René Roque Diego

Expediente 711/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
711/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
03/06/2019

Partes del expediente

  • René Roque Diego

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. UN ACUERDO CON NOTIFICAICON PERSONAL

  2. Principal

    EN ATENCIÓN AL AVISO DE CUATRO DE LOS CURSANTES, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL ACUERO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México; tres de junio de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 711/2019-I. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que el impetrante de amparo reclama: La resolución de nueve de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Tercero de los Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el juicio de usucapión ***/2019, promovido por ***, en la que dirimió el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso contra el auto de tres de mayo de la presente anualidad, en el cual el juez responsable lo previno para que ajustara su demanda inicial. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Hecha tal precisión, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto que se tilda de inconstitucional no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los citados artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con las porciones normativas transcritas, el juicio de amparo contra actos dentro de un asunto, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la resolución de nueve de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Tercero de los Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el juicio de usucapión ***/2019, promovido por ***, en la que dirimió el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso contra el auto de tres de mayo de la presente anualidad, en el cual el juez responsable lo previno para que ajustara su demanda inicial, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una etapa procesal que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De igual forma, se cita la jurisprudencia P./J. 24/92, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por ello, como el acto únicamente impacta en la prosecución de la demanda presentada ante la autoridad, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda. AUTORIZADOS. Se autorizan en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** y ***, puesto que cuentan con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.

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