Rene Joaquín Anzures Armenta

Expediente 911/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
911/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Rene Joaquín Anzures Armenta
  • Agente del ministerio publico de la federacion adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio promovido por René Joaquín Anzures Armenta; por tanto, se declara que la misma ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del arábigo 214 de la Ley de Amparo, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"), y archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE LA QUEJOSA NO ATENDIÒ EL AVISO DE 22 DE MARZO DE 2021, SE NOTIFICA LA DETERMINACION SIGUIENTE: Mexicali, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintiuno S E N T E N C I A Visto para resolver el juicio de amparo 911/2020-5. Resultando PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en cuatro de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, ************, solicitó amparo contra actos del Ayuntamiento de Mexicali Baja California, Síndico Procurador, Tesorero Municipal y Oficial Mayor de dicho Ayuntamiento, por los actos reclamados siguientes: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; De los H. Ayuntamiento de Mexicali de Baja California, el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mexicali Baja California, el Tesorero municipal del Ayuntamiento de Mexicali Baja California y del Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. Como autoridades responsables, la violación al debido proceso, al NO ejecutar actos ordenados por una autoridad jurisdiccional el TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, por no cumplir cabalmente con un laudo burocrático condenatorio identificado con el número EXP NÚMERO 1374/2010-VI ACUMULADO CON EL EXP NÚMERO 222/2011, y no cumplir cabalmente como la autoridad condenada al pago de prestaciones laborales y reconocimientos de derechos laborales burocráticos, NO siguiendo las formalidades del procedimiento y a su vez existir actos de molestia que no se ajustan a derecho, esto porque existe un acto de molestia en mi contra y en contra de mi seguridad jurídica; a lo que se desconoce el motivo o razón legal de su falta de cumplimiento, y por se desprenda la violación procesal de derechos humanos en no considerar los principios consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucional, al NO CUMPLIR CON EL DEBIDO PROCESO Y VIOLENTAR MIS DERECHOS LABORALES." SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de siete de diciembre de dos mil veinte, se previno a la parte quejosa, a efecto de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California; asimismo, por medio de escrito recibido el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, manifestó que sí era su deseo señalar como autoridad responsable a dicho tribunal. Luego, en auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, se proveyó sobre la reanudación del procedimiento, y se ordenó admitir la demanda de amparo en contra del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la que se registró en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 911/2020-5. De igual manera, en el propio auto, se estableció que al Ayuntamiento de Mexicali, Síndico Procurador, Tesorero Municipal y Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, les reviste el carácter de terceros interesados y se les corrió traslado con la demanda de amparo, asimismo, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación; se otorgó al Ministerio Público de la Federación la participación que legalmente le corresponde; y se señaló día y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse una omisión por parte de autoridad responsable y haberse presentado el escrito inicial en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I1, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia.2 En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de referencia, se colige que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional, la omisión genérica del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, de proveer en relación con el cumplimiento del laudo dictado dentro del juicio laboral 1374/2010-VI acumulado con el 222/2011 de su índice. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, por conducto de su Presidente, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, sin embargo, no se considera que no puede tenerse acreditada la existencia de dicha omisión, en virtud de que a la fecha de presentación de la demanda no existe. En efecto, respecto al tópico en análisis la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que cuando en la demanda de amparo indirecto se precise como acto reclamado, la omisión 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."(jurisprudencial 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, página 32) genérica del tribunal responsable, de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, tal circunstancia actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado sería inexistente al momento de presentarse la demandada y, además, de realización incierta, en razón de que, el inicio y prosecución del referido procedimiento, depende del impulso del ejecutante y, en tal virtud, no podría tenerse por actualizada la omisión genérica atribuida a la autoridad responsable. Es así, toda vez que, en principio, cabe señalar que el referido acto reclamado se trata de una omisión o acto negativo y, en estos supuestos, la regla restitutoria establecida en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que el efecto de la concesión será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Ciertamente, el artículo 63, fracción IV, del citado cuerpo normativo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Asimismo, resulta conveniente señalar que, en términos generales, un acto futuro es aquel que en el tiempo presente aún no ha sucedido. En ese contexto, en principio, el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, positivos o negativos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que ese medio de control de los actos de la autoridad no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, en el entendido de que este concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe verse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Estos elementos permiten diferenciar a los actos futuros de los inminentes, es decir, los que aun cuando no se han materializado, se tiene la certeza de que se producirán. Consecuentemente, el elemento que permite diferenciar los actos futuros respecto de los inminentes es la certeza de su realización. Establecido lo anterior, en virtud de que el acto que se reclama a la responsable en el cumplimiento del laudo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, depende su realización previa solicitud del ejecutante para la ejecución forzosa del mismo, por lo que tal circunstancia actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal de Arbitraje responsable, para que realice actuaciones en relación al cumplimiento al laudo, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ya que de conformidad con lo previsto por el artículo 145 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, para dar inicio a la etapa de ejecución forzada regulada por el tribunal responsable, por lo que se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda y de realización incierta, razón por la cual, no puede tenerse por actualizada tal omisión, pues no se ha atendido la petición de la quejosa. Expresado en otras palabras, ante el reclamo de dicha omisión en términos generales, no podría considerarse que el acto reclamado tuviera el carácter de inminente por no corresponderle de oficio la prosecución del procedimiento de ejecución a la autoridad laboral, ya que dichos actos deben considerarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante; de ahí que se actualice la referida causa de sobreseimiento. Sirve de apoyo a las conclusiones alcanzadas, por similitud jurídica, la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 844 del Libro 22 (septiembre de 2015) Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2010025, que dice: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante". Por otra parte, no es el caso tener por cierto el mismo, tomando en consideración que de las constancias que obran en autos, no se desprende que exista solicitud previa a la presentación de la demanda de amparo, de la parte que obtuvo, para requerir el cumplimiento del laudo dictado en el juicio de origen. En efecto, de las documentales en cita, se obtiene que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, el veintiséis de enero de dos mil dieciocho dictó laudo en el juicio laboral 1374/2010-VI acumulado con el 222/2011 de su índice, promovido por René Joaquín Anzures Armenta contra el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. Asimismo, que mediante escritos presentados el nueve de agosto de dos mil dieciocho, tres de abril y cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, quince de enero de dos mil veinte, la parte quejosa impulsó la ejecución del laudo; sin embargo, fueron acordados en autos de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, veintiséis de junio y veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, veinticuatro de agosto de dos mil veinte; sin que se advierta alguna actuación posterior en el juicio laboral de origen, por medio de la cual la quejosa solicite la ejecución del laudo. No se soslaya que presentó escrito el cuatro de diciembre de dos mil veinte, sin embargo, fue el mismo día que presentó el escrito de demanda de amparo, por lo que no podría tomarse en consideración, ya que en todo caso tendría que haberse presentado dicho escrito de solicitud de ejecución del laudo, antes del día de la presentación de la demanda de amparo, para actualizar la existencia de la omisión. Ahora, cabe resaltar el contenido del artículo 145 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio se los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, el cual dispone: "Artículo 145. Cuando se solicite la ejecución de un laudo, el presidente del tribunal despachará el laudo de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la parte demandada y la requiera para el cumplimiento, apercibiéndola que de no hacerlo se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Del precepto legal en cita, se obtiene que el Tribunal despachara ejecución de laudo y comisionará al Actuario de su adscripción a requerir el cumplimiento a la parte condenada, sólo cuando se le solicite. Bajo esa tesitura, si a la fecha de la presentación de la demanda -cuatro de diciembre de dos mil veinte-, no existía una solicitud dirigida al Tribunal responsable por parte de la quejosa, para efecto de que se iniciara la ejecución del laudo en el juicio de origen y se requiriera a la parte demandada su cumplimiento; se pone de relieve la inexistencia de los actos reclamados, en virtud de que contrario a lo alegado por el quejoso, de las constancias remitidas por las responsable, no se advierte que se presentara alguna promoción en la que se solicitara la ejecución del laudo, previo a la demanda de amparo, por lo que en ese aspecto, el Tribunal responsable no se encontraba en aptitud de requerir el cumplimiento del mismo. En razón de lo anterior, lo procedente es sobreseer en el presente sumario por lo que hace a dicha autoridad y por dicho acto con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues no debe de perderse de vista que uno de los presupuestos de la acción del amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia, y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de la responsable se acusa. Por otra parte, no obstante que en el escrito inicial, la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Ayuntamiento de Mexicali Baja California, Síndico Procurador, Tesorero Municipal y Oficial Mayor de dicho Ayuntamiento, sin embargo, en relación con ellas, se considera que en todo caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo3, en virtud de que el incumplimiento a lo ordenado en el laudo dictado en el juicio laboral burocrático, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, al tratarse de actuaciones entre particulares en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, ni investidos de atribución soberana, pública e irrenunciable. En ese tema (cuándo debe considerarse acto de autoridad), la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 3 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. "Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones anteriores, se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente tenor: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". De lo anterior y con base al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 363/2017, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa y Primero en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito, en el que estableció que de la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la citada Sala, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin En consecuencia, al existir un procedimiento para ejecutar laudos en esta entidad federativa, como se desprende de los artículos 12, 141, 412, 143, 144 y 145 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, que establecen las reglas vinculatorias y una gama de instrumentos legales para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California pueda hacer cumplir sus laudos, esto es, la citada ley establece el procedimiento de ejecución a seguir por dicho tribunal, para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado a favor del actor, a través de los medios de apremio establecidos en la propia ley. En efecto, es patente que el juicio de amparo que se promueve contra la omisión de dar cumplimiento al laudo ejecutoriado en el juicio de origen, por parte del ayuntamiento demandado y demás entes que forman parte del mismo, es improcedente; ya que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridades, en términos del artículo 103 constitucional y 5º de la Ley de Amparo. Sirve de sustento, la jurisprudencia 2ª/.J. 34/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 478, Tomo I, Libro 53, abril de 2018, Décima Época, registro 2016588, de rubro y texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA RICARDO AVILA BAILÓN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.64.0c 01/02/24 20:49:40 LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Así como la diversa jurisprudencia PC.XV.J/36 A (10ª), emitida por el Pleno de este propio circuito, localizable a página 1527, libro 59, octubre de 2018, Décima Época, registro 2018239, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido son: "EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LOS AYUNTAMIENTOS FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA 2a./J. 34/2018 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES APLICABLE A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA PC.XV. J/21 A (10a.)]. En la jurisprudencia citada en primer término, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó temáticamente que el incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que un Ayuntamiento figuró como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal respectiva exista un procedimiento para ejecutarlo, y aclaró que ello acontece cuando se establecen mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, sin que obste que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública; exégesis que es aplicable a la legislación del Estado de Baja California. Así, en relación con la conclusión alcanzada, este Pleno de Circuito se aparta del criterio sostenido en la jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.), en la medida en que RICARDO AVILA BAILÓN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.64.0c 01/02/24 20:49:40 Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 911/2020-5 ??????????????? derivó de la consideración de que el artículo 85, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, establece una excepción al principio de igualdad procesal en favor de los Municipios y/o Ayuntamientos y sus dependencias, al otorgarles el privilegio de no ser sujetos a ejecución forzosa, ni aplicación en su contra de los medios de apremio; no obstante, de nueva reflexión sobre el tema, mediante una interpretación armónica y sistemática del primer párrafo del artículo 85 citado y de los numerales 51, fracciones III y IV, 141, 142 a 144 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, se concluye que la prerrogativa a favor de los Ayuntamientos de no ser sujetos a medidas de apremio, es aplicable única y exclusivamente cuando se dirigen contra los bienes que constituyen su patrimonio, de modo que no contiene una prohibición general de emplear medidas de apremio, como la multa, contra las personas físicas que tienen la calidad de empleados o funcionarios públicos municipales a quienes corresponde llevar a cabo -en nombre y representación de los Ayuntamientos- las adecuaciones e incorporaciones presupuestarias para satisfacer la condena impuesta en un laudo, ya que lo que protege es el patrimonio municipal. Tampoco impide que el órgano jurisdiccional, una vez agotada la medida de apremio, conforme a los numerales 311 del Código Penal para el Estado de Baja California, 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y su correlativo 226 del Código Procedimientos Penales para el Estado de Baja California (abrogado), formule denuncia ante el Ministerio Público por la posible comisión del delito de desobediencia. Además, el referido artículo 144 ordena al Tribunal de Arbitraje proveer la pronta y expedita ejecución de los laudos, por lo que también puede dictar todas las medidas necesarias en la forma y los términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual, el diverso precepto 141 mencionado, pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y, el 51, fracciones III y IV, también referido, señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza. Interpretación bajo la cual es dable concluir que en la legislación del Estado de Baja California sí existe un procedimiento que garantiza la plena ejecución de los laudos pronunciados en los juicios laborales en los que los Ayuntamientos figuraron como parte demandada, a través de una amplia gama de instrumentos legales que correspondan a ese fin." Por tanto, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del arábigo 61, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en artículo 63 fracción V de la ley citada, por lo que procede sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por René Joaquín Anzures Armenta, por los actos y respecto de las autoridades señaladas en el considerando tercero de la presente resolución.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio firmado por la Apoderada Legal de las Autoridades Municipales del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en su carácter de tercero interesado en el presente juicio, mediante el cual se le tiene señalando domicilio procesal, correo electrónico y número telefónico a efecto de recibir notificaciones y designando como delegados en términos del numeral 9º de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica. Por otra parte, como lo solicita se autoriza la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, mediante el uso de objetos, cámaras, celulares etcétera, que las reproduzcan digitalmente bajo la supervisión del actuario o secretario correspondiente, quien agregará la constancia respectiva a los autos.

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