Rene Jacobo Gasca Caballero

Expediente 1591/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1591/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
26/01/2023

Partes del expediente

  • Rene Jacobo Gasca Caballero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo se advierte que en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada y se ordenó el archivo del expediente. En consecuencia, devuélvanse al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del Turno Vespertino, residente en esta ciudad, los tomos de pruebas consistentes en copias certificadas del expediente ********************, de su índice, que remitió en justificación a su informe. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada en este juicio, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo se NEGÓ la protección de la justicia federal en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Devuélvanse las constancias que remitió la autoridad responsable en justificación a su informe, consistentes en copias certificadas del expediente 151/2019, de su índice. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se señala que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad; lo anterior, para los efectos legales y administrativos correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo número 1591/2022-IV-B, promovido por RENÉ JACOBO GASCA CABALLERO; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitido en esa misma data a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció RENÉ JACOBO GASCA CABALLERO, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Vespertino, y actuario adscrito a la Central de Actuarías de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos residentes en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. En auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se previno a la parte promovente a efecto de que realizara la protesta de ley sobre los hechos y abstenciones relativos a su demanda de amparo, lo cual cumplió cabalmente, por lo que en acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, el cual rindieron oportunamente; así mismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se emplazó a la parte tercero interesada, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así las cosas, se tiene que en el presente sumario, el acto reclamado a las autoridades responsables, consiste en: La resolución de veintitrés de abril de dos mil veintidós, dictada en el expediente 151/2019, del índice de la autoridad responsable, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, dentro del juicio de divorcio sin causales. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado, por lo que así debe tenerse para todos los efectos legales. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente 151/2019, del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Vespertino, en donde obra la resolución que constituye el acto reclamado; constancias que tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, como a continuación se verá. A fin de clarificar la premisa expuesta, es menester atender las constancias remitidas por la autoridad responsable, derivadas del expediente 151/2019 de su índice, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se obtiene lo siguiente: 1.- Mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por presentado el escrito de demanda instaurada por RENÉ JACOBO GASCA CABALLERO, en contra de BELÉN DEL CARMEN ESQUIVEL CHI, promoviendo procedimiento especial de divorcio incausado, como prestación principal, al que acompañó copias de los últimos tres recibos de pagos de honorarios que percibe, así como el convenio respectivo, en el que se comprometió, en lo que aquí interesa, a entregar el TREINTA POR CIENTO de las percepciones que percibe como empleado de la empresa "PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN". 2.- De dicha demanda, correspondió conocer al Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, donde fue radicado con el número 151/2019, ordenando emplazar a la parte demandada. 3.- La parte accionada fue llamada a juicio y contestó mediante ocurso de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, manifestando no estar de acuerdo con el convenio propuesto por el actor y realizó contrapropuesta de convenio. 4.- Por escrito de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, la demandada solicitó a la Juez se pronunciara respecto de las medidas provisionales instadas, entre ellas, la fijación de una pensión alimenticia. 5.- Por acuerdo de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, la juez accedió a lo anterior y ordenó trabar formal embargo sobre la cantidad liquida que resulte del treinta por ciento (30%) del total de los sueldos y demás prestaciones que devenga mensualmente RENÉ JACOBO GASCA CABALLERO, como empleado de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, en concepto de alimentos a favor de los hijos menores de edad de ambos contendientes. 6.- Seguido el juicio por sus cauces legales, mediante escrito de catorce de febrero de dos mil veintidós, RENÉ JACOBO GASCA CABALLERO, solicitó a la juez responsable la cancelación del porcentaje sobre la pensión alimenticia decretada, respecto a diversos rubros, tales como utilidades, premios por asistencia, tiempo extraordinario, gasolina, canasta básica, fondo de ahorro, entre otros (foja 170, del Anexo Tomo II). 7.- Al escrito anterior, recayó el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el cual, la autoridad responsable negó dicha solicitud del ahora quejoso, refiriendo que los descuentos a que hace referencia el ocursante ya habían sido definidos en la determinación alimentaria correspondiente (foja 181, del Anexo Tomo II). 8.- Inconforme con lo anterior, RENÉ JACOBO GASCA CABALLERO, interpuso recurso de revocación en contra del auto de veintiuno de febrero del año en curso (foja 185, del Anexo Tomo II). 9.- El nueve de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable admitió a trámite el recurso de revocación planteado por el ahora amparista (foja 192, del Anexo Tomo II). 10.- Finalmente, el veintitrés de abril de dos mil veintidós, la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Vespertino, con sede en esta ciudad, declaró que no procedió el recurso de revocación interpuesto, por lo que confirmó el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós (fojas 279 a 283 vuelta, del Anexo Tomo II). Resolución que para mejor claridad a continuación se inserta: [.]". La anterior resolución constituye el acto reclamado. Ahora bien, en sus conceptos de violación el amparista refiere medularmente que la autoridad responsable viola en su perjuicio los numerales 8° y 9° del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, ya que los descuentos efectuados al fijarse o determinarse una pensión alimenticia provisional o definitiva, la ley señala que son en base a los ingresos del deudor, pero no se incluye el fondo ahorro, ya que este concepto no es un ingreso sino una deducción, al igual que los vales de gasolina, pues tampoco son considerados como ingresos o tomarlos en consideración al momento de determinar el pago de la pensión alimenticia. Al respecto, señala que el rubro de fondo de ahorro no es un ingreso, sino una deducción efectuada en su nómina, ya que el ahorro no es una prestación o un ingreso, es decir no se da de manera permanente, de modo que no es una retribución al salario, motivo por el cual solicita se ordene a la Juez Familiar responsable que elimine del pago de la pensión estos dos rubros. Ahora bien, en relación con dichos conceptos de violación, debe decirse que los mismos son inoperantes. Lo anterior, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya emitió jurisprudencia firme que resuelve el fondo de la problemática planteada en torno a los dos rubros señalados por el quejoso. En efecto, en relación con el fondo de ahorro, se tiene que contrario a lo que sostiene el recurrente, dicho concepto también se traduce en una percepción al tratarse de una prestación que da el patrón al trabajador en la que aquél le hace aportaciones adicionales al salario, por lo que también es susceptible de tomarse en cuenta, dado que el porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional debe aplicarse sobre todas las percepciones Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la Contradicción de tesis 260/2010, emitiendo la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 162722 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 13/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 1064 Tipo: Jurisprudencia SALARIO. EL FONDO DE AHORRO ES PARTE INTEGRANTE DE AQUÉL. Acorde con diversos precedentes sustentados por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se examinaron los elementos integrantes del salario de los trabajadores, así como la noción y naturaleza del fondo de ahorro para tales efectos, se concluye que dicho fondo, en la porción aportada por el patrón, es parte integrante del salario, al constituir una prestación extralegal percibida por los trabajadores a cambio de su trabajo, que además de incrementar su patrimonio tiene como fin primordial fomentar en ellos el hábito del ahorro". Asimismo, en cuanto al diverso concepto de vales de gasolina, acontece lo mismo. En efecto, la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/2005-PS, que dio paso a la jurisprudencia 1a./J. 114/2005, estableció lo siguiente: "El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. En ese sentido, la interpretación literal de ese precepto, conduce a establecer que cuando la ley laboral se refiere a cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, se debe entender en relación con todas las prestaciones ya sean ordinarias o extraordinarias, dado que objetivamente forman parte de su posibilidad económica, pues la única limitante que se impone para que las percepciones formen parte del salario, es que se entreguen al trabajador como producto de su trabajo, las cuales pueden ser generadas sólo por periodos determinados, sujetos a que se labore o no. Por tanto, para los efectos de fijar la pensión alimenticia, se deben considerar las horas extras, aguinaldo, prima vacacional, gasolina y demás remuneraciones que se entreguen al trabajador con motivo del trabajo desempeñado, siempre y cuando constituyan un ingreso directo a su patrimonio, independientemente de que sean ordinarias o extraordinarias, ello sin desatender que cuando no se obtengan, la obligación alimentaria necesariamente se fijará sobre la percepción que se genere en ese momento. Se excluyen del supuesto anterior, los viáticos y gastos de representación, porque si bien constituyen prestaciones extraordinarias, los mismos no son entregados al trabajador como producto de su trabajo.". Siendo que la jurisprudencia que se emitió al respecto, es la siguiente: "Registro digital: 177088 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 114/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, página 37 Tipo: Jurisprudencia ALIMENTOS. CUANDO SE FIJAN CON BASE EN LAS PERCEPCIONES SALARIALES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, DEBEN TOMARSE EN CUENTA TODAS AQUELLAS PRESTACIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS QUE OBTENGA COMO PRODUCTO DE SU TRABAJO QUE CONSTITUYAN UN INGRESO DIRECTO A SU PATRIMONIO, EXCLUYÉNDOSE LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN. El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. En ese sentido, la interpretación literal de ese precepto, conduce a establecer que cuando la ley laboral se refiere a cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, se debe entender en relación con todas las prestaciones ya sean ordinarias o extraordinarias, dado que objetivamente forman parte de su posibilidad económica, pues la única limitante que se impone para que las percepciones formen parte del salario, es que se entreguen al trabajador como producto de su trabajo, las cuales pueden ser generadas sólo por periodos determinados, sujetos a que se labore o no. Por tanto, para los efectos de fijar la pensión alimenticia, se deben considerar las horas extras, aguinaldo, prima vacacional, gasolina y demás remuneraciones que se entreguen al trabajador con motivo del trabajo desempeñado, siempre y cuando constituyan un ingreso directo a su patrimonio, independientemente de que sean ordinarias o extraordinarias, ello sin desatender que cuando no se obtengan, la obligación alimentaria necesariamente se fijará sobre la percepción que se genere en ese momento. Se excluyen del supuesto anterior, los viáticos y gastos de representación, porque si bien constituyen prestaciones extraordinarias, los mismos no son entregados al trabajador como producto de su trabajo.". De lo transcrito puede apreciarse que la Máxima Tribuna Jurídica ya determinó que, para los efectos de fijar la pensión alimenticia, se deben considerar, entre otros conceptos, las prestaciones relacionadas con la gasolina, ya que los únicos conceptos que se pueden excluir son los viáticos y gastos de representación. Consecuentemente, resultan inoperantes los conceptos de violación vertidos al respecto, y, por ende, innecesario su análisis, en los que en relación con el fondo del asunto planteado en ellos (fondo de ahorro y vales de gasolina), ya existe jurisprudencia que es obligatoria en su observancia y aplicación para la autoridad responsable, que la constriñe a resolver en el mismo sentido fijado en esa jurisprudencia, por lo que, en todo caso, con su aplicación se da respuesta integral al tema de fondo planteado. Luego, si esa jurisprudencia es contraria a los intereses del quejoso, ningún beneficio obtendría éste el que se le otorgare la protección constitucional para que la juez responsable atendiera tales aspectos, así como en los agravios que se hicieron valer en relación con el tema de fondo que es similar al contenido en dichas jurisprudencias ya citadas, pues por virtud de su obligatoriedad, tendría que resolver en el mismo sentido establecido en ellas, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, el siguiente criterio: "Registro digital: 2011668 Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.6o.T.17 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, Página 2760 Tipo: Aislada CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS CUYO ANÁLISIS ES INNECESARIO CUANDO SOBRE EL TEMA PLANTEADO EN ELLOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Son inoperantes los conceptos de violación y, por ende, es innecesario su análisis, cuando sobre el tema planteado en ellos ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque con su aplicación se da respuesta en forma integral a la cuestión debatida, cuya observancia es de carácter obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.". Por otra parte, el amparista aduce en sus motivos de disenso que la autoridad responsable omitió aplicar a su favor el principio de suplencia del derecho aplicable; ya que, al determinar la pensión alimenticia provisional actuó en forma violatoria a sus derechos humanos, puesto que antes de decretar el monto correspondiente a favor de la hoy tercero interesada, ya contaba con elementos suficientes para no determinar alimentos para ella. Lo anterior es así, ya que refiere que en la audiencia de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, efectuada dentro del proceso de divorcio, de la información testimonial ofrecida por la hoy tercero interesada se demostró que la misma cuenta con estudios universitarios, por lo que no se dedicó sólo a sus hijos y al hogar, y con ello era más que suficiente para no otorgarle pago alguno en concepto de pensión alimenticia, pero este extremo fue pasado por alto por la responsable. Sobre este mismo punto, refiere el inconforme que se viola en su perjuicio el artículo 64 del Código de Familia del Estado de Yucatán, toda vez que, de autos del juicio de origen se desprende que Belen del Carmen Esquivel Chi (aquí tercero interesada), ejerce la profesión de licenciatura en odontología, lo que debió tomar en consideración la autoridad responsable. Asimismo, en apoyo a sus argumentos invoca las tesis de rubros: "PENSIÓN COMPENSATORIA. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, REVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA AL DEUDOR ALIMENTARIO". "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. TAMBIÉN PROCEDE A FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO". En relación con dichos motivos de disenso, debe decirse que los mismos son inoperantes, ya que como se advierte del análisis de los agravios que expuso al interponer el recurso de revocación ante la autoridad responsable, en ellos no expuso argumento alguno sobre los temas que ahora menciona. Ciertamente, el quejoso al plantear el recurso de revocación en contra del auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, únicamente lo hizo señalando que diversos rubros no deberían ser considerados para efecto del descuento de la pensión alimenticia provisional decretada. Punto sobre el cual la autoridad responsable se pronunció al resolver el medio de inconformidad en comento. Sin que en aquel momento, el disconforme esgrimiera agravio alguno tendente a señalarle a la juez responsable que: a) antes de decretar el monto correspondiente a favor de la hoy tercero interesada, ya contaba con elementos suficientes para no determinar alimentos para ella; b) Que en la audiencia de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, efectuada dentro del proceso de divorcio, de la información testimonial ofrecida por la hoy tercero interesada se demostró que la misma cuenta con estudios universitarios, por lo que no se dedicó sólo a sus hijos y al hogar; c) Que de autos del juicio de origen se desprende que Belen del Carmen Esquivel Chi (aquí tercero interesada), ejerce la profesión de licenciatura en odontología. En efecto, ninguno de esos temas fueron puestos a consideración de la juez a quo para que procediera a su análisis en el recurso de revocación. Como se observa, la inoperancia también radica en que las manifestaciones ahora vertidas en sede constitucional, están dirigidas a combatir la fijación de alimentos provisionales, lo cual no es materia de litis en este juicio de amparo, ya que se reitera, el recurrente no formuló agravio alguno en este sentido, por lo que no dio oportunidad a la autoridad responsable para que se pronunciara al respecto al resolver el recurso de revocación. En esa guisa, es claro que la constitucionalidad de dichos conceptos de violación no puede ser analizada. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 2081, de la fuente y época que se han referido, con registro 1003713, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase 'pretensión deducida en el juicio' o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir". En ese contexto, al haber resultado inoperantes los argumentos contenidos en los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso contra el acto reclamado, al no demostrarse la transgresión a los derechos señalados en la demanda de amparo; no se advierte que el fallo impugnado contravenga algún derecho humano reconocido en la constitución, en los tratados y convenciones internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se demanda. De ahí que, ante lo inoperante de los motivos de inconformidad vertidos por el quejoso, lo procedente es NEGAR al quejoso RENÉ JACOBO GASCA CABALLERO el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RENÉ JACOBO GASCA CABALLERO, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Vespertino, y actuario adscrito a la Central de Actuarías de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos residentes en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo constitucional. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias que envió en justificación a su informe la autoridad responsable Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del Turno Vespertino, residente en esta ciudad, el cual fue recibido y puesto a la vista de las partes en proveído de ocho de agosto en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y cúmplase.

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