Rene Larios Camacho

Expediente 851/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
851/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Rene Larios Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ésta ha CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Con apoyo en el artículo 20, fracción I del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Por otra parte, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se NEGÓ la suspensión definitiva; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 20 fracción III, del citado acuerdo general, es susceptible de DESTRUCCIÓN. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del original del incidente de suspensión, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Agréguese impresión con firmas electrónicas de la presente determinación al cuaderno incidental relativo al presente juicio de amparo, para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, considerando que obran glosados en el presente asunto, medios de convicción en original exhibidos por la parte quejosa; requiérasele a efecto que comparezca a recibirlos, dentro del término de noventa días hábiles a partir de la legal notificación de este proveído. Probanzas que se le entregarán personalmente o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, los mismos serán susceptibles de destrucción, de conformidad el Acuerdo General invocado. De igual manera, tomando en consideración que la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial, Región Mixteca, sede Huajuapan, Oaxaca, remitió un disco certificado en formato DVD; por tanto, al no existir trámite pendiente por acordar, devuélvase el mismo a la responsable de mérito, ya que carece de objeto su permanencia en este juzgado. Solicitando acuse de recibido. Se autoriza a la persona secretaria y/o actuario judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    En consecuencia, por los motivos expuesto se considera que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia en estudio, y por consiguiente, debe decretarse el sobreseimiento, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento, puesto que en el caso de que se trata, es manifiesta e indudable, de modo que las pruebas que la parte quejosa pudiera aportar, no variarían el sentido de la resolución en el presente expediente.

  3. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a René Larios Camacho, la suspensión definitiva del acto reclamado, materia de esta litis incidental, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Ocurso aclaratorio. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito del quejoso René Larios Camacho, por medio del cual cumple con las prevenciones formuladas en autos de veintitrés y veintiocho de agosto del año en curso. Precisión de los actos reclamados. Ahora, de la demanda de amparo y ocursos aclaratorios se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: Autoridad responsable: Actos reclamados: Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, Oaxaca, sede Huajuapan de León: 1. La resolución interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, emitidos en la causa penal 167/2018, de su índice. 2. El envío del citado proceso penal a la representante, titular o facilitadora ministerial, encargada del área de justicia restaurativa de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, para conminar a la parte quejosa a aceptar un acuerdo reparatorio. 3. La modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada contra el imputado Ángel Fernan Ariza Velasco, que se pretende llevar a cabo en audiencia de veintidós de agosto del año en curso. Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional dela Mixteca llevador de la carpeta de investigación 3962/HL/2017: 4. La omisión de acordar el escrito de veintiséis de julio del año en curso. 5. La omisión de solicitar la orden de cateo al Juez de Control Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca -peticionada mediante escrito de veintiséis de julio de este año-. 6. La imposición de un acuerdo reparatorio. 7. La omisión de realizar los actos de investigación correspondiente (geolocalización) de la imputada Alhelí Aguirre Arias. Comandante Regional de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León Oaxaca. 8. La omisión de realizar actos de investigación para dar con el paradero de la imputada Alhelí Aguirre Arias. Comandante Local de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León Oaxaca. Representante, titular o facilitadora ministerial, encargada del área de justicia restaurativa de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca 9. Conminar de manera unilateral a la parte quejosa para aceptar contra su voluntad un acuerdo reparatorio. Director del Centro de Reclusión Social Penal Varonil de Tanivet, en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. 10. La boleta de libertad expedida a favor de Ángel Fernan Ariza Velasco. Destacando que, la parte quejosa en su ocurso aclaratorio refirió, bajo protesta de decir verdad, que: 1. El acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, Oaxaca, sede Huajuapan de León, consistente en el mandamiento verbal para dejar sin efecto la orden de aprehensión librada contra Alhelí Aguirre Arias, no existe. 2. No se hace celebrado ningún acuerdo reparatorio, pero presupone que se le intenta imponer unilateralmente el mismo. Desechamiento parcial de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, Materia Común, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Ahora, respecto de los siguientes actos: Autoridad responsable: Actos reclamados: Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional dela Mixteca llevador de la carpeta de investigación 3962/HL/2017: 4. La omisión de acordar el escrito de veintiséis de julio del año en curso. 5. La omisión de solicitar la orden de cateo al Juez de Control Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca -peticionada mediante escrito de veintiséis de julio de este año-. 6. La imposición de un acuerdo reparatorio. 7. La omisión de realizar los actos de investigación correspondiente (geolocalización) de la imputada Alhelí Aguirre Arias. Comandante Regional de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León Oaxaca. 8. La omisión de realizar actos de investigación para dar con el paradero de la imputada Alhelí Aguirre Arias. Comandante Local de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León Oaxaca. En la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En el caso, resulta necesario señalar que contra dichos actos reclamados, previo a la instauración del juicio de amparo, la parte quejosa debió impugnarlos en la vía ordinaria ante el Juez de Control competente, tal y como se encuentra previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; precepto legal que a la letra dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Ahora bien, tratándose, como en el caso, que la parte quejosa tiene el carácter de víctima u ofendida en la etapa de investigación, deviene importante precisar que el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reglamenta un aspecto de toda la labor de investigación, referente a que si la autoridad ministerial es omisa en su labor de investigación, al no ser dicho acto privativo de la libertad, sino de molestia, la víctima tiene derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del citado artículo 258 del propio código, el cual establece que las determinaciones del Ministerio Público, sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por lo que al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es imperativo para la parte quejosa agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. Así las cosas, como requisito para que la parte quejosa pudiera acudir a esta instancia constitucional a combatir dichos actos reclamados, en primer término, debió agotar el medio de defensa innominado previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el citado numeral establece expresamente que dicho recurso ordinario procede contra las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar. Así, tomando en cuenta que por interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los requisitos de procedencia del recurso innominado en comento, deben ampliarse de tal forma que también proceda contra omisiones por parte de la autoridad en la etapa de investigación del proceso penal, pues dicha conducta supone la paralización de la función investigadora, teniendo el mismo efecto que una determinación emitida por el Fiscal. Ahora, tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados, resulta prudente cavilar los razonamientos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017 -de la que emanaron las jurisprudencias 27/2018 y 28/2018- en la cual se expuso, esencialmente, que debe recordarse que la función investigadora tiene lugar en la etapa preliminar, cuyo objeto es el esclarecimiento de los hechos derivados de una noticia criminal, así como la obtención de información y elementos que permitan, en su caso, fundar una acusación en contra de una persona a la que se atribuya la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Esta labor, por disposición expresa del artículo 21 de la Constitución Federal, corresponde al Ministerio Público, quien asume el papel de rector de la investigación y es auxiliado por la policía, así como por expertos en diversas ciencias u oficios. Asimismo, que cuando la autoridad ministerial en la fase de investigación tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. De igual manera, se estableció que era necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos; la primera consiste en que, generalmente, la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control. Así, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. En ese orden de ideas, como se ha expuesto y tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados, se estima que es impugnable a través del medio ordinario de defensa antes precisado, dado que el mismo tiene como finalidad que el Juez de Control respectivo revise las omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria, y en caso de que estime que su actuación es contraria a la ley, debe conminarlo a que cese esa omisión, a efecto de que lleve a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, en aras del principio de definitividad que rige la materia de amparo, la parte promovente debió impugnar los actos aquí reclamados ante el citado Juez, pues al no advertirse haber sido impugnadas mediante dicho recurso ordinario, dejó de observar el principio de procedencia de amparo antes señalado, sin encontrarse en alguno de los casos de excepción establecidos en la ley, que le permitieran acudir a este juicio constitucional, sin previamente agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley ordinaria que rige el acto reclamado. Al respecto de esto, sirve de apoyo, la jurisprudencia 27/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, visible en la página 945, Libro 57, Tomo I, agosto de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Asimismo, la jurisprudencia 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Penal, consultable en la página 943, Libro 57, Tomo I, Agosto de dos mil dieciocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Así las cosas, como requisito para que la parte quejosa pudiera acudir a esta instancia constitucional a combatir dichos actos reclamados, en primer término, debió agotar el medio de defensa innominado previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por cuanto hace a los siguientes actos: Autoridad responsable: Actos reclamados: Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, Oaxaca, sede Huajuapan de León: 2. El envío del citado proceso penal a la representante, titular o facilitadora ministerial, encargada del área de justicia restaurativa de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, para conminar a la parte quejosa a aceptar un acuerdo reparatorio. 3. La modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en contra del imputado Ángel Fernan Ariza Velasco, que se pretende llevar a cabo en audiencia de veintidós de agosto del año en curso, para que éste comparezca a la citada audiencia. Representante, titular o facilitadora ministerial, encargada del área de justicia restaurativa de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca 9. Conminar de manera unilateral a la parte quejosa para aceptar en contra de su voluntad un acuerdo reparatorio. Director del Centro de Reclusión Social Penal Varonil de Tanivet, en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. 10. La boleta de libertad expedida a favor de Ángel Fernan Ariza Velasco. En la especie se actualiza -de manera manifiesta e indudable- la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tenido tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de madera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Atento a los mencionados dispositivos, se concluye que la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, y por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. En ese sentido, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, después, que se produzca un agravio personal y directo por el acto reclamado; por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resienta afectación alguna por el acto reclamado. Así, por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En torno a las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada, un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente, no puede reputarse propiamente como integrante de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique al quejoso. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto, el mismo se torna improcedente. De ahí que se concluya que el juicio de amparo será procedente cuando el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que no acontece en la especie. Luego, de la demanda de amparo y ocursos aclaratorios, se desprende que los actos reclamados antes precisados en esta instancia constitucional, son futuros de realización incierta. Se afirma lo anterior, pues la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, refirió que el imputado Ángel Fernan Ariza Velasco, a través de diversos escritos solicitó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como que la causa penal 167/2018, del índice de la responsable, se remitiera a una facilitadora de justicia restaurativa, para llevar a cabo un acuerdo reparatorio. Motivo por el cual, el ahora quejoso presuponía que los actos antes aludidos se iban a llevar a cabo; sin que dentro del proceso penal exista algún acuerdo reparatorio entre las partes. En ese sentido, ni de la demanda de amparo, ni de los ocursos aclaratorios, se advierten datos que hagan factible la inminencia de lo reclamado, pues todo se basa en una posibilidad y no en una certeza que acontecerá. Es decir, la parte quejosa no tiene certeza de la inminencia de su existencia y ejecución de lo reprochado; por tanto, es necesario tener certeza, al menos de manera indiciaria en datos objetivos, que permitan advertir que se afecta la esfera jurídica de sus derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser dirigido en forma personal y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. Es así, pues de los antecedentes narrados en la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa pretende prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J95/2022(11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Penal, Undécima Época, registro digital 2025272, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD." En estas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha parcialmente la demanda de amparo presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 113 de la Ley de Amparo. Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, SE ADMITE la demanda de amparo, únicamente por el siguiente acto reclamado: Autoridad responsable: Actos reclamados: Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, Oaxaca, sede Huajuapan de León: 1. La resolución interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, emitidos en la causa penal 167/2018, de su índice. Apertura del incidente de suspensión. Con una copia de la demanda, ocursos aclaratorios y anexos, por cuerda separada, tramítese el incidente de suspensión que se solicita, conforme al artículo 128, último párrafo, de la ley de la materia y el diverso 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, en la inteligencia de que podrá enviarlo vía correo electrónico institucional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, en aras de garantizar el principio de celeridad procesal; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remita a este Juzgado de Distrito: - Copias certificadas en orden, completas y legibles de todas las constancias que conforman el acto reclamado, acorde con el artículo 121 de la Ley de Amparo. Apercibida que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir copias certificadas en la forma indicada, al dictarse sentencia se le impondrá multa, con fundamento en el artículo 17, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 237, fracción I, 238, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, por el monto de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00) moneda nacional, equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; atendiendo al valor de ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos ($103.74) moneda nacional. En la inteligencia de que, los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable que, al momento de rendir su informe justificado, haga del conocimiento de este órgano judicial, si ya se ha promovido diverso juicio de amparo contra el acto aquí reclamado, o contra actos provenientes del expediente de origen del cual emana; de ser afirmativa su respuesta, proporcione el número de juicio, así como el Juzgado que conoció éste; lo anterior, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. De igual forma, con fundamento en el artículo 64 de la ley de la materia, prevéngase a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten. Notificación a la autoridad responsable. Por otra parte, se señala a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento al juicio, toda vez que este juzgado notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la fracción primera del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquéllas que se consideren trascendentes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Tomo II, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las TRECE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia. Notificación al Ministerio Público de la Federación. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, por esta ocasión, notifíquese este auto de forma personal corriéndose traslado con copia fotostática simple de la demanda, ocursos aclaratorios y anexos, entregándosele copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Practíquense las subsecuentes notificaciones a la citada agente del Ministerio Público, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA". En el entendido que, este órgano jurisdiccional con fundamento en el citado numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de la materia, ordenará se practiquen de manera personal a la referida representación ministerial las determinaciones que a juicio de este Juzgado así lo ameriten. Asimismo, vista la certificación de cuenta se autoriza al usuario ROCIO.CRUZ, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Tercero interesado. Acorde con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, este juzgado se reserva a proveer respecto al señalamiento de terceros interesados, hasta en tanto obren en autos las constancias de las que pueda constatarse la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo, la Tesis XXVII.9K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1131 del Tomo XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPOTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO". Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexó a su escrito de demanda, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Compulsa de las documentales exhibidas. Con fundamento en los numerales 129 y 139 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, realícese el cotejo de las constancias que anexó, con las diversas que en copias simples acompañó a dicho escrito de demanda; una vez hecho lo anterior, certifíquense estas últimas, a fin de que sean agregadas en los autos del incidente de suspensión relativo al presente asunto y acuérdese lo conducente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 71/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)". Respecto de la solicitud para la promoción del juicio en línea, habilitación de días y horas inhábiles, domicilio, autorizados, medios electrónicos, Transparencia y gratuidad en el servicio. Deberá estarse a lo acordado en auto de veintitrés de agosto del año en curso, en el que se proveyó al respecto. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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