Rene Morales Álvarez

Expediente 1920/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1920/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Rene Morales Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN. Se tiene a ***, asesor jurídico del directo quejoso ***, dando cumplimiento a la prevención formulada en el presente sumario. ACLARACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De un análisis general de la demanda se advierte que ***, reclama esencialmente del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido Patrimoniales Cinco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, los siguientes actos: a) La omisión a dar contestación a su escrito recibido el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dirigido al carpeta de investigación ***. b) La discriminación de la que es objeto ante dicha abstención. c) Todos los efectos y consecuencias de la omisión reclamada, al no recibir una respuesta a las peticiones solicitadas. Ahora bien, se precisa que solo será considerado como acto reclamado en el presente juicio, el indicado en el inciso a), es decir, la omisión a dar contestación a su escrito recibido el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dirigido al carpeta de investigación ***, en atención a los siguientes razonamientos. Respecto del acto indicado en el inciso c), como el mismo quejoso lo refiere, únicamente se trata de efectos naturales de la abstención efectuada por la representante social responsable, al no emitir la respuesta a su escrito de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por lo tanto, dicho acto forma parte, en vía de consecuencia, del primero de los señalados, de ahí que no se tendrá como tal. Por otro lado, la discriminación que el quejoso considera es una causa por la que el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido Patrimoniales Cinco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, no ha dado contestación a su escrito recibido el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dirigido al carpeta de investigación ***, propiamente no consiste un hecho a combatir. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta, que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consisten en describirlo, pues los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto, sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos, por lo tanto, la manera en que ésta última se haya desarrollado, no constituye un acto reclamado sino apreciaciones sobre él, y, en todo caso se trataría de un concepto de violación. Sirve como sustento, la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, registro 223603, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Entonces, como se dijo solo será considerado como acto reclamado en el presente juicio, la omisión a dar contestación a su escrito recibido el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dirigido al carpeta de investigación ***. DESECHAMIENTO. En atención a lo anterior, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En la especie, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; La referida disposición prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para la suspensión en la Ley de Amparo. Así, el principio de definitividad que rige el juicio de derechos fundamentales encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a los medios de impugnación en sede administrativa o jurisdiccional que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En el caso se estima que el promovente no cumplió con dicho principio, por las siguientes razones. El solicitante del amparo reclama del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido Patrimoniales Cinco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, la omisión a dar contestación a su escrito recibido el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dirigido al carpeta de investigación ***; sin embargo, esa determinación es impugnable mediante el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que debe ser combatida a través de ese medio de impugnación. Para la aplicación de las anteriores consideraciones a la materia penal que aquí nos ocupa, se toma en cuenta el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dice: "Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Se sostiene lo anterior, porque las determinaciones o abstenciones del agente del Ministerio Público, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el juez de control; por ello, es inconcuso que el quejoso se encuentra obligado a agotar dicho medio ordinario de defensa. Apoya en lo conducente la tesis 1a./J 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 945, Tomo I, Agosto de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2017641, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". En esa tesitura, al contener la ley que rige el acto reclamado un remedio procesal que puede subsanar las violaciones alegadas en la demanda de amparo, el mismo debió ser ejercido por la peticionaria de amparo, en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo y si no lo hizo así, su omisión genera la improcedencia del presente juicio, ya que no es optativo para la gobernada cumplir o no con dicho principio, máxime que como se analizó, no se está en presencia de la hipótesis de excepción que contempla dicho numeral. Apoya esta determinación, la jurisprudencia I.6o.C.J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 187016, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En consecuencia, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Ahora bien, como lo solicita ***, asesor jurídico del directo quejoso ***, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 3 de la Ley de amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que precisa en el escrito de cuenta, previa razón que por su recibo se asiente en autos de cualquiera de las personas autorizadas para tal efecto. Por lo tanto, atendiendo a que el edificio sede del Vigésimo Noveno Circuito no cuenta con servicio de fotocopiado, se requiere a la parte promovente a efecto de que proporcione un medio de almacenamiento digital para que sean digitalizadas y esté en aptitud de imprimirlas, y por lo tanto, este órgano pueda llevar a cabo su cotejo y compulsa; en el entendido que en la fecha en que comparezca a proporcionar el medio de almacenamiento digital, se le hará del conocimiento la data en que deberá presentarse con la finalidad de recepcionar lo solicitado.V

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de diciembre de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO. De las constancias de autos se advierte que no obra el informe previo de la totalidad de las autoridades responsables, tampoco las constancias acuse de recibo de los oficios mediante los cuales se les solicitó. Con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo procede diferir la celebración de la audiencia incidental programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con dos minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintidós....M-I

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