Rene Velázquez Díaz

Expediente 933/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
933/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Rene Velázquez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado de distrito. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el expediente como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso J), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptibles de destrucción, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia; por tanto, carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y en atención a su contenido, se ordena agregar únicamente para que obre como corresponda el escrito firmado por el apoderado legal de la parte quejosa, toda vez que en auto emitido el cuatro de diciembre de dos mil vente, este juzgado federal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto en razón de que era competencia del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. Por tal motivo, previa copia que se obtenga del escrito que se atiende para que obre en autos, se ordena remitir dicho ocurso al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por ser el órgano jurisdiccional que acusó la incompetencia planteada por este juzgado y que registro bajo el número 604/2020 de ese índice, a efecto de que provea lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda promovida por **********, apoderado legal del quejoso Rene Velázquez Díaz -circunstancia que acredita con el testimonio del instrumento notarial número 66,902- regístrese bajo el número 933/2020-IV. Autoridades responsables Juez Sexto Familiar de Toluca Estado de México. Acto reclamado Acuerdo de diez de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 712/2020, mediante el cual ilegalmente la autoridad responsable da por terminado el Procedimiento Especial de Divorcio Incausado solicitado por la parte quejosa. Incompetencia Del análisis de la demanda se obtiene que el acto reclamado lo constituye el acuerdo emitido el diez de noviembre de dos mil veinte, en autos del expediente 712/2020 de la estadística de la responsable, relativo al Procedimiento de Divorcio Incausado, en el que ante la inasistencia de la parte quejosa y de su cónyuge en la audiencia de avenencia se dio por concluido dicho procedimiento y se ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. En ese sentido, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de grado; en virtud de que en términos de lo dispuesto en los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, el competente para conocer de la misma es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. En efecto, tales preceptos normativos establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" .Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley.". .Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el Artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Por tanto, atendiendo a la Ley de Amparo, específicamente al contenido de su artículo 170, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal, son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio, estas últimas (resoluciones que culminan con el procedimiento), son todas aquellas determinaciones que se dan después de presentada la demanda, momento que para efectos estrictamente del juicio de amparo, se considera da fin al juicio, y que en el caso concreto. Ahora, en el caso se advierte que el acuerdo emitido el diez de noviembre de dos mil veinte, en autos del expediente 712/2020 de la estadística de la responsable, relativo al Procedimiento de Divorcio Incausado, en el que ante la inasistencia de la parte quejosa y de su cónyuge en la audiencia de avenencia se dio por concluido dicho procedimiento y se ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, se trata de una resolución que pone fin al juicio de origen sin haber entrado al fondo del asunto. Por ello, al tratarse de un procedimiento de divorcio incausado es menester hacer un breve análisis del acto reclamado y de las reglas del procedimiento referentes a éste; se explica: 1. El procedimiento de divorcio incausado inicia con la petición realizada por una de las partes ante la autoridad jurisdiccional, la cual estará sustentada con la voluntad de no querer continuar con el vínculo matrimonial -y en la cual no es necesario expresar causa o motivo- misma que deberá estar acompañada de una propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución de dicho vínculo. 2. Posteriormente, presentada la solicitud, en caso de no existir prevención alguna, el juez admitirá a trámite la petición, dando vista al otro cónyuge y, proveerá sobre las medidas precautorias solicitadas y señalará día y hora para una audiencia de avenencia que tendrá verificativo después de nueve y antes de quince días, contados a partir de la notificación del propio auto. 3. Los cónyuges comparecerán personalmente a la audiencia de avenencia; sin embargo, de no ser así y sin causa justificada, uno o ambos cónyuges no asistan a la audiencia, se declarará concluido el procedimiento. En ese sentido, se trata de una determinación de carácter definitivo, porque el artículo 2.281, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece que ante la inasistencia de uno o ambos cónyuges a la audiencia de avenencia sin causa justificada, se declarará concluido el procedimiento. Por las razones que lo integran, es aplicable a lo anterior, por similitud jurídica la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito con registro 2018308, tesis II.2o.C.20 C(10a.), visible en la página 2220, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. BASTA LA INASISTENCIA DE UNO DE LOS CÓNYUGES A LA JUNTA DE AVENIMIENTO, PARA QUE SE DÉ POR TERMINADA LA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). Como la falta de asistencia de los cónyuges a la junta de avenimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 579 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila, tiene como sanción la de que "... se dará por terminada la instancia.", es inconcuso que cualquier incomparecencia de uno de los cónyuges o la de ambos a la celebración de esa junta ocasiona la terminación de la instancia y, por consiguiente, el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. De ahí que resulte inconducente que el Juez de primera instancia emita citatorio con el apercibimiento de que de no comparecer a la celebración de la junta, se celebrará aun sin su asistencia, pues ninguna disposición faculta al juzgador de primera instancia para actuar de esa manera; ante todo cuando la característica que distingue al divorcio por mutuo consentimiento del divorcio necesario es, precisamente, que los cónyuges acuden de común acuerdo a tramitar en forma voluntaria la disolución del vínculo matrimonial. De tal suerte que si en la especie alguno de ellos no comparece a la celebración de la junta de avenimiento, entonces lo procedente es dar por terminada la instancia, porque tácitamente ha externado su deseo de no proseguir con la tramitación del divorcio en esa vía." Precisado lo anterior, se obtiene que la resolución dictada, que aquí se combate sí pone fin al juicio -no obstante de no haber estudiado a fondo el mismo-, ya que es la última resolución dictada en el juicio de origen, por esa razón, lo que procede en su contra es el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Por las razones que lo integran, sostiene a lo anterior, la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito con registro 2020245, tesis VI.2o.C.75 C (10a.), visible en la página 2114, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DIVORCIO INCAUSADO O SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE LA SENTENCIA DEFINITIVA, ES AQUELLA QUE RESUELVA EL ÚLTIMO TEMA PENDIENTE EN ESE PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL. El divorcio incausado o sin expresión de causa en el Estado de Puebla, comienza con la petición ante la autoridad jurisdiccional, sustentada en la manifestación de voluntad de no querer continuar con el vínculo matrimonial, sin que sea necesario expresar causa o motivo. Esta solicitud debe ser acompañada de una propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, como la guarda y custodia; el régimen de visitas y convivencias; los alimentos; la división de bienes y, en su caso, la compensación, si es que ha lugar a decretarla. Por otro lado, lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 135/2011, en relación con este tema, tomando como objeto de análisis la legislación de la Ciudad de México, cuyas disposiciones normativas son esencialmente similares en su contenido y alcance a las del Estado de Puebla, permite concluir que lo resuelto en aquella ejecutoria, es aplicable a esta entidad federativa. Por tanto, al resolver sobre un divorcio sin expresión de causa, pueden presentarse tantos incidentes como cuestiones deban resolverse, por lo que para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, la última resolución que constituirá la sentencia definitiva, será la que resuelva el último tema pendiente en ese procedimiento jurisdiccional, por lo que todas aquellas dictadas previamente, que resuelvan cada una de las cuestiones del convenio, inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, serán impugnables en la vía indirecta, al no ser la resolución definitiva que ponga fin al juicio." Por tales motivos, este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee; en consecuencia, envíese al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, solicitando de manera atenta el acuse de recibo correspondiente Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Apoderado legal de la parte quejosa proporciona correo electrónico para oír y recibir notificaciones Respecto al correo electrónico que se proporciona, con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente para establecer contacto, cuando este órgano jurisdiccional lo estime conveniente. Sin que lo anterior se establezca como un medio de notificación en lo que toca al presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Transparencia Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Digitalización En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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