Rene Murga Amaro
Expediente 583/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 583/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/02/2021
Partes del expediente
- Rene Murga Amaro
- Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuenta. El dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiese hecho. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Antecedentes. Previo a realizar la calificación del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, resulta pertinente establecer los antecedentes derivados de este asunto que se encuentran relacionados con el acatamiento al fallo protector, los cuales son: I. En sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a René Murga Amaro, para el efecto que las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director General, Ejecutor de los Acuerdos de la Junta Directiva y la Encargada del Despacho de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, todos de dicho Instituto y con residencia en Mexicali, en el ámbito de sus respectivas competencias realizaran lo siguiente: "1. Llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente del quejoso René Murga Amaro. 2. Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión formulada por el promovente del amparo. 3. Notificarle la contestación respectiva". II. Inconformes con tal determinación, las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, interpusieron recurso de revisión, el que previos los trámites legales correspondientes, mediante resolución emitida en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California, confirmó la sentencia recurrida. III. Con motivo de lo anterior, el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, se requirió a las responsables por su cumplimiento, y mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días a fin que manifestara lo que a su interés conviniera con relación al supuesto cumplimiento dado por las responsables; esto es, con el oficio de veinte de diciembre de dos mil diecinueve IV. Posteriormente, por auto de veintisiete de enero de dos mil veinte, se declaró cumplida la sentencia dictada en los presentes autos, lo que dio lugar a archivar el presente asunto como totalmente concluido. V. Insatisfecho con tan determinación, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, el que previos los trámites legales correspondientes, mediante resolución emitida el diez de septiembre de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California, declaró fundado; y, consecuentemente, ordenó que este órgano jurisdiccional dejara insubsistente el auto de veintisiete de enero de dos mil veinte, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo, por lo que una vez hecho lo anterior, se requirió a las responsables acataran el cumplimiento cabal de la ejecutoria dictada en autos, esto es, recabaran la información que estimaran indispensable para lograr la debida integración del expediente de la parte quejosa, de esa forma estuvieran en condiciones de emitir el dictamen correspondiente y resolvieran sobre la procedencia de la pensión solicita. VI. Finalmente, la autoridad responsable remitió constancias en cumplimiento al fallo protector, por lo que mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con dichas constancias. Una vez destacada la anterior narrativa, es necesario decir que las autoridades responsables por conducto de su delegada remitieron la misiva con folio 566, a la cual adjuntaron la constancia de once de enero de dos mil veintiuno, donde se observa que el veintinueve de octubre de dos mil veinte, celebraron la cuarta sesión ordinaria de la Junta Directa de ese Instituto en la que determinaron conceder la pensión por jubilación al aquí quejoso René Murga Amaro, lo que dio origen a que este fuera ingresado a nómina de pensiones bajo el número 130018269, asimismo, se aprecia que tal determinación fue notificada el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, a la autorizada de la parte quejosa. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionario en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, ya que realizaron lo siguiente: Primero. El veintinueve de octubre de dos mil veinte, la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria en la cual determinó que una vez satisfechos los requisitos señalados en el artículo 67 y demás aplicables de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, concedió la pensión por jubilación al aquí quejoso René Murga Amaro. Segundo. Luego, el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, notificó a la autorizada de la parte quejosa la determinación en cuestión, como se advierte de la firma que obra al calce de dicha comunicación. Actuaciones que coinciden con los lineamientos destacados en la ejecutoria de amparo, pues se advierte que la autoridad responsable llevó a cabo las gestiones necesarias para lograr la debida integración del expediente del quejoso, y por ello se encontró en aptitud de emitir respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión formulada por el promovente de amparo, la cual le fue notificada de manera personal. Esto es así, ya que el veintinueve de octubre de dos mil veinte, la Junta Directiva tuvo por cubiertos los requisitos previstos por la ley, y procedió a conceder la pensión por jubilación al promovente de amparo, determinación que le fue notificado por conducto de su autorizada legal el dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Por lo que se estima se encuentra cumplida la sentencia amparatoria en sus términos, esto es, sin excesos ni defectos. Finalmente, una vez integrado debidamente el expediente, devuélvase al archivo de este órgano jurisdiccional, en atención a lo ordenado en auto de veintisiete de enero de dos mil veinte. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que da fe. Doy fe. MMDV/TAH/mgog
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Reanudación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el presente juicio el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector. Sin embargo, el procedimiento se encontraba pausado; ello, dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; y como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada, lo que implica una reanudación de los que quedaron pausados y no su reinicio; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Informa cumplimiento del amparo. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a través del cual remite la constancia de notificación de la respuesta dada a la petición realizada por la parte quejosa. Vista. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la citada comunicación y su anexo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días para que manifieste lo que a su interés legal convenga con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector. Apercibimiento. Con el apercibimiento de que una vez desahogada la vista o sin ella, este órgano judicial resolverá sobre el cumplimiento realizado a lo ordenado en la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 728, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del tenor siguiente: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia". Notificación a las partes. Por otra parte, se hace la precisión que el presente acuerdo deberá notificarse a las partes mediante lista (a excepción de la parte quejosa), puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, cabe decir que de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a las autoridades responsables deberá notificarse forzosamente por oficio el auto de admisión; o en su caso, de estimarse pertinente, aquellas determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de las que son personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos o requerimientos), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, cuyo trámite es de menor trascendencia, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional; por lo que se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo. Así también, se apoya lo anterior en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 176/2012 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente se colocarán en un espacio de fácil acceso al edificio para quienes acudan sin contar con una cita; aunado a la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta que se advierte que ha transcurrido la prórroga de diez días concedida a las autoridades responsables mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin que lo hubiesen hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Director General; Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones, todos de dicho Instituto, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, den cumplimiento al fallo protector emitido en este juicio en los términos precisados por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali en la resolución emitida el diez de septiembre de dos mil veinte2 , en el recurso de inconformidad número 16/2020, lo cual les fue informado mediante oficios 14340/2020, 14341/2020, 14342/2020 y 14345/2020. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Solicitud de prórroga. Agréguese a los autos el oficio signado por la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a través del cual solicita una prórroga de veinte días para dar cumplimiento al fallo protector emitido en este asunto, dígaseles que no ha lugar a acordar de conformidad tal solicitud, toda vez que se considera excesivo el plazo solicitado. En efecto, el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que la autoridad de amparo al hacer los requerimientos relativos al cumplimiento de la ejecutoria de amparo amplíe el plazo respectivo tomando en cuenta su complejidad o dificultad, sin embargo, se establece que éste debe ser un plazo razonable y estrictamente determinado. En el caso, la delegada de las autoridades responsables solicita una prórroga de veinte días atendiendo a que deben realizarse diversos trámites administrativos de conformidad con el artículo 58 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios. Sin embargo, si bien el referido precepto legal establece plazos determinados para resolver la solicitud de pensión respectiva, lo cierto es que en el caso resultan inaplicables los mismos, toda vez que no se está en el supuesto de un trámite ordinario que las autoridades responsables se encuentran obligadas a atender y seguir conforme a los términos contemplados en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios, sino que se trata de un cumplimiento a una ejecutoria de amparo que no admite demora alguna y cuyo acatamiento se rige por la Ley de Amparo y, por ende, por los plazos que se indican en ésta. Lo anterior, ya que el restablecimiento del derecho fundamental violado mediante la ejecución de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, pues estimarlo de otra forma sería contrariar los fines del juicio constitucional alterando la jerarquía de las normas jurídicas; además de dejar al arbitrio de la autoridad responsable su acatamiento bajo el argumento que la legislación ordinaria establece plazos para su resolución. De ahí, que si justamente el fallo protector fue pronunciado con motivo de la vulneración al derecho de petición de la parte quejosa derivado de la inactividad procesal de las autoridades responsables, resultaría absurdo y contrario al cumplimiento de las ejecutorias de amparo que se otorgara un plazo de veinte días más para que las responsables acataran el mismo, puesto que legalmente en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios, ha transcurrido en exceso el término con el que contaban para realizar todos los trámites necesarios para la resolución correspondiente. Por tal motivo, atendiendo a las particularidades del caso y a que deben realizarse diversos trámites administrativos, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, únicamente se concede una prórroga de diez días hábiles a las autoridades responsables para que acrediten fehacientemente el cumplimiento dado al fallo protector. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Notifíquese.
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