, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 293/2022-I, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO: Ahora, previamente a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, es necesario invocar el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del precepto de mérito se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193379, que dice: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En este contexto, de la demanda se observa que se reclamado lo siguiente: ".. el ilegal auto de fecha NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, en la cual omite en dar curso a la apelación presentada el día DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, la cual fue ingresada en tiempo y forma ante el Juzgado Décimo de primera Instancia Especializado en Materia Familiar, ya que se pretendía apelar el auto de ONCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, en el cual se celebró al (sic) audiencia prevista por el articulo 221 del Código de Procedimientos Civiles, la cual fue notificada al suscrito en un domicilio erróneo, situación que no fue subsanada, violentando los derechos a audiencia del suscrito ya que no fue llamado a desahogar la prueba confesional tal y como se ordena en el auto VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, siendo declarado el suscrito como confeso de dicha probanza, situación por la cual se turnó ilegalmente a resolver ya que se tomaron como recibidas todas las pruebas, situación que no se tomó en cuenta por parte del suscrito y como tal pudo haber provocado un daño irreparable en la defensa del suscrito y a su vez cambiado el sentido de la Sentencia dictada en fecha DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS." DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. En el caso concreto se estima, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instaura: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan,." Como puede advertirse, el señalado motivo de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta evidente que a éste sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en ello estriba precisamente el aludido principio. En ese orden de ideas, de los dispositivos transcritos se constata que para que se actualice tal causa de improcedencia, se deben actualizar diversas hipótesis, a saber: a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas, la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Además, se deduce que: a) No existe obligación de agotar tales medios de defensa, cuando el juicio de amparo sea promovido por persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. b) No existe obligación de agotar dichos recursos, si el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Ahora bien, el promovente reclama el auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, cuyo contenido literal se transcribe en la demanda, a saber: "VISTO el escrito con el que da cuenta la Secretaría de este Juzgado, y agréguese a los autos, sin que haya lugar a dar curso al Recurso de apelación interpuesto, al no ser el Recurso idóneo, toda vez que en autos ya obra sentencia y la misma tuvo que haberla combatido en tiempo y forma." Es decir, el acto reclamado se traduce en la negativa o denegación de tramitar el recurso de apelación presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, por el cual el quejoso pretendía apelar el auto de once de febrero de este año. En ese sentido, en contra de esa decisión procedía el recurso de queja previsto como medio ordinario de defensa previsto en la fracción III del artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece: El recurso de queja tiene lugar: . III. Contra la denegación de apelación; Entonces, si se reclama un auto dictado por el cual el Juez responsable no admite o deniega tramitar el recurso de apelación, y el promovente omitió agotar ese recurso ordinario, antes de acudir a esta instancia, se concluye que no cumplió con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, dado que a través de dicho medio de impugnación tuvo oportunidad de que se modificara, revocara o nulificara el auto reclamado, por ende se configura la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Sin que se presente alguna excepción señalada en dicha fracción, dado que la parte quejosa no se ostenta como persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados; y el acto no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; no se trata de un auto de vinculación a proceso; y la procedencia del recurso o medio de defensa se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. No pasa desapercibido para el que suscribe la tesis VII.1o.C.4 C (10a.), visible en la página 2695, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2001997, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIA LA INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN, EN CONTRA DEL AUTO DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENERLO POR AGOTADO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ)."; que en lo conducente señala: ".por idéntica razón, la resolución de la Sala responsable que rechaza el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia definitiva en juicios civiles, no necesita ser reclamada mediante el recurso de queja por denegada apelación contenido en el referido artículo 525, fracción III, para tener por satisfecho el principio de definitividad, previsto en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, atento a que en su trámite no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente." Sin embargo, el criterio en comento ya no resulta aplicable en la actualidad porque partía de la premisa de que en el trámite del recurso de queja no se preveía la participación de la parte contraria al recurrente antes de resolver; empero, con la reforma al artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, publicada el 8 de enero de 2016 en la Gaceta Oficial del Estado, ya se introdujo la intervención del contrario en forma previa a su resolución, otorgándole la posibilidad para que dentro del término de dos días, manifieste lo que a sus intereses convenga y señale constancias para su substanciación en segunda instancia; de ahí que la materia de la queja por denegada apelación atiende ahora a los argumentos de ambas partes, por lo que la eficacia del recurso ya no resulta limitada de origen, y en esa tesitura la resolución que se dicte en la sentencia que resuelva la queja por denegada apelación se torna de tramitación necesaria para los efectos de agotar el principio de definitividad. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113, de esa ley, se desecha de plano la demanda. Cabe precisar que el que suscribe no desconoce la reforma constitucional que integró el principio pro persona consagrado en el artículo 1º de la Norma Fundamental en el país, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once; sin embargo, ello no significa que se soslayen los requisitos de procedencia previstos por la legislación que rige el juicio de amparo, lo anterior, debido a que las formalidades procesales son la vía que hace posible un correcto procedimiento que derive en una adecuada resolución; esto es, el estado de vulnerabilidad que pudiera presentar un quejoso no es obstáculo para ignorar las reglas y principios que rigen el juicio de control constitucional. En ese sentido, al operar la hipótesis de improcedencia abordada, no es factible que deba resolverse conforme con las pretensiones de la impetrante de derechos humanos, ya que previamente al análisis de fondo de la cuestión planteada deben observarse las reglas procesales de la institución del amparo; ello, en virtud que en todo proceso o procedimiento existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, como son las formalidades previstas por ley que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas, aun cuando el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. El hecho que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales y presupuestos necesarios para su procedencia -como en el caso particular-, no se estima que se vulnere en contra de la accionante su derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, como lo es el amparo, ya que puede acudir ante la autoridad judicial responsable para reclamar sus pretensiones. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª,) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 487, Libro 3, correspondiente al mes de febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Décima Época, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la jurisprudencia 1ª./J. 104/2013 (10ª.), sustentada por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, Libro XXV, correspondiente al mes de octubre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." DOMICILIO, AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Diego Roldán Cruz, pues acredita estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las restantes personas, por así haberlo solicitado la parte quejosa. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las demás partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES Dígasele a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelve(n) el(los) oficio(s) con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlo(s) a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) destinataria(s) por inexistencia de la(s) misma(s), se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella(s), y en su oportunidad se tendrá(n) por inexistente(s), lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de la(s) autoridad(es) en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los secretarios adscritos a este del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios derivados de este asunto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes
- Rene Luna González331/2018
- Rene Luna Gonzalez575/2019
- Rene Manuel Olivares Perez707/2022
- Rene Miguel de la Garza Aviña244/2018
- Rene Naranjo Enriquez562/2019
- Rene Pérez Avella Villa986/2010
- René Vergara Flores1237/2021
- Rey Calleja Trigos957/2019
- Rey Zaria Yépez688/2023
- Reyaldo Tostado Espejo1278/2021
- Reyes Coello Enriquez722/2023
- Reyes Martínez Hernández401/2018