René Raya Segovia
Expediente 798/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 798/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- René Raya Segovia
Actuaciones
- Principal
PRAL. 798/2020 6-A [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil veintiuno. 1. Precisión previa para continuar con el trámite de este asunto. Como se hizo constar en la certificación que antecede, en este asunto la parte quejosa reclama una orden de aprehensión; de ahí que, atendiendo la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal" (aprobada en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal), en estricta relación con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es preciso continuar el trámite de este juicio de amparo sin suspensión de plazos ni términos procesales. 2. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por la cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo. En virtud que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme tal determinación, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo. 8. Instrucción a Secretario (a). Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese a la parte quejosa mediante lista de acuerdos, por así haberlo solicitado. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 798/2020 6-A [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Fenece plazo para cumplir prevención. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días que se le concedió a la parte quejosa en proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, a efecto de que aclarara su demanda de amparo en los términos ahí precisados, sin que lo hiciera, no obstante su notificación el ocho de este mes. Por no presentada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en ese acuerdo y, ante el incumplimiento de la parte quejosa a la prevención formulada, que repercute determinantemente en la acción de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese a la parte quejosa mediante lista de acuerdos, por así haberlo solicitado. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante la licenciada Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 798/2020 6-A [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veinte. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada el tres de diciembre del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional al día siguiente, promovida por el quejoso ***, por propio derecho, contra actos del juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales con sede en Ixcotel, Oaxaca y de otras autoridades; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 798/2020. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención. Con fundamento en los artículos 114, fracciones I y II, en relación con el diverso numeral 108, fracciones III, IV y V, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y con las copias necesarias del mismo, bajo protesta de decir verdad, aclare la promoción inicial constitucional, en los términos siguientes: a) De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en el capítulo relativo al acto reclamado, precisó: "los artículos 14 y 16 constitucionales", sin especificar concretamente qué acto es el que reclama a las autoridades responsables. Sin embargo, en los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa refiere: ".en ningún momento ha (sic) cometido algún hecho que la ley señala como delito para ser aprehendido o detenido, sin antes darme la oportunidad de defenderme."; asimismo, hace mención que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca se presentaron en su domicilio, toda vez que, dice, llevaban una orden de aprehensión librada en su contra. En esas condiciones, para poder fijar correctamente la litis, deberá señalar: 1) Si reclama la orden de aprehensión y su ejecución o también la orden de detención. 2) De señalarlos como actos reclamados, deberá precisar a qué autoridades atribuye cada uno de los actos. No es inadvertido que al analizar la demanda de amparo, debe interpretarse el escrito en su integridad, en un sentido amplio y no restringido, para determinar con exactitud la intención del promovente y el acto o actos reclamados por éste; sin embargo, la parte quejosa no precisó el acto o actos reclamados en su demanda, conforme a lo establecido en la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo, por lo cual, esta autoridad no puede considerar como actos aquellos que el quejoso no reclamó; además, la suplencia de la queja deficiente en el juicio constitucional se limita a mejorar, subsanar e invocar los conceptos de violación o agravios, pero no los actos que se pretendan reclamar. Es aplicable la tesis I.4o.A.41 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2799, Libro 64 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 2019, Décima Época, Registro 2019603, del contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. NO TIENE EL ALCANCE DE QUE EL JUZGADOR CONSIDERE COMO ACTOS RECLAMADOS, AQUELLOS QUE EL QUEJOSO NO SEÑALÓ. De conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA.", la suplencia de la queja deficiente en el juicio constitucional se limita a mejorar, subsanar e invocar los conceptos de violación o agravios, entendidos como las lesiones que irroguen los actos reclamados o la sentencia. Por tanto, esa institución no tiene el alcance de que el juzgador considere como actos reclamados, aquellos que el quejoso no señaló, pues incluso el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción IV, ambos de la propia ley, dispone que el órgano jurisdiccional debe requerir al promovente para que aclare su demanda cuando omita expresar los actos que de cada autoridad reclame y, si no cumple la prevención, no puede subsanarse esa deficiencia." Segunda prevención. Por otro lado, a efecto de precisar la competencia de este Juzgado (que es de orden público), en vía de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, deberá indicar su domicilio particular (lugar en donde se pretende ejecutar el acto reclamado), ya que en los hechos que narra precisa que elementos de la fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, se presentaron en su domicilio a efecto de ejecutar una orden de aprehensión librada por un juez de Control; sin embargo, en el apartado referente a su domicilio manifiesta que fue señalado al inicio de su escrito inicial de demanda, en tanto que en el proemio del citado escrito señala, para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. (Énfasis añadido) 3.1 Precisión. Se precisa que la prevención se realiza a fin de que: 1) este órgano jurisdiccional establezca la competencia y 2) en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, las autoridades responsables defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al emitir su informe justificado, y se integre la litis de manera correcta; pues, al respecto, este órgano jurisdiccional, aunque realizara una interpretación íntegra del escrito de demanda, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar las circunstancias respectivas. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". 3.2. Apercibimiento. Hágase saber al promovente del amparo que deberá aclarar la irregularidad destacada; apercíbasele que de no subsanarlas, dentro del plazo referido, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. 3.3. Además, dígasele a la parte quejosa, que la afirmación de hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el (los) acto (s) reclamado (s), con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, se encuentra considerado como delito en términos de lo previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. 4. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que, al cumplir la prevención, preferentemente, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en cuanto a su vigencia por el diverso acuerdo general 25/2020) y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Común (OPC), la cual está colocada en la parte exterior de este edificio, que opera en el turno matutino de las 9:00 a las 14:00 horas. 5. Domicilio y personas autorizadas. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en la demanda. Asimismo, se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, conforme a lo establecido en el diverso artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo al licenciado ****, por no haberse encontrado registro de su cédula en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales; en los mismos términos se autoriza a las diversas personas que indica, por así haberlo solicitado expresamente. 6. Se autoriza el uso de medios electrónicos. Por otra parte, como lo solicita, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza la utilización de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias; con la precisión de que sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte ocursante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace del conocimiento de la representante especial que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Por ello, se indica al (a la) actuario(a) que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia por la referida parte, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturarán. Con la precisión que para el uso de dichos medios, deberá de atenderse a los lineamientos establecidos en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 7. Parte quejosa señala correo electrónico y teléfono. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del multicitado acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene a la parte quejosa señalando en su demanda de amparo número telefónico. Medio de comunicación que, de ser necesario, será utilizado para establecer contacto con la parte quejosa o su(s) autorizado(s), a fin de mejorar la comunicación con las partes y atender a la pronta administración de justicia. De lo anterior, deberá tomar nota el (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado; en el entendido que siempre que se haga uso de esos medios, deberá levantar la certificación correspondiente e integrarla al expediente. 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 10. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. Notifíquese por estrados a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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