René Ortiz Mayo
Expediente 627/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- René Ortiz Mayo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de uno de septiembre de dos mil quince (fojas 67 a 71), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición el recurso de revisión a las autoridades señaladas como responsables en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del proveído de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la cuenta; agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio y telegrama que remite el Agente del Ministerio Público Investigador del Segundo Turno, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, con el que informa que fue puesto en libertad el aquí quejoso René Ortiz Mayo, a las catorce horas con veinte minutos del trece de agosto del año en curso, por lo que remite copia certificada del oficio que le remitió al Comandante de la Policía Investigadora Región Norte II, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, respecto a dicha libertad. Ahora bien, de las constancias antes referidas, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, que conduce al sobreseimiento en el juicio de amparo. En el presente asunto, el promovente directo señaló como actos reclamados, la privación ilegal de la libertad, así como los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Por otra parte, de lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, la cual, conduce al sobreseimiento en el juicio de amparo. En efecto, la causal de improcedencia a que se hace referencia, es la que se encuentra contemplada en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a manera de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de amparo contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera motu proprio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza causal analizada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la cesación de efectos, también puede devenir a causa de una reforma legal (como se comentó), lo cual es patente acorde al texto de la siguiente tesis: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL. CASO EN QUE TRATÁNDOSE DE UNA LEY, SE CONFIGURA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA AUN CUANDO AQUELLA NO FUE DEROGADA TOTALMENTE. Si la autoridad a quien se le atribuye el acto de aplicación de una ley fiscal que ha sido derogada, aun parcialmente, niega haberla aplicado, sin que existan pruebas que desvirtúen esa negativa, y por otra parte, a virtud del excesivo tiempo que ha transcurrido, existe la presunción de que las facultades del fisco para determinar los respectivos créditos, en todo caso han caducado, debe estimarse que en tal hipótesis cesaron en su totalidad los efectos de la ley reclamada y que por tanto se configura la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo." La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:(...) Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes:(...) Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XXI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso, de las constancias que remitió el Agente del Ministerio Público de la Agencia Investigadora del Segundo Turno, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se advierte que ordenó la libertad del quejoso René Ortiz Mayo, determinación que fue cumplimentada por el Comandante de la Policía Investigadora Región Norte II, a las catorce horas con veinte minutos del trece de agosto del año en curso; circunstancia que se corrobora con la copia certificada del oficio 1361/2015, que fue agregada al informe de cuenta que rindió dicho agente. A dichas documentales se le atribuye eficacia probatoria plena, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su ordinal 2°, por haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, Materia Común, registro número 394182, bajo el rubro y texto siguientes: (...) Con lo anterior, se actualiza de manera indudable de las causal de improcedencia en estudio, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:(...) Se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que se encuentra probado en autos que con motivo de las promociones de cuenta, cesaron los efectos del acto reclamado, pues actualmente se encuentra en libertad el ahora quejoso. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: (...) En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cuarenta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil quince.
- Principal
Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el pedimento de amparo identificado con el número 281/2015, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación encargado provisional de la Mesa de Amparos, con residencia en esta ciudad; con el cual formula alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor, sin perjuicio de que sea relacionado en su momento procesal oportuno. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, expídasele copia simple del presente proveído y entréguese previa razón de recibo que se deje en el expediente.
- Principal
Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables denominadas Agente del Ministerio Público Investigador del Primer Turno, y Agente del Ministerio Público Investigador del Tercer Turno, ambas con residencia en ciudad Acuña, Coahuila; por tanto, pónganse a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor.
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