Rene Herrera Victorio

Expediente 277/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
277/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Rene Herrera Victorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    "Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; lo que realizó la parte tercero interesada mediante escrito presentado en línea ante este juzgado el trece de octubre del año cursante. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veinte de julio de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Rene Herrera Victorio, para los efectos siguientes: "[.] procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Juez responsable: a). Deje insubsistente el auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se fijaron las nueve horas del miércoles dieciséis de marzo del año en curso para la celebración de la audiencia de juicio oral -audiencia de debate- dentro del Proceso Penal Oral 03/2018. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte nuevo acuerdo, en la que subsane los vicios formales apuntados, a saber: 1. Considere que su antecesora en cumplimiento a la resolución de diez de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del toca penal 329/2019, por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, desahogo los medios de prueba, emitió el fallo, y sólo estaba pendiente fijar la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño, por lo que deberá ponderar si deben validarse o no esas actuaciones, a efecto de evitar la revictimización de aquí quejoso. 2. Para el caso de que no valide esas actuaciones, deberá fundar y motivar su determinación, pronunciándose respecto al porque va reponer el procedimiento a partir de la audiencia de juicio o del porque fijaría la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño, evitando la revictimización del aquí quejoso, en los términos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. [.]" Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez de Juicio Adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por auto de seis de octubre de la anualidad en curso, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las citadas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, debido a que mediante oficio 2914/2022 el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de ocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se fijaron las nueve horas del miércoles dieciséis de marzo del año en curso para la celebración de la audiencia de juicio oral- audiencia de debate- dentro del juicio oral número 03/2018 de su índice, instruida en contra de Alfonso Zenteno Pérez, como probable responsable del delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 190 Quarter párrafo primero del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la víctima directa de identidad resguardada con la clave numérica 147 R.H.V., representada por la ofendida María de los Ángeles Victorio Azamar. Asimismo, con plenitud de jurisdicción dictó un nuevo acuerdo, sin incurrir en las violaciones señaladas en la ejecutoria de amparo; lo anterior, tomando en consideración que el diez de febrero de dos mil veinte, dentro del toca penal 329/2019 la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, ordenó la reposición total de la etapa de juicio dentro del juicio oral 03/2018 del índice del Juzgado de Juicio adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Además, observó que la licenciada Maritza Zulema López Griego, en su carácter de Juez de Juicio adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, señaló el día jueves tres de diciembre de la citada anualidad, para celebrar la audiencia de juicio, misma que finalmente tuvo verificativo los días veintiuno y veintitrés de diciembre de ese año, en la que se desahogaron diversos medios de prueba y se tuvieron por desistidos los que refirió la fiscalía en su perjuicio, se emitió el fallo de condena, se señalaron las doce horas del treinta siguiente a efecto de realizar la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño. De igual forma, analizó que el treinta de diciembre de dos mil veinte, no tuvo verificativo la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño, en virtud de que la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, ordenó se suspendiera la ejecución de la sentencia, por haberse interpuesto demanda de amparo; asimismo, la referida superioridad posteriormente, con oficio 268 de veinticinco de enero de dos mil veintidós, informó que se tuvo por no presentada la demanda de amparo en los autos del juicio de amparo 82/2021, por lo que solicitaron la ejecución de la sentencia de diez de febrero de dos mil veinte, dentro del toca penal 329/2019 de su índice. Así, al haberse admitido en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el proceso penal 10/2017, se admitió como medio de prueba el testimonio de la víctima directa de identidad reservada identificado con el alfa numérico 147-R.H.V., el cual en la fecha en que aconteció el evento que se ventila en el juicio de origen, era una persona menor de edad y con la finalidad de no vulnerar derechos humanos de ninguna de las partes, procedió a analizar el interés superior del menor, como se señaló en la sentencia amparadora, de la siguiente manera: "(.) Es doctrina consolidada que el interés superior del menor debe prevalecer en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados los derechos de los niños. En este sentido, cabe recordar que el interés superior del niño encuentra su fundamento en la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales. En efecto, en la reforma constitucional de doce de octubre de dos mil once, se incorporó expresamente el interés superior de la niñez en el artículo 4o. constitucional. Asimismo, dicho interés superior es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. No sólo es mencionado expresamente en varios instrumentos -artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño- sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que: "... el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño." En el ámbito nacional, nuestro más alto tribunal ha enfatizado en varios precedentes la importancia del interés superior del menor en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos del niño. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en la tesis 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.) también se ha señalado que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. En consecuencia, en los juicios en los que directa o indirectamente se vean involucrados los derechos de los menores, el interés superior del niño le impone a los juzgadores la obligación de resolver la controversia puesta a su consideración atendiendo a lo que es mejor para el niño. En suma, el principio del interés superior del menor surge del carácter prevalente de los derechos de los niños, consagrado en la Constitución Política y distintos tratados internacionales, y que tiene como finalidad el desarrollo armónico e integral de los menores, así como el goce efectivo de sus derechos, de manera que su aplicación conlleva un deber general de asistencia y protección que exige al Estado asumir una posición activa en la defensa de sus derechos fundamentales. Pero su real observancia necesariamente depende de las circunstancias de cada caso concreto y de cada menor en particular, que son las que darán contenido y dimensión al principio, para determinar cuál es la decisión que representará un mayor beneficio para él. La anterior premisa implica entonces que, por regla general, el interés superior del menor no puede sustentarse únicamente en presunciones, sino que es menester conocer las circunstancias concretas de la situación en que se encuentren el menor o menores de edad en cada caso, para que la materialización del interés superior sea real, basada en elementos objetivos respecto de cuál es la decisión que más les beneficia, en su concreto contexto; de ahí que, se ha insistido en que los juzgadores tienen amplias facultades y están obligados a recabar las pruebas necesarias que les permitan conocer la situación de los menores a efecto de resolver sobre sus derechos de la manera más acorde con su interés superior en cada caso. El derecho de los niños a participar en los procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus derechos se encuentra expresamente regulado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente recogido en el artículo 4o. constitucional. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los alcances de este derecho fundamental de los menores. Por mencionar algunos precedentes, desde la contradicción de tesis 60/2008-PS12, se reconoció como uno de los derechos de los menores: el de expresar su opinión en los asuntos que les afecten. Dicho criterio fue reforzado en el amparo directo en revisión 2479/2012,14 en donde se aclaró que este derecho comprende dos elementos: (I) que los niños sean escuchados; y, (II) que sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. Así, se explicó que dicho derecho representa un caso especial dentro de los llamados derechos instrumentales o procedimentales, es decir, derechos cuya importancia es dual: por una parte, constituyen derechos autónomos; y por otra, se erigen como garantía de otros derechos fundamentales, posibilitando con ello su máxima eficacia jurídica. Y en ese mismo precedente se establecieron varios lineamientos para el ejercicio del derecho de los niños a participar en los procesos jurisdiccionales que los afecten. En el amparo directo en revisión 1674/2014,17 se determinó que los menores en realidad ejercen sus derechos de manera progresiva, en la medida que van desarrollando un mayor nivel de autonomía. Así, se señaló que la evolución de las facultades, como principio habilitador, se basa en los procesos de maduración y de aprendizaje por medio de los cuales los menores adquieren progresivamente conocimientos, facultades y la comprensión de su entorno y, en particular, de sus derechos humanos, aumentando su capacidad de asumir responsabilidades respecto de decisiones que afectan su vida. Así, en dicho asunto se indicó que para determinar el grado de autonomía del menor, los juzgadores debían realizar una ponderación entre la evaluación de las características propias del menor (edad, nivel de madurez, medio social y cultural, etc.) y las particularidades de la decisión (tipo de derechos que implica, los riesgos que asumirá el menor, consecuencias a corto y largo plazo, entre otras). De esta forma, el derecho de los menores a expresarse, en primer término, constituye un derecho fundamental, en donde la participación del niño está en función de su edad, madurez, y del tipo de decisiones que se pretenden adoptar. El derecho de los menores a ser escuchados, no implica que necesariamente y en todos los casos, deba privilegiarse el deseo del menor, sino que su opinión realmente sea ponderada con el cúmulo de factores que el Juez debe evaluar para determinar lo que es mejor para él. Cierto que en la contradicción de tesis 256/2014,20 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que "el punto de partida de todo operador jurídico, debe ser posibilitar el ejercicio del derecho de los niños a ser escuchados, ya sea que de oficio se decrete su participación o que las partes ofrezcan su testimonio o declaración"; sin embargo, que su participación no constituye una regla irrestricta en todo procedimiento jurisdiccional, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su propio interés superior. No obstante, en dicho precedente se concluyó que la escucha de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales que les afecten no debe ser jamás leída como barrera de entrada a su derecho de participación, sino como el mecanismo que da cauce al mismo, lo que significa que el juzgador debe procurar el mayor acceso del niño al examen de su propio caso y, por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los Jueces de amparo. Los precedentes reseñados dan cuenta de la línea jurisprudencial que ha venido construyendo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al derecho de los menores a participar en los procesos jurisdiccionales donde se tomen decisiones que los afecten. De los cuales podemos concluir, en lo que interesa, lo siguiente: (I) el derecho comprende dos elementos: que los niños sean escuchados y que sus opiniones sean tomadas en cuenta; (II) que la pertinencia de la opinión del menor debe ser evaluada en función de su edad, madurez y la naturaleza de la decisión; y, (III) el derecho de participación de los menores, si bien no implica que deba acatarse indefectiblemente la voluntad del menor, en tanto tal rigidez podría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que se tornaría en detrimento de su propio interés superior, sí es menester que sus opiniones sean efectivamente obtenidas y valoradas, acorde con las circunstancias del caso. Ahora bien, en términos del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, emitido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en noviembre de dos mil veintiuno, la participación directa de niñas, niños y adolescentes en el procedimiento judicial puede materializarse de dos formas: al rendir una opinión, o bien, un testimonio. Al respecto, se establece que el testimonio tiene por objeto una narrativa de lo vivido, observado, sentido, escuchado, etcétera, siendo el objeto de esa prueba clarificar y ordenar detalles de los acontecimientos a partir de la vivencia subjetiva. Por su lado, la opinión, no implica que las niñas, niños y adolescentes vuelvan a narrar lo vivido, sino que es su derecho de expresar lo que deseen sobre un tema particular y, por tanto, no impera ninguna exigencia o necesidad de que brinden detalles o evoquen recuerdos dolorosos. Al respecto, el protocolo de mérito precisa que el juzgador debe asistirse de una persona especializada en temas de infancia que facilite la comunicación entre el tribunal y la niña, niño o adolescente que participará. Ello, en virtud de que dichas personas pueden aportar metodologías adecuadas para que la infancia y adolescencia cuente con las condiciones necesarias para expresarse, lo cual permite conocer de manera más objetiva y apegada a la realidad, la voluntad y percepciones de la infancia en cuanto a las cuestiones controvertidas. De igual forma, destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que las personas adultas deben informar al niño de los asuntos, opciones y posibles decisiones que pueden adoptarse y sus consecuencias, con el fin de que cuenten con la información necesaria para realizar un examen de su caso. Lo anterior, en virtud de que uno de los objetivos de la participación es que se prevenga que niñas, niños y adolescentes se enfrenten a situaciones que les inquieten o perturben en su desarrollo, y sobre las cuales no puedan externar aún una opinión madura. Por tanto, el derecho a la participación debe garantizarse atendiendo a su situación particular, así como al análisis del caso concreto para determinar en qué términos y bajo qué parámetros debe escucharse a la infancia involucrada. El protocolo señala como otra medida que debe tomarse previamente a la diligencia, que se garantice que la participación sea completamente voluntaria, esto es, se le haga saber que su participación es una opción y no una obligación, por lo que el momento de la confirmación de la participación voluntaria se presenta inmediatamente antes del desahogo de la prueba, cuando niñas, niños y adolescentes se encuentren separados de cualquier persona que pudiera presionarles para que participen o se abstengan de hacerlo. También, destaca que nuestro más alto tribunal ha estimado necesario contar con el personal especializado que facilite la comunicación entre la niña, niño o adolescente y las personas juzgadoras durante su participación, circunstancia que toma relevancia particular en la primera infancia, pues no puede negarse el derecho de participación por ese hecho, motivo por el que las autoridades judiciales y auxiliares, deben buscar la mejor manera de interactuar con la infancia involucrada para propiciar su participación, lo que puede lograrse con la intervención de una persona especialista en metodologías pedagógicas y didácticas que otorguen condiciones adecuadas para que aquéllos puedan expresarse. De la misma forma, se recomienda que previo al desahogo de la diligencia, la persona juzgadora se reúna con la especialista en temas de la infancia que ha acompañado al menor involucrado durante la preparación, con el fin de que tanto el tribunal como las partes puedan aclarar los términos respecto de lo que se conversará. Por otra parte, en relación con la metodología o modelo de intervención de niñas, niños y adolescentes, se precisa que de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desprende que aquéllas deben ajustarse a diversos requisitos. En primer lugar, la entrevista debe ser conducida por una persona psicóloga especialista que auxilia a obtener la opinión a través de estrategias que sirvan ante el manejo de tensión y estrés de la niña, niño o adolescente, así como la detección y el manejo de mecanismos de defensa psicológicos. También, se precisa que la declaración u opinión debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de conversación y no en forma de interrogatorio o examen unilateral que permita una narrativa libre por parte de la infancia como base de toda la indagatoria. De igual manera, se establece que para la participación debe contemplarse el uso adecuado de materiales de apoyo para la expresión de los menores, debiendo los juzgadores tomar en consideración la existencia y pertinencia de las formas verbales y no verbales de comunicación. Se considera que además se adopten las medidas necesarias para que la diligencia dure el menor tiempo posible; se desarrolle en un horario adecuado para las niñas, niños o adolescentes, y se respeten sus tiempos de respuesta, sin presionarlos. En torno a las condiciones del lugar, se considera que la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, intereses de niñas, niños y adolescentes, donde puedan sentir que se les respeta y que tienen la seguridad necesaria para expresar libremente sus opiniones, es decir, las salas de entrevista deberán representar un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado. Ahora bien, en relación a las personas involucradas, el protocolo destaca que el Máximo Tribunal ha determinado que además de estar presentes la persona juzgadora o encargada de tomar la declaración, deben asistir: I) Una persona especialista en temas de infancia; II) Quien sea su representante, siempre y cuando esto no constituya un conflicto de intereses o que puedan influir o alterar el comportamiento o estabilidad emocional del infante, caso en el que deberá estar presente una tutoría interna; y, III) Si así lo solicita el menor, una persona de su confianza, como puede ser otro integrante de la familia, la persona cuidadora, una trabajadora social, un profesor o profesora, etcétera, la persona que solicite el infante o se estime mejor para su interés superior. Por otra parte, se establece que en la medida de lo posible, deberá registrarse la entrevista en su integridad, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con la utilización de medios tecnológicos que permitan el registro de audio o imagen, cuidándose en su caso que los instrumentos de grabación permanezcan ocultos o, en sentido opuesto, se muestren y se explique el motivo de su utilización, permitiendo así que puedan acceder a la diligencia las demás partes del juicio, y que la entrevista pueda ser valorada en su integridad por los tribunales de alzada y de amparo que puedan conocer del asunto. Además, el registro también será de utilidad para evitar la revictimización al no someter a los menores a nuevas entrevistas cuando no sean necesarias. En ese orden, se considera pertinente que, al principio de la entrevista, la autoridad informe al menor lo que sucederá, procurando evitarle incomodidad y resaltándole que se trata de una entrevista confidencial. Así, en torno a los lineamientos precisados, el protocolo concluye que se resumen en los siguientes puntos: a) Tomar todas las medidas necesarias para evitar, en la medida de lo posible, una revictimización mayor de la que ya implica participar en un proceso judicial de cualquier materia y en cualquier instancia. b) Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes sin que su edad biológica sea impedimento para recabar su opinión o testimonio. c) Considerar la conveniencia de ordenar una evaluación psicológica de niñas, niños y adolescentes a modo de preparación para la entrevista formal. d) Garantizar, con auxilio de una persona especialista, que la participación del infante sea voluntaria. e) Contar durante toda la diligencia con personal especializado que facilite la comunicación entre el infante y las personas juzgadoras durante su participación. f) Inmediatamente antes de la entrevista, transmitirle la naturaleza y propósito de la diligencia, la libertad de expresarse sin temor, otorgarle confianza y el mensaje del valor que se le dará a su dicho. g) Las salas donde se desahogará la entrevista deberán representar un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado. h) Procurar que niñas, niños y adolescentes desahoguen la diligencia únicamente en el mismo espacio físico que las personas especialistas en temas de infancia. i) Seguir un formato de conversación y narrativa libre para el desahogo de la declaración o testimonio. j) Las preguntas aclaratorias que se llegaran a realizar deben ser lo más abiertas posibles y no ser sugestivas. k) Contemplar el uso adecuado de materiales de apoyo para la expresión de los infantes. l) Registrar de manera íntegra la diligencia en la que participa directamente el menor con el fin de evitar revictimizaciones y tener todo el material disponible para las demás partes. m) Respetar en todo momento el derecho de privacidad e intimidad del menor respecto de sus declaraciones y llevar a cabo las diligencias en las que participen en un contexto de confidencialidad. (.)" Así, para efectos de no vulnerar el principio de inmediación que establece el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales y evitar el quebranto del mismo, la autoridad responsable se impuso de todos los registros de audio y video de las citadas audiencias, considerando que se cumplieron las formalidades legales, teniendo conocimiento de viva voz lo que aconteció y fue resuelto por la anterior juzgadora. Además, ponderando entre el interés superior del menor y el principio de inmediación, consideró debía evitarse la revictimización de la víctima directa de identidad resguardada con la clave númerica 147 R.H.V., la cual era menor de dieciocho años en la fecha en que aconteció el evento delictivo, siendo superior el primero de los mencionados ante el segundo, compartiendo el criterio contenido en la tesis aislada X.P.1P (11a) de rubro: PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL EL RIESGO OBJETICO DE REVICTIMIZACIÓN DE UAN PERSONA MENOR DE EDAD, VÍCTIMA DEL DELITO DE PEDERASTIA, CONFIGURA UNA EXCEPCIÓN VALIDA A DICHO PRINCIPIO SI SE LOGRA EL EQUILIBRIO ENTRE EL DERECHO DE DEFENSA DEL ACUSADO Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA (LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL DEL ESTADO DE TABASCO ABROGADA). De igual forma, con la finalidad de no vulnerar el principio de inmediación, se impuso de los audios y videos, lo cual, consideró valido de conformidad con el criterio sustentado en la tesis aislada XVII.1.P.A.8º.P (10ª) de rubro: PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA NO TRASTOCARLO EL JUEZ DE CONTROL DEBE TOMAR TODAS LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA EVITAR FRAGMENTAR LA AUDIENCIA INICIAL Y EN SU CASO GARANTIZAR QUE NO SEA OTRO DISTINTO QUIEN CONTINÚE CON SU DESAHOGO. Por tanto, determinó que debía privilegiarse la no revictimización, considerando que el imponerse de las audiencias que fueron llevadas a cabo por la licenciada Maritza Zulema López Griego, garantiza la inmediación en aras de proteger el interés superior del menor. En relatadas condiciones, procedió a validar las actuaciones realizadas por la licenciada Maritza Zulema López Griego, en la cual celebró la audiencia de juicio, así como las desahogadas en datas de veintiuno y el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en la cual tuvo verificativo la audiencia de juicio oral, audiencia de debate en la que se desahogaron diversos medios de prueba y se tuvieron por desistidos los que refirió la fiscalía en su perjuicio, asimismo convalidó la emisión del fallo de condena. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la tercero interesado, mediante escrito presentado en línea ante este juzgado el trece del actual, toda vez que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado (fojas 36 y 38) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. " En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; lo que realizó la parte tercero interesada mediante escrito presentado en línea ante este juzgado el trece de octubre del año cursante. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veinte de julio de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Rene Herrera Victorio, para los efectos siguientes: "[.] procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Juez responsable: a). Deje insubsistente el auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se fijaron las nueve horas del miércoles dieciséis de marzo del año en curso para la celebración de la audiencia de juicio oral -audiencia de debate- dentro del Proceso Penal Oral 03/2018. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte nuevo acuerdo, en la que subsane los vicios formales apuntados, a saber: 1. Considere que su antecesora en cumplimiento a la resolución de diez de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del toca penal 329/2019, por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, desahogo los medios de prueba, emitió el fallo, y sólo estaba pendiente fijar la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño, por lo que deberá ponderar si deben validarse o no esas actuaciones, a efecto de evitar la revictimización de aquí quejoso. 2. Para el caso de que no valide esas actuaciones, deberá fundar y motivar su determinación, pronunciándose respecto al porque va reponer el procedimiento a partir de la audiencia de juicio o del porque fijaría la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño, evitando la revictimización del aquí quejoso, en los términos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. [.]" Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez de Juicio Adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por auto de seis de octubre de la anualidad en curso, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las citadas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, debido a que mediante oficio 2914/2022 el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de ocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se fijaron las nueve horas del miércoles dieciséis de marzo del año en curso para la celebración de la audiencia de juicio oral- audiencia de debate- dentro del juicio oral número 03/2018 de su índice, instruida en contra de Alfonso Zenteno Pérez, como probable responsable del delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 190 Quarter párrafo primero del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la víctima directa de identidad resguardada con la clave numérica 147 R.H.V., representada por la ofendida María de los Ángeles Victorio Azamar. Asimismo, con plenitud de jurisdicción dictó un nuevo acuerdo, sin incurrir en las violaciones señaladas en la ejecutoria de amparo; lo anterior, tomando en consideración que el diez de febrero de dos mil veinte, dentro del toca penal 329/2019 la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, ordenó la reposición total de la etapa de juicio dentro del juicio oral 03/2018 del índice del Juzgado de Juicio adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Además, observó que la licenciada Maritza Zulema López Griego, en su carácter de Juez de Juicio adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, señaló el día jueves tres de diciembre de la citada anualidad, para celebrar la audiencia de juicio, misma que finalmente tuvo verificativo los días veintiuno y veintitrés de diciembre de ese año, en la que se desahogaron diversos medios de prueba y se tuvieron por desistidos los que refirió la fiscalía en su perjuicio, se emitió el fallo de condena, se señalaron las doce horas del treinta siguiente a efecto de realizar la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño. De igual forma, analizó que el treinta de diciembre de dos mil veinte, no tuvo verificativo la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño, en virtud de que la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, ordenó se suspendiera la ejecución de la sentencia, por haberse interpuesto demanda de amparo; asimismo, la referida superioridad posteriormente, con oficio 268 de veinticinco de enero de dos mil veintidós, informó que se tuvo por no presentada la demanda de amparo en los autos del juicio de amparo 82/2021, por lo que solicitaron la ejecución de la sentencia de diez de febrero de dos mil veinte, dentro del toca penal 329/2019 de su índice. Así, al haberse admitido en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el proceso penal 10/2017, se admitió como medio de prueba el testimonio de la víctima directa de identidad reservada identificado con el alfa numérico 147-R.H.V., el cual en la fecha en que aconteció el evento que se ventila en el juicio de origen, era una persona menor de edad y con la finalidad de no vulnerar derechos humanos de ninguna de las partes, procedió a analizar el interés superior del menor, como se señaló en la sentencia amparadora, de la siguiente manera: "(.) Es doctrina consolidada que el interés superior del menor debe prevalecer en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados los derechos de los niños. En este sentido, cabe recordar que el interés superior del niño encuentra su fundamento en la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales. En efecto, en la reforma constitucional de doce de octubre de dos mil once, se incorporó expresamente el interés superior de la niñez en el artículo 4o. constitucional. Asimismo, dicho interés superior es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. No sólo es mencionado expresamente en varios instrumentos -artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño- sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que: "... el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño." En el ámbito nacional, nuestro más alto tribunal ha enfatizado en varios precedentes la importancia del interés superior del menor en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos del niño. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en la tesis 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.) también se ha señalado que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. En consecuencia, en los juicios en los que directa o indirectamente se vean involucrados los derechos de los menores, el interés superior del niño le impone a los juzgadores la obligación de resolver la controversia puesta a su consideración atendiendo a lo que es mejor para el niño. En suma, el principio del interés superior del menor surge del carácter prevalente de los derechos de los niños, consagrado en la Constitución Política y distintos tratados internacionales, y que tiene como finalidad el desarrollo armónico e integral de los menores, así como el goce efectivo de sus derechos, de manera que su aplicación conlleva un deber general de asistencia y protección que exige al Estado asumir una posición activa en la defensa de sus derechos fundamentales. Pero su real observancia necesariamente depende de las circunstancias de cada caso concreto y de cada menor en particular, que son las que darán contenido y dimensión al principio, para determinar cuál es la decisión que representará un mayor beneficio para él. La anterior premisa implica entonces que, por regla general, el interés superior del menor no puede sustentarse únicamente en presunciones, sino que es menester conocer las circunstancias concretas de la situación en que se encuentren el menor o menores de edad en cada caso, para que la materialización del interés superior sea real, basada en elementos objetivos respecto de cuál es la decisión que más les beneficia, en su concreto contexto; de ahí que, se ha insistido en que los juzgadores tienen amplias facultades y están obligados a recabar las pruebas necesarias que les permitan conocer la situación de los menores a efecto de resolver sobre sus derechos de la manera más acorde con su interés superior en cada caso. El derecho de los niños a participar en los procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus derechos se encuentra expresamente regulado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente recogido en el artículo 4o. constitucional. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los alcances de este derecho fundamental de los menores. Por mencionar algunos precedentes, desde la contradicción de tesis 60/2008-PS12, se reconoció como uno de los derechos de los menores: el de expresar su opinión en los asuntos que les afecten. Dicho criterio fue reforzado en el amparo directo en revisión 2479/2012,14 en donde se aclaró que este derecho comprende dos elementos: (I) que los niños sean escuchados; y, (II) que sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. Así, se explicó que dicho derecho representa un caso especial dentro de los llamados derechos instrumentales o procedimentales, es decir, derechos cuya importancia es dual: por una parte, constituyen derechos autónomos; y por otra, se erigen como garantía de otros derechos fundamentales, posibilitando con ello su máxima eficacia jurídica. Y en ese mismo precedente se establecieron varios lineamientos para el ejercicio del derecho de los niños a participar en los procesos jurisdiccionales que los afecten. En el amparo directo en revisión 1674/2014,17 se determinó que los menores en realidad ejercen sus derechos de manera progresiva, en la medida que van desarrollando un mayor nivel de autonomía. Así, se señaló que la evolución de las facultades, como principio habilitador, se basa en los procesos de maduración y de aprendizaje por medio de los cuales los menores adquieren progresivamente conocimientos, facultades y la comprensión de su entorno y, en particular, de sus derechos humanos, aumentando su capacidad de asumir responsabilidades respecto de decisiones que afectan su vida. Así, en dicho asunto se indicó que para determinar el grado de autonomía del menor, los juzgadores debían realizar una ponderación entre la evaluación de las características propias del menor (edad, nivel de madurez, medio social y cultural, etc.) y las particularidades de la decisión (tipo de derechos que implica, los riesgos que asumirá el menor, consecuencias a corto y largo plazo, entre otras). De esta forma, el derecho de los menores a expresarse, en primer término, constituye un derecho fundamental, en donde la participación del niño está en función de su edad, madurez, y del tipo de decisiones que se pretenden adoptar. El derecho de los menores a ser escuchados, no implica que necesariamente y en todos los casos, deba privilegiarse el deseo del menor, sino que su opinión realmente sea ponderada con el cúmulo de factores que el Juez debe evaluar para determinar lo que es mejor para él. Cierto que en la contradicción de tesis 256/2014,20 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que "el punto de partida de todo operador jurídico, debe ser posibilitar el ejercicio del derecho de los niños a ser escuchados, ya sea que de oficio se decrete su participación o que las partes ofrezcan su testimonio o declaración"; sin embargo, que su participación no constituye una regla irrestricta en todo procedimiento jurisdiccional, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su propio interés superior. No obstante, en dicho precedente se concluyó que la escucha de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales que les afecten no debe ser jamás leída como barrera de entrada a su derecho de participación, sino como el mecanismo que da cauce al mismo, lo que significa que el juzgador debe procurar el mayor acceso del niño al examen de su propio caso y, por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los Jueces de amparo. Los precedentes reseñados dan cuenta de la línea jurisprudencial que ha venido construyendo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al derecho de los menores a participar en los procesos jurisdiccionales donde se tomen decisiones que los afecten. De los cuales podemos concluir, en lo que interesa, lo siguiente: (I) el derecho comprende dos elementos: que los niños sean escuchados y que sus opiniones sean tomadas en cuenta; (II) que la pertinencia de la opinión del menor debe ser evaluada en función de su edad, madurez y la naturaleza de la decisión; y, (III) el derecho de participación de los menores, si bien no implica que deba acatarse indefectiblemente la voluntad del menor, en tanto tal rigidez podría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que se tornaría en detrimento de su propio interés superior, sí es menester que sus opiniones sean efectivamente obtenidas y valoradas, acorde con las circunstancias del caso. Ahora bien, en términos del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, emitido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en noviembre de dos mil veintiuno, la participación directa de niñas, niños y adolescentes en el procedimiento judicial puede materializarse de dos formas: al rendir una opinión, o bien, un testimonio. Al respecto, se establece que el testimonio tiene por objeto una narrativa de lo vivido, observado, sentido, escuchado, etcétera, siendo el objeto de esa prueba clarificar y ordenar detalles de los acontecimientos a partir de la vivencia subjetiva. Por su lado, la opinión, no implica que las niñas, niños y adolescentes vuelvan a narrar lo vivido, sino que es su derecho de expresar lo que deseen sobre un tema particular y, por tanto, no impera ninguna exigencia o necesidad de que brinden detalles o evoquen recuerdos dolorosos. Al respecto, el protocolo de mérito precisa que el juzgador debe asistirse de una persona especializada en temas de infancia que facilite la comunicación entre el tribunal y la niña, niño o adolescente que participará. Ello, en virtud de que dichas personas pueden aportar metodologías adecuadas para que la infancia y adolescencia cuente con las condiciones necesarias para expresarse, lo cual permite conocer de manera más objetiva y apegada a la realidad, la voluntad y percepciones de la infancia en cuanto a las cuestiones controvertidas. De igual forma, destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que las personas adultas deben informar al niño de los asuntos, opciones y posibles decisiones que pueden adoptarse y sus consecuencias, con el fin de que cuenten con la información necesaria para realizar un examen de su caso. Lo anterior, en virtud de que uno de los objetivos de la participación es que se prevenga que niñas, niños y adolescentes se enfrenten a situaciones que les inquieten o perturben en su desarrollo, y sobre las cuales no puedan externar aún una opinión madura. Por tanto, el derecho a la participación debe garantizarse atendiendo a su situación particular, así como al análisis del caso concreto para determinar en qué términos y bajo qué parámetros debe escucharse a la infancia involucrada. El protocolo señala como otra medida que debe tomarse previamente a la diligencia, que se garantice que la participación sea completamente voluntaria, esto es, se le haga saber que su participación es una opción y no una obligación, por lo que el momento de la confirmación de la participación voluntaria se presenta inmediatamente antes del desahogo de la prueba, cuando niñas, niños y adolescentes se encuentren separados de cualquier persona que pudiera presionarles para que participen o se abstengan de hacerlo. También, destaca que nuestro más alto tribunal ha estimado necesario contar con el personal especializado que facilite la comunicación entre la niña, niño o adolescente y las personas juzgadoras durante su participación, circunstancia que toma relevancia particular en la primera infancia, pues no puede negarse el derecho de participación por ese hecho, motivo por el que las autoridades judiciales y auxiliares, deben buscar la mejor manera de interactuar con la infancia involucrada para propiciar su participación, lo que puede lograrse con la intervención de una persona especialista en metodologías pedagógicas y didácticas que otorguen condiciones adecuadas para que aquéllos puedan expresarse. De la misma forma, se recomienda que previo al desahogo de la diligencia, la persona juzgadora se reúna con la especialista en temas de la infancia que ha acompañado al menor involucrado durante la preparación, con el fin de que tanto el tribunal como las partes puedan aclarar los términos respecto de lo que se conversará. Por otra parte, en relación con la metodología o modelo de intervención de niñas, niños y adolescentes, se precisa que de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desprende que aquéllas deben ajustarse a diversos requisitos. En primer lugar, la entrevista debe ser conducida por una persona psicóloga especialista que auxilia a obtener la opinión a través de estrategias que sirvan ante el manejo de tensión y estrés de la niña, niño o adolescente, así como la detección y el manejo de mecanismos de defensa psicológicos. También, se precisa que la declaración u opinión debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de conversación y no en forma de interrogatorio o examen unilateral que permita una narrativa libre por parte de la infancia como base de toda la indagatoria. De igual manera, se establece que para la participación debe contemplarse el uso adecuado de materiales de apoyo para la expresión de los menores, debiendo los juzgadores tomar en consideración la existencia y pertinencia de las formas verbales y no verbales de comunicación. Se considera que además se adopten las medidas necesarias para que la diligencia dure el menor tiempo posible; se desarrolle en un horario adecuado para las niñas, niños o adolescentes, y se respeten sus tiempos de respuesta, sin presionarlos. En torno a las condiciones del lugar, se considera que la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, intereses de niñas, niños y adolescentes, donde puedan sentir que se les respeta y que tienen la seguridad necesaria para expresar libremente sus opiniones, es decir, las salas de entrevista deberán representar un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado. Ahora bien, en relación a las personas involucradas, el protocolo destaca que el Máximo Tribunal ha determinado que además de estar presentes la persona juzgadora o encargada de tomar la declaración, deben asistir: I) Una persona especialista en temas de infancia; II) Quien sea su representante, siempre y cuando esto no constituya un conflicto de intereses o que puedan influir o alterar el comportamiento o estabilidad emocional del infante, caso en el que deberá estar presente una tutoría interna; y, III) Si así lo solicita el menor, una persona de su confianza, como puede ser otro integrante de la familia, la persona cuidadora, una trabajadora social, un profesor o profesora, etcétera, la persona que solicite el infante o se estime mejor para su interés superior. Por otra parte, se establece que en la medida de lo posible, deberá registrarse la entrevista en su integridad, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con la utilización de medios tecnológicos que permitan el registro de audio o imagen, cuidándose en su caso que los instrumentos de grabación permanezcan ocultos o, en sentido opuesto, se muestren y se explique el motivo de su utilización, permitiendo así que puedan acceder a la diligencia las demás partes del juicio, y que la entrevista pueda ser valorada en su integridad por los tribunales de alzada y de amparo que puedan conocer del asunto. Además, el registro también será de utilidad para evitar la revictimización al no someter a los menores a nuevas entrevistas cuando no sean necesarias. En ese orden, se considera pertinente que, al principio de la entrevista, la autoridad informe al menor lo que sucederá, procurando evitarle incomodidad y resaltándole que se trata de una entrevista confidencial. Así, en torno a los lineamientos precisados, el protocolo concluye que se resumen en los siguientes puntos: a) Tomar todas las medidas necesarias para evitar, en la medida de lo posible, una revictimización mayor de la que ya implica participar en un proceso judicial de cualquier materia y en cualquier instancia. b) Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes sin que su edad biológica sea impedimento para recabar su opinión o testimonio. c) Considerar la conveniencia de ordenar una evaluación psicológica de niñas, niños y adolescentes a modo de preparación para la entrevista formal. d) Garantizar, con auxilio de una persona especialista, que la participación del infante sea voluntaria. e) Contar durante toda la diligencia con personal especializado que facilite la comunicación entre el infante y las personas juzgadoras durante su participación. f) Inmediatamente antes de la entrevista, transmitirle la naturaleza y propósito de la diligencia, la libertad de expresarse sin temor, otorgarle confianza y el mensaje del valor que se le dará a su dicho. g) Las salas donde se desahogará la entrevista deberán representar un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado. h) Procurar que niñas, niños y adolescentes desahoguen la diligencia únicamente en el mismo espacio físico que las personas especialistas en temas de infancia. i) Seguir un formato de conversación y narrativa libre para el desahogo de la declaración o testimonio. j) Las preguntas aclaratorias que se llegaran a realizar deben ser lo más abiertas posibles y no ser sugestivas. k) Contemplar el uso adecuado de materiales de apoyo para la expresión de los infantes. l) Registrar de manera íntegra la diligencia en la que participa directamente el menor con el fin de evitar revictimizaciones y tener todo el material disponible para las demás partes. m) Respetar en todo momento el derecho de privacidad e intimidad del menor respecto de sus declaraciones y llevar a cabo las diligencias en las que participen en un contexto de confidencialidad. (.)" Así, para efectos de no vulnerar el principio de inmediación que establece el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales y evitar el quebranto del mismo, la autoridad responsable se impuso de todos los registros de audio y video de las citadas audiencias, considerando que se cumplieron las formalidades legales, teniendo conocimiento de viva voz lo que aconteció y fue resuelto por la anterior juzgadora. Además, ponderando entre el interés superior del menor y el principio de inmediación, consideró debía evitarse la revictimización de la víctima directa de identidad resguardada con la clave númerica 147 R.H.V., la cual era menor de dieciocho años en la fecha en que aconteció el evento delictivo, siendo superior el primero de los mencionados ante el segundo, compartiendo el criterio contenido en la tesis aislada X.P.1P (11a) de rubro: PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL EL RIESGO OBJETICO DE REVICTIMIZACIÓN DE UAN PERSONA MENOR DE EDAD, VÍCTIMA DEL DELITO DE PEDERASTIA, CONFIGURA UNA EXCEPCIÓN VALIDA A DICHO PRINCIPIO SI SE LOGRA EL EQUILIBRIO ENTRE EL DERECHO DE DEFENSA DEL ACUSADO Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA (LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL DEL ESTADO DE TABASCO ABROGADA). De igual forma, con la finalidad de no vulnerar el principio de inmediación, se impuso de los audios y videos, lo cual, consideró valido de conformidad con el criterio sustentado en la tesis aislada XVII.1.P.A.8º.P (10ª) de rubro: PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA NO TRASTOCARLO EL JUEZ DE CONTROL DEBE TOMAR TODAS LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA EVITAR FRAGMENTAR LA AUDIENCIA INICIAL Y EN SU CASO GARANTIZAR QUE NO SEA OTRO DISTINTO QUIEN CONTINÚE CON SU DESAHOGO. Por tanto, determinó que debía privilegiarse la no revictimización, considerando que el imponerse de las audiencias que fueron llevadas a cabo por la licenciada Maritza Zulema López Griego, garantiza la inmediación en aras de proteger el interés superior del menor. En relatadas condiciones, procedió a validar las actuaciones realizadas por la licenciada Maritza Zulema López Griego, en la cual celebró la audiencia de juicio, así como las desahogadas en datas de veintiuno y el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en la cual tuvo verificativo la audiencia de juicio oral, audiencia de debate en la que se desahogaron diversos medios de prueba y se tuvieron por desistidos los que refirió la fiscalía en su perjuicio, asimismo convalidó la emisión del fallo de condena. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la tercero interesado, mediante escrito presentado en línea ante este juzgado el trece del actual, toda vez que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado (fojas 36 y 38) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. "

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; lo que realizó la parte tercero interesada mediante escrito presentado en línea ante este juzgado el trece de octubre del año cursante. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veinte de julio de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Rene Herrera Victorio, para los efectos siguientes: "[.] procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Juez responsable: a). Deje insubsistente el auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se fijaron las nueve horas del miércoles dieciséis de marzo del año en curso para la celebración de la audiencia de juicio oral -audiencia de debate- dentro del Proceso Penal Oral 03/2018. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte nuevo acuerdo, en la que subsane los vicios formales apuntados, a saber: 1. Considere que su antecesora en cumplimiento a la resolución de diez de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del toca penal 329/2019, por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, desahogo los medios de prueba, emitió el fallo, y sólo estaba pendiente fijar la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño, por lo que deberá ponderar si deben validarse o no esas actuaciones, a efecto de evitar la revictimización de aquí quejoso. 2. Para el caso de que no valide esas actuaciones, deberá fundar y motivar su determinación, pronunciándose respecto al porque va reponer el procedimiento a partir de la audiencia de juicio o del porque fijaría la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño, evitando la revictimización del aquí quejoso, en los términos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. [.]" Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez de Juicio Adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por auto de seis de octubre de la anualidad en curso, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las citadas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, debido a que mediante oficio 2914/2022 el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de ocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se fijaron las nueve horas del miércoles dieciséis de marzo del año en curso para la celebración de la audiencia de juicio oral- audiencia de debate- dentro del juicio oral número 03/2018 de su índice, instruida en contra de Alfonso Zenteno Pérez, como probable responsable del delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 190 Quarter párrafo primero del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la víctima directa de identidad resguardada con la clave numérica 147 R.H.V., representada por la ofendida María de los Ángeles Victorio Azamar. Asimismo, con plenitud de jurisdicción dictó un nuevo acuerdo, sin incurrir en las violaciones señaladas en la ejecutoria de amparo; lo anterior, tomando en consideración que el diez de febrero de dos mil veinte, dentro del toca penal 329/2019 la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, ordenó la reposición total de la etapa de juicio dentro del juicio oral 03/2018 del índice del Juzgado de Juicio adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Además, observó que la licenciada Maritza Zulema López Griego, en su carácter de Juez de Juicio adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, señaló el día jueves tres de diciembre de la citada anualidad, para celebrar la audiencia de juicio, misma que finalmente tuvo verificativo los días veintiuno y veintitrés de diciembre de ese año, en la que se desahogaron diversos medios de prueba y se tuvieron por desistidos los que refirió la fiscalía en su perjuicio, se emitió el fallo de condena, se señalaron las doce horas del treinta siguiente a efecto de realizar la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño. De igual forma, analizó que el treinta de diciembre de dos mil veinte, no tuvo verificativo la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño, en virtud de que la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, ordenó se suspendiera la ejecución de la sentencia, por haberse interpuesto demanda de amparo; asimismo, la referida superioridad posteriormente, con oficio 268 de veinticinco de enero de dos mil veintidós, informó que se tuvo por no presentada la demanda de amparo en los autos del juicio de amparo 82/2021, por lo que solicitaron la ejecución de la sentencia de diez de febrero de dos mil veinte, dentro del toca penal 329/2019 de su índice. Así, al haberse admitido en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el proceso penal 10/2017, se admitió como medio de prueba el testimonio de la víctima directa de identidad reservada identificado con el alfa numérico 147-R.H.V., el cual en la fecha en que aconteció el evento que se ventila en el juicio de origen, era una persona menor de edad y con la finalidad de no vulnerar derechos humanos de ninguna de las partes, procedió a analizar el interés superior del menor, como se señaló en la sentencia amparadora, de la siguiente manera: "(.) Es doctrina consolidada que el interés superior del menor debe prevalecer en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados los derechos de los niños. En este sentido, cabe recordar que el interés superior del niño encuentra su fundamento en la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales. En efecto, en la reforma constitucional de doce de octubre de dos mil once, se incorporó expresamente el interés superior de la niñez en el artículo 4o. constitucional. Asimismo, dicho interés superior es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. No sólo es mencionado expresamente en varios instrumentos -artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño- sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que: "... el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño." En el ámbito nacional, nuestro más alto tribunal ha enfatizado en varios precedentes la importancia del interés superior del menor en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos del niño. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en la tesis 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.) también se ha señalado que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. En consecuencia, en los juicios en los que directa o indirectamente se vean involucrados los derechos de los menores, el interés superior del niño le impone a los juzgadores la obligación de resolver la controversia puesta a su consideración atendiendo a lo que es mejor para el niño. En suma, el principio del interés superior del menor surge del carácter prevalente de los derechos de los niños, consagrado en la Constitución Política y distintos tratados internacionales, y que tiene como finalidad el desarrollo armónico e integral de los menores, así como el goce efectivo de sus derechos, de manera que su aplicación conlleva un deber general de asistencia y protección que exige al Estado asumir una posición activa en la defensa de sus derechos fundamentales. Pero su real observancia necesariamente depende de las circunstancias de cada caso concreto y de cada menor en particular, que son las que darán contenido y dimensión al principio, para determinar cuál es la decisión que representará un mayor beneficio para él. La anterior premisa implica entonces que, por regla general, el interés superior del menor no puede sustentarse únicamente en presunciones, sino que es menester conocer las circunstancias concretas de la situación en que se encuentren el menor o menores de edad en cada caso, para que la materialización del interés superior sea real, basada en elementos objetivos respecto de cuál es la decisión que más les beneficia, en su concreto contexto; de ahí que, se ha insistido en que los juzgadores tienen amplias facultades y están obligados a recabar las pruebas necesarias que les permitan conocer la situación de los menores a efecto de resolver sobre sus derechos de la manera más acorde con su interés superior en cada caso. El derecho de los niños a participar en los procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus derechos se encuentra expresamente regulado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente recogido en el artículo 4o. constitucional. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los alcances de este derecho fundamental de los menores. Por mencionar algunos precedentes, desde la contradicción de tesis 60/2008-PS12, se reconoció como uno de los derechos de los menores: el de expresar su opinión en los asuntos que les afecten. Dicho criterio fue reforzado en el amparo directo en revisión 2479/2012,14 en donde se aclaró que este derecho comprende dos elementos: (I) que los niños sean escuchados; y, (II) que sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. Así, se explicó que dicho derecho representa un caso especial dentro de los llamados derechos instrumentales o procedimentales, es decir, derechos cuya importancia es dual: por una parte, constituyen derechos autónomos; y por otra, se erigen como garantía de otros derechos fundamentales, posibilitando con ello su máxima eficacia jurídica. Y en ese mismo precedente se establecieron varios lineamientos para el ejercicio del derecho de los niños a participar en los procesos jurisdiccionales que los afecten. En el amparo directo en revisión 1674/2014,17 se determinó que los menores en realidad ejercen sus derechos de manera progresiva, en la medida que van desarrollando un mayor nivel de autonomía. Así, se señaló que la evolución de las facultades, como principio habilitador, se basa en los procesos de maduración y de aprendizaje por medio de los cuales los menores adquieren progresivamente conocimientos, facultades y la comprensión de su entorno y, en particular, de sus derechos humanos, aumentando su capacidad de asumir responsabilidades respecto de decisiones que afectan su vida. Así, en dicho asunto se indicó que para determinar el grado de autonomía del menor, los juzgadores debían realizar una ponderación entre la evaluación de las características propias del menor (edad, nivel de madurez, medio social y cultural, etc.) y las particularidades de la decisión (tipo de derechos que implica, los riesgos que asumirá el menor, consecuencias a corto y largo plazo, entre otras). De esta forma, el derecho de los menores a expresarse, en primer término, constituye un derecho fundamental, en donde la participación del niño está en función de su edad, madurez, y del tipo de decisiones que se pretenden adoptar. El derecho de los menores a ser escuchados, no implica que necesariamente y en todos los casos, deba privilegiarse el deseo del menor, sino que su opinión realmente sea ponderada con el cúmulo de factores que el Juez debe evaluar para determinar lo que es mejor para él. Cierto que en la contradicción de tesis 256/2014,20 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que "el punto de partida de todo operador jurídico, debe ser posibilitar el ejercicio del derecho de los niños a ser escuchados, ya sea que de oficio se decrete su participación o que las partes ofrezcan su testimonio o declaración"; sin embargo, que su participación no constituye una regla irrestricta en todo procedimiento jurisdiccional, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su propio interés superior. No obstante, en dicho precedente se concluyó que la escucha de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales que les afecten no debe ser jamás leída como barrera de entrada a su derecho de participación, sino como el mecanismo que da cauce al mismo, lo que significa que el juzgador debe procurar el mayor acceso del niño al examen de su propio caso y, por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los Jueces de amparo. Los precedentes reseñados dan cuenta de la línea jurisprudencial que ha venido construyendo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al derecho de los menores a participar en los procesos jurisdiccionales donde se tomen decisiones que los afecten. De los cuales podemos concluir, en lo que interesa, lo siguiente: (I) el derecho comprende dos elementos: que los niños sean escuchados y que sus opiniones sean tomadas en cuenta; (II) que la pertinencia de la opinión del menor debe ser evaluada en función de su edad, madurez y la naturaleza de la decisión; y, (III) el derecho de participación de los menores, si bien no implica que deba acatarse indefectiblemente la voluntad del menor, en tanto tal rigidez podría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que se tornaría en detrimento de su propio interés superior, sí es menester que sus opiniones sean efectivamente obtenidas y valoradas, acorde con las circunstancias del caso. Ahora bien, en términos del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, emitido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en noviembre de dos mil veintiuno, la participación directa de niñas, niños y adolescentes en el procedimiento judicial puede materializarse de dos formas: al rendir una opinión, o bien, un testimonio. Al respecto, se establece que el testimonio tiene por objeto una narrativa de lo vivido, observado, sentido, escuchado, etcétera, siendo el objeto de esa prueba clarificar y ordenar detalles de los acontecimientos a partir de la vivencia subjetiva. Por su lado, la opinión, no implica que las niñas, niños y adolescentes vuelvan a narrar lo vivido, sino que es su derecho de expresar lo que deseen sobre un tema particular y, por tanto, no impera ninguna exigencia o necesidad de que brinden detalles o evoquen recuerdos dolorosos. Al respecto, el protocolo de mérito precisa que el juzgador debe asistirse de una persona especializada en temas de infancia que facilite la comunicación entre el tribunal y la niña, niño o adolescente que participará. Ello, en virtud de que dichas personas pueden aportar metodologías adecuadas para que la infancia y adolescencia cuente con las condiciones necesarias para expresarse, lo cual permite conocer de manera más objetiva y apegada a la realidad, la voluntad y percepciones de la infancia en cuanto a las cuestiones controvertidas. De igual forma, destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que las personas adultas deben informar al niño de los asuntos, opciones y posibles decisiones que pueden adoptarse y sus consecuencias, con el fin de que cuenten con la información necesaria para realizar un examen de su caso. Lo anterior, en virtud de que uno de los objetivos de la participación es que se prevenga que niñas, niños y adolescentes se enfrenten a situaciones que les inquieten o perturben en su desarrollo, y sobre las cuales no puedan externar aún una opinión madura. Por tanto, el derecho a la participación debe garantizarse atendiendo a su situación particular, así como al análisis del caso concreto para determinar en qué términos y bajo qué parámetros debe escucharse a la infancia involucrada. El protocolo señala como otra medida que debe tomarse previamente a la diligencia, que se garantice que la participación sea completamente voluntaria, esto es, se le haga saber que su participación es una opción y no una obligación, por lo que el momento de la confirmación de la participación voluntaria se presenta inmediatamente antes del desahogo de la prueba, cuando niñas, niños y adolescentes se encuentren separados de cualquier persona que pudiera presionarles para que participen o se abstengan de hacerlo. También, destaca que nuestro más alto tribunal ha estimado necesario contar con el personal especializado que facilite la comunicación entre la niña, niño o adolescente y las personas juzgadoras durante su participación, circunstancia que toma relevancia particular en la primera infancia, pues no puede negarse el derecho de participación por ese hecho, motivo por el que las autoridades judiciales y auxiliares, deben buscar la mejor manera de interactuar con la infancia involucrada para propiciar su participación, lo que puede lograrse con la intervención de una persona especialista en metodologías pedagógicas y didácticas que otorguen condiciones adecuadas para que aquéllos puedan expresarse. De la misma forma, se recomienda que previo al desahogo de la diligencia, la persona juzgadora se reúna con la especialista en temas de la infancia que ha acompañado al menor involucrado durante la preparación, con el fin de que tanto el tribunal como las partes puedan aclarar los términos respecto de lo que se conversará. Por otra parte, en relación con la metodología o modelo de intervención de niñas, niños y adolescentes, se precisa que de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desprende que aquéllas deben ajustarse a diversos requisitos. En primer lugar, la entrevista debe ser conducida por una persona psicóloga especialista que auxilia a obtener la opinión a través de estrategias que sirvan ante el manejo de tensión y estrés de la niña, niño o adolescente, así como la detección y el manejo de mecanismos de defensa psicológicos. También, se precisa que la declaración u opinión debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de conversación y no en forma de interrogatorio o examen unilateral que permita una narrativa libre por parte de la infancia como base de toda la indagatoria. De igual manera, se establece que para la participación debe contemplarse el uso adecuado de materiales de apoyo para la expresión de los menores, debiendo los juzgadores tomar en consideración la existencia y pertinencia de las formas verbales y no verbales de comunicación. Se considera que además se adopten las medidas necesarias para que la diligencia dure el menor tiempo posible; se desarrolle en un horario adecuado para las niñas, niños o adolescentes, y se respeten sus tiempos de respuesta, sin presionarlos. En torno a las condiciones del lugar, se considera que la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, intereses de niñas, niños y adolescentes, donde puedan sentir que se les respeta y que tienen la seguridad necesaria para expresar libremente sus opiniones, es decir, las salas de entrevista deberán representar un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado. Ahora bien, en relación a las personas involucradas, el protocolo destaca que el Máximo Tribunal ha determinado que además de estar presentes la persona juzgadora o encargada de tomar la declaración, deben asistir: I) Una persona especialista en temas de infancia; II) Quien sea su representante, siempre y cuando esto no constituya un conflicto de intereses o que puedan influir o alterar el comportamiento o estabilidad emocional del infante, caso en el que deberá estar presente una tutoría interna; y, III) Si así lo solicita el menor, una persona de su confianza, como puede ser otro integrante de la familia, la persona cuidadora, una trabajadora social, un profesor o profesora, etcétera, la persona que solicite el infante o se estime mejor para su interés superior. Por otra parte, se establece que en la medida de lo posible, deberá registrarse la entrevista en su integridad, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con la utilización de medios tecnológicos que permitan el registro de audio o imagen, cuidándose en su caso que los instrumentos de grabación permanezcan ocultos o, en sentido opuesto, se muestren y se explique el motivo de su utilización, permitiendo así que puedan acceder a la diligencia las demás partes del juicio, y que la entrevista pueda ser valorada en su integridad por los tribunales de alzada y de amparo que puedan conocer del asunto. Además, el registro también será de utilidad para evitar la revictimización al no someter a los menores a nuevas entrevistas cuando no sean necesarias. En ese orden, se considera pertinente que, al principio de la entrevista, la autoridad informe al menor lo que sucederá, procurando evitarle incomodidad y resaltándole que se trata de una entrevista confidencial. Así, en torno a los lineamientos precisados, el protocolo concluye que se resumen en los siguientes puntos: a) Tomar todas las medidas necesarias para evitar, en la medida de lo posible, una revictimización mayor de la que ya implica participar en un proceso judicial de cualquier materia y en cualquier instancia. b) Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes sin que su edad biológica sea impedimento para recabar su opinión o testimonio. c) Considerar la conveniencia de ordenar una evaluación psicológica de niñas, niños y adolescentes a modo de preparación para la entrevista formal. d) Garantizar, con auxilio de una persona especialista, que la participación del infante sea voluntaria. e) Contar durante toda la diligencia con personal especializado que facilite la comunicación entre el infante y las personas juzgadoras durante su participación. f) Inmediatamente antes de la entrevista, transmitirle la naturaleza y propósito de la diligencia, la libertad de expresarse sin temor, otorgarle confianza y el mensaje del valor que se le dará a su dicho. g) Las salas donde se desahogará la entrevista deberán representar un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado. h) Procurar que niñas, niños y adolescentes desahoguen la diligencia únicamente en el mismo espacio físico que las personas especialistas en temas de infancia. i) Seguir un formato de conversación y narrativa libre para el desahogo de la declaración o testimonio. j) Las preguntas aclaratorias que se llegaran a realizar deben ser lo más abiertas posibles y no ser sugestivas. k) Contemplar el uso adecuado de materiales de apoyo para la expresión de los infantes. l) Registrar de manera íntegra la diligencia en la que participa directamente el menor con el fin de evitar revictimizaciones y tener todo el material disponible para las demás partes. m) Respetar en todo momento el derecho de privacidad e intimidad del menor respecto de sus declaraciones y llevar a cabo las diligencias en las que participen en un contexto de confidencialidad. (.)" Así, para efectos de no vulnerar el principio de inmediación que establece el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales y evitar el quebranto del mismo, la autoridad responsable se impuso de todos los registros de audio y video de las citadas audiencias, considerando que se cumplieron las formalidades legales, teniendo conocimiento de viva voz lo que aconteció y fue resuelto por la anterior juzgadora. Además, ponderando entre el interés superior del menor y el principio de inmediación, consideró debía evitarse la revictimización de la víctima directa de identidad resguardada con la clave númerica 147 R.H.V., la cual era menor de dieciocho años en la fecha en que aconteció el evento delictivo, siendo superior el primero de los mencionados ante el segundo, compartiendo el criterio contenido en la tesis aislada X.P.1P (11a) de rubro: PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL EL RIESGO OBJETICO DE REVICTIMIZACIÓN DE UAN PERSONA MENOR DE EDAD, VÍCTIMA DEL DELITO DE PEDERASTIA, CONFIGURA UNA EXCEPCIÓN VALIDA A DICHO PRINCIPIO SI SE LOGRA EL EQUILIBRIO ENTRE EL DERECHO DE DEFENSA DEL ACUSADO Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA (LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL DEL ESTADO DE TABASCO ABROGADA). De igual forma, con la finalidad de no vulnerar el principio de inmediación, se impuso de los audios y videos, lo cual, consideró valido de conformidad con el criterio sustentado en la tesis aislada XVII.1.P.A.8º.P (10ª) de rubro: PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA NO TRASTOCARLO EL JUEZ DE CONTROL DEBE TOMAR TODAS LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA EVITAR FRAGMENTAR LA AUDIENCIA INICIAL Y EN SU CASO GARANTIZAR QUE NO SEA OTRO DISTINTO QUIEN CONTINÚE CON SU DESAHOGO. Por tanto, determinó que debía privilegiarse la no revictimización, considerando que el imponerse de las audiencias que fueron llevadas a cabo por la licenciada Maritza Zulema López Griego, garantiza la inmediación en aras de proteger el interés superior del menor. En relatadas condiciones, procedió a validar las actuaciones realizadas por la licenciada Maritza Zulema López Griego, en la cual celebró la audiencia de juicio, así como las desahogadas en datas de veintiuno y el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en la cual tuvo verificativo la audiencia de juicio oral, audiencia de debate en la que se desahogaron diversos medios de prueba y se tuvieron por desistidos los que refirió la fiscalía en su perjuicio, asimismo convalidó la emisión del fallo de condena. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la tercero interesado, mediante escrito presentado en línea ante este juzgado el trece del actual, toda vez que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado (fojas 36 y 38) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; lo anterior sin mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de seis de octubre de la presente anualidad, se proveyó lo conducente respecto al oficio y anexo de mismo contenido, recibido vía correo institucional el cinco del mes y año en curso. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado del tercero interesado ALFONSO ZENTENO PÉREZ, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se le otorgó en auto de seis de octubre del año en curso y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

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