Rene Rios Carrasco
Expediente 611/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rene Rios Carrasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, emitido el veinticinco de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, de conformidad con lo establecido en la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el informe justificado y anexos que remite el Agente del Ministerio Público en funciones de Coordinadora de Amparo y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, en ausencia del titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, así como del titular del Centro de Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía Especializada, con residencia en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngasele designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Ahora bien, del examen íntegro de las actuaciones del presente juicio, en específico del informe justificado de cuenta, se advierte de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" (.)". En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por consiguiente, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese sentido, se considera que sí se acreditan los supuestos de la causal de improcedencia, toda vez que en el presente asunto el quejoso René Ríos Carrasco, reclama a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público en funciones de Coordinadora de Amparo y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, en ausencia del titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, así como del titular del Centro de Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía Especializada, con residencia en esta ciudad, la negativa y/o omisión de proveer respecto a las copias solicitadas de las actuaciones de la carpeta de investigación 37/2023/12516, que fue solicitado mediante escrito recibido ante la responsable el veintiséis de mayo del año en curso. Sin embargo, dicho acto reclamado ya quedó sin efecto al momento en que la autoridad responsable se pronunció sobre la omisión reclamada, pues de las constancias que adjuntó del informe de cuenta, remitió copia autorizada con firma del fiscal responsable del acuerdo dictado el diez de julio del año en curso, en la carpeta de investigación **********, que dice: "Número Único de Caso: **********. ACUERDO.- JUÁREZ, Chihuahua, a DIEZ DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. Según la comparecencia inicial presentada por RENE RIOS CARRASCO EN SU CALIDAD DE IMPUTADO por el delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES del cual resulta que: atendiendo a la solicitud del propio imputado de fecha 26 de mayo de 2023 recibida en esta unidad, es preciso señalar que el suscrito había declinado la carpeta de investigación al CEMASC (Centro Estatal de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos en materia penal) en fecha 12 de mayo del 2023 y declinado de nueva cuenta a este unidad por CEMASC en fecha 07 de junio del 2023, es por lo que tomando en cuenta a lo anterior y vista la solicitud de la promoción a la que se alude, en la cual el imputado nombro como sus defensores particulares al Lic. Lucía Oaxaca Chavira, Ricardo Platas y al CPD Jesús Moreno Aguirre, escrito en el cual además solicita copia simple de la presente carpeta de investigación, de lo anterior se acuerda de conformidad lo solicitado por ser un derecho propio del imputado el tener acceso a los registros de la presente carpeta de investigación. Sin embargo el suscrito se encuentra imposibilitado legalmente para notificar el presente acuerdo según con lo establecido en los artículos 82 y 87 del código nacional de procedimientos penales, en virtud de que no se manifestó medio de notificación alguno ya sea domicilio, teléfono o correo electrónico de los profesionistas para notificarles el presente acuerdo, Aunado al hecho de que los profesionistas no han acudido ante el suscrito a ratificar su nombramiento ni han exhibido copias de sus cédulas profesionales, así como tampoco han acudido a imponerse de la presente carpeta de investigación. Así lo acordó y firma LIC. ********** AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO de la UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FISICA. (.)" Lo subrayado y resaltado es nuestro. Del contenido de lo anterior se aprecia que el fiscal responsable emitió el acuerdo en la carpeta de investigación **********, donde se pronunció respecto a la promoción del imputado, aquí quejoso, que se recibió el veintiséis de mayo del año en curso, y se acordó de conformidad lo solicitado por el quejoso, respecto a la solicitud de expedición de copias y autorización de defensores particulares; por ello, la negativa y/o omisión reclamada quedó sin efectos al momento en que se subsanó por parte de la autoridad responsable, es decir, al momento en que en dictó dicho acuerdo en la referida carpeta de investigación. Por lo que, se acredita la hipótesis de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, ya que se justifica la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193758, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual al ser su estudio de orden público, procede el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, conforme lo dispone el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal aludido. En tales condiciones, se deja sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público adscrito. Lo proveyó y firma **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante **********, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.lavh
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA VEOINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el informe justificado y anexos que remite el Agente del Ministerio Público en funciones de Coordinadora de Amparo y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, en ausencia del titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, así como del titular del Centro de Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía Especializada, con residencia en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngasele designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Ahora bien, del examen íntegro de las actuaciones del presente juicio, en específico del informe justificado de cuenta, se advierte de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" (.)". En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por consiguiente, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese sentido, se considera que sí se acreditan los supuestos de la causal de improcedencia, toda vez que en el presente asunto el quejoso René Ríos Carrasco, reclama a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público en funciones de Coordinadora de Amparo y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, en ausencia del titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, así como del titular del Centro de Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía Especializada, con residencia en esta ciudad, la negativa y/o omisión de proveer respecto a las copias solicitadas de las actuaciones de la carpeta de investigación 37/2023/12516, que fue solicitado mediante escrito recibido ante la responsable el veintiséis de mayo del año en curso. Sin embargo, dicho acto reclamado ya quedó sin efecto al momento en que la autoridad responsable se pronunció sobre la omisión reclamada, pues de las constancias que adjuntó del informe de cuenta, remitió copia autorizada con firma del fiscal responsable del acuerdo dictado el diez de julio del año en curso, en la carpeta de investigación **********, que dice: "Número Único de Caso: **********. ACUERDO.- JUÁREZ, Chihuahua, a DIEZ DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. Según la comparecencia inicial presentada por RENE RIOS CARRASCO EN SU CALIDAD DE IMPUTADO por el delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES del cual resulta que: atendiendo a la solicitud del propio imputado de fecha 26 de mayo de 2023 recibida en esta unidad, es preciso señalar que el suscrito había declinado la carpeta de investigación al CEMASC (Centro Estatal de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos en materia penal) en fecha 12 de mayo del 2023 y declinado de nueva cuenta a este unidad por CEMASC en fecha 07 de junio del 2023, es por lo que tomando en cuenta a lo anterior y vista la solicitud de la promoción a la que se alude, en la cual el imputado nombro como sus defensores particulares al Lic. Lucía Oaxaca Chavira, Ricardo Platas y al CPD Jesús Moreno Aguirre, escrito en el cual además solicita copia simple de la presente carpeta de investigación, de lo anterior se acuerda de conformidad lo solicitado por ser un derecho propio del imputado el tener acceso a los registros de la presente carpeta de investigación. Sin embargo el suscrito se encuentra imposibilitado legalmente para notificar el presente acuerdo según con lo establecido en los artículos 82 y 87 del código nacional de procedimientos penales, en virtud de que no se manifestó medio de notificación alguno ya sea domicilio, teléfono o correo electrónico de los profesionistas para notificarles el presente acuerdo, Aunado al hecho de que los profesionistas no han acudido ante el suscrito a ratificar su nombramiento ni han exhibido copias de sus cédulas profesionales, así como tampoco han acudido a imponerse de la presente carpeta de investigación. Así lo acordó y firma LIC. ********** AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO de la UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FISICA. (.)" Lo subrayado y resaltado es nuestro. Del contenido de lo anterior se aprecia que el fiscal responsable emitió el acuerdo en la carpeta de investigación **********, donde se pronunció respecto a la promoción del imputado, aquí quejoso, que se recibió el veintiséis de mayo del año en curso, y se acordó de conformidad lo solicitado por el quejoso, respecto a la solicitud de expedición de copias y autorización de defensores particulares; por ello, la negativa y/o omisión reclamada quedó sin efectos al momento en que se subsanó por parte de la autoridad responsable, es decir, al momento en que en dictó dicho acuerdo en la referida carpeta de investigación. Por lo que, se acredita la hipótesis de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, ya que se justifica la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193758, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual al ser su estudio de orden público, procede el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, conforme lo dispone el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal aludido. En tales condiciones, se deja sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público adscrito. Lo proveyó y firma **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante **********, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.lavh
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de julio de dos mil veintitrés. Se agrega alegato de cuenta Visto el alegato de cuenta, agréguense a los autos para que conste como legalmente corresponda; se tiene al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, formulando alegatos, los cuales serán relacionados al momento de celebrar la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Copias En atención a las copias que solicita, deberá estarse a lo acordado en acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en el que se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con la excepción de las que tengan el carácter de reservadas o confidenciales. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.lavh
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