Rene Urrutia Yepez

Expediente 319/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
319/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Rene Urrutia Yepez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual devuelve este expediente, dos tomos y remite testimonio de la resolución donde confirmó la sentencia que sobreseyó el asunto. Acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se sobreseyó el asunto. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el tomo entregado, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el medio de impugnación interpuesto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia; remítase el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el escrito de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 319/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México..., asistido de..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la parte quejosa los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver el juicio de amparo 319/2023, promovido por ..., contra actos de la Octava Sala y Juez Séptimo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, el accionante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo que se violentaron en su perjuicio los artículos 14, 16 y 27 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. La demanda se turnó a este órgano federal, donde se admitió el veintisiete del mismo mes y año. En ese acuerdo se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió los informes justificados y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Las autoridades rindieron sus informes, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. El suscrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V de la ley de la materia, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un tribunal común con sede en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el quejoso reclama la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, emitida por la Octava Sala Civil de esta ciudad en el toca..., donde confirmó el proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil..., del índice del Juzgado Séptimo Civil de la Ciudad de México. En dicho auto, el juez natural negó requerir nuevamente al Servicio de Administración Tributaria, el domicilio del demandado o en su defecto imponerle la multa con que lo conminó por incumplimiento; en su lugar, le ordenó estarse al comunicado donde dicha entidad refirió que al tratarse de información confidencial, existe una imposibilidad para proporcionarla. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las copias certificadas del ..., remitidas en su apoyo, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, el suscrito advierte que el presente juicio es improcedente, pues el acto reclamado constituye una violación procesal que debe hacerse valer contra la última resolución dentro del..., En efecto, el acto reclamado no es de imposible reparación ya que no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la Ley de la materia. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; sin embargo, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. En cambio, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley de amparo. En el particular, el impetrante reclama la sentencia que confirmó el auto que no proveyó de conformidad su solicitud de requerir a Servicio de Administración Tributaria (una de las diversas autoridades a las que se requirió), proporcionar el domicilio del demandado, y en su caso, multarlo por incumplimiento, por lo cual únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales que inciden en la integración del proceso natural. Ello es así, pues la consecuencia que conlleva el no contar con mayores elementos que permitan localizar a la parte demandada, consiste en ordenar su emplazamiento por medio de edictos, aspecto que no genera una paralización del juicio, sino que impone a la parte actora la carga de gestionar lo conducente para llamar a su contraparte a través de dicho medio. De ahí que no se afecten los derechos sustantivos constitucionales del accionante de amparo, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la familia, el patrimonio, la posesión, etcétera -y que son algunos ejemplos de los derechos que pueden afectarse en forma irreparable-, sino que como se dijo, incide en la forma en que se ordenará el emplazamiento de la parte demandada. Para justificar lo anterior, es importante tomar como referente lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 456/2010, donde refirió entre otros argumentos, lo siguiente: "[.] Con base en esas premisas puede afirmarse, en relación con el criterio señalado en segundo término,(13) que la determinación judicial civil definitiva mediante la cual se declara nulo el emplazamiento realizado por edictos, y se ordena reponer el procedimiento; si bien constituye un acto que afecta derechos procesales al dejar insubsistente el llamamiento a juicio correspondiente, la sola circunstancia consistente en que el actor tuvo que cubrir el costo (pago) de la publicación de los edictos realizados para emplazar a los demandados en el juicio natural, no constituye una afectación exorbitante para las partes, ni en grado predominante o superior. En efecto, la apreciación objetiva de la posible afectación a la institución que está en juego, el emplazamiento por edictos, revela que la posible violación derivada de la emisión del acto reclamado en el juicio de garantías (la sola determinación judicial mediante la cual se declara en definitiva nulo el emplazamiento realizado por edictos, y se ordena reponer el procedimiento), por sí misma considerada, no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. Además de que el posible retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas, implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello, por sí mismo, implique violación al principio de justicia pronta. [.] Por otro lado, es máxima de la experiencia que en la tramitación y prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales(18) que les sean propias y mantener sus respectivas posiciones litigiosas en correspondencia con el interés que tienen en que se resuelva el juicio de manera favorable a sus pretensiones. Es decir, no resulta extraño a la práctica litigiosa civil, que quien acude ante los órganos de administración de justicia del Estado a solicitar tutela judicial, eventualmente debe sufrir y asumir alguna erogación y afectación de tipo patrimonial, ya sea, desde el valor económico que representa la actividad de trasladarse al inmueble donde se encuentra la sede de los tribunales ante los cuales se pretende promover, como el valor que puede representar el papel y la tinta empleados para realizar la escritura contenida en una demanda, así como las copias necesarias para su adecuada promoción, hasta la onerosa contratación de renombrados despachos de abogados o la publicación de edictos para emplazar a la parte demandada en un juicio. [.]" Dichos argumentos quedaron plasmados en la jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.), visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio." Como se advierte de lo anterior, la orden de tramitar el emplazamiento por medio de edictos de la parte demandada -que es la consecuencia procesal de la falta de información para localizarla-, no constituye un acto que afecte derechos sustantivos. De ahí que por mayoría de razón, resulte aplicable dicho criterio para este asunto, pues precisamente la causa de pedir de la parte quejosa estriba en que una de las diversas autoridades a las que se pidió información para localizar a su contraparte, manifestó una imposibilidad para proporcionarlo y con ello, la autoridad responsable tuvo por satisfecho el requerimiento formulado. Además, cabe la posibilidad de que se logre el emplazamiento de su contraparte (pues de las constancias allegadas se advierte que otra de las entidades requeridas proporcionó un domicilio foráneo con el que se le dio vista, sin que haya manifestación alguna de parte del quejoso, tendiente a lograr el llamamiento en ese lugar), en cuyo caso, el reclamo que hoy formula, quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica; y en caso contrario, estará en condiciones de alegarlo como violación procesal, a través del medio de impugnación correspondiente. Se invoca por ********************, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Ahora bien, en el supuesto no concedido de que el peticionario alegara un retardo en la impartición de justicia, es importante reiterar que la consecuencia generada con motivo de la falta de información para localizar a la parte demandada por parte de una de las diversas autoridades a las que se requirió, incide únicamente en la forma de llevar a cabo su emplazamiento, de ahí que no genere una paralización del procedimiento y tampoco constituya una dilación del mismo, pues no se advierte que la autoridad haya negado la continuación del juicio. Máxime que tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.23/2008, misma que se cita por ********************, visible en la página 593 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, registro 170244, cuyo rubro y texto son: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Además, con relación a la falta de sanción a la autoridad requerida también es improcedente el juicio pues ello no genera un agravio personal y directo en contra del quejoso, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales aludidos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Por otra parte, el ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los preceptos transcritos, se infiere que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. La acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". En la especie, se advierte que el quejoso pretende la imposición de la multa, para que el Servicio de Administración Tributaria proporcione el domicilio del demandado; empero, las medidas de apremio se diseñan y contemplan en la ley para que los juzgadores hagan cumplir sus determinaciones, sin que sea la sanción, un derecho disponible para los justiciables, sino un mecanismo coactivo con que cuentan las autoridades. Al efecto se invoca la tesis I.10o.T.1 K de la Novena Época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Febrero de 1999, en Materia(s): Común, Página: 523, que dispone: "MEDIDAS DE APREMIO. LAS PARTES NO PUEDEN COMPELER AL JUZGADOR PARA APLICARLAS. El juzgador es quien tiene a su disposición las medidas de apremio que establece la ley para hacer cumplir sus determinaciones y por ende, la potestad para decidir cuándo es necesaria su aplicación, por lo que ninguna de las partes puede compelirle a hacer efectivo alguno de los medios de apremio contenidos en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en los términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo." De modo que si el reclamo es la sentencia de segunda instancia que confirmó el auto donde el A quo negó requerir nuevamente al Servicio de Administración Tributaria, el domicilio del demandado o en su defecto imponerle la multa con que lo conminó por incumplimiento; en su lugar, le ordenó estarse al comunicado donde dicha entidad refirió que al tratarse de información confidencial, existe una imposibilidad para proporcionarla; y la pretensión del quejoso en esta instancia implica analizar la viabilidad de que la entidad requerida sea sancionada, es claro que no se afecta la esfera de derechos sustantivos de la parte peticionaria. Analógicamente, se cita la tesis II.3o.C.19 K, de la Novena Época, Registro: 173849, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia(s): Común, página: 1245, que establece: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI LA SENTENCIA RECLAMADA NO CAUSA AL QUEJOSO AGRAVIO ALGUNO QUE TRASCIENDA A SU ESFERA JURÍDICA. Si el quejoso obtiene sentencia favorable en primera instancia e inconforme con ella el actor apela, confirmándola la Sala en el sentido de que los agravios expuestos resultan parcialmente fundados pero inoperantes y contra esta última resolución el demandado promueve amparo directo, resulta evidente que éste es improcedente, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y, 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo se colige que uno de los requisitos de procedencia del juicio de garantías es que el acto reclamado cause al quejoso algún agravio de manera que trascienda a su esfera jurídica generándole un perjuicio, situación que no se actualiza en el caso, pues aun cuando los agravios del actor apelante resultaron parcialmente fundados, ello no es motivo para estimar que se le hubiese causado un agravio personal y directo al demandado, pues la Sala confirmó la resolución de primera instancia absolviéndolo de las prestaciones reclamadas." También se cita, por las razones que la sostienen, la tesis I.8o.C.34 K de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, en Materia(s): Común, Página: 1155, que dispone: "MULTA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE APLICARLA AL QUEJOSO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE AMPARO, NO LEGITIMA A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, DADO QUE EN ESE ASPECTO NO SE AFECTAN DE MANERA DIRECTA SUS INTERESES. De la interpretación armónica de los artículos 5o., 83, 87 y 88 de la Ley de Amparo, se advierte quiénes pueden intervenir en el juicio de garantías como partes: el agraviado, las autoridades responsables, el Ministerio Público y el tercero perjudicado, teniendo ese carácter la contraparte del quejoso, en litigios que no sean del orden penal, el ofendido en procedimientos de ese tipo o las personas con derecho a la responsabilidad proveniente de un ilícito y los gestionantes del acto reclamado, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo, así como el que tenga interés directo en la subsistencia de dicho acto reclamado; que el tercero perjudicado tiene un interés en que subsista el acto reclamado, bien sea porque se niegue al quejoso la protección de la Justicia Federal o porque se sobresea en el juicio de amparo respectivo; que en todos los casos en que sea procedente el recurso de revisión, cuando la sentencia de amparo sea favorable a los intereses de una de las partes, ésta podrá adherirse a la revisión interpuesta por la parte que obtuvo resolución adversa a sus intereses, mas no interponer directamente el recurso de revisión cuando la sentencia le fue favorable, aunado a que la revisión adhesiva no tiene por objeto impugnar la o las determinaciones tomadas en la sentencia constitucional recurrida, sino expresar argumentos que robustezcan la parte considerativa de la sentencia de amparo. Así, el tercero perjudicado carece de legitimación en la causa para interponer el recurso de revisión, cuando la sentencia le sea favorable, esto es, cuando se niegue el amparo y protección de la Justicia de la Unión o cuando se sobresea en el juicio constitucional, empero, además, carece de legitimación en la causa para impugnar, a través de ese medio de impugnación, la omisión del Juez de Distrito de aplicar una multa al quejoso, aun cuando se actualice alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, en virtud de que la multa correspondiente se aplicaría a favor del erario de la Federación, pero no a favor de la parte recurrente; por ende, si con tal omisión no se afecta de manera directa el interés jurídico de aquélla, carece de legitimación en la causa para solicitar en el multicitado recurso de revisión la aplicación de dicha sanción, por lo que debe desecharse el correspondiente medio de impugnación que con tal propósito haga valer la parte tercera perjudicada." Por tanto, lo alegado no genera una afectación personal y directa a la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que el particular carece de un derecho a que la entidad a quien se giró el oficio de localización de domicilio sea sancionada. Al efecto se invoca, por ********************, la tesis XI.2o.48 L de la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-1, Febrero de 1995, en Materia(s): Laboral, Página: 161, que establece: "CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y MEDIDAS DE APREMIO IMPUESTAS POR LAS JUNTAS, AFECTAN EL INTERES JURIDICO EN CONTRA DE QUIEN SE APLICAN. Las correcciones disciplinarias y medidas de apremio que se impongan por las Juntas laborales, para mantener el buen orden en el desarrollo de las diligencias o dictado de los laudos, para lograr hacer comparecer a las personas ante su presencia o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, sólo producen afectación directa en la esfera jurídica de la persona o personas a quienes se impongan, aún para el caso de que se trate del apoderado de alguna de las partes, porque será a éste y no a sus representados a quien, por su aplicación, se causará un acto de molestia." Sin que resulte benéfico a los intereses del quejoso, la cita de la tesis I.6o.C.391 C, de la Novena Época, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "LITIS. CONCEPTO ESTRICTO DE ESTA INSTITUCIÓN PROCESAL EN EL DERECHO MODERNO. El concepto de litis que contienen los diccionarios no especializados en derecho lo derivan de lite, que significa pleito, litigio judicial, actuación en juicio, pero tales conceptos no satisfacen plenamente nuestras instituciones jurídicas porque no es totalmente exacto que toda litis contenga un pleito o controversia, pues se omiten situaciones procesales como el allanamiento o la confesión total de la demanda y pretensiones en que la instancia se agota sin mayores trámites procesales y se pronuncia sentencia, que sin duda será condenatoria en la extensión de lo reclamado y por ello, se puede decir válidamente que no hay litis cuando no se plantea contradictorio alguno. Luego, se deberá entender por litis, el planteamiento formulado al órgano jurisdiccional por las partes legitimadas en el proceso para su resolución; empero, se estima necesario apuntar, que es con la contestación a la demanda cuando la litis o relación jurídico-procesal, se integra produciendo efectos fundamentales como la fijación de los sujetos en dicha relación y la fijación de las cuestiones sometidas al pronunciamiento del Juez. Lo expuesto es corroborado por Francisco Carnelutti, quien al referirse al litigio, lo define como el conflicto de intereses, calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. Es menester señalar que la litis del proceso moderno o sea, la determinación de las cuestiones litigiosas, como uno de los efectos de la relación procesal, presenta notas características tales que, producida la contestación, el actor no puede variar su demanda, ni el demandado sus defensas, salvo algunas excepciones; por consiguiente, en términos generales, integrada la litis, las partes no pueden modificarla, y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento judicial. Viene al caso tratar el tema de demanda nueva y hecho nuevo, entendiéndose aquélla como una pretensión distinta, relacionada con el objeto de la acción, mientras que el hecho nuevo se refiere a la causa y constituye un fundamento más de la acción deducida, por lo que cabe aclarar que la demanda nueva importa una acción distinta, mientras que el hecho nuevo, no supone un cambio de acción. Así, después de contestada la demanda, es inadmisible una demanda nueva, pero por excepción, la ley permite que se alegue un hecho nuevo o desconocido, inclusive en la segunda instancia si es conducente al pleito que se haya ignorado antes o después del término de pruebas de la primera instancia. Tiene particular importancia saber si el actor ha variado su acción o el demandado sus defensas, o si el Juez se ha apartado en su fallo de los términos de la litis y para saberlo habrá que remitirse a las reglas establecidas para la identificación de las acciones. En efecto, hay modificación de la litis cuando varía alguno de los elementos de la acción: sujetos, objeto o causa, tanto respecto del actor como del demandado. Producida la demanda y la contestación, sobre ellas debe recaer el pronunciamiento, sin que el Juez, ni las partes puedan modificarla. En cuanto a la acusación de la rebeldía, tiene también sus consecuencias según la naturaleza del caso para la determinación de la litis. En lo que toca a los sujetos, debe destacarse que no podrá admitirse la intervención de terceros extraños a la litis; en lo que se refiere al objeto, después de contestada la demanda, el actor no puede retirarla o modificarla, ni ampliarla; por ejemplo, en los alegatos no pueden reclamarse intereses no pedidos en la demanda; tampoco puede el actor aumentar el monto de lo demandado, ni ampliarlo si en la contestación de la demanda, el demandado no objetó el monto de lo reclamado. En relación con la causa, al igual que los anteriores elementos de la acción, no puede ser cambiada, modificada o ampliada; por ejemplo, el actor que ha defendido su calidad de propietario, no puede en los alegatos aducir el carácter de usuario o usufructuario, o si el demandado ha alegado la calidad de inquilino, no puede luego fundarse la acción pretendiendo que ha quedado demostrada su calidad de subarrendatario. En este orden de ideas, los Jueces al pronunciar la sentencia que decida el juicio en lo principal, no pueden ocuparse en la sentencia de puntos o cuestiones no comprendidas en la litis. Los puntos consentidos por las partes quedan eliminados de la discusión, así como de los que desistan. Para llegar a la justa interpretación de lo controvertido, el órgano jurisdiccional está facultado para ir más allá de los términos de la demanda y de la contestación y buscar en la prueba la exacta reconstrucción de los hechos, excluyendo sutilezas y atendiendo a la buena fe de las partes." Ello es así, pues dicho criterio no alude a la procedencia del juicio, sino al concepto de litis y su alcance dentro de los procesos jurisdiccionales; máxime que se trata de una tesis aislada de un circuito judicial distinto a este, por lo que su aplicación no resulta obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de las causas de improcedencia analizadas, lo procedente es SOBRESEER EL JUICIO conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos que se reclaman a las autoridades ejecutoras, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en la página 339, Tomo VI, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios" Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo, acorde a la jurisprudencia 1028, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio promovido por..., contra actos de la Octava Sala y Juez Séptimo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, por los razonamientos expresados en este fallo. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia y firma electrónicamente..., Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, el día en que tiene verificativo la audiencia constitucional. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO

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