René Israel Ruiz Genis

Expediente 1255/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 27 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1255/2015
Año
2015
Actuaciones
27
Última actuación
09/02/2016

Partes del expediente

  • René Israel Ruiz Genis
  • Jorge Antonio Barragan Saucedo
  • Raúl Alejandro Servín de la Mora Villa
  • Marco Antonio Gómez Babick
  • JULIO CÉSAR HERRERA GARCÍA y Otros.
  • MARCO ANTONIO GÓMEZ BABICK y Otros.
  • Julio César Herrera García
  • JORGE ANTONIO BARRAGAN SAUCEDO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de seis de enero de dos mil dieciséis, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio que signa el CONSEJERO ADJUNTO DE LA CONSEJERÍA ADJUNTA DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y DE LO CONTENCIOSO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, mediante el cual remite el oficio número 95443/2015 de diecisiete de diciembre de dos mil quince, dirigido al PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, por los motivos que expone; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes. En atención a lo anterior, se ordena enviar el oficio antes referido a la autoridad Director General de Control de Juicios de Amparo, misma que por auto de diecisiete de julio de la presente anualidad se tuvo como representante del Titular del Ejecutivo Federal. Finalmente, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio y autoridad responsable que en él se citan, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que por auto de veintidós de diciembre de dos mil quince, se dio vista a las partes con el oficio signado por la Secretaria y el Secretario encargado de despacho, ambos del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificados, no desahogaron dicha vista. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por consiguiente, debe decirse lo siguiente: Por sentencia terminada de engrosar el ocho de octubre de dos mil quince, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Antonio Barragán Saucedo Y coagraviados, contra los actos que reclamó al Juez Primero de Distrito del Décimo Octavo Circuito, para el siguiente efecto: "Por otro lado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que el juez penal responsable deje insubsistente en auto de formal prisión reclamado y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, ya sea en un sentido diverso o en el mismo de la anterior, siempre y cuando subsane los vicios que se hicieron notar en el capítulo que antecede, esto es, se pronuncie fundada y motivadamente sobre la probable responsabilidad de los quejosos René Israel Ruiz Genis, Jorge Antonio Barragán Saucedo y Raúl Alejandro Servín de la Mora Villa; en la comisión del delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y Marco Antonio Gómez Babick y Julio Cesar Herrera García en comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, a efecto de establecer si se acredita el dolo como elemento subjetivo de esos delitos, en cuyo estudio deberá determinar la integración o no de la prueba indiciaria, conforme a los lineamientos precisados en esta sentencia." Por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil quince, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. En relación con lo anterior, la autoridad responsable comunicó el cumplimiento dado al fallo protector y para acreditarlo remitió copia certificada de la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil quince, dictada en la causa penal 16/2015, de la cual se desprende que dejó insubsistente el auto de formal prisión de uno de junio de dos mil quince y, en su lugar, dictó otro siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo. Documentales que fueron expedidas por autoridad en el ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a la cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, de la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil quince, dictada en la causa penal 16/2015, se desprende que la autoridad responsable de forma fundada y motivada dictó auto de formal prisión contra los quejosos René Israel Ruiz Genis, Jorge Antonio Barragán Saucedo y Raúl Alejandro Servín de la Mora Villa; por su probable responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y Marco Antonio Gómez Babick y Julio Cesar Herrera García en comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia. En efecto, en estudio por separado estableció que estimaba pertinente establecer que tanto en el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 fracción 11, en relación con el numeral 11, inciso b), de la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como en el delito de portación de arma de fuego, sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81, párrafo primero, en relación con los numerales 9, fracción II y 24, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en cuanto a su intencionalidad resultaban de dolo necesario, y señaló que el dolo: ".se presentaba cuando el inculpado quiere provocar o prevé como seguro el resultado y que se compone de dos elementos: a) El conocimiento de los elementos del tipo penal. b) Querer o aceptar la realización del hecho previsto como delito. De lo establecido, se desprende que el dolo está constituido por dos elementos, a saber, uno intelectual y otro volitivo. a) Elemento intelectual o cognitivo. Parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, ya que no se puede querer lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quiere o acepta la realización de un hecho previsto como delito, es necesario dejar sentada la existencia de un conocimiento previo. Esto es, se refiere a que el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica. b) Elemento volitivo. Se refiere a que para que exista dolo, no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino que es necesario, además, querer realizarlos. Es por ello que la dirección que el sujeto activo da hacia la consecución de un resultado típico, sirve para determinar la existencia del dolo. Así, se integran en el dolo el conocimiento de la conducta típica y la voluntad de realizarla. Que el artículo 9° del Código Penal Federal, el elemento cognitivo se desprende de la frase "conociendo los elementos del tipo penal", mientras que el elemento volitivo, se advierte cuando se dice "quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley". Por lo cual, para la acreditación del dolo, se toma en consideración que es un elemento subjetivo que, como tal, atañe a la psique del individuo. De ahí que, en primera instancia, la prueba idónea para acreditarlo sea la confesión del agente del delito; empero ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios. Un indicio es un hecho conocido del que se induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de aquél se obtiene, en virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos; de modo que, también puede decirse que los indicios constituyen los elementos esenciales constituidos por hechos y circunstancias conocidos que se utilizan como la base del razonamiento lógico del juzgador para considerar como ciertos, hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos desde la óptica causal o lógicamente. En efecto, por cuanto hace a la valoración de las pruebas, el juez goza de la más amplia libertad para emplear todos los medios de investigación, no reprobados por la ley, para demostrar los elementos del delito, por lo que, el juez puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena, tal como lo establece el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales. De ahí que, un requisito primordial de la prueba indiciaria es la certeza de la circunstancia indiciante, que se traduce en que demostrada ésta, es necesario referirla según las normas de la lógica a una premisa mayor, en la que esté ya contenida en abstracto la conclusión que en concreto se busca, certeza que debe ser siempre el resultado de un examen crítico-lógico de los hechos indiciarios, basado en los principios de causalidad e identidad y en las reglas generales o técnicas de la experiencia. En ese orden de ideas, el indicio es un hecho probado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho, esto es, el dato indicio, ya demostrado, no es idóneo para probar, ni inmediata ni mediatamente un hecho, sino que es útil para apoyar a la mente en su tarea de razonar silogísticamente. Por tanto, al ser el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera directa -a excepción de que se cuente con una confesión del sujeto activo del delito- es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y que tiene como punto de partida hechos y circunstancias que ya están probados, para acreditarlo." Luego, bajo esos lineamientos, el órgano jurisdiccional responsable señaló, que las pruebas de autos eran suficientes para acreditar, en términos de los artículos 8 y 9, párrafo primero, del Código Penal Federal, que la conducta típica desplegada por RENÉ ISRAEL RUIZ GENIS, JORGE ANTONIO BARRAGÁN SAUCEDO Y RAÚL ALEJANDRO SERVÍN DE LA MORA VILLA, revestía el carácter doloso, ya que evidentemente prevaleció su dirección hacía la consecución de un resultado típico, porque conocieron perfectamente los elementos que constituyen la materialidad de los hechos en que tuvieron intervención y aun así quisieron y aceptaron su resultado, al probablemente portar, el primero de ellos, un arma de fuego tipo pistola semiautomática, calibre 9mm. luger y/o Parabellum, sin marca ni matricula a la vista, modelo "Hi-Power", fabricada en Argentina, que estaba bajo del asiento que ocupaba (piloto) en el vehículo marca Chevrolet, tipo Suburban, color negro, modelo 2010, con placas de circulación 249-WWS, particulares del Distrito Federal; mientras que Jorge Antonio Barragán Saucedo y Raúl Alejandro Servín de la Mora Villa, portaban un arma de fuego, tipo pistola semiautomática, calibre 9mm. (9mm luger y/o Parabellum) marca "Smith & Wesson", matricula 33174, modelo 39, fabricada en "U.S.A.". Esto, porque para probar la comisión dolosa del delito examinado, valoró el parte informativo suscrito por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Jiutepec, adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Lorenzo Antonio Jiménez Ramos, Ernesto Mejía Zenteno, Pedro Luna Arteaga, Damián Santos Salinas, Lázaro Carreta Fiscal, José Adolfo Cruz Tovar, Raúl Gómez Domínguez y Vicente de la Cruz Mena, en el que pusieron de manifiesto, que las armas de fuego que se les atribuye a los inculpados de referencia, fueron halladas, la tipo pistola semiautomática, calibre 9mm. luger y/o Parabellum, sin marca ni matricula a la vista, modelo "Hi-Power", fabricada en Argentina, debajo del asiento del piloto que ocupaba Rene Israel Ruiz Genis, mientras que el arma tipo pistola semiautomática, calibre 9mm. (9mm luger y/o Parabellum) marca "Smith & Wesson", matricula 33174, modelo 39, fabricada en "U.S.A.", en el piso de la segunda fila de los asientos, espacio que, ocupaban (Raúl Alejandro Servín de la Mora, parte trasera del piloto y Jorge Antonio Barragán Sauceda, parte trasera del copiloto), en el vehículo en el que transitaban, instantes previos a su detención. En concatenación a ello, la diligencia de fe ministerial y judicial, así como el dictamen pericial practicados sobre el material bélico afecto y que fueron tasados, de lo que obtuvo que los medios probatorios aportados por el Representante Social de la Federación investigador, entrelazados en término de lo que dispone el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, ponían de manifiesto datos que a su juicio, permitían concluir la existencia del dolo en el actuar de los inculpados, al cumplir con la carga probatoria de demostrar el hecho incontrovertible del hallazgo de las pistolas y que éstas se encontraban en el vehículo automotor fedatado en actuaciones, en un lugar de inmediato acceso (en el piso del espacio que ocupaban); pues, demuestran el conocimiento y voluntad (dolo) respecto de la acción de mantener dentro del ámbito de disponibilidad material el arma de fuego en cuestión evidenciándose así el indiscutible dominio funcional del hecho respecto de la conducta de portación atribuida. En virtud de que, si bien los inculpados refirieron que desconocían la existencia de los instrumentos bélicos que se les atribuye, no actualizaba un error en alguno de los componentes del delito de que se trata, porque no representa un error sobre la esencia o naturaleza del artefacto bélico, ya que en ningún momento se presentó una faIsa apreciación sobre el objeto material del delito, sino que tal argumento se refiere a la ausencia de un elemento del dolo, a saber: el cognitivo. Empero, la mera negación acerca de uno de los elementos del delito, como lo es el dolo, era insuficiente para desvirtuarlo, más aún, en la causa penal obran diversos medios probatorios aportados por la representación social, mediante los cuales se acredita de manera circunstancial el mismo. Es así, porque a pesar de que les corresponde la carga de probar que no estuvieron en la posibilidad de enterarse de su presencia, no lo hicieron, ya que atento al principio del que afirma debe probar, es obvio que aun cuando los inculpados negaban el conocimiento de los artefactos bélicos, su negación entrañaba una afirmación de la cual tiene el cometido de probar, porque el Ministerio Público de la Federación cumplió con su carga probatoria al demostrar el hecho incontrovertible del hallazgo de las pistolas referidas y los lugares donde fueron encontradas. Lo cual denota que sí tenían conocimiento de la existencia de la armas de fuego relacionadas con la causa, por ende, del acuerdo tácito que les permitía hacer uso de la misma, ya que instantes previos a su detención transitaban a bordo del vehículo marca Chevrolet, tipo Suburban, color negro, modelo 2010, de placas de circulación 249-WWS, particulares del Distrito Federal, y Rene Israel Ruiz Genis, tenía bajo el asiento en que iba (copiloto) el arma de fuego tipo pistola semiautomática, calibre 9mm. luger y/o Parabellum, sin marca ni matricula a la vista, modelo "Hi-Power", fabricada en Argentina. Mientras que la pistola semiautomática, calibre 9mm. (9mm Luger y/o Parabellum) marca "Smith & Wesson", matricula 33174, modelo 39, fabricada en "U.S.A.", fue descubierta en el piso de la segunda fila de asiento de la unidad automotor, (cuenta con tres filas de asientos), donde precisamente viajaban Raúl Alejandro Servín De La Mora Villa y Jorge Antonio Barragán Saucedo, por lo que existía la factibilidad de que pudieran allegársela cuando así lo decidieran, por tratarse de una y conocerse el lugar exacto que ocupaban dentro del vehículo, esto es, ambos sujetos viajaban precisamente en la segunda fila de asientos, puesto que Raúl Alejandro Servín de La Mora Villa, estaba en la parte posterior del piloto y Jorge Antonio Barragán Saucedo, en la parte posterior del copiloto. De lo que deriva el acuerdo tácito que les permitía hacer uso del arma a su alcance; más aún que al declarar en el Ministerio Público de la Federación (lo ratifican en vía de preparatoria), manifestaron que el día los hechos, reportaron, por radio, que su compañero Julio César Herrera Garcia, quien es guardia de seguridad, había solicitado la presencia del personal porque "había cuatro sujetos afuera de su casa armados, identificando a uno, como Pablo Zumudio Diaz, el cual le gritaba "que iban por él"; de tal forma que al parecer reportaron tal llamado de auxilio al Cs y con la finalidad que el compañero no resultara lesionado o que atentaran contra su vida"... en compañía de Victoriano Rivera Tapia, quien es el Jefe de Escoltas de la empresa para que laboran y sus compañeros Rene Israel Ruiz Genis, Marco Antonio Gomez Babik y Bernardo Nolasco Fernández, a bordo de una camioneta Suburban de color negro, se dirigieron al domicilio de Herrera García, sito en calle Francisco Villa, sin número, de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en el municipio de Jiutepec, Morelos, donde hicieron recorridos, asegurándose de que "no hubiese ningún vehículo sospechoso o peligro inminente alguno hacía nosotros o nuestro compañero", luego de lo cual acudieron con su compañero Julio César Herrera García, para decir que todo estaba bien, que no se preocupara que nada le pasaría, permanecieron en el lugar entre diez o veinticinco minutos, después se subieron a la camioneta y se retiraron, minutos después fueron asegurados, pues, para enfrentar un acontecimiento como el que describen, esto es, el prestar auxilio a su compañero Julio César Herrera García, ante presencia de ". sujetos (4) armados.", resulta inverosímil que no tuvieran consigo un arma de fuego, sino sólo sus radios y chalecos de uniforme, ya que son escoltas de una empresa de seguridad privada (IWET AMÉRICA S.A. de C.V.). En consecuencia, dijo el juez responsable, que era inconcuso que sí sabían de la existencia del arma de fuego de que se trata, dada la ubicación exacta de ésta dentro del automóvil, la posición que guardaban respecto de ella, la proximidad de éstos a la misma la factibilidad e que en un momento dado pudieran allegársela cuando así lo decidieran, en razón de su cercana disponibilidad; sustancialmente porque no se trata de cualquier bien (arma de fuego) sino de uno que además de colocar en peligro la paz y tranquilidad social, posee un poder lesivo de importancia que no se debe soslayar. Las anteriores razones le permitieron concluir que su accionar fue volitivo y consciente, por tanto, doloso, ya que los hechos de los cuales deriva el aserto de que los inculpados de mérito sí sabían de la existencia de los artefactos bélicos afectos, existiendo un enlace necesario entre la verdad conocida y la que se busca. Por ello, era válido sostener tanto su participación dolosa en la comisión del ilícito que se les atribuye, como su voluntad o querer en su realización. Asimismo, destacó que, en el caso se justificó, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 13 del Código Penal Federal, la forma de participación de JORGE ANTONIO BARRAGÁN SAUCEDO Y RAÚL ALEJANDRO SERVÍN DE LA MORA VILLA, en la comisión del delito que se les atribuye, pues la portación del artefacto bélico no admite forma de coautoría, por lo que cada uno lo hizo por si, al tenerla dentro de su radio de acción y disponibilidad en el interior del vehículo que tripulaban al momento que fueron interceptados por sus captores; lo que se desprende de la valoración del acervo probatorio que integra esta causa, conforme a los artículos 284, 285, 286, 288, 289 Y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque dijo que el material probatorio resultó suficiente para considerar a cada uno de los inculpados como autores materiales del delito antes mencionado, ello se sostiene, pues quedó demostrado, hasta ahora, que fueron detenidos en el momento que cada uno de ellos mantuvo dentro de su radio de acción y disponibilidad el arma afecta en la forma ya señalada. Es decir, a pesar de que se trate de dos personas en un solo lugar, lo cierto es que no puede existir una suma de voluntades para cometer el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional que se les atribuye, dada su naturaleza; sino que cada uno de los activos decide por sí, en lo personal, portar ese artefacto, aun cuando sea de manera indistinta, esto es, de forma inmediata y permanente, con la sola consciencia de tal disponibilidad se consuma el delito; por lo que no puede realizarse de manera conjunta, al no requerir una suma de acciones o voluntades para su consumación, sino de una sola estrictamente personal, cada autor por sí mismo. Máxime que no se apreciaba algún reparto de roles o funciones, que constituyan cada una de ellas un eslabón necesario y adecuado para la consecución del objeto delictivo, pues únicamente se concreta a decidir por sí la portación del arma de fuego en lo personal. Por otra parte, respecto a la probable responsabilidad penal de Julio Cesar Herrera Garcia y Marco Antonio Gómez Babick, en la comisión del delito de portación de arma de fuego, sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81, párrafo primero, en relación con los numerales 9, fracción II y 24, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, señaló que se acreditó en términos de los artículos 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, con los medios de prueba que sirvieron de base para comprobarlo, ya que se consideran aptos y bastantes, en atención a su misma naturaleza y al enlace lógico existente entre cada uno de ellos y al valor jurídico que se les ha conferido, para demostrarla. Asimismo, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, una vez que analizó los elementos del dolo, tal como lo hizo al estudiar la probable responsabilidad de Rene Israel Ruiz Genis, Jorge Antonio Barragán Saucedo y Raúl Alejandro Servín de la Mora Villa, señaló que las pruebas eran suficientes para acreditar, en términos de los artículos 8 y 9, párrafo primero, del Código Penal Federal, que la conducta típica desplegada por Julio César Herrera García y Marco Antonio Gómez Babick, reviste el carácter doloso, ya que evidentemente prevaleció su dirección hacía la consecución de un resultado típico, porque conocieron perfectamente los elementos que constituyen la materialidad de los hechos en que tuvieron intervención y aun así quisieron y aceptaron su resultado, al probablemente portar un arma de fuego, tipo revolver, calibre .38" SPL, marca "Charter Arms", matricula 86929, modelo "Undercover", fabricado en "U.S.A.", sin contar con la licencia que al efecto expide la Secretaría de la Defensa Nacional. Ello, porque para probar la comisión dolosa del delito examinado, justipreció el parte informativo suscrito por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Jiutepec, adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Lorenzo Antonio Jiménez Ramos, Ernesto Mejía Zenteno, Pedro Luna Arteaga, Damián Santos Salinas, Lázaro Carreto Fiscal, José Adolfo Cruz Tovar, Raúl Gómez Domínguez y Vicente de la Cruz Mena, en el que pusieron de manifiesto, que el arma de fuego que se les atribuye a los inculpados de referencia, fue hallada a la altura de la tercera fila de asientos, encima de los mismos, justo en medio, espacio que ocupaban (Julio César Herrera García, parte trasera del piloto y Marco Antonio Gómez Babick, parte trasera del copiloto), en el vehículo en el que transitaban, instantes previos a su detención. Lo que concatenó con la diligencia de fe ministerial y judicial, así como el dictamen pericial practicados sobre el material bélico afecto y que fueron tasados conforme a sus facultades. De lo anterior, el juez responsable señaló que los medios probatorios aportados por el representante social de la federación investigador, entrelazados en términos de lo que dispone el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, ponían de manifiesto datos que le permitían concluir la existencia del dolo en el actuar de los inculpados de mérito, al cumplir con la carga probatoria de demostrar el hecho incontrovertible del hallazgo del revólver, calibre .38" SPL, marca "Charter Arms", matricula 86929, modelo "Undercover", fabricado en "U.SA", y que éste se encontraba en el vehículo automotor fedatado en actuaciones, en un lugar de inmediato acceso (encima de la tercera fila de asientos, justo en medio); pues, demuestran el conocimiento y voluntad (dolo) respecto de la acción de mantener dentro del ámbito de disponibilidad material el arma de fuego en cuestión, evidenciándose así el indiscutible dominio funcional del hecho respecto de la conducta de portación atribuida. En virtud de que, si bien los inculpados refirieron que desconocían la existencia del instrumento bélico que se les atribuye, lo cual no actualiza un error en alguno de los componentes del delito de que se trata, porque no representa un error sobre la esencia o naturaleza del artefacto bélico, ya que en ningún momento se presentó una falsa apreciación sobre el objeto material del delito, sino que tal argumento se refiere a la ausencia de un elemento del dolo, a saber: el cognitivo. Lo cierto es que la mera negación acerca de uno de los elementos del delito, como lo es el dolo, es insuficiente para desvirtuarlo, más aún, si en la causa penal obran diversos medios probatorios aportados por la representación social, mediante los cuales se acredita de manera circunstancial el mismo. Porque a pesar de que les correspondía la carga de probar que no estuvieron en la posibilidad de enterarse de su presencia no lo hicieron, ya que atento al principio del que afirma debe probar, es obvio que aun cuando el inculpado está negando el conocimiento del artefacto bélico, su negación entraña una afirmación de la cual tiene el cometido de probar, porque el Ministerio Público de la Federación cumplió con su carga probatoria al demostrar el hecho incontrovertible del hallazgo de la pistola referida y el lugar del mismo. Lo cual denota que sí tenían conocimiento de la existencia del arma de fuego relacionada con la causa, por ende, del acuerdo tácito que les permitía hacer uso de la misma, ya que instantes previos a su detención, transitaban a bordo del vehículo marca Chevrolet, tipo Suburban, color negro, modelo 2010, con placas de circulación 249-WWS, particulares del Distrito Federal, y existía la factibilidad de que pudieran allegársela cuando así lo decidieran, por tratarse de un arma de fuego, tipo revolver, calibre .38" SPL, marca "Charter Arms", matricula 86929, modelo "Undercover", fabricado en "U.S.A.", el cual fue descubierto en encima de los asientos de la tercera fila (la unidad automotor cuenta con tres filas de asientos), exactamente en medio de éstos, y conocerse el lugar exacto que ocupaban dentro del vehículo, esto es, ambos sujetos viajaban en la tercera fila de asientos, Marco Antonio Gómez Babick en la parte posterior del piloto y Julio César Herrera García, en la parte posterior del copiloto. De lo que deriva el acuerdo tácito que les permitía hacer uso del arma a su alcance; aún más porque el inculpado Julio César Herrera García, a través de sus deposados ministerial y judicial, manifestó que el día de los hechos estaba en su domicilio, sito en calle Francisco Villa, sin número, colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en el municipio de Jiutepec, Morelos, cuando observó que se estacionó a las afueras de su vivienda, un vehículo de color azul, el cual era tripulado por varias personas del sexo masculino, entre los que vio a una persona que conoce con el nombre de Pablo Díaz Zamudio, con quien tuvo problemas en el trabajo e incluso lo amenazó de muerte, diciendo que "me cortaría la cabeza", por tal motivo, realizó una llamada de auxilio al "C5", para que le enviaran ayuda y también llamó a su centro de trabajo, para fueran por él; que después de escuchar que tocaban a la puerta de su domicilio y la voz del capitán Victoriano Rivera Tapia, salió de prisa, percatándose que aquél iba con sus compañeros Jorge Antonio Barragán Saucedo, Raúl Alejandro Servín de la Mora Villa y Rene Israel Ruiz Genis, luego de abrazar al capitán, por la emoción de sentirse a salvo, lo subieron inmediatamente a la Suburban en la parte trasera, es decir, en la tercera fila de asientos, y se retiraron, minutos después fueron asegurados. En tanto que, el inculpado Marco Antonio Gómez Babick, en sus deposados ministerial y judicial expresó que el día de los hechos, recibieron una llamada vía radio por parte del personal encargado de operar la central de radio con que cuenta la empresa, en la cual mencionaban que el compañero Julio César Herrera García, quien es guardia de seguridad, había hablado por teléfono diciendo que se encontraba en problemas ya que "habia cuatro sujetos afuera de su casa armados, identificando a uno, como Pablo Zumudio Díaz, el cual le gritaba "que iban por él"; de tal forma que parecer reportaron tal llamado de auxilio al Cs y con la finalidad de que el compañero no resultar lesionado o que atentaran contra su vida..." en compañía de Victoriano Rivera Tapia, quien es el Jefe de Escoltas de la empresa para que labora y sus compañeros Jorge Antonio Barragán Sauceda, Raúl Alejandro Servin de la Mora Villa y René Israel Ruiz Genis, a bordo de una camioneta Suburban de color negro, se dirigieron al domicilio de Herrera Garcia, sito en calle Francisco Villa, sin número, de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en el municipio de Jiutepec, Morelos, donde hicieron recorridos, asegurándose de que "no hubiese ningún vehículo sospechoso o peligro inminente alguno hacia nosotros o nuestro compañero", luego de lo cual acudieron con su compañero Julio César Herrera García para decirle que todo estaba bien, que no se preocupara que nada le pasaría, permanecieron en el lugar entre diez o veinticinco minutos, después se subieron a la camioneta donde se acomodaron de la manera siguiente; el piloto era Rene Israel Ruiz Genis, copiloto el Capitán Victoriano Rlvera Tapia, en medio, Raúl Alejandro Servín de la Mora Villa y Jorge Antonio Barragan Sauceda, en la última fila, Marco Antonio Gomez Babik y Cesar Herrera García, se retiraron y minutos después fueron asegurados . Pues, para enfrentar un acontecimiento como el que describen, esto es, el prestar auxilio a su compañero Julio César Herrera García, ante la presencia de "... sujetos (4) armados...", resulta inverosímil que no tuvieran consigo un arma de fuego, particularmente si se pondera que son escoltas de una empresa de seguridad privada (IWET AMÉRICA S.A. de C.V.) En consecuencia, dijo el juez responsable se tornaba inconcuso que sí sabían de la existencia del arma de fuego de que se trata, dada la ubicación exacta de ésta dentro del automóvil, la posición que guardaban respecto de ella, proximidad de éstos a la misma y la factibilidad de que en un momento dado pudieran allegarse la cuando así lo decidieran, en razón de su cercana disponibilidad. Por todo lo anterior, se concluye que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la misma en tales condiciones, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO; de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de seis de enero del dos mil dieciséis, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, seis de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que por auto de veintidós de diciembre de dos mil quince, se dio vista a las partes con el oficio signado por la Secretaria y el Secretario encargado de despacho, ambos del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificados, no desahogaron dicha vista. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por consiguiente, debe decirse lo siguiente: Por sentencia terminada de engrosar el ocho de octubre de dos mil quince, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Antonio Barragán Saucedo Y coagraviados, contra los actos que reclamó al Juez Primero de Distrito del Décimo Octavo Circuito, para el siguiente efecto: "Por otro lado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que el juez penal responsable deje insubsistente en auto de formal prisión reclamado y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, ya sea en un sentido diverso o en el mismo de la anterior, siempre y cuando subsane los vicios que se hicieron notar en el capítulo que antecede, esto es, se pronuncie fundada y motivadamente sobre la probable responsabilidad de los quejosos René Israel Ruiz Genis, Jorge Antonio Barragán Saucedo y Raúl Alejandro Servín de la Mora Villa; en la comisión del delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y Marco Antonio Gómez Babick y Julio Cesar Herrera García en comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, a efecto de establecer si se acredita el dolo como elemento subjetivo de esos delitos, en cuyo estudio deberá determinar la integración o no de la prueba indiciaria, conforme a los lineamientos precisados en esta sentencia." Por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil quince, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. En relación con lo anterior, la autoridad responsable comunicó el cumplimiento dado al fallo protector y para acreditarlo remitió copia certificada de la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil quince, dictada en la causa penal 16/2015, de la cual se desprende que dejó insubsistente el auto de formal prisión de uno de junio de dos mil quince y, en su lugar, dictó otro siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo. Documentales que fueron expedidas por autoridad en el ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a la cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, de la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil quince, dictada en la causa penal 16/2015, se desprende que la autoridad responsable de forma fundada y motivada dictó auto de formal prisión contra los quejosos René Israel Ruiz Genis, Jorge Antonio Barragán Saucedo y Raúl Alejandro Servín de la Mora Villa; por su probable responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y Marco Antonio Gómez Babick y Julio Cesar Herrera García en comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia. En efecto, en estudio por separado estableció que estimaba pertinente establecer que tanto en el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 fracción 11, en relación con el numeral 11, inciso b), de la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como en el delito de portación de arma de fuego, sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81, párrafo primero, en relación con los numerales 9, fracción II y 24, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en cuanto a su intencionalidad resultaban de dolo necesario, y señaló que el dolo: ".se presentaba cuando el inculpado quiere provocar o prevé como seguro el resultado y que se compone de dos elementos: a) El conocimiento de los elementos del tipo penal. b) Querer o aceptar la realización del hecho previsto como delito. De lo establecido, se desprende que el dolo está constituido por dos elementos, a saber, uno intelectual y otro volitivo. a) Elemento intelectual o cognitivo. Parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, ya que no se puede querer lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quiere o acepta la realización de un hecho previsto como delito, es necesario dejar sentada la existencia de un conocimiento previo. Esto es, se refiere a que el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica. b) Elemento volitivo. Se refiere a que para que exista dolo, no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino que es necesario, además, querer realizarlos. Es por ello que la dirección que el sujeto activo da hacia la consecución de un resultado típico, sirve para determinar la existencia del dolo. Así, se integran en el dolo el conocimiento de la conducta típica y la voluntad de realizarla. Que el artículo 9° del Código Penal Federal, el elemento cognitivo se desprende de la frase "conociendo los elementos del tipo penal", mientras que el elemento volitivo, se advierte cuando se dice "quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley". Por lo cual, para la acreditación del dolo, se toma en consideración que es un elemento subjetivo que, como tal, atañe a la psique del individuo. De ahí que, en primera instancia, la prueba idónea para acreditarlo sea la confesión del agente del delito; empero ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios. Un indicio es un hecho conocido del que se induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de aquél se obtiene, en virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos; de modo que, también puede decirse que los indicios constituyen los elementos esenciales constituidos por hechos y circunstancias conocidos que se utilizan como la base del razonamiento lógico del juzgador para considerar como ciertos, hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos desde la óptica causal o lógicamente. En efecto, por cuanto hace a la valoración de las pruebas, el juez goza de la más amplia libertad para emplear todos los medios de investigación, no reprobados por la ley, para demostrar los elementos del delito, por lo que, el juez puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena, tal como lo establece el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales. De ahí que, un requisito primordial de la prueba indiciaria es la certeza de la circunstancia indiciante, que se traduce en que demostrada ésta, es necesario referirla según las normas de la lógica a una premisa mayor, en la que esté ya contenida en abstracto la conclusión que en concreto se busca, certeza que debe ser siempre el resultado de un examen crítico-lógico de los hechos indiciarios, basado en los principios de causalidad e identidad y en las reglas generales o técnicas de la experiencia. En ese orden de ideas, el indicio es un hecho probado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho, esto es, el dato indicio, ya demostrado, no es idóneo para probar, ni inmediata ni mediatamente un hecho, sino que es útil para apoyar a la mente en su tarea de razonar silogísticamente. Por tanto, al ser el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera directa -a excepción de que se cuente con una confesión del sujeto activo del delito- es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y que tiene como punto de partida hechos y circunstancias que ya están probados, para acreditarlo." Luego, bajo esos lineamientos, el órgano jurisdiccional responsable señaló, que las pruebas de autos eran suficientes para acreditar, en términos de los artículos 8 y 9, párrafo primero, del Código Penal Federal, que la conducta típica desplegada por RENÉ ISRAEL RUIZ GENIS, JORGE ANTONIO BARRAGÁN SAUCEDO Y RAÚL ALEJANDRO SERVÍN DE LA MORA VILLA, revestía el carácter doloso, ya que evidentemente prevaleció su dirección hacía la consecución de un resultado típico, porque conocieron perfectamente los elementos que constituyen la materialidad de los hechos en que tuvieron intervención y aun así quisieron y aceptaron su resultado, al probablemente portar, el primero de ellos, un arma de fuego tipo pistola semiautomática, calibre 9mm. luger y/o Parabellum, sin marca ni matricula a la vista, modelo "Hi-Power", fabricada en Argentina, que estaba bajo del asiento que ocupaba (piloto) en el vehículo marca Chevrolet, tipo Suburban, color negro, modelo 2010, con placas de circulación 249-WWS, particulares del Distrito Federal; mientras que Jorge Antonio Barragán Saucedo y Raúl Alejandro Servín de la Mora Villa, portaban un arma de fuego, tipo pistola semiautomática, calibre 9mm. (9mm luger y/o Parabellum) marca "Smith & Wesson", matricula 33174, modelo 39, fabricada en "U.S.A.". Esto, porque para probar la comisión dolosa del delito examinado, valoró el parte informativo suscrito por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Jiutepec, adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Lorenzo Antonio Jiménez Ramos, Ernesto Mejía Zenteno, Pedro Luna Arteaga, Damián Santos Salinas, Lázaro Carreta Fiscal, José Adolfo Cruz Tovar, Raúl Gómez Domínguez y Vicente de la Cruz Mena, en el que pusieron de manifiesto, que las armas de fuego que se les atribuye a los inculpados de referencia, fueron halladas, la tipo pistola semiautomática, calibre 9mm. luger y/o Parabellum, sin marca ni matricula a la vista, modelo "Hi-Power", fabricada en Argentina, debajo del asiento del piloto que ocupaba Rene Israel Ruiz Genis, mientras que el arma tipo pistola semiautomática, calibre 9mm. (9mm luger y/o Parabellum) marca "Smith & Wesson", matricula 33174, modelo 39, fabricada en "U.S.A.", en el piso de la segunda fila de los asientos, espacio que, ocupaban (Raúl Alejandro Servín de la Mora, parte trasera del piloto y Jorge Antonio Barragán Sauceda, parte trasera del copiloto), en el vehículo en el que transitaban, instantes previos a su detención. En concatenación a ello, la diligencia de fe ministerial y judicial, así como el dictamen pericial practicados sobre el material bélico afecto y que fueron tasados, de lo que obtuvo que los medios probatorios aportados por el Representante Social de la Federación investigador, entrelazados en término de lo que dispone el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, ponían de manifiesto datos que a su juicio, permitían concluir la existencia del dolo en el actuar de los inculpados, al cumplir con la carga probatoria de demostrar el hecho incontrovertible del hallazgo de las pistolas y que éstas se encontraban en el vehículo automotor fedatado en actuaciones, en un lugar de inmediato acceso (en el piso del espacio que ocupaban); pues, demuestran el conocimiento y voluntad (dolo) respecto de la acción de mantener dentro del ámbito de disponibilidad material el arma de fuego en cuestión evidenciándose así el indiscutible dominio funcional del hecho respecto de la conducta de portación atribuida. En virtud de que, si bien los inculpados refirieron que desconocían la existencia de los instrumentos bélicos que se les atribuye, no actualizaba un error en alguno de los componentes del delito de que se trata, porque no representa un error sobre la esencia o naturaleza del artefacto bélico, ya que en ningún momento se presentó una faIsa apreciación sobre el objeto material del delito, sino que tal argumento se refiere a la ausencia de un elemento del dolo, a saber: el cognitivo. Empero, la mera negación acerca de uno de los elementos del delito, como lo es el dolo, era insuficiente para desvirtuarlo, más aún, en la causa penal obran diversos medios probatorios aportados por la representación social, mediante los cuales se acredita de manera circunstancial el mismo. Es así, porque a pesar de que les corresponde la carga de probar que no estuvieron en la posibilidad de enterarse de su presencia, no lo hicieron, ya que atento al principio del que afirma debe probar, es obvio que aun cuando los inculpados negaban el conocimiento de los artefactos bélicos, su negación entrañaba una afirmación de la cual tiene el cometido de probar, porque el Ministerio Público de la Federación cumplió con su carga probatoria al demostrar el hecho incontrovertible del hallazgo de las pistolas referidas y los lugares donde fueron encontradas. Lo cual denota que sí tenían conocimiento de la existencia de la armas de fuego relacionadas con la causa, por ende, del acuerdo tácito que les permitía hacer uso de la misma, ya que instantes previos a su detención transitaban a bordo del vehículo marca Chevrolet, tipo Suburban, color negro, modelo 2010, de placas de circulación 249-WWS, particulares del Distrito Federal, y Rene Israel Ruiz Genis, tenía bajo el asiento en que iba (copiloto) el arma de fuego tipo pistola semiautomática, calibre 9mm. luger y/o Parabellum, sin marca ni matricula a la vista, modelo "Hi-Power", fabricada en Argentina. Mientras que la pistola semiautomática, calibre 9mm. (9mm Luger y/o Parabellum) marca "Smith & Wesson", matricula 33174, modelo 39, fabricada en "U.S.A.", fue descubierta en el piso de la segunda fila de asiento de la unidad automotor, (cuenta con tres filas de asientos), donde precisamente viajaban Raúl Alejandro Servín De La Mora Villa y Jorge Antonio Barragán Saucedo, por lo que existía la factibilidad de que pudieran allegársela cuando así lo decidieran, por tratarse de una y conocerse el lugar exacto que ocupaban dentro del vehículo, esto es, ambos sujetos viajaban precisamente en la segunda fila de asientos, puesto que Raúl Alejandro Servín de La Mora Villa, estaba en la parte posterior del piloto y Jorge Antonio Barragán Saucedo, en la parte posterior del copiloto. De lo que deriva el acuerdo tácito que les permitía hacer uso del arma a su alcance; más aún que al declarar en el Ministerio Público de la Federación (lo ratifican en vía de preparatoria), manifestaron que el día los hechos, reportaron, por radio, que su compañero Julio César Herrera Garcia, quien es guardia de seguridad, había solicitado la presencia del personal porque "había cuatro sujetos afuera de su casa armados, identificando a uno, como Pablo Zumudio Diaz, el cual le gritaba "que iban por él"; de tal forma que al parecer reportaron tal llamado de auxilio al Cs y con la finalidad que el compañero no resultara lesionado o que atentaran contra su vida"... en compañía de Victoriano Rivera Tapia, quien es el Jefe de Escoltas de la empresa para que laboran y sus compañeros Rene Israel Ruiz Genis, Marco Antonio Gomez Babik y Bernardo Nolasco Fernández, a bordo de una camioneta Suburban de color negro, se dirigieron al domicilio de Herrera García, sito en calle Francisco Villa, sin número, de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en el municipio de Jiutepec, Morelos, donde hicieron recorridos, asegurándose de que "no hubiese ningún vehículo sospechoso o peligro inminente alguno hacía nosotros o nuestro compañero", luego de lo cual acudieron con su compañero Julio César Herrera García, para decir que todo estaba bien, que no se preocupara que nada le pasaría, permanecieron en el lugar entre diez o veinticinco minutos, después se subieron a la camioneta y se retiraron, minutos después fueron asegurados, pues, para enfrentar un acontecimiento como el que describen, esto es, el prestar auxilio a su compañero Julio César Herrera García, ante presencia de ". sujetos (4) armados.", resulta inverosímil que no tuvieran consigo un arma de fuego, sino sólo sus radios y chalecos de uniforme, ya que son escoltas de una empresa de seguridad privada (IWET AMÉRICA S.A. de C.V.). En consecuencia, dijo el juez responsable, que era inconcuso que sí sabían de la existencia del arma de fuego de que se trata, dada la ubicación exacta de ésta dentro del automóvil, la posición que guardaban respecto de ella, la proximidad de éstos a la misma la factibilidad e que en un momento dado pudieran allegársela cuando así lo decidieran, en razón de su cercana disponibilidad; sustancialmente porque no se trata de cualquier bien (arma de fuego) sino de uno que además de colocar en peligro la paz y tranquilidad social, posee un poder lesivo de importancia que no se debe soslayar. Las anteriores razones le permitieron concluir que su accionar fue volitivo y consciente, por tanto, doloso, ya que los hechos de los cuales deriva el aserto de que los inculpados de mérito sí sabían de la existencia de los artefactos bélicos afectos, existiendo un enlace necesario entre la verdad conocida y la que se busca. Por ello, era válido sostener tanto su participación dolosa en la comisión del ilícito que se les atribuye, como su voluntad o querer en su realización. Asimismo, destacó que, en el caso se justificó, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 13 del Código Penal Federal, la forma de participación de JORGE ANTONIO BARRAGÁN SAUCEDO Y RAÚL ALEJANDRO SERVÍN DE LA MORA VILLA, en la comisión del delito que se les atribuye, pues la portación del artefacto bélico no admite forma de coautoría, por lo que cada uno lo hizo por si, al tenerla dentro de su radio de acción y disponibilidad en el interior del vehículo que tripulaban al momento que fueron interceptados por sus captores; lo que se desprende de la valoración del acervo probatorio que integra esta causa, conforme a los artículos 284, 285, 286, 288, 289 Y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque dijo que el material probatorio resultó suficiente para considerar a cada uno de los inculpados como autores materiales del delito antes mencionado, ello se sostiene, pues quedó demostrado, hasta ahora, que fueron detenidos en el momento que cada uno de ellos mantuvo dentro de su radio de acción y disponibilidad el arma afecta en la forma ya señalada. Es decir, a pesar de que se trate de dos personas en un solo lugar, lo cierto es que no puede existir una suma de voluntades para cometer el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional que se les atribuye, dada su naturaleza; sino que cada uno de los activos decide por sí, en lo personal, portar ese artefacto, aun cuando sea de manera indistinta, esto es, de forma inmediata y permanente, con la sola consciencia de tal disponibilidad se consuma el delito; por lo que no puede realizarse de manera conjunta, al no requerir una suma de acciones o voluntades para su consumación, sino de una sola estrictamente personal, cada autor por sí mismo. Máxime que no se apreciaba algún reparto de roles o funciones, que constituyan cada una de ellas un eslabón necesario y adecuado para la consecución del objeto delictivo, pues únicamente se concreta a decidir por sí la portación del arma de fuego en lo personal. Por otra parte, respecto a la probable responsabilidad penal de Julio Cesar Herrera Garcia y Marco Antonio Gómez Babick, en la comisión del delito de portación de arma de fuego, sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81, párrafo primero, en relación con los numerales 9, fracción II y 24, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, señaló que se acreditó en términos de los artículos 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, con los medios de prueba que sirvieron de base para comprobarlo, ya que se consideran aptos y bastantes, en atención a su misma naturaleza y al enlace lógico existente entre cada uno de ellos y al valor jurídico que se les ha conferido, para demostrarla. Asimismo, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, una vez que analizó los elementos del dolo, tal como lo hizo al estudiar la probable responsabilidad de Rene Israel Ruiz Genis, Jorge Antonio Barragán Saucedo y Raúl Alejandro Servín de la Mora Villa, señaló que las pruebas eran suficientes para acreditar, en términos de los artículos 8 y 9, párrafo primero, del Código Penal Federal, que la conducta típica desplegada por Julio César Herrera García y Marco Antonio Gómez Babick, reviste el carácter doloso, ya que evidentemente prevaleció su dirección hacía la consecución de un resultado típico, porque conocieron perfectamente los elementos que constituyen la materialidad de los hechos en que tuvieron intervención y aun así quisieron y aceptaron su resultado, al probablemente portar un arma de fuego, tipo revolver, calibre .38" SPL, marca "Charter Arms", matricula 86929, modelo "Undercover", fabricado en "U.S.A.", sin contar con la licencia que al efecto expide la Secretaría de la Defensa Nacional. Ello, porque para probar la comisión dolosa del delito examinado, justipreció el parte informativo suscrito por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Jiutepec, adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Lorenzo Antonio Jiménez Ramos, Ernesto Mejía Zenteno, Pedro Luna Arteaga, Damián Santos Salinas, Lázaro Carreto Fiscal, José Adolfo Cruz Tovar, Raúl Gómez Domínguez y Vicente de la Cruz Mena, en el que pusieron de manifiesto, que el arma de fuego que se les atribuye a los inculpados de referencia, fue hallada a la altura de la tercera fila de asientos, encima de los mismos, justo en medio, espacio que ocupaban (Julio César Herrera García, parte trasera del piloto y Marco Antonio Gómez Babick, parte trasera del copiloto), en el vehículo en el que transitaban, instantes previos a su detención. Lo que concatenó con la diligencia de fe ministerial y judicial, así como el dictamen pericial practicados sobre el material bélico afecto y que fueron tasados conforme a sus facultades. De lo anterior, el juez responsable señaló que los medios probatorios aportados por el representante social de la federación investigador, entrelazados en términos de lo que dispone el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, ponían de manifiesto datos que le permitían concluir la existencia del dolo en el actuar de los inculpados de mérito, al cumplir con la carga probatoria de demostrar el hecho incontrovertible del hallazgo del revólver, calibre .38" SPL, marca "Charter Arms", matricula 86929, modelo "Undercover", fabricado en "U.SA", y que éste se encontraba en el vehículo automotor fedatado en actuaciones, en un lugar de inmediato acceso (encima de la tercera fila de asientos, justo en medio); pues, demuestran el conocimiento y voluntad (dolo) respecto de la acción de mantener dentro del ámbito de disponibilidad material el arma de fuego en cuestión, evidenciándose así el indiscutible dominio funcional del hecho respecto de la conducta de portación atribuida. En virtud de que, si bien los inculpados refirieron que desconocían la existencia del instrumento bélico que se les atribuye, lo cual no actualiza un error en alguno de los componentes del delito de que se trata, porque no representa un error sobre la esencia o naturaleza del artefacto bélico, ya que en ningún momento se presentó una falsa apreciación sobre el objeto material del delito, sino que tal argumento se refiere a la ausencia de un elemento del dolo, a saber: el cognitivo. Lo cierto es que la mera negación acerca de uno de los elementos del delito, como lo es el dolo, es insuficiente para desvirtuarlo, más aún, si en la causa penal obran diversos medios probatorios aportados por la representación social, mediante los cuales se acredita de manera circunstancial el mismo. Porque a pesar de que les correspondía la carga de probar que no estuvieron en la posibilidad de enterarse de su presencia no lo hicieron, ya que atento al principio del que afirma debe probar, es obvio que aun cuando el inculpado está negando el conocimiento del artefacto bélico, su negación entraña una afirmación de la cual tiene el cometido de probar, porque el Ministerio Público de la Federación cumplió con su carga probatoria al demostrar el hecho incontrovertible del hallazgo de la pistola referida y el lugar del mismo. Lo cual denota que sí tenían conocimiento de la existencia del arma de fuego relacionada con la causa, por ende, del acuerdo tácito que les permitía hacer uso de la misma, ya que instantes previos a su detención, transitaban a bordo del vehículo marca Chevrolet, tipo Suburban, color negro, modelo 2010, con placas de circulación 249-WWS, particulares del Distrito Federal, y existía la factibilidad de que pudieran allegársela cuando así lo decidieran, por tratarse de un arma de fuego, tipo revolver, calibre .38" SPL, marca "Charter Arms", matricula 86929, modelo "Undercover", fabricado en "U.S.A.", el cual fue descubierto en encima de los asientos de la tercera fila (la unidad automotor cuenta con tres filas de asientos), exactamente en medio de éstos, y conocerse el lugar exacto que ocupaban dentro del vehículo, esto es, ambos sujetos viajaban en la tercera fila de asientos, Marco Antonio Gómez Babick en la parte posterior del piloto y Julio César Herrera García, en la parte posterior del copiloto. De lo que deriva el acuerdo tácito que les permitía hacer uso del arma a su alcance; aún más porque el inculpado Julio César Herrera García, a través de sus deposados ministerial y judicial, manifestó que el día de los hechos estaba en su domicilio, sito en calle Francisco Villa, sin número, colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en el municipio de Jiutepec, Morelos, cuando observó que se estacionó a las afueras de su vivienda, un vehículo de color azul, el cual era tripulado por varias personas del sexo masculino, entre los que vio a una persona que conoce con el nombre de Pablo Díaz Zamudio, con quien tuvo problemas en el trabajo e incluso lo amenazó de muerte, diciendo que "me cortaría la cabeza", por tal motivo, realizó una llamada de auxilio al "C5", para que le enviaran ayuda y también llamó a su centro de trabajo, para fueran por él; que después de escuchar que tocaban a la puerta de su domicilio y la voz del capitán Victoriano Rivera Tapia, salió de prisa, percatándose que aquél iba con sus compañeros Jorge Antonio Barragán Saucedo, Raúl Alejandro Servín de la Mora Villa y Rene Israel Ruiz Genis, luego de abrazar al capitán, por la emoción de sentirse a salvo, lo subieron inmediatamente a la Suburban en la parte trasera, es decir, en la tercera fila de asientos, y se retiraron, minutos después fueron asegurados. En tanto que, el inculpado Marco Antonio Gómez Babick, en sus deposados ministerial y judicial expresó que el día de los hechos, recibieron una llamada vía radio por parte del personal encargado de operar la central de radio con que cuenta la empresa, en la cual mencionaban que el compañero Julio César Herrera García, quien es guardia de seguridad, había hablado por teléfono diciendo que se encontraba en problemas ya que "habia cuatro sujetos afuera de su casa armados, identificando a uno, como Pablo Zumudio Díaz, el cual le gritaba "que iban por él"; de tal forma que parecer reportaron tal llamado de auxilio al Cs y con la finalidad de que el compañero no resultar lesionado o que atentaran contra su vida..." en compañía de Victoriano Rivera Tapia, quien es el Jefe de Escoltas de la empresa para que labora y sus compañeros Jorge Antonio Barragán Sauceda, Raúl Alejandro Servin de la Mora Villa y René Israel Ruiz Genis, a bordo de una camioneta Suburban de color negro, se dirigieron al domicilio de Herrera Garcia, sito en calle Francisco Villa, sin número, de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en el municipio de Jiutepec, Morelos, donde hicieron recorridos, asegurándose de que "no hubiese ningún vehículo sospechoso o peligro inminente alguno hacia nosotros o nuestro compañero", luego de lo cual acudieron con su compañero Julio César Herrera García para decirle que todo estaba bien, que no se preocupara que nada le pasaría, permanecieron en el lugar entre diez o veinticinco minutos, después se subieron a la camioneta donde se acomodaron de la manera siguiente; el piloto era Rene Israel Ruiz Genis, copiloto el Capitán Victoriano Rlvera Tapia, en medio, Raúl Alejandro Servín de la Mora Villa y Jorge Antonio Barragan Sauceda, en la última fila, Marco Antonio Gomez Babik y Cesar Herrera García, se retiraron y minutos después fueron asegurados . Pues, para enfrentar un acontecimiento como el que describen, esto es, el prestar auxilio a su compañero Julio César Herrera García, ante la presencia de ... sujetos (4) armados..., resulta inverosímil que no tuvieran consigo un arma de fuego, particularmente si se pondera que son escoltas de una empresa de seguridad privada (IWET AMÉRICA S.A. de C.V.) En consecuencia, dijo el juez responsable se tornaba inconcuso que sí sabían de la existencia del arma de fuego de que se trata, dada la ubicación exacta de ésta dentro del automóvil, la posición que guardaban respecto de ella, proximidad de éstos a la misma y la factibilidad de que en un momento dado pudieran allegarse la cuando así lo decidieran, en razón de su cercana disponibilidad. Por todo lo anterior, se concluye que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la misma en tales condiciones, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO; de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo.

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