René López Mendoza
Expediente 1320/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1320/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- René López Mendoza
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que René López Mendoza, hubiera recurrido el auto de diez de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de septiembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por RENÉ LÓPEZ MENDOZA, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo bajo el número 1320/2015. La demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos emanados de procedimientos jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. En el caso, el acto controvertido que se hace consistir en la negativa de la responsable para remitir la causa penal integrada en contra del quejoso al tribunal de alzada para la substanciación del recurso que interpuso en contra del auto de formal prisión dictado en su contra, no transgrede un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino que se trata de una cuestión de carácter adjetiva, surgida dentro del propio procedimiento jurisdiccional, en el que el particular debe atender a las reglas que rigen la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a cumplir con los plazos que la ley le impone para el despacho de los asuntos (derechos de debido proceso y acción). En esas condiciones, es evidente que el citado acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos personales del inconforme (propiedades, posesiones o derechos). Por tanto, la negativa reclamada, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a la promovente, en atención al concepto de irreparabilidad citado, pues el hecho de que a la fecha no se haya remitido el expediente para la substanciación del recurso interpuesto, no priva a la parte quejosa del derecho de defensa que tiene en el procedimiento, y tampoco altera las cuestiones debatidas en los mismos, además de tener a su alcance los recursos establecidos en la legislación local para obligar a la responsable a que remita la causa penal de origen, como puede ser el de queja, previsto en el artículo 546, fracción I, en relación con la primera parte del diverso 553, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales (Art. 546.- El recurso de queja tiene lugar: I.- Cuando se niegue el de apelación, cualquiera que sea el motivo;. Art. 553. [.] Si la resolución que se dicte declara fundada la queja, se ordenará al Juez o Alcalde respectivo que remita el original para la apelación, si se trata del caso señalado en la fracción I del Artículo 561). Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica la Jurisprudencia 8/2015 (10a.), relativa a la contradicción de tesis 130/2014, resuelta el veintiuno de enero de dos mil quince, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8º CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia, en términos del 113 de la invocada ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, y por autorizados para tales efectos, a las personas que refiere. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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