RENÉ SILVA PÉREZ y Otros.
Expediente 1781/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1781/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/12/2016
Partes del expediente
- ANTONIA URBANO GARCÍA y Otros.
- RENÉ SILVA PÉREZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos ****, hubiesen recurrido el acuerdo dictado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...II
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Secretario de Gobierno del Municipio de San Juan del Río, Querétaro y otra autoridad, con fundamento en el artículo 103, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1781/2016-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de entre los quejosos a ****, sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otro. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, como se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo que nos ocupa, habrá de desecharse de acuerdo a lo siguiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En el caso, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, en vigor, que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación a los quejosos. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este resolutor, en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, ya que los actos que se combaten no afectan derechos fundamentales de los quejosos; como se verá a continuación. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente." Así pues, en el caso se advierte que los actos reclamados por un lado no afectan a la parte quejosa y, por otro lado, tampoco se trata de actos reales y actuales en su esfera de derechos. ACTO RECLAMADO La parte quejosa refiere como acto reclamado: "La "posible" orden de desalojo y como consecuencia el aseguramiento o desposesión de los productos consistentes la fuente de nuestro trabajo, mismo que se encuentra amparado por las licenciadas que a la presente se anexan." Sin embargo, a criterio de este resolutor dicho acto de autoridad no afecta a la parte quejosa, pues se trata de un acto que aún no existe, pues como se menciona, se interpuso la presente demanda, al advertir la posible materialización del acto, por una publicación en el diario "El sol de San Juan del Río" de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Por otro lado, como antecedentes de su demanda refiere los siguientes: a) En los primeros meses del presente año, fueron refrendadas, por los quejosos de mérito, las licencias municipales de funcionamiento, teniendo lugar como asentamiento para el ejercicio, la Plaza de Independencia y calles aledañas. b) El veintisiete de agosto de dos mil dieciséis, autoridades del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, realizaron una visita extraordinaria a los establecimientos comerciales que amparan las licencias de los quejosos. c) Finalmente, el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, fue publicada la declaratoria por parte del Secretario de Gobierno Municipal de San Juan del Río, Querétaro, publicada en el diario "El sol de San Juan del Río", Querétaro, en el que se hace manifestación al desalojo de los ahora quejosos, hecho que los propios impetrantes refieren que tienen temor fundado de que se materialicen, de ahí que es indudable que a la fecha no se ha llevado a cabo. Por lo anterior, resulta indudable que los actos reclamados por los promoventes son actos futuros, probables e inciertos, pues de su manifestación, se advierte que a la fecha no se ha materializado por parte de las autoridades del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, dado que como lo señalan los propios quejosos, el acto reclamado estriba en la posible orden desalojo y como consecuencia el aseguramiento o desposesión de los productos de su fuente de trabajo, por lo tanto, se reitera, la existencia de los actos de que se duele, sino que únicamente, tienen el temor y lo fundan en las notas periodísticas a que aluden en su ocurso, sin que con ello demuestre que efectivamente exista orden de desalojo y desposesión de bienes de los citados quejosos, además no se advierte que a la data exista o se haya realizado acto alguno tendiente a realizar las ordenes a que alude (desalojo y desposesión), como lo indican en el punto VI de su demanda, en donde precisan que se desconocen los actos reclamados por no haber acontecido; por lo que, si el juicio de amparo es procedente únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos que según consideran los quejosos la autoridad responsable llevará a cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al no irrogarle a la fecha ninguna afectación a sus derechos fundamentales. Es aplicable la tesis aislada XX.308 K, Octava Época, con número de registro 209001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-1, febrero de 1995, visible en la página 138, que a la letra dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." De igual manera, tiene aplicable la tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 347430, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC visible en la página 762, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS INDETERMINADOS Y FUTUROS, AMPARO IMPROCEDENTE. Tratándose de actos indeterminados y futuros, no es posible apreciar el interés jurídico que por ellos pueda resultar afectado en perjuicio del quejoso, y por tal motivo debe sobreseerse en el juicio de garantías con relación a dichos actos, de conformidad con los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Además, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión que señala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". Por tanto, bajo ese orden de ideas, resulta evidente que los quejosos sólo tratan de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. De ahí que se insiste que no existe acto de autoridad alguno que afecte los intereses de los quejosos de mérito. Las aseveraciones señaladas, acerca de que no existe el acto que se reclama, además de que ello se desprende de la propia demanda de amparo, se corrobora con las actuaciones del juicio de amparo 1443/2016-II, del índice de éste Juzgado, el cual constituye un hecho notorio ordenándose agregar a los presentes autos copia de la sentencia dictada en dicho juicio, la cual aún no se declara firme por haber sido impugnada por las autoridades responsables en recurso de revisión. De tal juicio se desprende que los aquí quejosos son comerciantes en la vía pública en la Plaza de la Independencia del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, a quienes se les practicó una visita administrativa que culminó con el retiro de sus puestos, la cual fue objeto del juicio constitucional 1443/2016-II otorgándose a la postre el amparo que, como se ha indicado, se encuentra pendiente de resolverse el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia ahí dictada. Como se ve, los quejosos actualmente no se encuentran instalados en su puestos, pues como lo indican en su demanda de amparo, tienen planeado regresar a sus actividades comerciales, esto es, instalándose de nuevo, ello por habérseles otorgado el amparo en el juicio 1443/2016-II; sin embargo, conviene resaltar que dicha sentencia aún no está firme y, por ende, debe esperarse el resultado del recurso de revisión que se interpuso, por lo que su regreso a las actividades comerciales sería a la fuerza y no por virtud de la sentencia, la cual, se reitera, se encuentra pendiente de revisión ante el Tribunal de Alzada. De manera que, si a la fecha los quejosos no se encuentran ejerciendo el comercio en la vía pública, luego, es inconcuso que la orden de desalojo que señalan como acto reclamado no existe a la fecha de presentación de la demanda de amparo, por lo que tampoco existe afectación a los intereses de los quejosos, tan es así que la designan como la "posible" orden de desalojo, pretendiendo volver a sus puestos y que no se les desaloje, lo cual no es posible por tratarse de acto futuros y no concretos y actuales que den pauta a la procedencia del juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, la tesis aislada, sustentada por la Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 273, del tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Octava Época, que estatuye: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." En base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente las causales de improcedencia inmersas en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5, fracción I, y 6, ambos de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizado de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ****, y únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que refiere en el proemio de su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal...II
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 17/11/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 16/11/2016, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Secretario de Gobierno del Municipio de San Juan del Río, Querétaro y otra autoridad, con fundamento en el artículo 103, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1781/2016-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de entre los quejosos a ****, sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otro. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, como se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo que nos ocupa, habrá de desecharse de acuerdo a lo siguiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En el caso, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, en vigor, que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación a los quejosos. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este resolutor, en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, ya que los actos que se combaten no afectan derechos fundamentales de los quejosos; como se verá a continuación. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente." Así pues, en el caso se advierte que los actos reclamados por un lado no afectan a la parte quejosa y, por otro lado, tampoco se trata de actos reales y actuales en su esfera de derechos. ACTO RECLAMADO La parte quejosa refiere como acto reclamado: "La "posible" orden de desalojo y como consecuencia el aseguramiento o desposesión de los productos consistentes la fuente de nuestro trabajo, mismo que se encuentra amparado por las licenciadas que a la presente se anexan." Sin embargo, a criterio de este resolutor dicho acto de autoridad no afecta a la parte quejosa, pues se trata de un acto que aún no existe, pues como se menciona, se interpuso la presente demanda, al advertir la posible materialización del acto, por una publicación en el diario "El sol de San Juan del Río" de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Por otro lado, como antecedentes de su demanda refiere los siguientes: a) En los primeros meses del presente año, fueron refrendadas, por los quejosos de mérito, las licencias municipales de funcionamiento, teniendo lugar como asentamiento para el ejercicio, la Plaza de Independencia y calles aledañas. b) El veintisiete de agosto de dos mil dieciséis, autoridades del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, realizaron una visita extraordinaria a los establecimientos comerciales que amparan las licencias de los quejosos. c) Finalmente, el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, fue publicada la declaratoria por parte del Secretario de Gobierno Municipal de San Juan del Río, Querétaro, publicada en el diario "El sol de San Juan del Río", Querétaro, en el que se hace manifestación al desalojo de los ahora quejosos, hecho que los propios impetrantes refieren que tienen temor fundado de que se materialicen, de ahí que es indudable que a la fecha no se ha llevado a cabo. Por lo anterior, resulta indudable que los actos reclamados por los promoventes son actos futuros, probables e inciertos, pues de su manifestación, se advierte que a la fecha no se ha materializado por parte de las autoridades del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, dado que como lo señalan los propios quejosos, el acto reclamado estriba en la posible orden desalojo y como consecuencia el aseguramiento o desposesión de los productos de su fuente de trabajo, por lo tanto, se reitera, la existencia de los actos de que se duele, sino que únicamente, tienen el temor y lo fundan en las notas periodísticas a que aluden en su ocurso, sin que con ello demuestre que efectivamente exista orden de desalojo y desposesión de bienes de los citados quejosos, además no se advierte que a la data exista o se haya realizado acto alguno tendiente a realizar las ordenes a que alude (desalojo y desposesión), como lo indican en el punto VI de su demanda, en donde precisan que se desconocen los actos reclamados por no haber acontecido; por lo que, si el juicio de amparo es procedente únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos que según consideran los quejosos la autoridad responsable llevará a cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al no irrogarle a la fecha ninguna afectación a sus derechos fundamentales. Es aplicable la tesis aislada XX.308 K, Octava Época, con número de registro 209001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-1, febrero de 1995, visible en la página 138, que a la letra dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." De igual manera, tiene aplicable la tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 347430, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC visible en la página 762, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS INDETERMINADOS Y FUTUROS, AMPARO IMPROCEDENTE. Tratándose de actos indeterminados y futuros, no es posible apreciar el interés jurídico que por ellos pueda resultar afectado en perjuicio del quejoso, y por tal motivo debe sobreseerse en el juicio de garantías con relación a dichos actos, de conformidad con los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Además, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión que señala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". Por tanto, bajo ese orden de ideas, resulta evidente que los quejosos sólo tratan de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. De ahí que se insiste que no existe acto de autoridad alguno que afecte los intereses de los quejosos de mérito. Las aseveraciones señaladas, acerca de que no existe el acto que se reclama, además de que ello se desprende de la propia demanda de amparo, se corrobora con las actuaciones del juicio de amparo 1443/2016-II, del índice de éste Juzgado, el cual constituye un hecho notorio ordenándose agregar a los presentes autos copia de la sentencia dictada en dicho juicio, la cual aún no se declara firme por haber sido impugnada por las autoridades responsables en recurso de revisión. De tal juicio se desprende que los aquí quejosos son comerciantes en la vía pública en la Plaza de la Independencia del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, a quienes se les practicó una visita administrativa que culminó con el retiro de sus puestos, la cual fue objeto del juicio constitucional 1443/2016-II otorgándose a la postre el amparo que, como se ha indicado, se encuentra pendiente de resolverse el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia ahí dictada. Como se ve, los quejosos actualmente no se encuentran instalados en su puestos, pues como lo indican en su demanda de amparo, tienen planeado regresar a sus actividades comerciales, esto es, instalándose de nuevo, ello por habérseles otorgado el amparo en el juicio 1443/2016-II; sin embargo, conviene resaltar que dicha sentencia aún no está firme y, por ende, debe esperarse el resultado del recurso de revisión que se interpuso, por lo que su regreso a las actividades comerciales sería a la fuerza y no por virtud de la sentencia, la cual, se reitera, se encuentra pendiente de revisión ante el Tribunal de Alzada. De manera que, si a la fecha los quejosos no se encuentran ejerciendo el comercio en la vía pública, luego, es inconcuso que la orden de desalojo que señalan como acto reclamado no existe a la fecha de presentación de la demanda de amparo, por lo que tampoco existe afectación a los intereses de los quejosos, tan es así que la designan como la "posible" orden de desalojo, pretendiendo volver a sus puestos y que no se les desaloje, lo cual no es posible por tratarse de acto futuros y no concretos y actuales que den pauta a la procedencia del juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, la tesis aislada, sustentada por la Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 273, del tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Octava Época, que estatuye: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." En base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente las causales de improcedencia inmersas en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5, fracción I, y 6, ambos de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizado de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ****, y únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que refiere en el proemio de su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal...II
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