Rene Manzano Torres
Expediente 572/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rene Manzano Torres
Actuaciones
- Principal
MESA IV "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dos de junio de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que al Actuario adscrito a este Juzgado, no le fue posible notificar a la parte quejosa, el proveído de veinticinco de mayo del año en curso, por los motivos expuestos. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte por lista de acuerdos el citado acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para tal efecto. Notifíquese y cúmplase. INSERCIÓN; "#... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Fórmese expediente, regístrese en el libro de registro de juicios de amparo y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico 572/2022. PARTE QUEJOSA RENÉ MANZANO TORRES, imputado en el juicio natural de donde emana el acto reclamado. AUTORIDAD RESPONSABLE. Juez de Control del Distrito Judicial de Pinotepa Nacional, Oaxaca. ACTO RECLAMADO La determinación emitida para que comparezca al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Pinotepa Nacional, Oaxaca, para la formulación de la imputación que hará el Agente del Ministerio Público del referido Distrito Judicial. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VULNERADAS. Derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucional. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, el acto reclamado no afecta los derechos subjetivos públicos del justiciable, lo que ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, 5º, fracción I y 6º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, es requisito indispensable que quien lo promueve haya resentido una afectación real y actual a su esfera jurídica, y sólo quien lo resiente puede acudir al juicio de amparo en protección de sus derechos o propiedades. Ahora, si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación actúa como autoridad, en atención a que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, así como la emisión de la resolución que dé lugar a la judicialización de dicha carpeta, pero, no causa un daño o perjuicio al gobernado, a menos que se emitiera una determinación por la autoridad ministerial que ordenara se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que en la especie no acontece. Apoya lo anterior la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 2601, libro 47, octubre de 2017, tomo IV, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en materias Común y Penal, de la Décima época, con número de registro 2015368, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente" Lo anterior patentiza que el acto destacado como reclamado no afecta los derechos humanos del promovente, ya que la citación a formulación de la imputación, no constituye acciones que invadan o vulneren su esfera jurídica, ya que encuentran su justificación, en el artículo 21 Constitucional, además de que sus consecuencias quedarán supeditadas a la decisión del Juzgador que llegue a conocer de la carpeta de investigación; de manera que, como se ha establecido, tales actos no le causan un daño o perjuicio. Máxime que dicho acto, se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, al tratarse de una simple comunicación del Juez, en la que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. ... DESECHAMIENTO En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que índica, y atento a la certificación de cuenta, por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones y acuerdos a la persona que menciona. PETICIÓN A LAS PARTES En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Por lo que se les requiere para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, para tal efecto. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección.... HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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