Rene Vazquez Contreras
Expediente 554/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 554/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rene Vazquez Contreras
- RENE VAZQUEZ CONTRERAS y Otros.
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DEL RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio número 6809/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, a través del cual adjunta testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 192/2021, en la que se declaró infundado el citado medio de impugnación, interpuesto en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN SU LUGAR DE RECLUSION.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número 5900/2021, firmado en forma electrónica por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 21326/2021, por el que se remitió el original de la constancia de notificación por medio de la cual la parte quejosa interpuso recurso de queja y los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, para la substanciación del recurso hecho valer por la parte quejosa, contra el proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, el cual fue radicado y admitido como recurso de queja 192/2021, de su índice, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de octubre de dos mil veintiuno. NOTIFICACIÓN. Vista la notificación de ocho de octubre dos mil veintiuno, realizada por el actuario de la adscripción (Juan Alfredo Jiménez Vera), se advierte que al momento de la notificación del auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, el quejoso en cuanto a representante de la parte quejosa manifestó, lo siguiente: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja hecho valer en contra del proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se determinó desechar la demanda, por los motivos ahí expuestos. Por lo anterior, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja; sin que sea necesario requerir a las partes a fin de que señalen constancias que deberán remitirse al Tribunal, en virtud de que se envía el original del juicio en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes; previa formación del cuaderno de antecedentes, remítanse al Tribunal Colegiado que corresponda, el juicio, original y copia de la notificación de que se trata. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de octubre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por los quejosos que se enlistan a continuación, por su propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo y otras autoridades. David Alfonso Llanos Vergara Rene Vázquez Contreras Ezequiel Balbas Macedo Flaviano Quintero Mendoza Omar Gómez Peñaloza Ramón Solano Rubio Norberto Orozco Navarro Eduardo Moisés Martínez Pacheco J. Marcos Herrera Ramos José Francisco Ramírez Salas José Antonio Segoviano González Enrique Landeros Sánchez Blas Rodríguez Brillo Alan Rodríguez Muñoz Emmanuel López Razo Idemar Ramírez Martínez Guillermo Curiel Morfín Noé Ponce Francisco Adán Bistrain Cruz Francisco Javier Venegas Ramírez Vladimir Torres Muñoz López (ilegible) Antonio Roberto Rodríguez Olayo José Luis Muro Mendoza Hermenegildo Cruz Adame David Osvaldo Linares Morales Alberto Vera Lara Marco Antonio Ortega Hernández Carlos Yeshua Delgadillo Cuevas Sebastián Palacios Pasión Aparicio Cayetano Arnold Celerino Tapia Contreras Antonio Tabares Lenus Uriel Ortiz Olais Gamaliel Sánchez Chávez Ángeles Delgado Miguel Antonio Torres Hernández Juan Manuel Castro Medina Jobany Beltrán Hernández Elizondo Franco Jorge Valente Misael Román Palacios Ubaldo Rojas Rodríguez Eduardo Figueroa Ramos Mena Pardiño Trinidad Carlos Alberto Vázquez Nava Carlos Moreno Vázquez Fredy Martínez Gutiérrez Cardona Espinosa Sergio Carlos José Herrera Antúnez Emmanuel Martínez Montiel Jorge Antonio Hernández Méndez José Eduardo Cervantes Serafín Jesús Hilario Hernández Romero Edgar Ulises Alcántar Sepúlveda Cristo Rey Reyes Lozano Santiago Jiménez Alejo Zavala Sánchez Luis Edson Rodríguez Acosta Porfirio Víctor Hugo Vázquez Lara Carlos Velázquez Galindo Gerardo Ávila Álvarez López Rodríguez Luis Alberto Camacho Mata Giovanny Mario Alberto Vázquez Romero D. Daniel Martínez Hernández Daniel Alejandro Castañeda Sánchez Mario Alejandro Calvo Cuellar Benito López Ramírez Omar Hernández Valencia Heriberto Ramos González Norberto González Hernández Murillo Peñaloza Marcos Daniel José Manuel Hernández Hernández Alonso Velarde Lizarraga Leonel Zamora Urbano Manuel Cota Yamamoto González Torres Eduardo Caro Figueroa Juan Pablo Mejía Serna Gil Álvarez Alcauter Ignacio Arturo Kabayashi Hernández Torres Martínez Martínez Ángel Torres Rodríguez Carlos Ulises Murillo Mapiscan Jonathan Isaac García Zaragoza Duque Edgar Lorenzo Luis Miguel Quintero Cisneros Felipe Guzmán Hernández Fauztino Zamora Guzmán Erick Salvador Cabanillas Robles Ángel de Jesús Cazango Torres Rodolfo Romero Cervantes Rafael Salgado Contreras Misael Vidal Zamudio Emilio Ovet Palacios Andrade Octavio Almanza Morales Cortez Solano Víctor Daniel Herrera Sánchez Mario León González Álvaro Osorio Ozuna Óscar Cárdenas Miguel Mariscal Alcaraz Gutiérrez Rodríguez Juan Pablo Juan Carlos Luna Ramírez Raúl Junios Hernández González Luis Enrique Pacheco Hernández Jorge Zavaleta Cruz Miguel ángel Barajas Sánchez Adrián Reyes Hernández Víctor Ramos Oyibez Alejandro Correa Vega David Herrera Sánchez Armando Muñoz Sánchez José Luis Reyes López Moisés Chacón Vargas Rubén Beltrán León Gerardo Balbas Macedo. Edgar Alan Robles Amaya Víctor Manuel Ruiz León Miguel Ángel Reyes Z. Rojo Félix Nelson Guadalupe Edgar Omar Aguirre Mtz. Luis Gilberto Pulido Macías Ileón García Méndez Mauricio Enrique Benítez Zavaleta López Yepiz Erick Felipe García Flores Andrés Garza Mendoza Juan Ramón Alonzo García García Armando Orana Miramontes González Lugo Ramses Alejandro García Correa Jorge Arturo Mendoza Sandoval Carlos Alejandro Víctor Manuel Álvarez Soto Jesús Antonio Hernández Villanueva Edgar Alfonso Guerrero Trillo Burgos Salazar José Luis González Escorcia Mauro José Fernández Cobarrubias Navarrete Gutiérrez Carlos García Arciga Marcos Castro Castro José Mercedes Díaz Hdz Aarón García Galván Erasmo Genaro Gutiérrez Álvarez Maximino Rojas Rodríguez Cruz Hermida Abel Cristóbal García Estrada Demetrio de la Luz Rosales José Luis Méndez González José Roberto Equihua Equihua Fco. Javier Trinidad Maldonado Vargas Valdez Constantino Jessy Cabral Orana Alain Escutia Ruiz Fortino Cuevas Ramírez REPRESENTANTE COMÚN. Toda vez que del escrito de demanda, no se advierte que los promoventes hubiesen designado de entre ellos representante común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa con ese carácter al primero de los nombrados en su ocurso, esto es, a David Alfonso Llanos Vergara, sin perjuicio de que los promoventes lo sustituyan por otro. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en su oportunidad fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 554/2021-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 921 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, del análisis sistemático demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: les Reclamo a las autoridades ya señaladas, La denegación de suministrar la vacuna contra el covid-19 (primera dosis), y las secuentes según la Región" (sic). ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En el caso concreto, y apreciado íntegramente l libelo de derechos humanos, este Juzgado Constitucional determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: ... Principio de definitividad que la parte quejosa debió observar en contra los actos reclamados consistentes en la negativa de las autoridades responsables de suministrar la vacuna contra el covid-19 (primera dosis), y las subsecuentes según la Región, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Esto es así, porque dicha Ley Nacional Ejecutiva Penal en su precepto 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a la aplicación de la vacuna de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. La peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo son la negativa de las autoridades responsables de suministrarles la vacuna contra el covid-19 (primera dosis), y las subsecuentes según la Región en el lugar donde se encuentran recluidos, ya sean urgentes o no; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Corolario, si los ocursantes acuden en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde están internos, mismos que se vinculan con la negativa de las autoridades responsables de suministrarles la vacuna contra el covid-19 (primera dosis), y las subsecuentes según la Región, resulta inconcuso aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que los promoventes no cumplieron con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debieron acudir ante el juez de la causa o ejecución para plantear su petición; y de tratarse de suministrarles la vacuna contra el covid-19 (primera dosis), y las subsecuentes según la Región, debieron acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serles favorable o no se les responda, plantear la controversia ante el Juez de la causa o ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, resulta desechar la demanda que originó el presente juicio de amparo; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocado no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. Sin que obstaculice la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa refiera que los internos del mencionado centro de reclusión se encuentran en estado de vulnerabilidad, toda vez que el personal que labora en dicho centro penitenciario, sale y entra del centro federal y tienen contacto con el exterior, toda vez que del propio acto reclamado y los conceptos de violación expuestos, se desprende que sus peticiones van encaminadas a la aplicación de la vacuna contra el covid-19 (primera dosis). Tienen aplicación al caso, los criterios siguientes: ... No se pasa de inadvertido para esta resolutora que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna de la excepción al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, veamos el porqué. Esto es así, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de la causa o ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de que se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para desechar en este juicio, en los términos anotados. De igual forma, cabe destacar que a la fecha, no obstante de la situación que atraviesa el país debido a la pandemia originada por el virus Sars-Cov2, los Juzgados de ejecución se encuentran laborando ordinariamente a fin de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de la libertad. Corolario, tampoco obstaculiza esta determinación, la circunstancia que los quejosos hayan solicitado la suspensión de oficio y de plano en virtud, veamos el porqué: En principio es necesario definir si se actualiza el supuesto de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo para resolver la medida cautelar de plano, como solicitó la parte quejosa. De conformidad con los artículos 125, 127 y 128 de la Ley de Amparo, dicha medida cautelar, por regla general, se concede mediante la sustanciación del incidente correspondiente, ya sea que su apertura se ordene de oficio o a petición de parte No obstante, en términos del diverso 126 de la Ley de Amparo, los juzgadores se encuentran facultados para intervenir de oficio y otorgar la suspensión de plano y de oficio a los promoventes, sin la necesidad de abrir el incidente relativo, en los supuestos específicamente delimitados por el legislador, cuyas consecuencias permearán hasta la emisión de la sentencia correspondiente. Concretamente, esa atribución tiene lugar cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Como se evidencia, el legislador circunscribió las hipótesis en que el juez de distrito se encuentra conminado a otorgar la suspensión de plano, lo que cobra sentido si se considera que la sustracción de los derechos que tales supuestos tutelan podría generar un perjuicio cuya reparación podría resultar imposible, lo que habilita la inmediata intervención del juzgador. En ese contexto, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, el juez de distrito proveerá la medida cautelar de oficio y de plano solamente cuando advierta que las consecuencias inminentes de los actos reclamados pueden generar el peligro de privación de la vida o de la libertad personal de los gobernados. En la especie, y como se ha narrado, la parte quejosa reclama, en esencia, la negativa de suministrarles la vacuna contra el covid-19 (primera dosis), y las subsecuentes según la Región, al considerar que contravienen sus derechos a la salud y a la vida, y le confieren un trato discriminatorio respecto de otros grupos de personas, al no estar comprendida para la aplicación de la vacuna. Ahora, si se toma en consideración que, acorde con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, una vacuna es un preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta de defensa, resulta que su aplicación constituye un mecanismo preventivo del contagio del virus multicitado; de ahí que las consecuencias de su falta de aplicación solo podrían tener por efecto no acceder a un beneficio clínico. En ese contexto no se satisface alguno de los supuestos contenidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo que permita el trámite de la suspensión de plano, toda vez que el único impacto posible que pudieran tener los actos reclamados es no contar, durante la implementación de la Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México, la cual se encuentra en curso, con un beneficio clínico que podría aminorar la transmisión del virus o sus consecuencias, sin que ello se pueda considerar un peligro inminente relacionado con la privación de la vida de los quejosos. Aun cuando no se desconoce la situación sanitaria que impera en el país, lo cierto es que la posibilidad que existe de contraer el virus SARS-CoV2 no conlleva indefectiblemente a la pérdida de la vida y, por tanto, como se indicó, no se actualiza alguno de los supuestos contenidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Máxime que del análisis del contenido del escrito inicial de demanda, la parte quejosa no manifiesta pertenecer algún grupo de vulnerabilidad el cual ponga en riesgo su vida. Finalmente, lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018. Consecuentemente, al actualizarse las causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovido por: ... USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: .. Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para los impetrantes de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: ... SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas les han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. REQUIERE DESIGNACIÓN. Por otra parte, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase vía electrónica al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal, con sede en Morelia, Michoacán, para que en el término de tres días contados a partir de que reciba el oficio de notificación del presente proveído (al que deberá adjuntarse copia simple de la demanda de amparo), designe un Defensor Público Federal para que asista en este asunto a los quejosos que se enlistan a continuación. ... DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el lugar de su reclusión, esto es, las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN QUEJOSO. Toda vez que el representante común de la parte quejosa David Alfonso Llanos Vergara, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en el referido Centro de Reclusión y realice lo siguiente: Le notifique personalmente al quejoso David Alfonso Llanos Vergara, en cuanto representante común de la parte quejosa, la presente resolución, debiéndole entregar copia de la misma. En el entendido que la salida y retorno del fedatario comisionado deberá ser en el mismo día; por tanto, con fundamento en el numeral 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo anterior, hágase del conocimiento a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales a que haya lugar. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen en su totalidad las labores presenciales en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo; y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA... FIRMA ELECTRÓNICA. .. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DE QUE SE TRATA.
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