Rene Negrete Lopez

Expediente 1433/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1433/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Rene Negrete Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de enero de dos mil veintitrés. Causa estado determinación. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para hacer valer el recurso de queja contra el auto dictado el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, promovida por *********, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    notificación a la parte quejosa.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de ******, mediante el cual realiza diversas manifestaciones tendentes a aclarar la prevención realizada mediante acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós; por lo que se le tiene cumpliendo con la misma, en los términos en los que la hace. Análisis de la demanda y desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora bien, del escrito de demanda y del aclaratorio de cuenta, se advierte que el quejoso *****, reclama del Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la CONAGUA en el Estado de Oaxaca: La determinación contenida en el oficio No. B00.810.-719/2022 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, mismo que fue notificado con fecha 23 de noviembre siguiente, con el cual confirma la resolución negativa de veintisiete de septiembre de este año. Bajo esa tesitura, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por ende, resulta procedente desechar de plano de la demanda de amparo. El aludido numeral establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)". De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos en contra de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En efecto, el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir, la ley que regula dicho medio de impugnación, mayores requisitos para la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Tal principio encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a promoverlo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerzan y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Pues, si las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear las defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Así se tiene que para que resulte aplicable la causa de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que el acto impugnado sea revisable de oficio; o bien, a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; c) Que el recurso que proceda no se encuentre previsto en un reglamento. d) Que conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo proceda la suspensión, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización; y e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. f) Que no se aleguen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución. Ahora, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes; y, en tal virtud, antes de acudir a él, es necesario agotar en primer término la jurisdicción ordinaria; por lo que en el caso, la parte quejosa debió promover en contra de los actos reclamados, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del citado Tribunal, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;." Máxime que la suspensión de los actos impugnados por medio del juicio de nulidad, se encuentra regulada en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual ha sido analizado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Sala, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Administrativa, página 1446, con registro digital 2004553, que establece: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.". También apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia(s): Administrativa, Común, página 783, con registro digital 2008807, que es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado.". Así, conforme a los criterios reproducidos, el artículo 28 que prevé la suspensión en el juicio de nulidad, no establece mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado; y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo. En consecuencia, se corrobora que el quejoso necesariamente debió agotar el juicio de nulidad previo a promover el juicio de amparo, pues éste es un medio de defensa a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, el cual prevé la suspensión de sus efectos sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sin que en el presente asunto se actualice alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conforme enseguida se precisa: 1. Cuando el acto carezca de fundamentación: Al respecto, del acto reclamado consistente en el oficio No. B00.810.-719/2022, de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el cual, el Director General de Organismo de Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en la ciudad de Oaxaca, le hizo saber a la ahora quejosa, lo siguiente: "SEGUNDO. - Esta Autoridad resolutora considera innecesario entrar al análisis del recurso interpuesto, ya que, por tratarse de cuestiones de interés público, se procede a analizar previamente lo relativo a la procedencia del mismo, resultando que dicho medio de impugnación debe tenerse por no interpuesto y desecharse, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 88 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y con base a los siguientes razonamientos: El artículo 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece de manera específica: "ARTICULO 85.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra" Como se desprende de la lectura del artículo transcrito, el recurso en cuestión debió presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución que se impugna o del que se haya tenido conocimiento del acto que se recurre Es así que el cómputo para presentar el medio de defensa que se analiza, empezó a correr desde el día hábil siguiente a la fecha en que fue notificada la resolución impugnada, es decir, el día 07 de octubre de 2022, concluyendo el día 27 de del mismo mes y año, debiendo descontarse los días 08, 09, 15, 16, 22 y 23 de octubre del año 2022, por tratarse de sábados y domingos, acorde con lo establecido en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que en seguida se cita: "ARTÍCULO 28.- Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas En los Plazos fijados en días no se contaran los inhábiles: los sábados, los domingos, el 1° de enero; 5 de febrero; 21 de marzo: 1° de mayo: y 16 de septiembre; 20 de noviembre; 1° diciembre cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del poder ejecutivo federal, el 25 de diciembre, así como en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos se suspendan labores, harán conocimiento público mediante acuerdo del titular de la dependencia respectiva, que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. Los términos podrán suspenderse por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundada y motivada por la autoridad competente. La autoridad podrá, de oficio o a petición de parte interesada, habilitar días inhábiles, cuando así lo requiera el asunto". En ese orden de ideas debe concluirse que el escrito recibido el día 03 de noviembre de 2022 en la Oficialía de partes de la Jefatura de Proyecto de Recursos Materiales adscrita a la Dirección de Administración de este Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua, por medio del cual el C. Rene Negrete López, intento interponer el Recurso de Revisión en contra de la resolución emitida por el Director de Administración del Agua adscrito al Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua, contenida en el oficio B00.810.02-1756/2022 de fecha 07 de septiembre de 2022, notificado el día 06 de octubre de 2022, como se corrobora de la constancia que corre agregada en el expediente en que se actúa, se presentó fuera del plazo legal de quince días hábiles establecidos en la ley. En consecuencia, DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTO Y DESECHARSE DE PLANO." Se aprecia que contiene diversos fundamentos y motivos que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permite que este juzgado concluya que no carece de fundamentación, lo que haría procedente la excepción de que se trata. 2. Cuando en exclusiva se aleguen violaciones directas a la Constitución: De un análisis de los conceptos de violación que formula la parte quejosa, se advierte que reclama aspectos de legalidad en la emisión del acto reclamado, pues aduce que: "PRIMER CONCEPTO. -Se viola al quejoso, el principio de certeza, legalidad y seguridad jurídica Contenidos en los artículos 1, 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO CONCEPTO. - de derecho fundamental al agua Contenidos en el art 4 constitucional." Por tanto, no se configura la presente excepción al principio de definitividad, pues los motivos de disenso referidos, pueden ser materia de análisis en sede ordinaria. 3. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. No se actualiza esta excepción, dado que el medio ordinario de defensa procedente en contra del acto reclamado se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (juicio de nulidad) conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Resulta aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 124/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Administrativa, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 567, registro digital: 171644, de rubro y texto: "RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales establece que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades del agua, podrán interponer recurso de revisión dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, salvo que se trate de recursos contra actos o resoluciones que se emitan en materia fiscal; lo que revela que el medio de impugnación contra la imposición de multas por parte de la Comisión Nacional del Agua, puede interponerse a elección del afectado, o bien intentar directamente la vía jurisdiccional que corresponda, que en la especie es el juicio contencioso administrativo, ya que la interpretación de tal norma debe hacerse partiendo del término "podrá" que implica la posibilidad para el particular de optar por la instancia procedente sin necesidad de agotar previamente el recurso de revisión. De acuerdo con ello, indefectiblemente debe ser admitida y tramitada la vía jurisdiccional intentada por el interesado afectado con una resolución pronunciada por la autoridad mencionada, sin que pueda cuestionarse que debió haberse interpuesto previamente el citado recurso." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo presentada por la parte quejosa. Cabe precisar que el análisis de la causal de improcedencia antes mencionada, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, Materia(s): Constitucional, Común, con registro digital 2005917, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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