René Lucas Pineda Moran

Expediente 806/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
806/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
31/12/2018

Partes del expediente

  • René Lucas Pineda Moran
  • Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de ocho de octubre del año en curso, se ordenó formar cuaderno de antecedentes con el oficio remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo; que se recibió con posterioridad a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que el juicio de amparo en que se actúa se encontraba para proyecto de sentencia; por tanto, como ya se dictó la resolución correspondiente, intégrese el citado cuaderno al expediente principal.

  3. Principal

    Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 806/2018, por conducto de su apoderado Oliver Delgado Peralta, contra actos de la Sala Regional de Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; y, R E S U L T A N D O PRIMERO...se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a René Lucas Pineda Moran, contra el acto que reclamó de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, que quedó precisado en el considerando segundo de este fallo y por las razones asentadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Principal

    RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMA QUE DICE: Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 806/2018, por conducto de su apoderado Oliver Delgado Peralta, contra actos de la Sala Regional de Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y turnado ese mismo día al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en esa ciudad, René Lucas Pineda Moran, por conducto de su apoderado legal Oliver Delgado Peralta, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto que a continuación se indica: "AUTORIDADES RESPONSABLES: 1).- Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: ".El auto de fecha 09 de noviembre del año dos mil diecisiete, dictado en el expediente número TJA/SRO/072/2017, por medio del cual se declara competente para conocer del juicio promovido por el quejoso, cuando ésta no tiene competencia por tratarse de un asunto eminentemente laboral." Al respecto el referido Juzgado, mediante auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 328/2018 y se declaró incompetente para conocer sobre la referida demanda, por corresponder a un asunto relacionado con el diverso juicio de amparo 1304/2016, del cual conoció el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, por lo que ordenó remitir los autos a dicho órgano. Mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado recibió los autos en comento, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 347/2018 y rechazó la competencia para conocer del asunto en virtud de que el referido amparo 1304/2016 fue desechado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, sin entrar al análisis del fondo del asunto, por lo que ordenó devolver los autos al Juzgado Séptimo. Por auto de tres de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado insistió en que carece de competencia para conocer sobre el asunto y formuló consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, cuyo Secretario ejecutivo mediante oficio SECNO/1258/2018, de diez de abril de dos mil dieciocho determinó que correspondía conocer sobre el presente asunto al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, ya que se ponderó que ambos juicios de amparo no derivan del mismo expediente jurisdiccional. En atención a dicha determinación, por auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, el juzgado antes referido admitió a trámite la demanda, solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; ordenó correr traslado al tercero interesado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho y, posteriormente, se dictó resolución el diecinueve de septiembre siguiente, en la que se declaró incompetente por razón de territorio, para conocer del referido asunto, ordenando remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero en turno, con sede la ciudad de Acapulco de Juárez. Por oficio número 17668/2018 de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la demanda en comento fue remitida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero con sede en esta ciudad, mismo que fue recibido el veintiséis de septiembre del presente año y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día. SEGUNDO. Por auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, este juzgado federal aceptó la competencia para conocer del presente asunto, radicándolo en el libro de gobierno respectivo bajo el número 806/2018 y admitió a trámite la demanda de amparo, sin solicitar informe justificado a las autoridades responsables ni señalar fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional, en virtud de que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, declinó la competencia para conocer del presente asunto de manera posterior a la celebración de la audiencia constitucional de veintiuno de junio de dos mil dieciocho en el juicio de amparo 328/2018, por lo que se dejaron los autos listos para pronunciar la sentencia respectiva. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el quejoso reclama el auto por el cual la Sala Regional de Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero aceptó la competencia para conocer de la demanda promovida por el ahora quejoso originalmente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo, Guerrero, en razón de corresponder a un asunto en materia administrativa. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia y del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consisten en el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, emitido dentro del juicio de nulidad número TJA/SRO/072/2017, por el cual la Sala Regional de Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero aceptó la competencia para conocer de la demanda promovida por el ahora quejoso en contra del Ayuntamiento de Xochistlahuaca, en razón de que la relación existente entre ellos es de naturaleza administrativa y no laboral. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable aceptó su existencia al rendir su informe justificado -fojas 78 y 79-, lo cual se corrobora con las constancias exhibidas por las partes, entre las cuales se encuentra el propio acuerdo de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio TJA/SRO/072/2017, por la Sala Regional de Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, mismo que obra glosado en autos en copia certificada -foja 133-, documental que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que conforme a lo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto atribuido a la autoridad responsable. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia infundadas. Previo a entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, de conformidad con el artículo 62 de ese mismo ordenamiento. La responsable invocó la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que señala que el acto reclamado constituye un acto consentido puesto que deriva de la interlocutoria de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en autos del expediente laboral número 57/2016, en la cual declinó su competencia para conocer el asunto en virtud de que tiene naturaleza administrativa y no laboral, por lo que el quejoso debió controvertir dicha determinación y al no haberlo hecho, el acuerdo de aceptación de competencia emitido por la responsable deviene en un acto consentido. La causal de improcedencia en estudio resulta infundada en atención a las siguientes consideraciones: En primer término, la responsable parte de una premisa equivocada al considerar que el quejoso no controvirtió lo resuelto por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado mediante la interlocutoria de siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente laboral número 57/2016, en razón de que de autos se advierte que sí fue promovido un juicio de amparo en contra de dicho acto, el cual fue radicado con el número 1304/2016 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que fue el motivo por el cual el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, se declaró incompetente para conocer del presente asunto, argumentando que dicho Juzgado Décimo, tenía conocimiento previo de un asunto que emanó del mismo expediente laboral de origen. No obstante lo anterior, por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dicho órgano jurisdiccional desechó la demanda en virtud de que si bien en el acto reclamado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, declinó su competencia para conocer de la contienda que pretendió la parte aquí quejosa en el juicio 57/2016 de su estadística, lo cierto es que hasta ese momento procesal no se hacía patente la afectación personal y directa contenida en el artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el daño se da una vez que la autoridad que tiene el carácter de destinataria, acepte la competencia planteada, pues es ese momento en el que la declinatoria es definitiva. Ahora bien, dicho órgano jurisdiccional desechó la demanda intentada en contra de la interlocutoria por la cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje declinó su competencia para conocer sobre la contienda que pretende el ahora quejoso en contra del Ayuntamiento de Xochistlahuaca, en virtud de que dicho acto no constituye una afectación real y directa a su esfera jurídica, hasta en tanto el órgano jurisdiccional al cual le fue declinada la competencia, la acepte, situación que aconteció con la emisión del acto reclamado, en virtud de que constituye precisamente la aceptación de la competencia por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Lo anterior adquiere sustento en la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2009721 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Página: 5 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. En esa consideración, si en el presente asunto el acto reclamado consiste en el acuerdo por medio del cual la Sala Regional en Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, aceptó la competencia para conocer de la demanda intentada por la aquí quejosa, que fue declinada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, es claro que dicha aceptación sí genera la afectación personal y directa que indica el artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual tiene fundamento en la jurisprudencia antes transcrita, así como en lo que dispone el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, aun cuando no se hubiera controvertido la interlocutoria mediante la cual el tribunal laboral declinó su competencia en favor de la hoy responsable, no implica que se hubiera consentido el acto reclamado, puesto que, como se apuntó anteriormente, la afectación personal y directa en la especie se da en el momento en que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado aceptó la competencia para conocer de la controversia planteada por el ahora quejoso, es decir, dicha afectación ocurrió hasta la emisión del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, si el acto reclamado fue notificado al quejoso el día uno de marzo de dos mil dieciocho, según se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 136 de autos, exhibida en copia certificada por la responsable junto a su informe justificado, misma que en términos del artículo 33 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, surtió sus efectos el mismo día, por lo que, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del dos al veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (descontándose los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veintiuno de marzo del año en curso, por haber sido inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho (día laborable pero inhábil, al tenor del artículo 19 de la Ley de Amparo), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. No resulta óbice a lo anterior el hecho de que en el acta de notificación antes citada se hubiera asentado erróneamente la fecha en que se practicó la diligencia correspondiente -uno de marzo de dos mil diecisiete-, en virtud de que si el acto que se notificó correspondía al acuerdo de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, es claro que es materialmente imposible que el mismo se hubiera notificado antes de la fecha de su emisión, por lo que lo procedente es considerar que la constancia de notificación en comento fue levantada el uno de marzo de dos mil dieciocho. En esa consideración, en el presente caso no se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento que hizo valer la autoridad responsable, por lo que no es procedente sobreseer el juicio de amparo. QUINTO. Estudio de conceptos de violación. En el único concepto de violación, el quejoso aduce esencialmente que la responsable aceptó indebidamente la competencia para conocer de la controversia planteada originalmente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en virtud de que la relación que tenía con el Ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, es de índole laboral y no administrativa, en razón de que el trabajo para el que fue contratado fue de Auxiliar Administrativo adscrito a la Dirección de Protección Civil, puesto que no está contemplado dentro de los supuestos previstos por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aduce que el cargo que desempeñó tiene naturaleza administrativa puesto que sus funciones se circunscribieron a realizar actividades de auxiliar administrativo, las que no encuadran dentro de las instituciones policiales, por lo que al no formar parte de los cuerpos de seguridad pública municipal, la relación que tenía con el Ayuntamiento de Xochistlahuaca no es de índole administrativa, sino laboral. Asimismo, señala que el artículo 97 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero señala expresamente que no forman parte del Cuerpo de Policía Estatal aquellas personas que ostenten nombramiento distinto al de elemento policial, aun cuando laboren en instituciones de seguridad pública, por lo que no puede ser encuadrado dentro de esos cuerpos de seguridad por simple analogía, máxime que las funciones que desempeñó eran de naturaleza administrativa. Los conceptos de violación reseñados en párrafos anteriores son infundados en atención a lo siguiente: Al respecto, en términos del artículo 26 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero los Ayuntamientos son los órganos a través de los cuales se lleva a cabo el gobierno y la administración del Municipio, dentro de los límites que los constituyen y conforme a las competencias legales que les son otorgadas. Asimismo, dichos órganos de gobierno se encuentran conformados por un Presidente Municipal y el número de síndicos y regidores, que al efecto establece tanto la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y la Constitución Política del Estado. A su vez, los Ayuntamientos se apoyan para el desempeño de sus funciones de gobierno y administración en los servidores públicos señalados en el artículo 29 de la referida ley, mismos que son designados por el propio Ayuntamiento a propuesta de su Presidente. Artículo 29.- Los Ayuntamientos a propuesta de los Presidentes Municipales, nombrarán a los siguientes servidores públicos, sin perjuicio de la denominación o rango jerárquico que los propios Ayuntamientos establezcan: I. Secretario; II. Oficial Mayor o Jefe de la Administración; III. Tesorero; IV. Jefe de Seguridad Pública; quien deberá reunir los requisitos previstos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, además de ser previamente evaluado, capacitado y certificado por las estancias (sic) estatales competentes. V. Jefe de Obras Públicas; VI. Demás servidores de nivel equivalente, y (sic.) VII.- Dirección de Fomento al Empleo, y VIII. Al Director (a) Municipal de la Mujer; IX. Demás servidores de nivel equivalente. Los servidores públicos a que se refiere este artículo no podrán ser parientes de ningún edil hasta el cuarto grado por afinidad o consanguinidad. Al respecto, en la parte que interesa del precepto legal transcrito, es decir, en la fracción IV que prevé la existencia del Jefe de Seguridad Pública, se hace hincapié en el hecho de que la legislación en estudio remite a la diversa Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero para establecer los requisitos que deben cumplirse para acceder a dicho cargo. Lo anterior es posible en virtud de que el artículo 6, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, establece que los Ayuntamientos también se rigen por la legislación estatal relacionadas con la organización y actividad municipal. Articulo 6.- Los Municipios y sus respectivos Ayuntamientos se regirán también por las siguientes disposiciones: . II. Las Leyes y demás disposiciones de carácter estatal relacionadas con la organización y actividad municipal; . V. Los reglamentos, bandos, acuerdos, circulares, disposiciones Administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que expidan los Ayuntamientos conforme a la Ley. En ese orden de ideas, el sistema jurídico que rige a los Municipios del Estado de Guerrero se encuentra comprendido tanto por los reglamentos, bandos, acuerdos circulares y disposiciones administrativas que expidan los propios Ayuntamientos, en términos de la fracción V del artículo antes transcrito, como de las leyes y demás disposiciones de carácter estatal relacionadas con su organización y actividad. En ese sentido, en lo que corresponde a la legislación aplicable al sistema de seguridad pública y protección civil municipal, en específico en lo que corresponde al Municipio de Xochistlahuaca -Ayuntamiento para el cual el quejoso prestó sus servicios, según se advierte del nombramiento que obra glosado en autos a foja 90-, no existen reglamentos, bandos, acuerdos, circulares o disposiciones Administrativas de observancia general expedidas por el Ayuntamiento con la finalidad de regular la forma en la que se organiza el órgano que se encargará de dicho rubro, sino que únicamente se encuentra prevista en el artículo 29, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, la existencia del Jefe de Seguridad Pública quien, como se señaló anteriormente, debe cumplir con los requisitos previstos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Por lo anterior, se concluye que la legislación aplicable con respecto a la seguridad pública y protección civil del Municipio de Xochistlahuaca, es la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Ahora bien, el artículo 3, fracción XVIII, de la ley en comento, establece lo que debe entenderse por seguridad pública: ARTÍCULO 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: . XVIII.- Seguridad Pública: Todas aquellas actividades del Estado en sus tres órdenes de gobierno, encaminadas a prevenir, combatir las infracciones y delitos, a salvaguardar la integridad y protección de los bienes y derechos de las personas, las libertades, el orden y la paz públicos, así como las acciones que se realizan para la procuración e impartición de justicia, la ejecución de sentencias penales, la readaptación social del sentenciado, la adaptación social de los adolescentes; la protección de los recursos naturales, de las instalaciones y servicios estratégicos del gobierno, y, en general todas las que realicen directa o indirectamente las instituciones, dependencias y entidades que deban contribuir a sus objetivos y fines; Asimismo, el artículo 4 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero señala lo siguiente: ARTÍCULO 4.- La seguridad pública es una función de servicio prioritario y permanente del Estado y los Municipios, con la participación de la sociedad en general, en el ámbito de sus respectivas competencias, y tiene por objeto: . VII.- El apoyo y auxilio a la población, en casos de siniestros y desastres naturales, conforme a la ley de la materia. De lo anterior se concluye que el apoyo y auxilio de la población en caso de siniestros y desastres naturales -acciones que forman parte de las medidas de protección civil-, son parte de las funciones de seguridad pública a las cuales se encuentran sujetos de manera permanente tanto el Estado, como sus municipios. Ahora bien, el artículo 16 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, establece cuáles son las autoridades relacionadas con la toma de decisiones en materia de seguridad pública de los Municipios. ARTÍCULO 16.- En el ámbito municipal, son autoridades para el análisis, discusión y toma de decisiones en materia de seguridad pública, las siguientes: I.- Los Consejos Municipales e Intermunicipales; II.- Los Ayuntamientos Municipales; III.- Los Presidentes Municipales; IV.- Los Síndicos Procuradores; V.- Los Secretarios, Directores, Jefes de la Policía Preventiva en los Municipios, o su equivalente; y VI.- Los Comisarios o Delegados Municipales. De lo anterior se advierte, entre otras que los Secretarios, Directores y Jefes de Policía Municipales, forman parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública dentro de la organización municipal, la cual a su vez es una actividad conjunta del Estado y todos sus Municipios, tal como lo establece el artículo 4 antes transcrito. Asimismo, el artículo 26 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, establece que todas las acciones desplegadas por las autoridades enlistadas en dicho numeral comprenden la actividad de la seguridad pública Estatal. ARTÍCULO 26.- En el Estado, la seguridad pública comprende de manera integral todas las acciones realizadas en el ámbito de sus atribuciones por: I.- El Consejo Estatal; II.- El titular del poder ejecutivo; III.- La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil; IV.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado; V.- La Procuraduría General de Justicia del Estado; VI.- Los Ayuntamientos de los Municipios; VII.- Los particulares que presten servicios de seguridad privada y otros auxiliares en seguridad pública; y VIII.- Las demás autoridades relacionadas con la seguridad pública. En esa consideración, los Ayuntamientos de los Municipios se encuentran relacionados con la seguridad pública del Estado, toda vez que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero establece que las acciones que se deben llevar a cabo dentro de dicho rubro, deben ser efectuadas tanto por las autoridades Estatales como por las Municipales, incluyendo a estas últimas dentro del sistema de seguridad pública y protección civil, mismas que incluso considera, en términos de los preceptos legales anteriormente transcritos, como autoridades relacionadas con la discusión y toma de decisiones en materia de seguridad pública -artículo 16-. En esa consideración, en el caso concreto, si bien las autoridades municipales no forman parte integrante de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, en razón del nivel de gobierno al cual pertenecen -municipal-, lo cierto es que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, sí las considera como parte de las autoridades relacionadas con la seguridad pública no solamente del municipio, sino de todo el Estado, puesto que establece que dicha actividad tiene un carácter conjunto entre ambos niveles de gobierno, incluso con el Federal. Entonces, los servidores públicos que cuentan con el cargo de Director dentro de un Municipio, en materia de seguridad pública y protección civil, deben ser considerados como autoridades relacionadas con la organización y toma de decisiones en materia de seguridad pública y protección civil del Estado y sus Municipios. Por tanto, si las disposiciones establecidas en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, son aplicables a las autoridades municipales en materia de seguridad pública y protección civil, es procedente concluir que éstas se encuentran sujetas a una relación de índole administrativa, puesto que forman parte del sistema de seguridad pública establecido por dicha legislación Estatal. Consecuentemente, las autoridades municipales en el ramo de seguridad pública y protección civil del Ayuntamiento de Xochistlahuaca, sí se encuentran dentro de los supuestos previstos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el régimen aplicable a las relaciones entre la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero y los servidores públicos que la integran. Lo anterior adquiere sustento en la jurisprudencia que se transcribe a continuación: Época: Novena Época Registro: 172320 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2007 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 91/2007 Página: 1178 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. Del proceso legislativo que dio origen al decreto de reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República (Diario Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el Constituyente precisó que los miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a las Legislaturas Locales para regular las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, pero sobre las bases determinadas en el propio artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que entre esa dependencia y sus servidores públicos existe una relación laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho Tribunal, en principio, sería competente para conocer y dirimir las controversias entre los miembros de las instituciones policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales disposiciones no son acordes con los preceptos constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no es de naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, sus diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta última materia, por lo que en atención al principio de supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Número 433 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Número 194, todas del Estado de Guerrero, instituyen la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer los procedimientos contenciosos de ese orden, suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los miembros de una institución policial y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver dichas controversias, resultando aplicables por analogía las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicadas con los números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 24/95. Ahora bien, en la especie el quejoso tuvo el cargo de Director de Protección Civil del Ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, lo cual se demuestra mediante la copia certificada del recibo de nómina exhibido por la responsable junto a su informe justificado, mismo que obra glosado a foja 120 del expediente en que se actúa, y del cual se advierte que el ahora quejoso tenía el referido cargo, pues recibía las prestaciones relativas al mismo. En tal circunstancia, el puesto que desempeñó el quejoso dentro del Ayuntamiento de Xochistlahuaca, corresponde al de Director, mismo que en términos de lo expuesto anteriormente corresponde a una de las autoridades municipales relacionadas con la organización y toma de decisiones en materia de seguridad pública en el Estado y sus Municipios. No resulta óbice a lo anterior el nombramiento que obra glosado a foja 90 de autos, expedido por el entonces Presidente Municipal de Xochistlahuaca, del cual se advierte que el cargo que le fue conferido al ahora quejoso fue el de auxiliar administrativo, puesto que del referido recibo de nómina se advierte que las prestaciones que le fueron entregadas como contraprestación por sus servicios eran las de Director de Protección Civil de dicho Municipio, por lo que se concluye que ese fue el cargo que desempeñó dentro de dicha administración municipal. De ahí que la relación existente en su momento entre el Ayuntamiento de Xochistlahuaca y el quejoso es de índole administrativa, en virtud de que dado el cargo que éste último tuvo dentro de la referida administración, debe ser considerado como una autoridad municipal relacionada con la organización y toma de decisiones en materia de seguridad pública y protección civil del Estado y sus Municipios, lo que lo ubica dentro del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Protección Civil y, en consecuencia, le resulta aplicable la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como se ubica en los supuestos previstos por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tomando en cuenta lo expuesto, la responsable sí fundó y motivó debidamente el acto reclamado, en virtud de que estableció que tomando en consideración que el ahora quejoso se desempeñó dentro de la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, en términos de los artículos 3, 4, 27, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, así como 1, 2, 42 46 y 48 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, aceptó la competencia para conocer de la controversia planteada por el particular contra el Ayuntamiento de Xochistlahuaca. Sin que resulte óbice que la Sala responsable hubiera considerado que el cargo que desempeñó el quejoso era el de auxiliar administrativo, en virtud de que como se demostró anteriormente, el cargo que realmente ejerció fue el de Director de Protección Civil, razón por la cual se considera que sí se ubica en las hipótesis previstas por el artículo 123, apartado B, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, la controversia planteada es de naturaleza administrativa y no laboral. En mérito de lo anterior, como se adelantó, los conceptos de violación resultan infundados porque es inexacto que la autoridad responsable haya aceptado indebidamente la competencia, ya que la relación del quejoso con el Ayuntamiento de Xochistlahuaca fue de carácter administrativo. En consecuencia ante lo infundado de los conceptos de violación, se impone negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a René Lucas Pineda Moran, contra el acto que reclamó de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, que quedó precisado en el considerando segundo de este fallo y por las razones asentadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE QUEJOSA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO...

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