Rene Salud Crisantos
Expediente 524/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/05/2016
Partes del expediente
- Rene Salud Crisantos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de dos de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que René Salud Crisantos, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de señalar día y hora para la continuación del desahogo de la audiencia de ley, dentro del expediente D-124/2013. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que el tribunal responsable exhibió como justificantes de su informe, consistentes en las copias certificadas de diversas constancias del expediente D-124/2013, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que mediante resolución de once de marzo de dos mil dieciséis, se declaró de oficio la caducidad de la instancia por inactividad procesal, a partir de la resolución incidental de uno de octubre de dos mil quince, dentro del citado expediente laboral; en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la ley de la materia, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derecho consagrados en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el más alto Tribunal de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgador federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si el quejoso se duele de la omisión de la responsable de señalar día y hora para la continuación del desahogo de la audiencia de ley, dentro del expediente D-124/2013, y ésta, al rendir su informe, justificó plenamente que mediante determinación de once de marzo de dos mil dieciséis, declaró de oficio la caducidad de la instancia por inactividad procesal a partir de la resolución incidental de uno de octubre de dos mil quince, dentro del indicado expediente laboral; es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es por demás claro que el quejoso, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). Lo mismo ocurre con la omisión de acordar el escrito que presentó el quejoso ante la responsable el diecinueve de noviembre de dos mil quince, como lo aduce en su demanda, pues la lectura de dicho escrito permite advertir que contiene una solicitud de que se señale hora y día para la continuación de la audiencia de ley en el juicio natural, lo cual, por supuesto, implica la pretensión intrínseca de que se resuelva ese juicio, lo que en el caso, como se indicó, ocurrió con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, situación que conduce a estimar que implícitamente se atendió la petición e igualmente a considerar inexistente dicha omisión referida por el quejoso. Ello, a pesar de que la responsable, de haber tomado en cuenta la especial finalidad de ese escrito, hubiere actuado, en su caso, de manera distinta, pues esa situación rebasa los alcances del presente juicio en que se actúa. En estas condiciones, atendiendo a que la resolución que declaró la caducidad de la instancia por inactividad procesal, se dictó el once de marzo de dos mil dieciséis, es evidente que en la fecha de presentación de la demanda (veintiocho de marzo del mismo año), el acto reclamado de que se trata e incluso la omisión ya referida de acordar el escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil quince, eran inexistentes, lo que conduce a estimar que el juicio de amparo en estudio no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Consecuentemente, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado no existía, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. En estas condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con once minutos del nueve de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que René Salud Crisantos, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de señalar día y hora para la continuación del desahogo de la audiencia de ley, dentro del expediente D-124/2013. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que el tribunal responsable exhibió como justificantes de su informe, consistentes en las copias certificadas de diversas constancias del expediente D-124/2013, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que mediante resolución de once de marzo de dos mil dieciséis, se declaró de oficio la caducidad de la instancia por inactividad procesal, a partir de la resolución incidental de uno de octubre de dos mil quince, dentro del citado expediente laboral; en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la ley de la materia, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derecho consagrados en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el más alto Tribunal de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgador federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si el quejoso se duele de la omisión de la responsable de señalar día y hora para la continuación del desahogo de la audiencia de ley, dentro del expediente D-124/2013, y ésta, al rendir su informe, justificó plenamente que mediante determinación de once de marzo de dos mil dieciséis, declaró de oficio la caducidad de la instancia por inactividad procesal a partir de la resolución incidental de uno de octubre de dos mil quince, dentro del indicado expediente laboral; es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es por demás claro que el quejoso, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). Lo mismo ocurre con la omisión de acordar el escrito que presentó el quejoso ante la responsable el diecinueve de noviembre de dos mil quince, como lo aduce en su demanda, pues la lectura de dicho escrito permite advertir que contiene una solicitud de que se señale hora y día para la continuación de la audiencia de ley en el juicio natural, lo cual, por supuesto, implica la pretensión intrínseca de que se resuelva ese juicio, lo que en el caso, como se indicó, ocurrió con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, situación que conduce a estimar que implícitamente se atendió la petición e igualmente a considerar inexistente dicha omisión referida por el quejoso. Ello, a pesar de que la responsable, de haber tomado en cuenta la especial finalidad de ese escrito, hubiere actuado, en su caso, de manera distinta, pues esa situación rebasa los alcances del presente juicio en que se actúa. En estas condiciones, atendiendo a que la resolución que declaró la caducidad de la instancia por inactividad procesal, se dictó el once de marzo de dos mil dieciséis, es evidente que en la fecha de presentación de la demanda (veintiocho de marzo del mismo año), el acto reclamado de que se trata e incluso la omisión ya referida de acordar el escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil quince, eran inexistentes, lo que conduce a estimar que el juicio de amparo en estudio no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Consecuentemente, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado no existía, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. En estas condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con once minutos del nueve de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9º, de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad responsable, designando delegados de su parte. NOTIFÍQUESE.
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