René Ramírez Martínez

Expediente 1061/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1061/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • René Ramírez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese, el oficio de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que aceptó el juicio de amparo 1061/2018-I y ordenó continuar con el procedimiento correspondiente bajo el número 1392/2018, del índice de ese juzgado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución ejecutoria dictada dentro del impedimento penal 10/2018, formado con motivo del impedimento planteado por esta juzgadora, acúsese recibo. Ahora bien, tomando en cuenta que la superioridad al substanciar dicho recurso, resolvió: "PRIMERO. Es LEGAL el impedimento planteado por la Juez Marta Elena Barrios Solís, titular del Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, para conocer del juicio de amparo 1061/2018-I. SEGUNDO. REMÍTASE el juicio de amparo 1061/2018-I, al órgano jurisdiccional al que por turno le corresponda su conocimiento, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con exclusión de la Juez Primero de Distrito en esta ciudad, por conducto de la resolutora declarada impedida". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, fracción I, del punto vigésimo, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, toda vez que de la certificación que antecede se desprende que el cuaderno de antecedentes en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al encontrarse dentro de los supuestos del citado acuerdo, aunado a que no cuenta con documentos originales, en el entendido de que se procederá a ello, UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS SEIS MESES DE HABERSE DICTADO LA RESOLUCIÓN DE INCOMPETENCIA. Notifíquese; mediante oficio al Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito.

  3. Principal

    se notifica por lista al quejoso el auto de siete de agosto de dos mil dieciocho: Vista la demanda de amparo promovida por René Ramírez Martínez; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 1061/2018-I, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Bajo ese panorama, esta juzgadora estima que se encuentra impedida para conocer del juicio de amparo en el que se actúa, de conformidad con lo previsto en la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "CAPÍTULO VI Impedimentos, Excusas y Recusaciones Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y". Ello es así, toda vez que el licenciado René Ramírez Martínez, fue secretario de la suscrita, en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el periodo comprendido entre julio de dos mil seis a dos mil siete; tiempo en el que, con motivo de la relación laboral, conviví con su familia y él con la mía, incluso tenemos amigos en común; secretarios, que en su momento también trabajaron con esta juzgadora; situación que afecta mi imparcialidad para fallar el presente asunto y lo considero suficiente para que se actualice la causal de impedimento referida, pues se reúnen sus elementos relevantes, como son el ánimo de la suscrita, el señalamiento de la causa objetiva y razonable generadora del impedimento; así como la credibilidad y presunción de veracidad de mis manifestaciones, la cual sustento en los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, considerando además, que el deber de los juzgadores de abstenerse de conocer de los asuntos en que nos encontremos impedidos, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa, constituye un límite a la tolerancia, templanza y fortaleza judicial interna admitida por el propio legislador, al haber previsto el supuesto de impedimento respectivo. Circunstancias, las anteriores que se consideran pudieran atentar contra el principio de imparcialidad del juzgador, prevista en el artículo 17 constitucional, es decir, existe un riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad que impide a esta juzgadora seguir conociendo del presente proceso penal. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 460, libro V, febrero de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice lo siguiente: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal. Por tanto, conforme al segundo párrafo del artículo 55 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, tal circunstancia, para el efecto de que se califique y se determine en definitiva la procedencia del impedimento mencionado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia X.Io.34 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 1355, tomo XXVIII, noviembre de 2008, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice lo siguiente: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA O ENEMISTAD MANIFIESTA. CORRESPONDE PLANTEARLO AL JUEZ, TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, Y NO AL JUZGADO AL QUE PERTENECE. De acuerdo con la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, el impedimento por amistad estrecha o enemistad manifiesta debe plantearse cuando existe imposibilidad legal que atañe directamente a la persona física, concreta e individual, titular del órgano judicial federal, para conocer de determinado asunto, por lo que el juzgado no puede realizar dicha manifestación, pues es el Juez quien puede incurrir en la hipótesis planteada, al ser el funcionario encargado de ejercer la función jurisdiccional; luego, es sólo a dicho titular a quien pudiera atribuírsele la amistad estrecha o la enemistad manifiesta con alguna de las partes, de sus abogados o representantes y no al órgano jurisdiccional por ser una entidad abstracta". De igual forma, la jurisprudencia XI.2o.J/36, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, página 2177, tomo XXVIII, octubre de 2008, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO. De conformidad con la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito están impedidos para conocer del juicio de garantías cuando tienen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. En consecuencia, es suficiente que el titular del órgano jurisdiccional manifieste encontrarse en alguna de esas circunstancias para que se califique de legal su impedimento, en mérito a la credibilidad de la que goza, actualizándose el impedimento de carácter subjetivo que se invocó, toda vez que aquella amistad estrecha o enemistad manifiesta pueden influir en su ánimo al resolver el negocio planteado por el postulante". También, es aplicable la jurisprudencia I.6o.C.J/44, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 1344, tomo XIX, abril de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama". ... Así como el diverso de veintidós de agosto de dos mil dieciocho: Por recibido el oficio número 15150, signado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, con sede en Durango, por medio del cual remite sin diligenciar el exhorto número 458/2018, con número de orden 458/2018, librado dentro del juicio de amparo en que se actúa, el cual se registró con el número 779/2018, correspondiente al índice del referido juzgado de distrito; sin que sea necesario acusar recibo del mismo, en virtud de que se genera automáticamente. Ahora bien, vista la razón de cuenta del actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, mediante la cual hace constar que no fue posible notificar al promovente René Ramírez Martínez, los acuerdos de siete y diez de agosto de este año; por los motivos que expone en la razón de cuenta. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario adscrito para que se constituya en el domicilio ubicado en calle Guatemala, número 2105, fraccionamiento Nuevo San Isidro, en Torreón, Coahuila, y notifique al promovente René Ramírez Martínez, el acuerdo de siete de agosto de este año, así como el presente proveído.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya obran las constancias de notificación a las partes de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, así como del proveído de diecinueve de julio del presente año, en el cual se tuvo interpuesto el recurso de revisión por el tercero interesado... como se detalla a continuación... En tales condiciones, al estar debidamente integrado el juicio de amparo 1212/2017-II, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento al proveído de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, remítase el expediente en que se actúa, original y copia del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la sustanciación del aludido recurso, asimismo, déjese constancia de este auto en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del citado recurso, de conformidad con la circular CD/1/2008 de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; mediante oficio al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad.

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