René Lezama Aradillas

Expediente 841/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
841/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • René Lezama Aradillas
  • Luis Ángel Bravo Rivera, Agente del Ministerio Público Adscrito A la Fiscalía de Investigación Regional, de la Fiscalía General del Estado de Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, seis de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vistos los autos se advierte que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno Agréguese a los presentes autos los escritos de cuenta de Dartagnan Cerda Salazar, en su carácter de defensor particular de los quejosos Oswaldo García Menéndez, René Lezama Aradillas, Arturo Neira Francos y Rodrigo Amaro Gómez, mismos que fueron recibidos de manera electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, mediante los cuales da cumplimiento a la prevención de seis del propio mes y año; en ese sentido se provee: DESECHAMIENTO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo De la lectura de la demanda se advierte que los quejosos reclaman al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Luis Ángel Bravo Rivera): -La omisión y/o negativa de acordar el escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual ofrecen diversos datos de prueba. De igual manera tal y como se indicó en el proveído de seis de septiembre del actual para el suscrito juzgador que en este órgano jurisdiccional, se tramitan los diversos juicios de amparo 177/2021, 178/2021, 180/2021 y 181/2021, promovidos por los aquí quejosos, de los cuales se advierte que los quejosos están vinculados a proceso y que se establecieron seis meses como plazo de investigación complementaria, el cual fenecía el diez de agosto del actual. Finalmente, de los escritos aclaratorios de la demanda de cuenta se advierte que el dos de septiembre del actual se les notificó la formulación de la acusación, así como que no han controvertido la omisión y/o negativa que reclaman ante el juez que conoce del procedimiento. Sentado lo anterior, se estima que respecto de la omisión y/o negativa de acordar el escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual ofrecen diversos datos de prueba, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello porque si este órgano jurisdiccional analizara la omisión y/o negativa de acordar el escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual ofrecen diversos datos de prueba, este juzgado infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de los argumentos y elementos de prueba se deben presentar de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción el cual consiste en el derecho de las partes, en conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal, se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. En ese orden de ideas, podemos advertir que la Ley de Amparo pugna por el respeto a los principios que rigen en el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue la regla implícita consistente en la improcedencia del juicio de amparo cuando con ello se vulneren los principios que rigen el sistema penal antes citado. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión y/o negativa de acordar el escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual ofrecen diversos datos de prueba, es decir, que se practiquen actos de investigación. Por tanto, el cuestionamiento de la legalidad de la actuación ministerial en cuanto a negar la práctica de actos de investigación y a omitir la respuesta a la solicitud de practicar actos de investigación, no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, sino que es menester que primeramente, dentro de éste, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten sus argumentos en cuanto a los motivos expresados por la representación social al negar esos actos, la legalidad de esa decisión, la necesidad de practicar esos actos de investigación, entre otros planteamientos, y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el espíritu contenido en el artículo 75, de la Ley de Amparo, que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Puesto que tal y como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, al momento de analizar la figura del juez de control indicó que en términos de las disposiciones constitucionales que regulan el sistema penal oral los jueces de control deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. Por lo que en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los jueces de control deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación inicial e intermedia. Finalmente, la Sala citada sostiene que los jueces de control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 75, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo respecto de la omisión y/o negativa de acordar el escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual ofrecen diversos datos de prueba reprochadas al agente del Ministerio Público. Con independencia de lo anterior, respecto del citado acto reclamado se advierte que se también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo anterior, en virtud de que previo a instar la presente vía constitucional debía agotar el medio de defensa previsto en el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, una vez que concluyó la investigación complementaria (diez de agosto) y hasta antes de que la instancia investigadora formulara la acusación, debió solicitar en términos del referido dispositivo la reapertura de la investigación, a fin de que se recabaran los medios de prueba que se hayan solicitado a la representación y esta no hubiera recabado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Oswaldo García Menéndez, René Lezama Aradillas y Arturo Neira Francos, a través de su defensor particular Dartagnan Cerda Salazar, misma que fue recibida de manera electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, contra actos de Luis Ángel Bravo Rivera, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Fórmese el amparo correspondiente registrándose con el número 841/2021. PREVENCIÓN A efecto de acordar lo conducente, respecto de la demanda de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el artículo 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente del amparo para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente auto, realice la siguiente: 1. Manifieste el nombre y domicilio (correcto y actual) de la parte tercera interesada y si no los conoce, manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad. Toda vez el quejoso en su escrito inicial de demanda en el punto relativo a nombre y tercero interesado manifestó que "Desconozco si en el presente caso se actualiza dicha calidad", sin embargo, fue omiso en realizar dicha manifestación con la protesta de ley; además, cabe indicarle que el numeral 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, establece a quien le reviste tal carácter, en la especie: " III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable." Entonces, al derivar el acto reclamado de una controversia del orden judicial, en el que posiblemente existe una víctima que tiene derecho a la reparación del daño y, además, tuvo intervención el agente del Ministerio Público; de ahí que se evidencie la existencia de esa parte procesal. En ese sentido, el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia establece como uno de los requisitos que debe contener la demanda, el nombre y domicilio del tercero interesado, y SI LA PARTE QUEJOSA NO LOS CONOCE, manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad, pues no basta con citar que no hay o, en su caso que lo desconoce, como lo pretende hacer el inconforme en su demanda, pues el acto del que se duele, emana de una controversia del orden judicial en el que es evidente la participación del tercero interesado, es decir, hay una parte a la que le interesa la subsistencia del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 4/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice; "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA." Entonces, a fin de que todas las partes sean llamadas con el carácter que les asiste en este asunto, resulta necesaria esta prevención, aunado a que constituye una formalidad legal exigible al promovente. Por otra parte, para el suscrito es un hecho notorio para el suscrito juzgador que en este órgano jurisdiccional, se tramitan los diversos juicios de amparo 177/2021, 178/2021, 180/2021 y 181/2021, promovidos por los aquí quejosos, de los cuales se advierte que del informe justificado rendido por el Juez de lo Penal responsable, se advierte que se fijó el plazo de seis meses por cuanto hace al plazo de cierre de investigación complementaria, mismo que se indicó fenecia el diez de agosto del actual; así también se aprecia que en los incidente de suspensión que derivan de los citados juicios de amparo, respecto a los efectos del acto reclamado consistentes en el auto de vinculación a proceso y su ejecución material, dictado por la autoridad responsable en audiencia de diez de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 500/2020/TEHUACÁN, se concedió la suspensión definitiva, para el efecto de que la autoridad responsable suspenda el procedimiento en lo que corresponda a la parte quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo. 2. A fin de que el suscrito este en aptitud de acordar lo que conforme a derecho corresponda respecto de la demanda que promueve, se requiere a la parte quejosa para que como parte de los antecedentes del acto reclamado manifieste, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: a) Si el Agente del Ministerio Público, ya formuló la acusación correspondiente en contra de los aquí quejosos. b) Con relación a la omisión y/o negativa por parte del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, de la Fiscalía General del Estado de Puebla de acordar el escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno, por el cual ofrece diversos datos de prueba, señale si dicha omisión o negativa ya la hizo valer ante el juez de control de la causa, en cuyo caso deberá indicar la fecha en la que lo hizo valer y cuál fue la determinación emitida por el órgano jurisdiccional competente. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir íntegramente con lo requerido dentro del plazo indicado, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo; esto es, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizados a Luis Alfonso Cervantes Muñiz; Hildebrando García Álvarez; Juan Carlos Cajigas Lozano; Alejandro Campillo Talavera; Daniel Alejandro Díaz Álvarez; José Tomás Vega Ángeles; Lourdes Vega Ángeles; Alan Daniel Salazar Baltazar y Josué Oswaldo Rodríguez Arriaga en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y por autorizadas de manera restringida a las diversas personas que menciona, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Respecto a su solicitud de que se autorice la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo a través de los usuarios "JTVega", "LVega", "DCerda", "ALANDANIEL", "joswaldoroar", "DavidSalas" y "Arturo4389"; con fundamento en el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así también, se autoriza que se realicen vía electrónica las resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar de manera personal, a través de los usuarios que precisa, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción IV, de La ley de la materia. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el que indica en su escrito de cuenta de amparo, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por cuanto hace a su petición de tomar fotografías a las constancias que integran el presente expediente de amparo, así como el uso de medios electrónicos para reproducción de las mismas; con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve se estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en aras de contribuir a una justicia completa pronta e imparcial, se autoriza el uso de la cámara fotográfica para la toma de placas fotográficas únicamente de las constancias que integran el expediente en que se actúa, en el entendido que la obtención de dichas placas fotográficas será bajo la supervisión del Secretario del Juzgado encargado de dicho expediente, previa constancia que por su realización se deje en autos y una vez restablecidas en su totalidad las funciones de éste órgano jurisdiccional. FORMA DE NOTIFICACIÓN En atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o, en su caso, realice la remisión vía telegráfica o por correo certificado (tratándose de autoridades foráneas), según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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