RENÉ PÉREZ ORTEGA y Otros.

Expediente 525/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
525/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • RENÉ PÉREZ ORTEGA y Otros.
  • René Pérez Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    SECCIÓN II MESA VI A CUADERNO ANTEC. DEL JUICIO DE AMPARO 525/2023 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio procedente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz -recibido electrónicamente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)-, por el que se acusa recibo del diverso de este juzgado, con el que se remitió la demanda original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, y comunica que aceptó la competencia declinada a favor de dicho órgano jurisdiccional para conocer del mismo, asignándole el número 315/2023. No pasa inadvertido que el oficio de que se trata fue recibido sin firma electrónica; sin embargo, se advierte que las actuaciones que se reciben contienen las evidencias criptográficas tanto del secretario y del juez exhortante, además, al haberse recepcionado vía interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual es exclusivo para personal de los órganos jurisdiccionales para el envío de comunicaciones; de ahí que no se duda de su autenticidad. Archivo del expediente En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 19, fracción I, inciso a) y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del precitado Acuerdo. Destrucción del expediente Toda vez que este expediente es un cuaderno de antecedentes, el mismo resulta DESTRUIBLE, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante seis meses, y una vez transcurrido dicho plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme a lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 19 del Acuerdo en comento. Anotación en la carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    SECCIÓN II. MESA VI-A PRAL. 525/2023 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ***, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presentes las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 525/2023. Análisis del escrito de demanda de amparo En primer término, del análisis integral de la demanda, se advierte que el quejoso ***, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "(.) III.- Señalo como AUTORIDADES RESPONSABLES: A) C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-4 con residencia en Huatulco Estado de Oaxaca, con domicilio en ***, Oaxaca. La autoridad mencionada con anterioridad se señala como Ordenadora. B).-C. Supervisor Investigador Oficial de la Policía Federal Ministerial con sede en Huatulco, Estado de Oaxaca, con domicilio en ***, Oaxaca. IV.- ACTOS RECLAMADOS: del C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-4 con residencia en Huatulco Estado de Oaxaca, reclamo la falta de notificación con motivo de la orden de ASEGURAMIENTO DECRETADO al vehículo DE LA MARCA****, de mi propiedad, dentro de la carpeta de investigación FED/OAX/HUA/*******/2023, contraviniendo con su actuar lo contemplado en los Artículos 1, 14, 16 de nuestra Carta Magna, en relación con lo dispuesto por el Articulo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se traducen en violaciones a los derechos humanos específicamente en la VIOLACION AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA actos contrarios a la Procuración de Justicia. Determinación de competencia Ahora bien, previo a admitir o desechar la demanda, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; De lo anterior se obtiene en forma explícita que el juicio de amparo, se promoverá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente; al respecto el numeral 37 de la Ley de Amparo, textualmente señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, del texto transcrito, se obtiene que para delimitar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, se desprenden tres reglas, a saber: 1) Primer párrafo. La competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquél en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Segundo párrafo. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o empiece a ejecutarse en un Distrito y siga desarrollándose en otro, la competencia se surtirá a favor del juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Último párrafo. Cuando el acto o actos reclamados no requieren de ejecución material, la competencia se surtirá a favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a los dos primeros supuestos respecto del último, es que en aquéllos el acto controvertido requiere ejecución material, en tanto que en el tercero no. Entonces, resulta evidente que el criterio para fincar competencia al juez de amparo parte de la noción de "ejecución material" del acto reclamado, lo cual consiste en que, con su emisión, se genere un actuar de la autoridad responsable que produzca un cambio fáctico o material en la esfera jurídica del quejoso, bien porque el acto en sí mismo implique tal cambio, o porque sus efectos conlleven esa modificación. Esto es, la ejecución atiende tanto al contenido del acto reclamado en sí mismo considerado, cuando su contenido precise una orden, mandato, cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo; pero también comprende las consecuencias o efectos materiales que tenga o pueda llegar a producir. En este orden de ideas, deviene también necesario precisar lo que se entiende por "omisión", para lo cual resulta útil acudir a la perspectiva jurídica sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, la Primera Sala del más alto tribunal del país determinó que la simple inactividad no equivale en sí misma a una omisión sino, para que ésta se configure en el ámbito jurídico, es necesaria la existencia previa de un deber de realizar cierta conducta y que la persona vinculada a llevarla a cabo incumpla tal obligación. Conforme a lo anterior, la aludida Primera Sala acotó que en el sistema jurídico mexicano es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Dentro de esta última clasificación, la Primera Sala identificó tres tipos de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas. Lo anterior, siguiendo lo establecido en la tesis 1a. XVII/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1092, de la Décima Época, con registro digital número 2016418, que se lee: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Conviene apuntar también que, a partir de la reforma constitucional en materia de amparo de diez de junio de dos mil once, la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En concordancia, la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo señala que procede el amparo indirecto contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora bien, en el caso, el quejoso reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-4 con residencia en Huatulco Estado de Oaxaca, la falta de notificación con motivo de la orden de aseguramiento decretado al vehículo de la marca ***, dentro de la carpeta de investigación ***/2023. Virtud a ello, es razonable aseverar que atentos a la "naturaleza del acto reclamado", éste conlleva ejecución, en tanto que versa en un "no hacer" de la autoridad responsable (agente del Ministerio Público), cuyo "efecto positivo" consiste en que, como consecuencia del acto reclamado, se ordene en la carpeta de investigación ***/2023, notificarle en su carácter de propietario (persona física) el aseguramiento decretado del vehículo de motor que aduce es de su propiedad. Lo anterior, ya que de lo narrado en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad refiere que si bien el diez de mayo del año en curso, le fue notificado en su carácter de Representante Legal de la persona moral ****, no acordar procedente su petición de acordar la devolución del vehículo de la marca ***, también refiere que ni el veintiséis de abril del año en curso que compareció a las instalaciones del AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION Titular de la Célula IV-4 con residencia en Huatulco Estado de ****, ni en ninguna otra fecha, le han notificado en lo personal la orden de aseguramiento decretado sobre dicho vehículo de motor, no obstante que el agente del ministerio público responsable al inspeccionar la tarjeta de circulación conocía desde la fecha en que se decretó el aseguramiento, que el propietario de la unidad de motor lo era el quejoso. Abstención atribuida a la autoridad responsable (falta de notificación con motivo de la orden de aseguramiento decretado en la carpeta de investigación ***2023); que, entonces, provoca que se siga ejecutando materialmente la afectación en la esfera de derechos del solicitante del amparo, ya que su "no hacer" tiene como consecuencia que no se ordene en la carpeta de investigación, que se le notifique el aseguramiento del vehículo de motor, en su carácter de propietario y no como representante de la persona moral, como lo pretende el quejoso. Se cita por el principio de identidad de razón, la jurisprudencia obligatoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a./J. 24/2021, que dice: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." Así, al establecerse que el acto reclamado tiene la naturaleza jurídica de un "acto omisivo con efectos positivos", ello implica reconocer que conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera, se materializan los "efectos positivos" que tiene. De tal suerte, como se puede advertir, también es claro que la autoridad especificada como responsable (Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-4 con residencia en Huatulco Estado de Oaxaca), tiene su domicilio en Bahías d Huatulco, que pertenece al Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca, de modo que el Juez de Distrito que, como órgano de amparo, debe conocer de la omisión de que se trata, es el que ejerce jurisdicción en el ámbito territorial de competencia donde se encuentra la agencia del Ministerio Público que integra la carpeta de investigación FED/OAX/HUA/0000191/2023. Lo anterior porque las consecuencias jurídicas de la falta (abstención u omisión) de notificación reclamada, necesariamente se surtirán en la carpeta de investigación mencionada, pues es ahí donde tendrán su principal impacto y repercusión; de manera que es preferible remitir el conocimiento del juicio de amparo al Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial de competencia donde reside la autoridad ministerial responsable. Ilustra lo anterior, por identidad jurídica de las razones que la informan, la jurisprudencia 1ª./J. 118/2011 (9ª.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Página 2183, de la Décima Época, registro digital número 160608, de título y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." De ahí que, como lo que establece el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer el presente juicio de amparo corresponde al Juez de Distrito con residencia en Salina Cruz, en cuya jurisdicción se instruye la carpeta de investigación ***/2023 del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-4 con residencia en Huatulco Estado de Oaxaca, en la que aduce el quejoso se decretó la orden de aseguramiento de su vehículo antes citado y del cual reclama su falta de notificación como propietario. Lo anterior se robustece con lo narrado por la parte quejosa en el escrito de demanda de cuenta en el "CAPÍTULO VI" que corresponde a los "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO", así como en el TERCER CONCEPTO DE VIOLACIÓN, en el que bajo protesta de decir vedad manifestó lo siguiente: "(.) VI.- Tal es el caso que en fecha del día 26 del mes de Abril el suscrito comparecí en mi carácter de Apoderado Legal de la Moral ***, ante el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION Titular de la Célula IV-4 con residencia en Huatulco Estado de , personalidad que me fue reconocida por la Representación social señalada, dentro de la carpeta de investigación FED/OAX/HUA/*****/2023, esto con la finalidad de conocer y solicitar la devolución unidad motriz de la cual jamás me fue notificado aseguramiento de la algún de la unidad de la MARCA ***, de lo cual el propietario lo es el suscrito y no la moral señalada, sin embargo dicha moral realizo por conducto de su apoderado el trámite ante AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION Titular de la Célula IV-4 con residencia en Huatulco Estado de Oaxaca. VII.- Por lo que a la fecha del día 26 del mes de Abril del año 2023, ni a la fecha no se me ha notificado en lo personal por parte del LIC. *** Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-4 con residencia en Huatulco Estado de Oaxaca, por lo que mediante el presente Juicio de Garantías reclamo la falta de notificación con motivo de la orden de ASEGURAMIENTO DECRETADO al vehículo DE LA MARCA***, de mi propiedad, ningún ASEGURAMIENTO del vehículo de mi propiedad ni mucho menos me fue entregado una copia de los registros de Aseguramiento. VIII.- Así las cosas en fecha del día 10 del mes de Mayo del año en curso, me fue notificado ACLARO en mi carácter de Representante Legal de la persona moral **** y no en lo personal pues el suscrito es quien legalmente es el propietario de dicha unidad motriz y no la persona moral Indicada, el oficio número ***/2023 dentro de la carpeta de investigación número ***/2023 en la cual la representación social NO acordó como procedente la petición del suscrito en mi carácter de APODERADO LEGAL DE LA***, respecto a la devolución del vehículo DE LA MARCA ***. IX.- Al recibir dicho documento en la fecha del día 10 del mes de Mayo del año en curso, al darle lectura me percato que EXISTIA UN ASEGURAMIENTO POR PARTE DE AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION Titular de la Célula IV-4 con residencia en Huatulco Estado de Oaxaca, dentro de la carpeta de investigación ***/2023, es por lo que al revisar el marco legal me percato que al suscrito el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO dentro de los sesenta días posteriores al aseguramiento del objeto, o instrumento o producto del delito debió notificarme de dicho aseguramiento, y entregar copia del aseguramiento, cosa que no sucedió contraviniendo en su actuar lo señalado en el Artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que hoy es motivo de la presente demanda." "TERCER CONCEPTO DE VIOLACION.- La responsable viola en mi perjuicio la garantía prevista en el Artículo 1 de la carta magna que establece que toda persona gozara de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección un derecho humano. Tenemos entonces que precisar que la responsable en su actuar me ha dejado en completo estado de indefensión, pues de haber tenido conocimiento en tiempo y forma y conforme a las reglas contenidas en el Artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y viola en mi perjuicio las garantías que he señalado y que se encuentran previstas en nuestra Constitución más aún que el vehículo de mi propiedad al momento en que fue inspeccionado con la tarjeta de circulación expedida por el Gobierno del Estado de Chihuahua de la cual se desprende el nombre del suscrito, por lo que el Agente del Ministerio Publico conocía desde la fecha en que decreto el aseguramiento que el propietario de dicha unidad lo era el suscrito, tal y como lo acredito con la copia certificada de la tarjeta de circulación expedida a mi favor por la Subsecretaria de Movilidad del Estado, Subsecretaria de Transporte del Gobierno del Estado de Chihuahua." En este orden de ideas, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde se materializará positivamente la omisión (negativa), esto es, donde se encuentra en trámite la carpeta de investigación de referencia, pues ahí es donde se producen tales consecuencias objetivas. Bajo ese contexto, se insiste, se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que la ejecución del acto reclamado en este juicio, acontece en Bahías de Huatulco, Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca, lugar donde se encuentra la agencia del Ministerio Público donde se tramita la carpeta de investigación ***/2023, y en donde habrán de surtirse en todo caso los efectos y consecuencias de la negativa reclamada, por tanto, el juicio de amparo contra los actos reclamados debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en dicha población, a saber un Juez de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, de conformidad con lo dispuesto en el punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013, modificado mediante Acuerdos 12/2016, así como el 45/2016, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establecen: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: . XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo.." Conforme a lo anterior, son los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, los que ejercen jurisdicción en Santa María Huatulco, Oaxaca, lugar donde se tramita la carpeta de investigación ***/2023, y en el que tuvo ejecución el aseguramiento del vehículo cuya falta de notificación reclama el quejoso, siendo en dicho lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado. Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz, la demanda de amparo y las ocho copias de la misma, y se solicita que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia propuesta. Cuaderno de antecedentes Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias respectivas y estese en espera de lo que el Titular del Juzgado al que se declina el conocimiento del asunto tenga a bien resolver. Solicítese de la manera más atenta al titular del referido órgano jurisdiccional, acuse el recibo correspondiente. Consulta del expediente electrónico y notificaciones Por otra parte, respecto al que se autorice al usuario "CCJABOGADOS", para que pueda consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36, 37, 38 y 40, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo", se otorga autorización al usuario: 1. Para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. 2. Para que reciba por dicha vía las notificaciones que deriven del presente asunto. En razón de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A para que realice el alta correspondiente del citado usuario. Por ello, toda vez que se estableció que sus notificaciones se le realizarán de manera electrónica, se instruye a los Actuarios adscritos para que de existir algún problema para realizar las notificaciones a la parte quejosa de manera electrónica, se asiente la razón correspondiente y se realicen las de carácter personal en el domicilio que autorizó para ese efecto. Autorizaciones Se tiene por autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, porque se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y ser el presente asunto de naturaleza penal. En tanto que a las persona restantes que menciona la parte quejosa en su escrito de demanda, únicamente se tienen por autorizadas para recibir notificaciones, al así haberlas autorizado expresamente. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, con registro 2021840, de rubro y texto: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Proporciona correo electrónico Respecto al correo electrónico que proporciona, dígasele que no ha lugar a tenerlo como medio para comunicaciones oficiales, toda vez que conforme a los párrafos que anteceden proporcionó un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que es evidente que tiene acceso a actuar desde ese Portal, conforme a lo establecido en el artículo 257 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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