René Orlando Galarza Flores

Expediente 1400/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 50 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1400/2018
Año
2018
Actuaciones
50
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • René Orlando Galarza Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 50.

  1. Principal

    CUMPLASE.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, once de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan, los oficios remitidos por el Secretario General de Acuerdos Interino del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en representación de la autoridad responsable Magistrados Integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en la capital de la entidad, en atención al contenido del primero de ellos, se le tiene acusando de recibo del comunicado 27240, de veintitrés de junio del año en curso, relativo a la sentencia dictada en los presentes autos; de lo que se toma la nota respectiva. Asimismo, en atención al segundo libelo de cuenta, se le tiene informando que en sesión extraordinaria de tres de agosto de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunal de mérito, acordó la adscripción de la Magistrada Ana Carolina Valencia Márquez a dicho órgano jurisdiccional, con efectos a partir de dicha data. Por tanto, la nueva integración de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en la capital de la entidad, la conforman los Magistrados Karla Patricia Amaya Coronado, Ana Carolina Valencia Márquez y Nelson Alonso Kim Salas; tómese nota de lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia constitucional de de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la se negó el amparo y la justicia federal a la parte quejosa en el presente asunto, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; asimismo, glósese el cuaderno de suspensión respectivo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Sin que se oponga a la anterior determinación el que no se encuentren glosados los acuses por los que se ordenó notificar a las autoridades foránea, la sentencia que el día de hoy causa ejecutoria, toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a la misma, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó en el juicio. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, y al haberse negado el amparo y la justicia federal en el presente juicio, la autoridad responsable carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 18, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo, y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al mismo, atendiendo a sus particularidades, son depurables, y carecen de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que, de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el tercer párrafo del numeral 18 del citado acuerdo, procédase a su depuración en términos del penúltimo parágrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veintinueve de julio de dos mil veinticuatro. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente, hasta entonces el citado duplicado deberá archivarse en el lugar que corresponda, debiendo la Secretaria realizar el cómputo respectivo para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido de que el término de seis meses de que se habla, se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, razón por la cual la fecha probable para su destrucción, lo será a partir del día treinta y uno de enero de dos mil veintidós. En diverso orden, de autos se obtiene que mediante proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad responsable Magistrados Integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, exhibiendo copia certificada de las constancias que integran el toca penal 422/2018, de la estadística de la autoridad en mención, respecto de lo cual se formaron por separado el tomo I, II, III y IV de pruebas. En ese tenor, en virtud que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, resulta innecesario el resguardo de los referidos medios de prueba en el recinto judicial que alberga este Juzgado de Distrito; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítase a la brevedad posible las documentales precisadas constantes de cuatro tomos de pruebas, a la autoridad mencionada el párrafo que antecede.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, se desprende que el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, devuelve el presente juicio de amparo sin notificar a la parte tercero interesada Jesús Hernández Badillo, la sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, por las razones que se indican en la misma. Por tanto, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista a la parte de referencia la aludida resolución, el presente auto, así como los subsecuentes, hasta en tanto señale un domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista a la parte tercero interesada Jesús Hernández Badillo. - - - - - - Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a René Orlando Galarza Flores, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Cuarta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali y Juez Tercero de lo Penal, de esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando penúltimo de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia constitucional. - - -

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