Rene Martín González

Expediente 993/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
993/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Rene Martín González

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ante este tribunal se encuentra radicado el exhorto 528/2023-VII, con número de origen 412/2023, formado con motivo de la comunicación oficial enviada 136/2023 (número de orden 742/2023), del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en cuyo asunto se ordenó notificar personalmente a la quejosa Kevy González, el proveído de veintiuno de agosto del año en curso, dictado dentro de los autos del juicio de amparo 723/2023, de su índice, avocándose al conocimiento de la demanda que promovió por sí y en representación de René Martín González, en razón de la competencia planteada en el presente asunto por este Juzgado de Distrito. En tal razón, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su ordinal 2°, se ordena glosar la documental derivada de la citada comunicación oficial que guardan relación con el asunto que nos ocupa; lo anterior tomando en consideración que este órgano jurisdiccional tiene la facultad de invocar de oficio como hecho notorio, además para que este tribunal se encuentre en aptitud legal de emitir un fallo estrictamente apegado a derecho; se invoca al respecto, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página doscientos noventa y cinco, del tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Así como la tesis número I.14o.C.10 K visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVIII, noviembre de 2003, de la página 971, la cual en su rubro reza: "HECHO NOTORIO. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO PUEDA INVOCARLO, PREVIAMENTE, DEBE ORDENAR LA CERTIFICACIÓN RESPECTIVA DE LAS CONSTANCIAS QUE ESTIMA GUARDAN RELACIÓN CON LA DEMANDA DE AMPARO." Toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, es de sostenerse que el presente cuaderno se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran seis meses el presente cuaderno deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 19 antes citado. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 22693/2023 con anexo, enviado bajo vinculación electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, mediante el cual remite la constancia de diligenciación del exhorto 482/2023-VII, con número de orden 651/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, que se libró a efectos de que en auxilio de las labores de este tribunal, se notificara personalmente al directo quejoso ********************, el proveído de dieciséis de los actuales, dictado en el presente juicio de garantía; en tal razón, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, debiéndose realizar la anotación relativa en el libro de gobierno, así como darse de baja en el reporte estadístico; sin que resulte necesario que se acuse recibo, ello en virtud de que la autoridad oficiante refiere que el sistema en comento lo generó automáticamente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********************, por sí y en representación de********************, a través del cual solicita el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que ahí menciona; regístrese con el número 993/2023-VII. Ahora bien, una vez analizada la demanda con que se da cuenta, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la misma; para ello, resulta pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. Ahora, en el caso particular, y una vez analizada la causa de pedir se establece que el acto reclamado se hace consistir en el deseo de que las autoridades responsables trasladen al directo quejoso********************, del Centro de Reinserción Social de Apodaca, Nuevo León, al diverso de Ejecución de Sanciones, de esta ciudad, con la finalidad de que el nombrado pueda cumplir un proceso en esta localidad, aunado a que se encuentra compurgando una pena de prisión, y que su familia no tenga que trasladarse a otra urbe en donde existen carreteras inseguras en las que pueden sufrir agresiones físicas; en cuya hipótesis, desde que se autorice ese traslado, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos, por lo que refiere que se trata de un acto de tracto sucesivo; es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo y en ese sentido, la autoridad que ordene el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la personas en otro centro penitenciario. De lo que se puede apreciar, la situación anterior encuadraría en la segunda hipótesis de las que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando dispone que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente; sin embargo, de la lectura de la demanda, no se advierte que el acto reclamado pudiera tener ejecución en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas. El único dato objetivo que se tiene hasta el momento, es que el quejoso directo está privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Apodaca, Nuevo León, sin algún antecedente que permita concluir a qué centro de reclusión será trasladado, que inclusive podría no ser a esta ciudad de Matamoros, por lo que debe atenderse a la primera regla de competencia por territorio, que establece la competencia en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción el agraviado se encuentre interno, que en el particular es en el Estado de Nuevo León, donde empezaría a ejecutarse el acto reclamado. En efecto, la promovente solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, para que se ordene el traslado del quejoso directo********************, de donde actualmente se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social de Apodaca, Nuevo León), al Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, Tamaulipas; sin embargo, lo cierto es que para que eso acontezca primeramente debe realizarse tal solicitud ante el Juez de Ejecución Penal, en los términos que establezca el Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que refiere que actualmente se encuentra compurgando una pena de prisión. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.XIII.P.L. J/1/P (11a), sustentada por el Pleno en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II página 1837, que en su rubro y texto dice: "COMPETENCIA PARA RESOLVER RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE TRASLADO VOLUNTARIO, POR UNA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. AL TRATARSE DE UN ACTO DE NATURALEZA SUSTANTIVA, CORRESPONDE A LOS JUECES DE EJECUCIÓN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN Y QUE TIENEN EL FUERO RELATIVO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE ORDENÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA O EMITIÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA MOTIVO DEL INTERNAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias en torno a determinar cuál es el Juez competente para resolver respecto de una solicitud de traslado voluntario, por una persona privada de su libertad, formulada en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de una resolución restrictiva de la libertad impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero diverso de aquel que corresponde al centro penitenciario en el que se encuentra recluida. Criterio jurídico: El Pleno en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito determina que conforme a la regla prevista en el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en concordancia con el diverso 3 del propio ordenamiento, la competencia para resolver una solicitud de traslado voluntario, por una persona privada de su libertad, a que se refiere el artículo 50 de la propia ley, cuya naturaleza jurídica es de carácter sustantivo, corresponde a los Jueces de Ejecución que ejercen jurisdicción en el centro de reclusión y que tienen el fuero relativo al órgano jurisdiccional que ordenó la prisión preventiva o emitió la sentencia condenatoria motivo del internamiento. Justificación: Conforme a lo estipulado en los artículos 3 y 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los Jueces que ejerzan jurisdicción sobre las autoridades de los centros penitenciarios, son quienes estarán facultados para conocer de las controversias con motivo de traslados nacionales, y si diversos juzgadores de un distinto fuero ejercen competencia territorial sobre el mismo centro de reclusión, el competente será el del fuero respecto del que se hubiere emitido la resolución de internamiento, ya sea prisión preventiva o una condena firme, toda vez que la naturaleza del traslado voluntario es de carácter sustantivo, ya que el lugar en el cual el imputado debe cumplir con la prisión que le fue impuesta, resulta consecuencia natural de la medida restrictiva de la libertad impuesta por el juzgador y se regula por disposiciones de naturaleza sustantiva, porque constituye una variante de la ejecución de la pena, o de su modificación y duración; por tanto, como la normatividad aplicable debe guardar coherencia con el sistema normativo primigenio que dio lugar a la imposición de la medida restrictiva de libertad, la jurisdicción para conocer de la controversia relativa al traslado de una persona privada de la libertad, sea voluntario, se surte en favor del Juez de Ejecución que ejerce jurisdicción en el lugar de ubicación del referido centro federal y del fuero bajo el cual se haya emitido la resolución que determina la privación de la libertad." Por lo expuesto, al ser evidente que este juzgado no tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta, con apoyo en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se declina la competencia para conocer del presente juicio de amparo, en favor del Juez de Distrito en Materia Penal el Estado de Nuevo León que por razón de turno corresponda, con sede en Monterrey, por lo que de inmediato remítasele el expediente en que se actúa por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esa localidad, con el propósito de que decida si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias necesarias deducidas de este expediente y autógrafa de este acuerdo. En otro aspecto, tocante a la medida cautelar solicitada, cabe destacar que el numeral 48 de la Ley de Amparo, establece que, cuando se presente una demanda ante juez de distrito o tribunal colegiado de apelación de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, el acto reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis en mención, y tampoco se considera que deba atenderse por excepción la suspensión de plano, ya que mediante Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se excluyó a las órdenes de traslado de los casos urgentes de turno. Por tanto, como en el presente asunto se reclama que las autoridades responsables trasladen al quejoso a un diverso centro penitenciario al que se encuentra recluido, este Juzgado de Distrito no se pronunciará sobre la suspensión de plano, pues como ya quedó plasmado en párrafos precedentes, las órdenes de traslado se eliminaron por Acuerdo General de los supuestos de asuntos urgentes para turno y no encuadran en alguna hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo, para ello. Toda vez que el quejoso********************, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Apodaca, Nuevo León, es decir fuera de la jurisdicción de este tribunal, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, de los Tribunales Colegiados Unitarios y Juzgados de Distrito, al ser la primera notificación derivada de este juicio, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León que por razón de turno corresponda, con sede en Monterrey, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional comisione al actuario de su adscripción para que de inmediato se constituya en dicho centro penitenciario, a fin de buscar al quejoso de mérito y notificarle personalmente este proveído. Finalmente, se faculta al titular del juzgado que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellas acordar promociones, habilitar días y horas, así como imponer sanciones. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

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