Rene Valencia Alvarez

Expediente 390/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
390/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Rene Valencia Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual comunica que por auto de catorce de julio del presente año, se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, al aceptar la competencia planteada por este juzgado; agréguese para que surta sus efectos legales conducentes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 19, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que se trata de un asunto referente a un cuaderno de antecedentes, derivado del auto de siete de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, mientras que, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, aceptó la competencia planteada, avocándose al conocimiento del presente juicio de amparo. En consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de seis meses contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 19, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos de los que se advierte que a la fecha no se tiene noticia si el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán, aceptó la competencia planteada por este juzgado, en auto de siete de julio de dos mil veintitrés; por tanto solicítese a dicho juzgado, para que informe a este órgano de control constitucional, lo antes citado, para estar en condiciones de proveer lo correspondiente en el presente cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese la papeleta que remite por correo electrónico la Oficialía de Partes de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante la cual adjunta copia de la boleta y comunica que turnó el expediente 390/2023-5B, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, siete de julio dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos, de los que se advierte que el acto reclamado es: ". La omisión en que se encuentra al no resolver hasta la fecha el juicio laboral con expediente número 225/2021, que se originó con motivo de la demanda presentada por la parte quejosa en contra del tercero interesado. . También se reclama la falta de notificación del laudo que sea dictado en juicio laboral con expediente número 225/2021, de conformidad con los artículos 742, 743 y 751 de la Ley Federal del Trabajo. ." Ahora, el citado acto se le reclama a la siguiente autoridad: ". III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridad responsable, a LA H. JUNTA ESPECIAL NO. 35 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARTIBRAJE." La citada autoridad tiene su domicilio en Culiacán, Sinaloa. Finalmente, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, al sostener que hasta la presente fecha no se ha dictado laudo en el expediente laboral 225/2021. Atento lo anterior, este Juzgador, estima que el competente para seguir conociendo del presente juicio de amparo y a quien, por lo tanto, deberán remitirse los autos a fin de que se avoque a su resolución, es el Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en turno. Ahora, para determinar la competencia territorial, es necesario recurrir a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El dispositivo trascrito establece tres criterios generales para determinar la competencia del juez al que corresponde, territorialmente, conocer del juicio de amparo de que se trate, a saber: a) atendiendo a si éste debe tener ejecución; b) considerando si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; y c) tomando en cuenta si el acto reclamado no requiere ejecución material. En la especie, el reclamo se relaciona con la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 225/2021, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. En esas condiciones, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, por razón territorial, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde se despliega el proceso laboral del actor, aquí quejoso, y no así el del lugar donde reside éste, pues ello puede estar determinado por aspectos incluso de cuestiones personales o de trabajo, de modo que puede ocurrir que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre residiendo el quejoso y posteriormente se traslade a otro lugar. De ahí que no sea el lugar de residencia del quejoso el que determine la jurisdicción rectora, cuenta habida de que es una omisión que tiene ejecución material ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona a recibir justicia de manera pronta y expedita que se contiene en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que no se señala alguna autoridad responsable con residencia en el ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. La conclusión antes señala, encuentra sustento, de forma analógica, en lo discutido y aprobado en la sesión pública ordinaria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el miércoles tres de mayo de dos mil veintitrés, en la que estableció que el acto negativo consistente en la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material; por lo que el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto así como las omisiones derivados del mismo será aquel que tenga residencia en el lugar de la junta laboral que debe emitir el laudo respectivo, como en el caso acontece. La determinación antes precisada se advierte de la versión informativa y síntesis que se obtuvo de la página en internet con la siguiente liga ATAQ-03-05-2023.pdf (scjn.gob.mx) cuyo extracto se visualiza de la siguiente manera: ". SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SEGUNDA SALA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 3 DE MAYO DE 2023. ASISTENCIA: PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO: ALBERTO PÉREZ DAYÁN SEÑORA MINISTRA Y SEÑORES MINISTROS: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA LUIS MARÍA AGUILAR MORALES JAVIER LAYNEZ POTISEK LORETTA ORTIZ AHLF ASUNTO NÚMERO 20 CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 1/2023 El proyecto propone: PRIMERO. EXISTE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS DENUNCIADA. SEGUNDO. DEBE PREVALECER CON CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA EL CRITERIO SUSTENTADO POR ESTA SEGUNDA SALA. TERCERO. PUBLÍQUESE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA QUE SE SUSTENTA EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 219 Y 220 DE LA LEY DE AMPARO. NOTIFÍQUESE; "." Se informa que el criterio que en su oportunidad será aprobado, se orienta en el sentido de que la omisión del dictado del laudo si tiene ejecución material, por lo que el juez de distrito, competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la junta laboral que debe emitir el laudo respectivo." Lo antes dicho, y que se obtuvo de la página oficial del Máximo Tribunal del país, constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo antes dicho, la jurisprudencia 2ª./J.27/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 117, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, correspondiente al mes de julio de 1997, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial." Finalmente, en cuanto al tema de incompetencia aquí planteado, también sirve de sustento, aplicada por analogía, la jurisprudencia 1ª./J.24/2021, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1873, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, correspondiente al mes de septiembre de 2021, Tomo II, Undécima Época, con el rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." Se insiste, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, por razón territorial, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar de radicación del expediente laboral, en observancia de la regla competencial prevista en el párrafo primero del citado artículo 37, que se reproduce en el inciso a) de anterior relación; esto es, atento al lugar dónde trata de ejecutarse, se ejecute o se ejecutó el acto impugnado, esto es, al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en turno, dado que el dictado del laudo en el expediente 225/2021, se ejecutarán en dicha ciudad capital, de ahí que, debe observarse la regla competencial prevista en el párrafo primero del citado artículo 37 antes transcrito. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que fue reformado por el diverso Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, el suscrito Juzgador de Distrito considera que carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo por razón del territorio. En consecuencia, se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Amparo.

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