René Rolando Arenas Nieto
Expediente 369/2019 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/11/2019
Partes del expediente
- Marco Antonio García Bailón
- René Rolando Arenas Nieto
- Felipe Carlos Moreno Marquez
- Titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Medidas tendentes, para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Este tribunal colegiado queda integrado por los magistrados Guillermo Núñez Loyo (presidente), David Cortés Martínez, así como por la licenciada Laura Elizabeth Miranda Torres secretaria de tribunal en funciones de magistrada.
- Queja
Se ordena su archivo.
- Queja
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y la copia certificada del oficio 39295/2019, suscrito por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por el cual remite el escrito de agravios presentado mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, vía FIREL (firma electrónica), tal y como se advierte del acuse de evidencia criptográfica anexa por el que interpone recurso de queja Marco Antonio García Bailón, por derecho propio; con fundamento en el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fórmese expediente físico y electrónico regístrese en el libro de gobierno como recurso de queja 369/2019. De un análisis a las constancias que se reciben, esta presidencia estima que el recurso de queja intentado, resulta improcedente, de acuerdo a las consideraciones siguientes: Al respecto, el artículo 97 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 97. El recurso de queja procede: I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación; b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional; c) Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; d) Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado; e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; f) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios; g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; y h) Las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo; II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente; b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; c) Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios; y d) Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados (.)" Como se ve, el artículo transcrito, establece que el recurso de queja procede, en su fracción I, en contra de resoluciones dictadas en amparo indirecto que admitan, total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda o su ampliación; concedan o nieguen la suspensión de plano o provisional; las que no admitan fianzas o contrafianzas, no admitan las que no reúnan los requisitos de ley o puedan ser excesivas o insuficientes; las que reconozcan o nieguen el carácter del tercero interesado; las que, expresamente, en el trámite del asunto, no admitan el recurso de revisión y que por tal motivo puedan ocasionar perjuicio a cualquiera de las partes; las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios; resuelvan incidentes por exceso o defecto en la ejecución de la suspensión provisional o definitiva; y, las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Mientras que en la fracción II, se establece su procedencia, en tratándose de amparo directo, cuando la autoridad responsable omita tramitar la demanda de amparo, o lo haga indebidamente; no provean sobre la suspensión dentro del plazo establecido para ello, concedan o nieguen esta, rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, o admitan las que no reúnan los requisitos o puedan ser excesivas o insuficientes; se trate de una resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios; y, niegue al quejoso su libertad caucional o se trate de alguna resolución de esa materia, que cause daño o perjuicio a alguno de los interesados. En la especie, la parte recurrente, Marco Antonio García Bailón, en su escrito de agravios manifiesta que, interpone recurso de queja, en contra de la resolución dictada por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el juicio de amparo indirecto 927/2019-VII, en la que sobreseyó el juicio de amparo. Como se advierte, la resolución recurrida, no encuadra en ninguna de las hipótesis establecidas por el artículo 97 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del recurso de queja que se intenta, lo que evidencia la improcedencia del presente recurso de queja. Máxime, que en contra de la resolución que se pretende recurrir procede el recurso en revisión, según lo establecido por el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que esta presidencia esté facultada para cambiar la vía que se intenta, pues, ello implicaría suplir a la recurrente en la queja deficiente. Tiene aplicación, por analogía, al caso por las razones que señala la tesis 1a. XX/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 75, Tomo VI, Agosto de 1997, Novena Época, materia común, cuyo rubro y texto dicen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO IMPLICA EL CAMBIO DE LA VÍA INTENTADA. Si con apoyo en los artículos 95, 97 y 99 de la Ley de Amparo, el quejoso promueve recurso de queja, presentándolo directamente ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados correspondiente, no es dable cambiar o modificar la vía intentada bajo la hipótesis de que es otro el medio de defensa que procede en contra de la resolución motivo de la impugnación, pues dicha modificación de vía implica una suplencia de queja que no se encuentra contemplada en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha suplencia sólo opera ante la ausencia o deficiencia de agravios, más no llega al extremo de cambiar la vía intentada. Lo anterior conduce a determinar que si el quejoso promueve recurso de queja ante el Tribunal Colegiado con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Amparo, dicho recurso debe ser tramitado como tal, independientemente de que el mismo sea o no procedente en contra del acto respecto del cual se duele." En consecuencia, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, se desecha por improcedente el recurso de queja interpuesto por Marco Antonio García Bailón, en contra de la resolución de veintisiete de septiembre del año en curso, dictada por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el juicio de amparo indirecto 927/2019-VII, por no actualizarse supuesto alguno de procedencia establecido por el artículo 97 de la Ley de Amparo. En relación a la solicitud de la parte recurrente, consistente en que se le permita la consulta del expediente electrónico del recurso de queja en que se actúa, vía internet, a través del usuario que refiere; dígasele que se tiene por autorizada su solicitud y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando se encuentre registrado en la página relativa al "sistema de consulta de expediente electrónico", por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional encargado del Sistema integral de Seguimiento de Expediente (SISE), para que autorice el nombre del usuario "caballeroantonio", para que pueda realizar la consulta del expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se comisiona al actuario judicial adscrito a este tribunal colegiado para que realice las notificaciones vía electrónica del presente asunto. No pasa desapercibido, que la parte recurrente de igual forma señala como domicilio físico (circunscripción territorial), el ubicado en Avenida Las Torres, número 121, planta alta (entre las calles Sonora y Sinaloa, a un lado del mercado Santa María Tulpetlac, frente a las canchas), colonia Santa María Tulpetlac, Ecatepec, Estado de México, código postal 55400, sin embargo, toda vez que en el párrafo anterior se le tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de manera electrónica, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ello conlleva a que todas las comunicaciones que se le deban practicar, se realicen en esos términos, dado el procedimiento especial que revisten ese tipo de notificaciones para su práctica, según lo establecido por los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que las hace incompatibles con las que se realizan en un domicilio físico; siendo pertinente aclarar, que si es deseo de la recurrente que las notificaciones se le realicen de forma física (dejando de realizarse de forma electrónica), tendrá que promover algún domicilio que se encuentre dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez). Por otra parte, no ha lugar a tener como su domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que señala la recurrente, en razón que de conformidad con los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, las notificaciones por vía electrónica sólo pueden realizarse a los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica, quienes están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de citada Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Respecto del teléfono señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, en virtud de que la ley de la materia no contempla la práctica de las notificaciones por esa vía. Se tienen como autorizados, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en el entendido de que si tienen registradas sus cédulas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito; se les tendrá como autorizados en términos amplios del precepto legal antes mencionado. Ahora bien, como lo solicita la parte recurrente, dígasele, que independientemente a la oposición que manifiesta, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es obligación de este tribunal colegiado proteger los datos personales que obran en su poder. Asimismo, con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura, en virtud de que no existe impedimento legal para que las partes por sí o a través de sus autorizados hagan uso de cámaras fotográficas, grabadoras, celulares, lectores laser o cualquier otro similar que sirvan para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resolución que se dicten, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de ello precisándose el documento del que se obtiene la reproducción, en la inteligencia de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales, previa razón de constancia que se deje en autos. Es aplicable a lo anterior, la tesis l.1°.A.23.K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , de rubro y texto siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se pro vea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, personalmente.
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