René Muñoz Zepeda
Expediente 352/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- René Muñoz Zepeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
RELACIÓN DE CONSTANCIAS. Enseguida, la Secretaria con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo (fojas 2 a 10); La legal vinculación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 19 a 21); Los informes con justificación que rindieron las autoridades responsables que a continuación se precisan: Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala (foja 25 a 30); Síndica Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala (foja 25 a 30); y, Tesorero Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala (foja 25 a 30). Auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós (fojas 38 a 40), por el cual se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de quince días manifestaran si era su deseo o no ampliar la demanda de amparo inicialmente planteada; lo cual no aconteció, por lo que por diverso auto de tres de junio siguiente (foja 51), se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar el procedimiento respecto de los actos reclamados y autoridad responsable inicialmente señalada. Todo lo anterior consta en autos. En este mismo acto, la Secretaria da cuenta al Juez con un escrito registrado en el libro de correspondencia con el número de folio 9386. Por otro lado, la Secretaria CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. Doy fe. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos. Por otro lado, agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso René Muñoz Zepeda; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que expresa; además, en términos del numeral 119 de la ley de la materia se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales que menciona, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la etapa correspondiente. Con lo anterior, se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este periodo, la Secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda (fojas 6 a 10), así como las admitidas en proveído de tres de junio actual (fojas 51 a 52), y en la presente data. Por otro lado, las documentales remitidas por el Presidente Municipal, Síndico y Tesorero del Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala (fojas 31 a 37). El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, dada su propia y especial naturaleza; por lo que, sin más pruebas por recibir, se cierra el período de pruebas. PERÍODO DE ALEGATOS. Se abre la etapa de alegatos, en la que la Secretaria hace relación con los formulados por la parte quejosa René Muñoz Zepeda, mediante escrito recibido en la presente data. El Juez acuerda: Se tienen por hechas las manifestaciones formuladas y al no existir más alegatos por relacionar, se cierra la fase respectiva. CONCLUSIÓN DEL ACTA. Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 352/2022-VIll, promovido por René Muñoz Zepeda; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías Por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, René Muñoz Zepeda, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Con el carácter de Autoridades responsables constitucionales, de Papalotla de Xicihténcatl, Tlax., como a continuación las señalo: 1.- Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, Tlax., JUAN OCTAVIO ROJAS CRUZ, Con domicilio (.). 2.- Síndico Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, Tlax., ANAID CORONA CALDERÓN, Con domicilio (.). IV.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Con el carácter de Autoridad responsable no constitucional, como lo es el Tesorero Municipal de papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, Con domicilio (.). Vl.- ACTO RECLAMADO, A LAS AUTORIDADES CONSTITUCIONALES Y NO CONSTITUCIONALES YA ANTES CITADAS DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAX. a).- Se me extienda a la brevedad posible copia de las nóminas de la segunda quincena de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año del dos mil veintiuno y Enero, Febrero y Marzo del año del dos mil veintidós, de la Administración 2021-2024 del Honorable Ayuntamiento de papalotla de Xicohténcatl, Tlax.". (sic) SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 6 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós (fojas 12 a 16), este Juzgado de Distrito a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la registró con el número 352/2022-VIll, admitió a trámite la demanda de mérito, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación demanda de amparo. Por auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós (fojas 38 a 40), se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo o no ampliar la demanda de amparo respecto al contenido de los informes justificados que rindieron las autoridades responsables; lo cual no aconteció, por lo que en diverso auto de tres de junio siguiente (foja 51), se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar el procedimiento respecto de los actos reclamados y autoridades responsables inicialmente señaladas. QUINTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados deben tener ejecución dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º, 35 y 107, fracción ll, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama omisiones que atribuye a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, las cuales se encuentran dentro de la jurisdicción donde este Juzgado de Distrito ejerce su competencia. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, así como a las constancias allegadas por la autoridad responsable-remitidas en fotocopia certificada, mismas que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama: La omisión de dar respuesta a las peticiones formuladas mediante escritos de seis de diciembre de dos mil veintiuno y ocho de marzo de dos mil veintidós, presentados ante la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, a través de los cuales solicitó copia certificada de la nómina del citado Ayuntamiento respecto de la administración 2021-2024. TERCERO. Existencia de las omisiones reclamadas. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente Municipal, Síndico y Tesorero del Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados respectivos (fojas 25 a 30). Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Lo que además se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades en comento como apoyo a su respectivo informe justificado; a las que dada su naturaleza de documentales públicas se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. (Oportunidad de la demanda). Toda vez que en el presente juicio se reclaman actos de naturaleza omisiva, cuyos efectos permanecen en el tiempo, se estima innecesario hacer el pronunciamiento sobre la oportunidad en que fue presentada la demanda, pues, la sola naturaleza de los actos hace factible promover la demanda de amparo en cualquier momento. QUINTO. (Causas de improcedencia). Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora, en la especie, respecto a las omisiones reclamadas a las autoridades responsables antes señaladas, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, que establece que el juicio de amparo es improcedente: "[.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.].". A efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la cual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Hechas estas precisiones, se arriba a la convicción de que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada respecto de los actos reclamados, consistentes en la omisión de dar respuesta a las peticiones formuladas mediante escritos de seis de diciembre de dos mil veintiuno y ocho de marzo de dos mil veintidós, presentados ante la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, a través de los cuales solicitó copia certificada de la nómina del citado Ayuntamiento respecto de la administración 2021-2024. Al respecto, debe indicarse que de un análisis a las constancias allegas por las autoridades responsables se advierte que por oficio MPX/P/159/28-04-2022, de veintiocho de abril de dos mil veintidós (foja 31), las autoridades responsables Presidente Municipal, Síndico y Tesorero del Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, dieron respuesta a las solicitudes formuladas por la parte quejosa, ello en los siguientes términos: Se firma lo anterior, toda vez que de un análisis al oficio de referencia se desprende que las autoridades responsables indicaron a la parte quejosa que en relación a su solicitud de que le sea otorgada copia de la nómina de la Presidencia Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, podía consultar la Plataforma Nacional de Transparencia en la cual se encuentra la información solicitada. Asimismo, las responsables indicaron que la información solicitada se encuentra publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia para su consulta. De lo expuesto, se desprende la cesación de efectos de los actos reclamados en la presente instancia constitucional, pues tal como se precisó las autoridades responsables subsanaron las mismas mediante la respuesta contenida en el oficio MPX/P/159/28-04-2022, de veintiocho de abril de dos mil veintidós (foja 31). En consecuencia, válidamente se puede concluir que en el caso cesaron los efectos de los actos reclamados; pues las afectaciones de la que se dolía el peticionario de amparo desaparecieron, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que ataca, lo cual constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso al quejoso en el goce de la garantía violada. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V, del numeral 63 del propio ordenamiento legal, respecto a los actos reclamados por la parte quejosa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 352/2022-VlII, promovido por René Muñoz Zepeda, contra los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo en términos del considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, tres de junio de dos mil veintidós. No se amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós (foja 38 a 40), para que ampliara su demanda de amparo en los términos ahí precisados, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído de referencia, por lo que se tiene por perdido su derecho y se continúa con el procedimiento conforme a la demanda inicialmente planteada. Estado de autos. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en proveído de dieciocho de mayo del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en el escrito de dieciséis de mayo actual; lo anterior, hasta en tanto feneciera el término concedido al quejoso para ampliar su demanda de amparo, lo cual ha acontecido tal y como se advierte de la certificación de cuanta, por tanto se provee. Se admiten pruebas documentales. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas la presuncional legal y humana, así como las pruebas documentales que refiere la parte quejosa Rene Muñoz Zepeda, en el escrito registrado en el libro de correspondencia con el número de folio 6401, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de que sean relacionadas en la audiencia constitucional. Se desecha prueba testimonial. Por otra parte, en relación a la prueba testimonial, se advierte que no se exhibió el interrogatorio original con los puntos en que vaya versar el desahogo de la misma; por ende, se debe desechar de plano, esto es así, porque si bien es anunciada con la oportunidad debida, no se exhibió el original del citado interrogatorio. Por tanto, si bien es cierto que existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de copias, no obstante esta se subsana siempre y cuanto faltaren total o parcialmente las copias, lo que en el caso no acontece, pues no se exhibió el interrogatorio correspondiente, de ahí que si la prueba se ofrece desatendiendo el citado supuesto, lo procedente es desechar dicha probanza y no requerir a la quejosa para exhibir el original y copia del mismo. Así dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, pues solo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionaría fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 17/2018 (10a.), de contenido siguiente: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas." Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, sin que a la fecha haya fenecido el plazo de quince días otorgado para tal efecto. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Ahora, si bien la fecha señalada no se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, ello es con la finalidad de dar oportunidad a los Actuarios Judiciales para que practiquen las notificaciones y demás diligencias que se ordenen en el presente asunto; lo anterior, tomando en consideración el contexto de la actual pandemia por el virus Covid-19, así como las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal a fin de mitigar el referido fenómeno de salud pública, entre las cuales se encuentran la reducción del horario de atención al público y la disminución de la cantidad de servidores públicos que desarrolla trabajo presencial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Ampliación de demanda. Agréguese el escrito signado por el quejoso Rene Muñoz Zepeda, por derecho propio y en atención al auto de cuatro de mayo del año en curso, pretende ampliar su demanda de amparo e imponerse del informe justificado rendido por el Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl. Atento a lo anterior, respecto a la ampliación de demanda de amparo, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, dado que el escrito de cuenta no cumple con los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, si es su deseo ampliar su demanda de amparo, ésta deberá realizarlo, en términos del invocado numeral 108, así como con el diverso 110 de la ley de la materia, para efecto de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de proveer lo conducente. Asimismo, debe indicarse a la parte quejosa que del contenido del escrito que se provee, se desprende en su capítulo correspondiente al acto reclamado, que señala lo siguiente: Sin embargo, la vista de ampliación otorgada en proveído de cuatro de mayo del año en curso, fue a fin de que el promovente manifieste si conviene o no a su interés ampliar la demanda y señalar como acto reclamado destacado la copia certificada a la respuesta otorgada, a su petición de ocho de marzo del mismo año, corriéndole traslado para tal efecto con la copia certificada del oficio MPX/P/159/28-04-2022, de veintiocho de abril del año que transcurre, sin que lo haya hecho, tal y como se advierte de la transcripción efectuada con antelación. No obstante a lo anterior y en atención a la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de quince días otorgado a la parte quejosa a fin de ampliar su demanda de amparo fenece el uno de junio del año en curso; por lo tanto, dígasele al promovente que se encuentra transcurriendo el término para tal efecto, por lo que si desea ampliar su escrito inicial de demanda deberá hacerlo cumpliendo con los requisitos anteriormente expuestos. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se continuará el procedimiento únicamente por los actos y autoridades expresamente reclamados en su escrito de demanda. Desahoga vista de informe. Por otra parte, téngasele a la parte quejosa realizando diversas manifestaciones respecto del informe rendido por el Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, atento a ello con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza, las cuales serán tomadas en consideración en la etapa procesal correspondiente. Se reservan pruebas. Finalmente, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte diversas documentales, prueba testimonial y la presuncional legal y humana; atento a lo anterior, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto se fenezca el término otorgado al promovente de cuenta respecto de la ampliación de demanda de amparo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO
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